Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional tenga a bien, a través de los organismos pertinentes, informar diversas cuestiones relacionados con el funcionamiento del Sistema Carcelario Argentino de Mujeres, a fin de tomar conocimiento sobre las mimas , las que sistemáticamente no nos han sido informadas por parte del Estado Nacional desde hace 12 años:

1-Con respecto al régimen de vigilancia de las personas privadas de la liberta: ¿Se cumplen con las auditorias previstas para el personal penitenciario? En caso afirmativo indicar;

- con que periodicidad se realizan.

- como se llevan a cabo esos controles.

En caso negativo, explique los motivos.

2- ¿Existe un relevamiento en el sistema carcelario federal sobre cuántos fallecimientos se registran al año y por qué causas?

3- Existe un relevamiento que permita conocer cuántas denuncias se reciben al año por abusos recibidos delas reclusas por el personal penitenciario.

4- ¿Existe algún mecanismo de ayuda para aquellos casos en donde las reclusas se niegan a denunciar dichos abusos? Especifique por jurisdicción y por unidad carcelaria. En caso contrario explique los motivos

5- Remita un listado de las organizaciones que están autorizadas a prestar servicios auxiliares de apoyo a personas privadas de la libertad, en diversos ámbitos como re-educación, capacitación en oficios, reinserción, salud, etc.

Señor presidente:

El sistema penitenciario de nuestro país se encuentra en una crisis manifiesta , debido a los múltiples problemas que presentan hoy en día que no son más que la consecuencia de políticas sin lógicas ni dirección aplicadas en los últimos años por el estado, llevadas de la mano de discursos de corte partidario más que de racionalidad.

El aumento de población carcelaria ha ido en aumento en el último tiempo, tanto es así que en el mes de agosto del año 2015 alcanzó las 10.425 personas privadas de la libertad, casi 1000 personas más que en año 2006, según el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que será publicado en marzo del corriente año.

La masividad del encarcelamiento trae aparejada una peor situación en el encierro generando enfrentamientos violentos por el espacio a ocupar, alimentos, ropa y privilegios. El clima hostil es la constante dentro de un hábitat de personas jóvenes, pobres, de escasa o nula educación y con códigos de marginalidad en progreso y claramente. A esta realidad hay que sumarle las demás violaciones a derechos de las personas encarceladas que son vulnerados.

Complicaciones adicionales son las que enfrentan las mujeres que se encuentran en prisión debido a su género.

Es de público conocimiento que las instituciones carcelarias argentinas para mujeres no están preparadas para atender necesidades médicas específicas en razón de su género. Su situación de vulnerabilidad las hace proclives en muchos casos al abuso sexual por parte del personal penitenciario,

Pero más preocupante aún es la situación de las mujeres que conviven con sus pequeños hijos en prisión, sin infraestructura, higiene y asistencia médica pediátrica adecuada para los niños, generando graves consecuencias para estos niños que están prisioneros sin haber cometido delito alguno y sometidos a

condiciones de vida sin una higiene, sanidad, seguridad y educación adecuada Tan elocuente resulta la situación carcelaria en nuestro país que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó en el año 2011 adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que las personas privadas de libertad sean recluidas en condiciones dignas y congruentes con el principio del trato humano. En particular, insistió en adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar el hacinamiento.

Estas son solo algunas de las situaciones que las personas privadas de libertad padecen, el diagnóstico es extremadamente negativo y afecta en forma directa a un sector importante de la sociedad, impone que este tema forma parte de la agenda de derechos humos de la política nacional y de los sistemas provinciales, con urgencia y compromiso ético. Para lograrlo es fundamental que se consoliden mecanismos de control eficaces y que se cumplan con la obligación internacional de implementar el Protocolo Facultativo, con una gestión que consiga avanzar en los cambios estructurales necesarios para romper con las viejas lógicas y prácticas policiales, penitenciarias y judiciales.

Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la ley.