Repudiar la resolución del Tribunal Nª 21 que le concede a José Pedraza el beneficio de la prisión domiciliaria. Reclamar cárcel común para su condena de 15 años de prisión, mediante la anulación de la resolución.

Señor presidente:

La resolución del Tribunal Nª 21, que le concede a Pedraza el beneficio de la libertad domiciliaria, es un pasaporte de impunidad para el máximo responsable del asesinato de Mariano Ferreyra. Condenado a 15 años de prisión es premiado con este beneficio, sistemáticamente rechazado por los jueces que lo condenaron puesto que su salud puede ser atendida en el penal de acuerdo al informe de los propios forenses. Nada cambió respecto de los informes de salud anteriores, sólo han cambiado los jueces y su decisión política de enviar a un lujoso piso de Palermo Chico a quien hace tres años fuera detenido en un departamento de Puerto Madero, cuando faltan 12 años de condena. Dos jueces subrogantes que votaron por mayoría dejaron en minoría al único juez que participó del proceso y de la condena de uno de los grandes juicios que arrancó la lucha popular contra el crimen de un militante en ocasión de una lucha de la clase obrera.

Es un golpe de impunidad en una trama más vasta, que empieza muy atrás y tuvo su expresión en el proceso judicial. En vez de impulsar una causa única, en la que se investigara la totalidad de la trama que derivó en el asesinato de Mariano, se la desguazó en varias partes, separando la investigación del asesinato de los manejos de fondos y subsidios que alcanzaban a funcionarios, empresarios y burócratas sindicales. De todas las causas la única que avanzó fue la que del asesinato de Mariano. Las otras, en cambio, quedaron siempre cajoneadas. Esto vale tanto para que la debió investigar los manejos de los subsidios y su relación con las empresas tercerizadas manejadas por el propio sindicato de la Unión Ferroviaria, como la que se siguió por el intento de coima de Pedraza a altos funcionarios judiciales. También de una causa por coimas con pruebas concluyentes sobre el intento de Pedraza de comprar jueces para lograr la impunidad de los autores materiales y la propia de los dirigentes de la UF.

El fallo del Tribunal que condena a Pedraza, Fernández, policías y patoteros no es ajeno a esta política de impunidad. Los jueces calificaron el crimen como "homicidio simple" y no "calificado", como reclamábamos desde el PO, argumentando que no había habido premeditación a la hora de realizar el ataque criminal que costó la vida de Mariano. Para ello se desconocieron pruebas abrumadoras que mostraban lo contrario. El sentido de esta carátula no fue leguleyo sino político: sin premeditación ni organización previa para cometer el delito, y al dejarse fuera las motivaciones económicas, se limitó las responsabilidades a Pedraza, dejando fuera a funcionarios políticos y empresarios. De ahí el sentido estratégico de nuestra apelación, que fue rechazada por el mismo Tribunal que ahora otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a Pedraza.

El gobierno de Macri siguió a fondo la política ferroviaria que tuvo el kirchnerismo luego del asesinato de Mariano y de la masacre de Once, cuya piedra basal fue asegurarse el respaldo de la Unión Ferroviaria. También votó macizamente en el parlamento la ley Randazzo que consagra al Estado como garante de los negocios privados en los FFCC. La UF, comandada por los discípulos de Pedraza, respaldó la gestión de Randazzo, que en materia laboral recreó la tercerización de trabajadores en el ferrocarril a una escala enorme. La prisión domiciliaria para Pedraza es una prenda en la mesa de la unificación de la CGT, que se promueve desde el gobierno para enfrentar al activismo obrero que batalla contra el ajuste estatal-patronal.

Inscribimos nuestra lucha contra este acto de impunidad y para que la Justicia anule la resolución que beneficia a Pedraza, en nuestro combate a fondo contra el ajuste que está en marcha.

Recordemos. José Pedraza fue condenado por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra quien el día 20 de Octubre de 2010 se encontraba participando en una movilización de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que exigían el pase a convenio ferroviario. La manifestación fue atacada por una patota organizada por la Unión Ferroviaria (conducida por José Pedraza) quienes, en complicidad con la policía Federal y Bonaerense que garantizaron la "zona liberada", atacaron a los manifestantes con armas de fuego. La resultante de ese ataque fueron 3 compañeros con heridas de gravedad y el disparo mortal a nuestro compañero Mariano Ferreyra.

La condena a Pedraza, de su segundo Fernández, de Favale y demás autores materiales y de los policías y barras que se asociaron para producir un acto de represión ejemplar contra los ferroviarios tercerizados, fue conquistada finalmente, gracias a la movilización inmensa contra los poderes del Estado y el gobierno que actuaron en complicidad con la patota culpabilizando a quienes se manifestaban contra el negocio de la tercerización, es decir, a Mariano y a sus compañeros.

El asesinato de Mariano fue un crimen contra la clase obrera. En este sentido, la prisión domiciliaria a Pedraza es una concesión grave al régimen de una burocracia sindical asociada a barrabravas que actúan contras las luchas obrera y por lo tanto no es ajena a la intención del gobierno actual por mantener una estrecha relación con los distintos elementos de la burocracia sindical para enfrentar al activismo obrero que batalla contra el ajuste estatal-patronal. El mensaje de impunidad a la patota sindical es funcional al protocolo antimanifestación. Se trata de una política que viene de atrás. Precisamente el sindicalismo empresarial que armó la mano de los asesinos de Mariano fue "modelo de construcción sindical" en la década kirchnerista y más atrás fue el gran socio de las derrotas de los 90 frente a las privatizaciones y la flexibilización laboral.

La cárcel común que reclamamos tiene equivalencia con la que todas las organizaciones de DDHH y el movimiento popular han reclamado para los genocidas de la dictadura. La de Pedraza y sus cómplices se trata de una condena emblemática en la responsabilidad intelectual de un crimen político contra la juventud, la militancia y la lucha del movimiento obrero, contra el edificio de dominación de la burocracia sindical.

Desde las banca del Partido Obrero que componemos el Frente de Izquierda y los Trabajadores, los compañeros de militancia de Mariano, llamamos a los/as disputados/as a repudiar el beneficio de la cárcel domiciliaria al asesino de Mariano Ferreyra y exigirle a la Justicia que anule esta resolución.

El presente Proyecto es solo un aporte más a esta inmensa lucha que se fortalece en las calles y que conmovió y conmueve al conjunto del país.