Ley contra la corrupción: que los responsables políticos y empresariales vayan presos y devuelvan lo que se robaron.

ARTÍCULO 1°: A partir de la presente ley se combatirá en forma estructural los actos corruptos que llevan a cabo empresarios y funcionarios de los distintos organismos del estado. Atento a ello, inviértase la carga de la prueba para los funcionarios gubernamentales y empresariales implicados en delitos de corrupción. A partir de la presente ley se los considera culpables debiendo demostrar su inocencia, procediéndose en forma inmediata a disponer la prisión preventiva, hasta tanto se demuestre lo contrario.

ARTÍCULO 2°: Procédase a embargar y rematar las propiedades, acciones, títulos, bienes y demás acreencias de las empresas vinculadas a casos de corrupción, y de los bienes personales de sus accionistas, directivos y representantes. Lo mismo vale para los funcionarios gubernamentales involucrados. Ese dinero pasará a las arcas del estado engrosando los presupuestos de educación, salud, vivienda y demás programas sociales para combatir las urgentes necesidades populares. Las empresas responsables pasarán a funcionar bajo la órbita del Estado nacional o provincial, según corresponda, las cuales serán controladas, gestionadas y administradas por sus trabajadores.

ARTÍCULO 3°: De forma.

Señor presidente:

El gobierno de Cambiemos ha firmado decretos y enviado distintos proyectos de ley para simular que “combate la corrupción”. Nada más alejado de la realidad. Su objetivo es intentar despegar al presidente Mauricio Macri, a sus ministros, Ceos y demás funcionarios de gobierno de los escándalos de corrupción y negocios capitalistas que llevan a cabo en beneficio de sus propios grupos económicos, familiares y empresarios amigos.

Los decretos son para reglamentar (es decir, para cubrirse) del denominado “conflicto de intereses” (los actos llevados a cabo por funcionarios de gobierno en beneficio de sus propios negocios familiares y grupos económicos). Y uno de los proyectos de ley, versa sobre la “responsabilidad penal de las empresas”, pero no para sancionarlas, sino para que prevengan hechos corruptos. ¡Una ley para que los mismos empresarios corruptos no cometan tantos actos de corrupción! Un absurdo.

También se propone modificar la ley de ética pública sancionada en 1999, supuestamente para “actualizarla” ante los sucesivos casos de corrupción: otro engaño, ya que después de 18 años de vigencia, por ejemplo, solo una entre once multinacionales fue encontrada responsable de corrupción, y no solo no se tomó ninguna medida contra sus intereses y bienes en el país, sino que ningún funcionario fue preso.

Ante ello proponemos este proyecto de ley para que los corruptos vayan a la cárcel y devuelvan lo que se robaron.

Le llaman “conflicto de intereses” (no negocios familiares corruptos), por ejemplo, al salvataje de Franco Macri por la deuda del Correo o a los tarifazos y aumentos de las naftas por parte del ministro Juan José Aranguren en beneficio de Shell, multinacional de la cual era su presidente y accionista. En el mismo sentido, la aerolínea LAN (la más beneficiada con la entrega de rutas aéreas por el macrismo en desmedro de Aerolíneas), fue premiada por Gustavo Lopetegui, vice jefe de gabinete de Macri y ex ejecutivo de LAN Chile, hoy secretario de obras públicas. O la entrega de rutas a Avianca (continuidad de MacAir Jet de la familia Macri) está parada temporalmente por las denuncias y los escándalos públicos.

De acuerdo a sus balances oficiales, la empresa Caputo S.A. del empresario y amigo de Mauricio Macri, Nicolás Caputo, aumentó el 43% de sus ganancias respecto al 2015. Odebrech, la corrupta multinacional brasilera cuyo máximo directivo fue condenado a 19 años de prisión en el país vecino, fue beneficiada con la millonaria licitación por 11.000 millones de dólares del Soterramiento del Sarmiento, una obra faraónica que compartirá con la constructora Iecsa de Ángelo Calcaterra, primo del presidente. Podríamos seguir con los ejemplos.

¿Pero esto qué quiere decir? ¿Qué solo serían repudiables los actos corruptos de quienes están de “los dos lados del mostrador”, como se dice, y serían “aceptables los demás negocios capitalistas? Eso es lo que quieren hacer creer el gobierno. Este gobierno y los anteriores gobiernan para los grandes empresarios y multinacionales, estén ligados directamente o no con los funcionarios que estén circunstancialmente como parte del Poder Ejecutivo.

No es ninguna sorpresa que los empresarios amigos o socios de los gobiernos de turno aumenten sus ganancias sideralmente. No es excepción que esta sea la lógica de uno u otro partido patronal, sino que es la regla con la que actúan los empresarios capitalistas, que utilizan al estado para aumentar su patrimonio. En nuestro país sobran ejemplos de enriquecimiento delictual de empresarios amigos del poder político, los famosos ladrones de guante blanco que son favorecidos por la ley, el poder judicial y los gobiernos de turno.

Y si hablamos de corrupción, tendríamos que poner en el tapete sobre el gran hecho corrupto y de entrega que significa la deuda externa, que creció varias veces en plena dictadura de Videla-Martínez de Hoz, el capital ya se pagó con creces a lo largo de los años, un juez la investigó determinando que fue ilegítima y fraudulenta y se sigue pagando, a 41 años del golpe, a costa de planes de ajuste y entrega bajo todos los gobiernos, el de Alfonsín, Menem, la Alianza De la Rúa-Chacho Alvarez, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y el actual gobierno de Macri-UCR-CC (Cambiemos). Y con el aval del Frente Renovador de Massa, el Frente para la Victoria en el Senado, el resto del peronismo y la centroizquierda se les pagó a los fondos buitres 10.000 millones de dólares apenas asumió el actual gobierno.

La corrupción estructural también se dio bajo el gobierno del peronismo kirchnerista con empresarios amigos del poder o testaferros de la familia presidencial. Es el caso de Lázaro Báez, uno de los principales beneficiados en las “licitaciones” de la obra pública con su empresa Austral Construcciones S.A. Lázaro Báez era un simple empleado del Banco de Santa Cruz cuando conoció a los Kirchner, sin embargo, tras 12 años de su gobierno, terminó siendo dueño de empresas constructoras, petroleras, medios de comunicación y uno de los máximos terrateniente de la Patagonia.

Lo mismo se reveló con los bolsos llenos de dólares del ex secretario de Obras Públicas y mano derecha del hoy diputado del Frente para la Victoria, Julio de Vido, José López. O con la masacre de Once, donde todos los empresarios que gozaron de subsidios millonarios y los funcionarios K, aún están en libertad a pesar de ocasionar 52 muertes y 800 heridos, fruto de la privatización del ferrocarril y la corrupción reinante para desguazar las vías y poner ese dinero estatal en sus negocios privados.

Los ejemplos mencionados sirven para describir la clásica acepción de la palabra “corrupción” asociada a sobornos, negociados, coimas y enriquecimiento personal de los políticos patronales. Pero detrás de todo esto, lo que hay es un corrupto modelo económico y político que llevan adelante todos los partidos que gobernaron este país. Corrupto es este plan económico que subsidia a las privatizadas, les quita las retenciones a las multinacionales saqueadoras y paga la fraudulenta deuda externa a cambio del hambre del pueblo.

La corrupción existe porque forma parte del entramado sobre cómo hacen sus ganancias las grandes empresas locales y multinacionales en el mundo y está íntimamente vinculado a cómo funcionan los gobiernos capitalistas. Por eso la obra pública, que debería servir para solucionar el déficit habitacional o para la construcción de escuelas y hospitales, se transforma en un mecanismo donde abundan los sobreprecios, los “arreglos” para hacer ganar a “la empresa amiga” y otros ilícitos en beneficios de grupos económicos afines a los gobiernos de turno.

En síntesis, el origen y la causa de toda esta corrupción se encuentra en el sistema capitalista y los gobiernos que lo llevan adelante, beneficiando siempre a las empresas locales y extranjeras en detrimento del pueblo trabajador.

Por eso denunciamos que estas medidas que impulsa Macri son las que aconsejan el imperialismo, la Unión Europea, la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y Naciones Unidas, precisamente para lavarse la cara. Los mismos gobiernos y organismos internacionales cómplices del lavado de dinero, el narcotráfico y el salvataje a bancos y muntinacionales, e impulsores de planes de ajuste y entrega para las semicolonias como Argentina, simulan de esta manera que combaten la corrupción (lo mismo hacen con el narcotráfico u otros flagelos capitalistas), para seguir protegiendo las ganancias de los grandes empresarios, banqueros y multinacionales de los países centrales.

“Los veinte mayores bancos europeos declaran al menos una cuarta parte de sus beneficios en paraísos fiscales para evitar el pago de buena parte de los impuestos”, paraísos que están en el interior de la propia Unión Europea, como Luxemburgo o Irlanda (Clarín, 28/03/2017). Paraísos fiscales que aparecen en los listados de la OCDE y el FMI, es decir, que existen con la complicidad de los mismos organismos que impulsan leyes para supuestamente “combatirlos”. Por eso suena ridículo que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Cambiemos, Mariano Federici (ex funcionario del FMI), junto a miembros del Ministerio de Justicia, la AFIP, la Oficina Anticorrupción y tres fiscales y dos jueces federales hayan tenido reuniones en Estados Unidos con funcionarios de Donald Trump a fin de “profundizar la cooperación” en la lucha contra la corrupción (La Nación, 26/03/2017). Es decir, con el gobierno más corrupto, racista y ajustador del planeta.

El presente proyecto de ley de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda ataca de raíz los casos de corrupción y negocios capitalistas. Proponemos en primer lugar invertir la carga de la prueba, presumiéndose que todo funcionario o empresario acusado de corrupción es culpable, teniendo que demostrar su inocencia. Esta inversión de la carga de la prueba ya se aplica para el delito de enriquecimiento ilícito y/u otros. Proponemos que se extienda a todos los casos que se comentan en perjuicio de la administración pública y el erario estatal.

Segundo, proponemos que mientras esto ocurra, se debe disponer la inmediata detención de los responsables, es decir, su prisión preventiva. La prisión preventiva es necesaria porque se trata de personas muy peligrosas, que se pueden fugar del país, ya que son parte -en muchos casos- de grupos económicos que hacen negocio con el lavado de dinero, tienen empresas en los paraísos fiscales, compran jueces, gobiernos y a las denominadas fuerzas de seguridad, son beneficiarios del blanqueo de capitales (por evasión de impuestos y/o proveniente del narcotráfico, trata de personas y otros ilícitos), entre otros.

A su vez, proponemos embargar y rematar los bienes de las empresas, poniéndolas a funcionar bajo control, gestión y administración de sus trabajadores. Eso es lo que se tendría que haber hecho con la empresa constructora de Lázaro Báez; con el Correo pasando a ser 100% estatal, y con tantas otras. Lo mismo hay que hacer con los bienes personales de las personas físicas acusadas.

Las medidas de este proyecto deben ser consideradas como parte de otras medidas de fondo para terminar con los negocios capitalistas y el saqueo empresarial. Por eso planteamos terminar con las privatizaciones reestatizando esas empresas; estatizar toda empresa que cierre o despida poniéndola a funcionar bajo control obrero; suspender los pagos de la deuda externa, etcétera.

No confiamos en la justicia patronal que lleve a cabo estas investigaciones. Por eso proponemos la elección popular de los jueces y la revocabilidad de sus mandatos, y comisiones investigadoras independientes con plenos poderes para que sean las encargadas de recopilar datos y pruebas a fin de llegar a la verdad y castigar a los verdaderos responsables.

Por todas estas consideraciones solicitamos a los señores Diputados que acompañen este proyecto de Ley.