Su repudio a la condena a 8 años de prisión a “Belén” (nombre de ficción con el que se ha difundido el caso), mujer tucumana de 27 años, acusada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía luego de que asistiera al Hospital de Clínicas Avellaneda de la ciudad de Tucumán, con un aborto espontáneo en curso.

Exigir su inmediata libertad y la nulidad de la sentencia.

Señor presidente:

En la madrugada del 21 de marzo de 2014 Belén acudió a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda, en San Miguel de Tucumán, por dolores abdominales y abundante sangrado. Luego de que se le inyectara un calmante fue derivada al Servicio de Ginecología. Allí el médico que la atendió le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén contestó que desconocía estar embarazada. Lo mismo que continuó sosteniendo durante todo este tiempo.

Pese a que Belén ya contaba con un diagnóstico y estaba siendo asistida, la jefa de parteras decidió solicitar la presencia de la policía para inspeccionar lo que había expulsado. En un baño del hospital encontraron un feto, y enseguida los médicos, los policías y los funcionarios judiciales dijeron que era el “hijo” de esta mujer, pero sin tener ninguna prueba y sin ningún análisis de ADN. A partir de ahí fue acusada de matar a su hijo. El feto que le atribuyen nunca fue examinado para ver si era el que abortó.

Belén tuvo que atravesar distintas situaciones de violencia, como un interrogatorio sobre la causas de la hemorragia al momento de su internación, e incluso la presencia de policías durante el legrado en que le revisaban sus partes íntimas. Asimismo, la joven tucumana denunció ante los jueces que “un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía ‘mirá, éste es tu hijo’”. También fue violentado el derecho que le otorga la confidencialidad de la relación médico-paciente, que debería impedir su denuncia por parte del equipo de salud que la asiste.

Belén fue detenida hasta ser dada de alta y permaneció en la cárcel hasta el juicio, que comenzó con la carátula de “aborto” y luego fue modificada a “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”. La pesadilla de Belén comenzó bajó la gestión del gobierno kirchnerista, con Alperovich al frente del gobierno provincial y Cristina a cargo del Ejecutivo Nacional. La judicialización de su caso, que derivó en una condena ignominiosa, refleja una orientación política que predominó durante todo el período de gobierno del FPV y que continúa bajo el gobierno de Cambiemos: el maltrato institucional y la violencia contra las mujeres. El complemento de esto ha sido el reforzamiento de la penetración clerical en todos los niveles del Estado, al servicio de mantener una tutela religiosa sobre las mujeres y sus derechos, negando la educación sexual laica en las escuelas y bloqueando incluso la práctica de los abortos no punibles en los hospitales. El actual gobernador Mansur, cuando revistó como ministro de Salud de la Nación mandó al tacho de basura la guía de abortos no punibles, además de un pronunciamiento firme contra la legalización del aborto. Tucumán integra el legión de provincias que hicieron caso omiso al Fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación de marzo de 2012, el cual establece con claridad que nunca son punibles los abortos en casos de violación y que alcanza con la declaración jurada de la mujer para acceder al derecho en el hospital público.

Al día de hoy Belén continúa detenida con una condena de 8 años de prisión. En el trascurso de los últimos dos años, pasó por las manos de distintos abogados, que por las dificultades de su familia para afrontar los gastos, abandonaron el caso. El último lo hizo tres días antes del juicio y una defensora oficial terminó asistiéndola. Es directamente proporcional el ensañamiento de la justicia tucumana con esta joven, con el historial de cobardías para con los representantes del poder.

Actualmente el caso se encuentra en manos de la abogada Soledad Deza, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que está peleando por la nulidad de la condena infame que pesa sobre Belén. La acción de los profesionales que violentaron todos los derechos de esta joven fue promovida por una orientación institucional, y es la dirección del Hospital de Clínicas Avellaneda la que debe estar en primer lugar en el banquillo de los acusados. Por opción u omisión, el tema ya ha tenido en el pasado muestras de que es necesario reglamentar y dar indicaciones claras desde las instituciones de defensa de los derechos y la atención de las mujeres. Los profesionales que colocan sus propios prejuicios por encima del derecho de las mujeres, deben ser investigados si actuaron por iniciativa propia o en consonancia con alguna secta clerical con apoyo estatal.

Distintas organizaciones de mujeres, sociales y políticas han lanzado una campaña en repudio a la condena y por la inmediata excarcelación de Belén. En un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 300 organizaciones en la Argentina, argumentan que en el caso de Belén se “violaron de modo absoluto su derecho a la salud, a estar libre de torturas y malos tratos, su derecho a la confidencialidad, a la no violencia y al debido proceso”.

La condena a Belén se inscribe asimismo en una política de criminalización de las mujeres que por diferentes motivos deben recurrir a la práctica de un aborto, incluso cuando se trata de un aborto legal, es decir, aquellos casos que están habilitados por ley de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, y que han sido recientemente ratificados por el fallo de la Corte Suprema (2012) mencionado anteriormente. Este tipo de atropellos que vulneran los derechos de las mujeres, han sido una política de Estado durante el kirchnerismo, y pretenden ser profundizados en la actualidad por el gobierno de Cambiemos. La criminalización y persecución a las mujeres que acuden a un hospital público con un aborto en curso, contrasta con la brutal connivencia con el “negocio” de los abortos en las clínicas privadas, que le permite amasar fortunas a los directivos y profesionales que, valiéndose de la clandestinidad, cobran cifras siderales por la realización de un aborto a aquellas mujeres que cuentan con los recursos económicos para acceder al mismo.

En el caso de Belén el atropello es aún más grave, puesto que parte de una injuria: no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a la mujer con el feto encontrado en el baño del hospital. En Belén se concentran distintas violencias y atropellos, desde la violación del secreto profesional, la violencia obstétrica, hasta la violencia judicial.

Denunciamos el brutal atropello que representa la condena absolutamente infundada contra “Belén”. Repudiamos la sentencia, exigimos su nulidad y la inmediata liberación de la joven tucumana.

Por estas razones solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente proyecto.