Su total preocupación ante la decisión de los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, que integran el Tribunal Federal Oral en lo Criminal de Mar del Plata, quienes dispusieron la libertad de Alejandro Guillermo Duret, condenado por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal, por ser culpable de las torturas y posterior desaparición de Carlos “Chiche” Labolita, en el marco de la última dictadura cívico militar.

Señor presidente:

Con fecha del último jueves 7 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, así como por Carlos Rozanski (este último votando en disidencia), dictaron la liberación del ex militar Alejandro Guillermo Duret, quien permanecía privado de libertad en el Penal de Marcos Paz. El mismo fue condenado por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal, por las torturas y posterior desaparición de Carlos “Chiche” Labolita, en el marco de la dictadura cívico militar de 1976, luego de que estos mismos jueces lo absolvieran en el año 2009.

El 5 de marzo de 2016, los abogados de Duret, Gerardo Ibáñez y María Laura Olea, expusieron ante el tribunal que el ex militar condenado por delitos de lesa humanidad, había pasado 8 años preso, y que con la aplicación de la ley conocida como 2x1, ya había cumplido el tiempo suficiente para exigir la excarcelación. En base a esta presentación, los magistrados consideraron que era aplicable dicho beneficio.

Resulta ineludible señalar que la medida adoptada por el tribunal, tuvo un voto en disidencia del Juez Carlos Rozanski, quien entendió que no se habían requerido informes de reincidencia, como así tampoco se había dejado constancia alguna acerca de si Duret contaba con procesos pendientes o detenciones en otras causas. A la vez, Rozanski manifestó que existe el peligro de fuga por parte del condenado, por la sencilla razón de que Duret ya había intentado evadirse del país, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal le revocó la absolución que había obtenido en 2009.

Efectivamente, el 3 de julio de 2009, en fallo dividido, el mismo Tribunal absolvió a Alejandro Guillermo Duret y condenó a Pedro Pablo Mansilla con el beneficio de la prisión domiciliaria, por la desaparición de Carlos “Chiche” Labolita. Los jueces votaron de la misma manera que en esta oportunidad: Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo votaron a favor, y Carlos Rozanski en contra.

Sin embargo en 2011, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el fallo del Tribunal de Mar del Plata y condenó a Duret a 15 años de prisión. Cuando se enteró de esta resolución, el represor intentó huir a Chile. El 5 de octubre de 2011 fue detenido nuevamente y trasladado al penal de Marcos Paz.

En suma Señor Presidente, durante su primera etapa Duret estuvo preso 3 años y 7 meses, y en su segunda etapa 4 años y 5 meses. Así, el ex militar condenado por delitos de lesa humanidad pasó 8 años privado de su libertad. Para los abogados Ibáñez y Olea (los mismos que defendieron en el juicio por Monte Peloni a Walter “El Vikingo” Grosse), con la aplicación de la ley conocida como 2x1, Duret ya cumplió el tiempo suficiente para exigir la excarcelación.

Si bien la ley del 2x1 fue derogada, existe un principio del Derecho que sostiene que, aquellas personas que hayan cometido delitos en tiempos en que imperaban leyes distintas a las existentes al momento de ser resuelta su condena, tienen el beneficio de que les sea aplicada la “ley más benigna”. Al respecto el fiscal federal Daniel Adler que interviene en la causa, planteó que los hechos por los que resultó condenado Duret, son de suma gravedad (crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y perseguibles supranacionalmente), lo que impide la aplicación de este beneficio.

Cabe recordar que en un caso similar, el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, sostuvo que el artículo 7 de la ley 24.390 (la ley del 2x1) no era aplicable a estos casos debido a que esta ley entró en vigencia más de una década después de finalizada la dictadura cívico militar, en cuyo contexto fueron cometidos los crímenes por los que el represor fue condenado. Asimismo, la ley del 2x1 fue derogada en 2001, un año antes que el condenado en este caso fuera privado de su libertad.

El caso coincide exactamente con el del represor Alejandro Duret, al que de todas formas los jueces Esmoris y Jarazo decidieron dejar en libertad. En este sentido, el juez Rozanski también sostuvo en su voto que no es aplicable el principio de ley benigna, dado que la ley del 2×1 no estaba vigente ni cuando Duret cometió los delitos de lesa humanidad, ni cuando lo procesaron, ni cuando estuvo detenido.

Señor Presidente. Casualidad o no, el próximo 25 de abril se cumplirán 40 años de la noche del secuestro y desaparición de Carlos Labolita. Tenía 24 años. Estaba casado. Había estudiado en la Universidad Nacional de La Plata donde fue amigo y compañero de Néstor y Cristina Kirchner. Era empleado petroquímico. Fue detenido el 25 de abril de 1976 en la casa de su madre, en Las Flores, por una comisión policial de la Comisaría de Las Flores donde permaneció detenido por dos días hasta que fue llevado al Regimiento de Caballería Blindada de la ciudad de Azul.

El primero de mayo de ese año, lo llevaron de vuelta a su casa, encapuchado y esposado lo interrogaron junto a su esposa Gladis D´alessandro. De allí se llevaron a los dos, en autos separados, y luego de unas horas de andar liberaron a Gladis.

Carlos fue llevado de nuevo al Regimiento de Azul donde Duret era jefe de inteligencia del Grupo de Artillería Blindado. Allí recibió al detenido Carlos Labolita. Los propios policías que entregaron al detenido vieron cómo Duret le ponía la capucha. Desde entonces no hay más noticias de Carlos Labolita.

Los responsables de su desaparición fueron los entonces Teniente Coronel Mansilla y Capitán Duret. Su caso llegó a los tribunales de Azul donde el Juez Ferro los encontró responsables de los hechos, pero no pudo mandarlos a la cárcel por la ley de punto final. En el 2004, con la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, se reactivó la causa junto con una investigación impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense sobre el funcionamiento del circuito de centros clandestinos durante la dictadura cívico militar. En el 2006 ambos fueron procesados por el juez federal de Azul, Juan José Comparato.

Con 63 años, Alejandro Guillermo “El Porra” Duret, es probablemente uno de los represores más jóvenes que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Aquel militar que siguió ascendiendo, cuyo nombre aparece en 1994 como jefe del Grupo de Artillería de Neuquén donde fue asesinado el soldado Carrasco, y que durante el breve gobierno de Fernando de la Rúa llegó al grado de teniente coronel, hoy se encuentra en libertad.

Como se ve, Señor Presidente, existen sobradas razones para expresarnos en desacuerdo con esta arbitraria decisión judicial. La misma debilita la democracia en su conjunto, y va en contra del largo recorrido producido en materia de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicito a los y las legisladores, acompañen con su voto el presente proyecto.