Artículo 1º: Modifíquese el artículo 175 de la Ley 24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:

• ARTICULO 175. — Los patronatos de liberados deberán ser organismos oficiales que recibirán una partida presupuestaria del Estado Nacional, cuya inversión será controlada por la autoridad competente.

Artículo 2°: El Poder Ejecutivo de la Nación determinará la Autoridad de aplicación de la presente Ley.

Artículo 3°: La autoridad de aplicación establecerá la forma y los plazos de adecuación, a la presente Ley, de los Patronatos existentes en el país.

Artículo 4: La presente ley se reglamentará dentro de los 90 días de su promulgación.

Artículo 5: Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente Ley.

Artículo 6: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La labor del Patronato de Liberados es fundamental para los egresados y liberados, en lo que se refiere a su protección y asistencia social, moral y material pospenitenciaria. Su objetivo primordial debe ser favorecer la disminución del delito y la criminalidad y, por lo tanto, contribuir a una convivencia social pacífica.

Por los motivos anteriormente mencionados, el presente Proyecto de Ley pretende avanzar sobre una problemática escasamente abordada y desconocida por la población en general: la reinserción social de los egresados de las prisiones. Hasta el momento los Patronatos son autónomos y funcionan con distintas normas que establecen la estructura orgánica, la planta funcional y el estatuto escalafón.

Al integrar las distintas normas que se encontraban dispersas desde la creación del fondo Patronato de Liberados, se podrá establecer la estructura orgánica, planta funcional y estatuto escalafón, adecuar la dotación de su personal en relación al número de tutelados y contemplar un régimen laboral específico teniendo en cuenta las especiales exigencias, capacitación y dedicación que su trabajo requiere.

La permanente expectativa o temor a no ser reconocido como una persona reinsertada obran como una traba que afecta objetiva y subjetivamente al complejo y al difícil proceso de reinserción post penitenciaria. Por ello, es necesario observar la prevención social en forma integral atendiendo no sólo a la primera etapa del problema de la criminalidad, sino entendiendo el fenómeno como un proceso complejo que se extiende luego de la condena, pasando por el tratamiento intra carcelario y concluye e intensifica durante la etapa post penitenciaria.

Hay que enfocar los cambios en dos direcciones. Por un lado, el Patronato debe contar con un presupuesto que le permita desarrollar programas

eficientes para ejercer un control estricto y vigoroso de los liberados, y que además le otorgue la capacidad operativa necesaria para asistirlos en todas las etapas previas y posteriores a la liberación. Es imprescindible que el sistema desarrolle planes eficaces para la contención familiar y comunitaria y que se cumpla con la difícil tarea de lograr la reinserción social de los liberados. Sólo así se podrán prevenir las reincidencias delictivas y disminuir la criminalidad.

Por otro lado, es urgente que se reformulen los mecanismos que protegen la integridad física, psíquica y profesional del personal que desempeña tareas en el Patronato. En muchas ocasiones no pueden cumplir satisfactoriamente su tarea de control y seguimiento porque no cuentan con la seguridad mínima para enfrentar los contextos de violencia, intimidación y amenazas con los que deben convivir cotidianamente en el ejercicio de su labor. Esto es imperioso porque el deterioro en las relaciones humanas que vinculan a los profesionales del Patronato con los liberados se convierte, en algunos casos, en episodios de extrema gravedad.

La realidad nos muestra que el Patronato está lejos de alcanzar mínimamente los objetivos que le dan sentido institucional y que es un área que requiere cambios impostergables para reorganizar sus misiones y sus objetivos ya que actualmente no cumple con su misión fundamental: aplicar planes y programas para el control, el acompañamiento y la asistencia de los liberados o los tutelados.

La gravedad y la diversidad de los problemas requieren energía política para promover las reformas institucionales que los argentinos necesitamos. Son reformas destinadas a mejorar la calidad de nuestra vida cotidiana, garantizar la invulnerabilidad de nuestros derechos y salvaguardar las garantías constitucionales que nos protegen. El fenómeno conocido popularmente como "la puerta giratoria" refleja de modo gráfico y

elocuente, la enorme inquietud social que hay sobre el destino de los detenidos, el rigor de las leyes y la función de los responsables de administrar justicia.

Quienes tenemos funciones políticas debemos actuar con responsabilidad para proponer los cambios que se requieren, y debemos hacerlo en un marco de diálogo fluido, serio y fundamentado que finalmente se traduzca en soluciones concretas para los problemas que nos afectan.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.