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LEGISLACION PENAL
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 404
Jefe DR. TINTO JUAN ENRIQUE
Martes 15.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-7493/94 Internos 2403/01
clpenal@hcdn.gob.ar
- PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO
- LEGISLACION PENAL
Reunión del día 07/06/2012
- DESPENALIZACIÓN - CONJUNTA (CONTINUACIÓN)
- En Buenos Aires, a los siete días del mes de junio de 2012, a la hora 10 y 20:
SR. PRESIDENTE FIAD Luego del cuarto intermedio del día de ayer, continúa la reunión conjunta de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Legislación Penal.
Antes de reiniciar queremos felicitar por su día a los periodistas presentes en la sala. Tenemos una jornada bastante extensa. Vamos a desarrollar siete paneles, cada uno de una hora.
En el primer panel estarán presentes los señores Roberto Moro, vicepresidente de Cofedro; Marcelo Gabriel Bono, Interventor del Cenareso; Sebastián Basalo, director de la Revista THC, y Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario Nacional.
Invitaremos a cada uno de ellos para que nos acompañen en la mesa principal al momento de dar su exposición. Sin más comentarios, comenzamos con las exposiciones.
Solicito que seamos rigurosos con el horario teniendo en cuenta la cantidad de oradores presentes. En este panel cada uno de ellos contará con 10 minutos para hacer su exposición.
Vamos a invitar en primer término al señor Roberto Moro, quien es magister en Adicciones, Secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia de La Pampa y actualmente vicepresidente del Cofedro.
Tiene la palabra el señor Moro.
Antes de reiniciar queremos felicitar por su día a los periodistas presentes en la sala. Tenemos una jornada bastante extensa. Vamos a desarrollar siete paneles, cada uno de una hora.
En el primer panel estarán presentes los señores Roberto Moro, vicepresidente de Cofedro; Marcelo Gabriel Bono, Interventor del Cenareso; Sebastián Basalo, director de la Revista THC, y Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario Nacional.
Invitaremos a cada uno de ellos para que nos acompañen en la mesa principal al momento de dar su exposición. Sin más comentarios, comenzamos con las exposiciones.
Solicito que seamos rigurosos con el horario teniendo en cuenta la cantidad de oradores presentes. En este panel cada uno de ellos contará con 10 minutos para hacer su exposición.
Vamos a invitar en primer término al señor Roberto Moro, quien es magister en Adicciones, Secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia de La Pampa y actualmente vicepresidente del Cofedro.
Tiene la palabra el señor Moro.
SR. MORO Buenos días a todos.
Realmente es un gusto para los que hace algún tiempo trabajamos en las adicciones y en la salud mental que se genere un espacio de debate como éste. Por eso, cuando el diputado Fiad llamó cursando esta invitación, la tomamos con mucha felicidad porque estos ámbitos de debate se deberían haber dado hace mucho tiempo; por eso estamos aquí con mucha felicidad.
Desde el Consejo Federal de Drogas -estoy dejando la vicepresidencia en estos días- a veces nos sentimos muy solos porque estos debates los tenemos internamente. La República Argentina constituyó un consejo federal donde se discuten las políticas públicas de Estado sobre adicciones. Allí habíamos dado estas discusiones pero encontramos resonancia en otro ámbito, quizá por diferencias personales o por lo que nos pasa en el ámbito profesional donde si dice uno u otro, nos miramos con recelo. Por esto me parece que éste es un ámbito formidable para discutir la modificación de la ley.
En la provincia de La Pampa venimos trabajando hace 6 años con una subsecretaría nueva y con dispositivos nuevos. Cuando esto se puso en discusión, nosotros hemos participado con nuestros diputados intercambiando ideas e ir ayudando al debate. La felicidad es enorme por haber escuchado a los disertantes de ayer.
El diputado Fiad me comentaba sobre los paneles que se harán presentes hoy, y esto es formidable porque se trata de gente con una gran trayectoria que va a enriquecer esta cuestión.
Respecto al tema que hoy nos llama, quienes trabajamos en adicciones en ningún momento hemos pensado que estábamos de acuerdo con criminalizar al adicto. Para nosotros el adicto siempre fue un enfermo que necesitaba un espacio dentro del sistema de salud para que tuviera un tratamiento acorde a sus necesidades y al contexto que lo rodeara.
Este es un tema de debate en los consejos federales desde siempre, y requiere el establecimiento de una política pública.
La Argentina carece de una política pública en adicciones, y uno de los temas por los cuales carece de ella tiene que ver con que la ley tenía una mirada demasiado judicial, y cuando prevalece lo jurídico sobre lo sanitario y lo educativo, comenzamos a errar el foco de cómo tratar el tema.
Cuando se comienza a debatir sobre descriminalizar o despenalizar al adicto, tal como señalan los proyectos de ley, los que trabajamos en este tema estamos totalmente de acuerdo con que se debe descriminalizar al adicto y darle un tratamiento sanitario.
Pero tenemos cada vez tenemos más interrogantes y menos certezas. Voy a agregar algunos interrogantes para que los compartamos, porque la realidad es que hoy la Argentina no tiene sistemas terapéuticos instalados para la demanda requerida. Estamos en una epidemia de consumo de alcohol en los jóvenes; el sistema económico-político está en crisis en el mundo, no sólo en Latinoamérica, y hace que comencemos a mirarnos de reojo en vez asociarnos.
Debemos comenzar a trabajar articuladamente entre las áreas del Estado -salud, educación, desarrollo social-, porque de lo contrario vamos a seguir fracasando.
Los articulados que tienen que ver con la descriminalización del adicto nos han llevado a un fracaso en cuanto al abordaje, pero si podemos trabajar articuladamente y si salimos de la mirada exclusivamente jurídica, vamos a tener un resultado distinto.
En cuanto al abuso en el consumo de alcohol en los jóvenes, el 70 por ciento de ellos toma abusivamente los fines de semana. Ahí es donde los paradigmas comienzan a temblar y uno piensa en cómo construir un modelo social diferente mientras reciben dobles mensajes de los adultos, con una construcción social que no es la que esperan para su futuro. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho más y donde el Estado se tiene que hacer cargo desde el área de salud para trabajar en dispositivos terapéuticos adecuados. Me refiero no sólo a la internación y a la atención ambulatoria, porque parece que son los únicos medios, sino hacia lo planteado correctamente en la nueva ley de salud mental, porque el proceso terapéutico puede comenzar en una internación en un caso agudo pero debe tener otras alternativas que hoy no están planteadas.
Por eso me pregunto y pregunto a ustedes si todos estos aspectos pueden ser contemplados en la modificación de la ley, para que el Estado no sólo tenga una mirada de cambio de paradigma sino también de sacar del ámbito penal la tenencia para el consumo personal.
Aprovechemos esta oportunidad para que el Estado tenga dispositivos terapéuticos adecuados para su demanda y para que la prevención se realice en los ámbitos adecuados.
Conozco el Consejo Federal de Drogas, y les puedo decir que hay sólo dos provincias que hacen como corresponde la prevención en el ámbito educativo, con programas en el aula y con módulos durante todo el año. Incluso, existe una sola provincia que hace prevención desde el nivel inicial. Tengamos en cuenta que la edad de inicio en el consumo de drogas viene descendiendo hace unos años; antes se comenzaba a consumir a los 14 años de edad, después bajó a los 12 años y en la actualidad es de 10. Si hacemos prevención desde el nivel secundario, como hace la mayoría de las provincias, estaremos llegando tarde.
Por eso tenemos que rever el concepto de prevención, sobre todo cuando vemos cómo se plantean las propagandas y los mensajes de los medios, a fin de cambiar el paradigma y llegar antes.
Ya que están analizando la modificación de una ley, sería interesante tener en cuenta estas incógnitas para tener un mejor resultado y para que finalmente podamos contar con un plan contra la droga en nuestro país que nos represente a todos con cada una de las diferencias regionales. La Pampa no es lo mismo que Chubut, Jujuy o Córdoba. Cada lugar tiene una característica regional y cada comunidad trabaja distinto. Por ejemplo, el consumo en Santa Rosa no el mismo que en el conurbano bonaerense, donde el paco está haciendo estragos.
Tenemos que conocer el mapa de nuestro país y focalizar mejor la prevención y la asistencia. La asistencia no es solamente internación y ambulatorio, sino que hay dispositivos que nos pueden marcar un camino diferente para trabajar en la reinserción.
Les cuento como anécdota que esta semana dimos de alta a unos chicos que estaban en tratamiento. Por ser una ciudad de 110.000 habitantes, el problema principal que tenemos es que no los podemos reinsertar laboralmente. Terminaron un tratamiento y están en condiciones de volver a trabajar, pero no hay empresas ni comercios que los tome porque la sociedad ha estigmatizado que ser adicto es igual a ser delincuente. Esta es la manera difícil y nos pasa a diario: no podemos reinsertar a nadie.
Roberto Canay ha elaborado un estudio durante dos años sobre cómo los medios de comunicación transmiten los temas relacionados con las adicciones y en qué lugar de los diarios los ubican. El 70 por ciento de las noticias sobre adicciones está en la sección policiales en los diarios nacionales, por lo que nuestra sociedad ha construido un imaginario social en el cual quien consume es un delincuente. Cuando nosotros queremos reinsertar a una persona que terminó un tratamiento, cuando queremos trabajar con la sociedad, este imaginario social o este estigma es muy difícil de romper.
Agradezco la invitación. Soy breve porque hay una agenda muy larga para el día de hoy, pero estoy feliz de estar analizando un proyecto de ley que se debería haber debatido hace un tiempo atrás, porque el paradigma no lo vamos a cambiar solamente con una ley sino que lo vamos a lograr si trabajamos en la misma dirección más allá de las diferencias conceptuales y de enfoques, a fin de tener en nuestro país la política pública en drogas que nos hace falta. Sin política pública en materia de drogas es muy difícil trabajar en algunos lugares, porque nos sentimos muy solos. (Aplausos.)
Realmente es un gusto para los que hace algún tiempo trabajamos en las adicciones y en la salud mental que se genere un espacio de debate como éste. Por eso, cuando el diputado Fiad llamó cursando esta invitación, la tomamos con mucha felicidad porque estos ámbitos de debate se deberían haber dado hace mucho tiempo; por eso estamos aquí con mucha felicidad.
Desde el Consejo Federal de Drogas -estoy dejando la vicepresidencia en estos días- a veces nos sentimos muy solos porque estos debates los tenemos internamente. La República Argentina constituyó un consejo federal donde se discuten las políticas públicas de Estado sobre adicciones. Allí habíamos dado estas discusiones pero encontramos resonancia en otro ámbito, quizá por diferencias personales o por lo que nos pasa en el ámbito profesional donde si dice uno u otro, nos miramos con recelo. Por esto me parece que éste es un ámbito formidable para discutir la modificación de la ley.
En la provincia de La Pampa venimos trabajando hace 6 años con una subsecretaría nueva y con dispositivos nuevos. Cuando esto se puso en discusión, nosotros hemos participado con nuestros diputados intercambiando ideas e ir ayudando al debate. La felicidad es enorme por haber escuchado a los disertantes de ayer.
El diputado Fiad me comentaba sobre los paneles que se harán presentes hoy, y esto es formidable porque se trata de gente con una gran trayectoria que va a enriquecer esta cuestión.
Respecto al tema que hoy nos llama, quienes trabajamos en adicciones en ningún momento hemos pensado que estábamos de acuerdo con criminalizar al adicto. Para nosotros el adicto siempre fue un enfermo que necesitaba un espacio dentro del sistema de salud para que tuviera un tratamiento acorde a sus necesidades y al contexto que lo rodeara.
Este es un tema de debate en los consejos federales desde siempre, y requiere el establecimiento de una política pública.
La Argentina carece de una política pública en adicciones, y uno de los temas por los cuales carece de ella tiene que ver con que la ley tenía una mirada demasiado judicial, y cuando prevalece lo jurídico sobre lo sanitario y lo educativo, comenzamos a errar el foco de cómo tratar el tema.
Cuando se comienza a debatir sobre descriminalizar o despenalizar al adicto, tal como señalan los proyectos de ley, los que trabajamos en este tema estamos totalmente de acuerdo con que se debe descriminalizar al adicto y darle un tratamiento sanitario.
Pero tenemos cada vez tenemos más interrogantes y menos certezas. Voy a agregar algunos interrogantes para que los compartamos, porque la realidad es que hoy la Argentina no tiene sistemas terapéuticos instalados para la demanda requerida. Estamos en una epidemia de consumo de alcohol en los jóvenes; el sistema económico-político está en crisis en el mundo, no sólo en Latinoamérica, y hace que comencemos a mirarnos de reojo en vez asociarnos.
Debemos comenzar a trabajar articuladamente entre las áreas del Estado -salud, educación, desarrollo social-, porque de lo contrario vamos a seguir fracasando.
Los articulados que tienen que ver con la descriminalización del adicto nos han llevado a un fracaso en cuanto al abordaje, pero si podemos trabajar articuladamente y si salimos de la mirada exclusivamente jurídica, vamos a tener un resultado distinto.
En cuanto al abuso en el consumo de alcohol en los jóvenes, el 70 por ciento de ellos toma abusivamente los fines de semana. Ahí es donde los paradigmas comienzan a temblar y uno piensa en cómo construir un modelo social diferente mientras reciben dobles mensajes de los adultos, con una construcción social que no es la que esperan para su futuro. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho más y donde el Estado se tiene que hacer cargo desde el área de salud para trabajar en dispositivos terapéuticos adecuados. Me refiero no sólo a la internación y a la atención ambulatoria, porque parece que son los únicos medios, sino hacia lo planteado correctamente en la nueva ley de salud mental, porque el proceso terapéutico puede comenzar en una internación en un caso agudo pero debe tener otras alternativas que hoy no están planteadas.
Por eso me pregunto y pregunto a ustedes si todos estos aspectos pueden ser contemplados en la modificación de la ley, para que el Estado no sólo tenga una mirada de cambio de paradigma sino también de sacar del ámbito penal la tenencia para el consumo personal.
Aprovechemos esta oportunidad para que el Estado tenga dispositivos terapéuticos adecuados para su demanda y para que la prevención se realice en los ámbitos adecuados.
Conozco el Consejo Federal de Drogas, y les puedo decir que hay sólo dos provincias que hacen como corresponde la prevención en el ámbito educativo, con programas en el aula y con módulos durante todo el año. Incluso, existe una sola provincia que hace prevención desde el nivel inicial. Tengamos en cuenta que la edad de inicio en el consumo de drogas viene descendiendo hace unos años; antes se comenzaba a consumir a los 14 años de edad, después bajó a los 12 años y en la actualidad es de 10. Si hacemos prevención desde el nivel secundario, como hace la mayoría de las provincias, estaremos llegando tarde.
Por eso tenemos que rever el concepto de prevención, sobre todo cuando vemos cómo se plantean las propagandas y los mensajes de los medios, a fin de cambiar el paradigma y llegar antes.
Ya que están analizando la modificación de una ley, sería interesante tener en cuenta estas incógnitas para tener un mejor resultado y para que finalmente podamos contar con un plan contra la droga en nuestro país que nos represente a todos con cada una de las diferencias regionales. La Pampa no es lo mismo que Chubut, Jujuy o Córdoba. Cada lugar tiene una característica regional y cada comunidad trabaja distinto. Por ejemplo, el consumo en Santa Rosa no el mismo que en el conurbano bonaerense, donde el paco está haciendo estragos.
Tenemos que conocer el mapa de nuestro país y focalizar mejor la prevención y la asistencia. La asistencia no es solamente internación y ambulatorio, sino que hay dispositivos que nos pueden marcar un camino diferente para trabajar en la reinserción.
Les cuento como anécdota que esta semana dimos de alta a unos chicos que estaban en tratamiento. Por ser una ciudad de 110.000 habitantes, el problema principal que tenemos es que no los podemos reinsertar laboralmente. Terminaron un tratamiento y están en condiciones de volver a trabajar, pero no hay empresas ni comercios que los tome porque la sociedad ha estigmatizado que ser adicto es igual a ser delincuente. Esta es la manera difícil y nos pasa a diario: no podemos reinsertar a nadie.
Roberto Canay ha elaborado un estudio durante dos años sobre cómo los medios de comunicación transmiten los temas relacionados con las adicciones y en qué lugar de los diarios los ubican. El 70 por ciento de las noticias sobre adicciones está en la sección policiales en los diarios nacionales, por lo que nuestra sociedad ha construido un imaginario social en el cual quien consume es un delincuente. Cuando nosotros queremos reinsertar a una persona que terminó un tratamiento, cuando queremos trabajar con la sociedad, este imaginario social o este estigma es muy difícil de romper.
Agradezco la invitación. Soy breve porque hay una agenda muy larga para el día de hoy, pero estoy feliz de estar analizando un proyecto de ley que se debería haber debatido hace un tiempo atrás, porque el paradigma no lo vamos a cambiar solamente con una ley sino que lo vamos a lograr si trabajamos en la misma dirección más allá de las diferencias conceptuales y de enfoques, a fin de tener en nuestro país la política pública en drogas que nos hace falta. Sin política pública en materia de drogas es muy difícil trabajar en algunos lugares, porque nos sentimos muy solos. (Aplausos.)
SR. ALBRIEU Necesito hacer un aviso en mi carácter de presidente de la Comisión de Legislación Penal.
Hemos convocado una reunión de legisladores en este momento para la designación de vicepresidente 2° de la Comisión habida cuenta de la renuncia del señor diputado Barrandeguy. La propuesta del mismo bloque que lo propuso es designar al señor diputado Cristian Oliva.
Nosotros informalmente ya hemos hablado con todos los integrantes de la Comisión y existe un acuerdo, pero aprovechamos esta reunión para designar al señor diputado Cristian Oliva como vicepresidente 2° de la Comisión de Legislación Penal.
Hemos convocado una reunión de legisladores en este momento para la designación de vicepresidente 2° de la Comisión habida cuenta de la renuncia del señor diputado Barrandeguy. La propuesta del mismo bloque que lo propuso es designar al señor diputado Cristian Oliva.
Nosotros informalmente ya hemos hablado con todos los integrantes de la Comisión y existe un acuerdo, pero aprovechamos esta reunión para designar al señor diputado Cristian Oliva como vicepresidente 2° de la Comisión de Legislación Penal.
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra el doctor Marcelo Gabriel Bono, interventor del Centro Nacional de Reeducación Social.
SR. BONO Buenos días a todos.
En primer término, agradezco al presidente de la Comisión, señor diputado Mario Fiad, por la invitación a participar del debate del día de hoy en torno al proyecto de ley de despenalización de la tenencia de sustancias para uso personal.
Voy a tratar de hacer algún pequeño aporte. En principio voy a hablar desde el lugar que ocupo como director -no soy interventor- del Centro Nacional de Reeducación Social -CENARESO-, que es un organismo que funciona en la modalidad de un hospital público, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
El aporte que intento hacer hoy pretende sumarse a tantos otros que pueden orientar la tarea de los legisladores a la hora de prever los instrumentos legales que la sociedad necesita y reclama.
Otros expositores que nos han precedido en el uso de la palabra han declarado -y lo han hecho enfáticamente- que la despenalización de la tenencia de sustancias estupefacientes para uso personal debe ir acompañada de las más óptimas condiciones que garanticen el cuidado de los enfermos ya que, como tales, no corresponde criminalizarlos.
Si bien vamos a hablar desde nuestra propia experiencia y por nosotros mismos, en la práctica cotidiana vemos que coincidimos con la mayor parte de los efectores de salud, tanto públicos como privados, que se dedican a estos pacientes.
El artículo 14 de la actual ley de drogas -23.737-, dice: "Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de..." -y habla de una multa en australes- "...el que tuviere en su poder estupefacientes.
"La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal."
Más allá de lo obvio del antiguo importe de la multa, en estos dos párrafos de la actual ley de drogas se encierra todo el meollo que genera el debate jurídico, sanitario, social y moral que no cesa y que contrapone la posición de la libertad individual de los actos privados versus el control de la salud y de la seguridad pública.
Sabemos bien que toda ley es un instrumento de organización social y que la organización social es un producto netamente humano, generado por la cultura, en perpetua creación y modificación dinámica que debe ir acompañando la marcha de los tiempos.
Avanzando en la cuestión central que nos toca debatir, nosotros tenemos que partir de la pregunta crucial que se refiere al hecho de que utilizar drogas en principio aparece como una acción de naturaleza individual y privada, donde daría toda la impresión de que es algo que si tiene alguna faceta perjudicial solamente puede afectar al usuario y no a terceros. Este es un primer punto controversial que habría que analizar con detenimiento.
Por ejemplo, hoy en día -en algo afín pero alejado del tema que hoy se trata-, una conducta que es absolutamente legal, como lo es fumar tabaco, está recibiendo cada vez más limitaciones por parte de una sociedad que no considera justo que el humo generado por fumadores llegue al aire que respiran los no fumadores. Se trata de una preocupación por las consecuencias dañosas para la salud acarreadas por aspirar ese humo.
Aquellas consecuencias perjudiciales surgidas del hecho de utilizar sustancias con alguna facultad estupefaciente sin duda también merecen ser consideradas seriamente y sin prejuicios en cuanto a la posibilidad de que generen o no, más allá del usuario, alguna consecuencia.
Hoy en día -y por eso estamos reunidos acá-, ha tomado cada vez más fuerza la pregunta legítima acerca de la validez de la opción que otorga prevalencia al derecho a la libertad individual en lo que a drogarse respecta sin tanto miramiento por los potenciales riesgos a terceras personas, que se consideran a veces de bajo nivel y totalmente evitables.
Si nosotros tratamos de aislar cada vez más nuestro tema específico -que sería la libertad de usar drogas y de provocarse a sí mismos estados de intoxicación o de tipo estupefaciente-, la discusión no puede evitar algunos tópicos que surgen de la experiencia.
Es bien sabido, por ejemplo, que cuando el Estado se pone a tutelar acciones individuales y privadas de las personas, la historia demuestra que invariablemente hemos tropezado con excesos y con muchos lamentables casos en los que al avanzar sobe conductas individuales por el solo hecho de aparecer como sospechosas de un daño colocan a la persona en un lugar de infractor hasta tanto se demuestre lo contrario. Esto ciertamente es malo y es injusto.
La actual ley federal, la 23.737, establece que la cuestión que importa se dirime alrededor de la cantidad de sustancia que la persona tiene en su poder. Si es un usuario puede ser sometido -una vez que se descarta por la situación de tráfico de sustancias- o puede ser compelido a realizar un tratamiento que muchas veces no ha solicitado y no quiere hacer, esto provoca una serie de consecuencias. O puede ser trasladado a una medida de seguridad educativa que puede es una especie de curso porque no es un tratamiento, un programa de tipo educativo, de cumplimiento obligatorio de tres meses de mínimo.
O sea que nosotros, en la Argentina, contamos con una ley actualmente que considera dos situaciones posibles: el tráfico de drogas o la enfermedad con adicción y con consumo. El uso de tipo recreativo u ocasional no está considerado en esta ley.
Nosotros, los que trabajamos en la parte asistencial, vemos que existe una clara diferencia entre estas dos alternativas. Atendemos a personas en quienes claramente la conducta de consumir sustancias estupefacientes ha adoptado una modalidad que produce alteración en su vida, adopta las características de una enfermedad, lo limita y le acarrea sufrimiento mental. Nuestro esfuerzo va dirigido hacia esa persona y nuestra sincera opinión, basada en la experiencia, es que esto no tendría una gran modificación respecto de la despenalización de la tenencia para consumo personal.
Nosotros lo que vemos es que la posibilidad de que se deje de penalizar la tenencia para el consumo personal, no iría aparejado con un aumento con la cantidad de personas que usan esas sustancias con las características clínicas y psicopatológicas que encuadran como enfermedad y requieren un tratamiento.
Esto lo vemos cotidianamente en los programas de tratamiento que se hacen en el centro nacional y, en líneas generales, de los intercambios que tenemos con estas instituciones surge con bastante consistencia esta mirada.
Respecto al autocultivo para la producción de sustancias en el propio domicilio, creo que sí merece una consideración un poco más particular, porque puede incurrirse en algún tipo de cuestión vinculada con la exhibición que para la población más vulnerable -que no es la población ilustrada y contenida socialmente que hace un uso recreativo y ocasional de sustancias, sino que son los sectores vulnerables que ven en el uso de sustancias una alternativa de evasión para soportar el sufrimiento psíquico y social- podría ser, en el peor de los casos, un ejemplo indeseable y en el mejor de los casos sería un ejemplo o un mensaje algo confuso respecto de lo que nosotros vemos sobre las poblaciones vulnerables.
Otro punto que a mí me parece importante debatir y poner en cuestión es el siguiente: cuando en el proyecto de ley se homogeiniza o se trata a todas las sustancias por igual. Se habla de la tenencia de sustancias para uso personal, ¿pero se trata de cualquier sustancia? ¿A qué tipo de sustancia se refiere?
Desde el lugar que nosotros ocupamos en los dispositivos de tratamiento para pacientes afectados por patologías derivadas del abuso o de la dependencia de sustancias, no vemos que haya una posibilidad científica o médica de igualar a todas las sustancias.
Los médicos y los psiquiatras -que es mi caso- sabemos por experiencia que con sustancias como la marihuana o la MDMA éxtasis existe una gran cantidad de personas que hacen un uso ocasional y recreativo, que no pueden encuadrarse como pacientes que necesitan tratamiento.
Esta situación con la sustancia cocaína -en sus variantes fumada, inhalada o inyectada-, o con derivados del opio inyectados es bien diferente, y estamos acostumbrados a que cuando la sustancia involucrada es una de estas nos debemos preparar ante la posibilidad de que empiecen a surgir problemas.
En resumidas cuentas, para no a abundar ni fatigar la atención de ustedes y de los demás expositores, mi conclusión desde la perspectiva sanitaria y de salud pública es que el proyecto de descriminalización de la tenencia de estupefacientes para uso personal va a tener un lado positivo en el sentido de que se va a terminar con un gran dispendio de actividad en la Justicia, por lo que los jueces van a poder tener tiempo para dedicarse a cosas más importantes.
Asimismo, no pensamos que la epidemia -como se ha nombrado- ni se vaya a resolver con una ley ni sea una consecuencia de la ley actual. Los problemas que tenemos en salud pública con la gran cantidad de pacientes que padecen por consumo de drogas no surge por la vigencia de la actual ley ni se van a modificar grandemente por su modificación.
En relación con el narcotráfico, pensamos que tampoco tendrá una gran implicancia el modificar este aspecto central de la actual legislación.
Lo que nos interesa fundamentalmente es aportar desde nuestro lugar lo que tiene que ver con nuestro objeto de interés, es decir las personas que tienen una situación problemática con el consumo de drogas y que necesitan ayuda, y entendemos que éstos no van a ser perjudicados por la posibilidad de que la actual legislación se modifique en la línea de los proyectos que se están analizando actualmente. (Aplausos.)
En primer término, agradezco al presidente de la Comisión, señor diputado Mario Fiad, por la invitación a participar del debate del día de hoy en torno al proyecto de ley de despenalización de la tenencia de sustancias para uso personal.
Voy a tratar de hacer algún pequeño aporte. En principio voy a hablar desde el lugar que ocupo como director -no soy interventor- del Centro Nacional de Reeducación Social -CENARESO-, que es un organismo que funciona en la modalidad de un hospital público, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
El aporte que intento hacer hoy pretende sumarse a tantos otros que pueden orientar la tarea de los legisladores a la hora de prever los instrumentos legales que la sociedad necesita y reclama.
Otros expositores que nos han precedido en el uso de la palabra han declarado -y lo han hecho enfáticamente- que la despenalización de la tenencia de sustancias estupefacientes para uso personal debe ir acompañada de las más óptimas condiciones que garanticen el cuidado de los enfermos ya que, como tales, no corresponde criminalizarlos.
Si bien vamos a hablar desde nuestra propia experiencia y por nosotros mismos, en la práctica cotidiana vemos que coincidimos con la mayor parte de los efectores de salud, tanto públicos como privados, que se dedican a estos pacientes.
El artículo 14 de la actual ley de drogas -23.737-, dice: "Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de..." -y habla de una multa en australes- "...el que tuviere en su poder estupefacientes.
"La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal."
Más allá de lo obvio del antiguo importe de la multa, en estos dos párrafos de la actual ley de drogas se encierra todo el meollo que genera el debate jurídico, sanitario, social y moral que no cesa y que contrapone la posición de la libertad individual de los actos privados versus el control de la salud y de la seguridad pública.
Sabemos bien que toda ley es un instrumento de organización social y que la organización social es un producto netamente humano, generado por la cultura, en perpetua creación y modificación dinámica que debe ir acompañando la marcha de los tiempos.
Avanzando en la cuestión central que nos toca debatir, nosotros tenemos que partir de la pregunta crucial que se refiere al hecho de que utilizar drogas en principio aparece como una acción de naturaleza individual y privada, donde daría toda la impresión de que es algo que si tiene alguna faceta perjudicial solamente puede afectar al usuario y no a terceros. Este es un primer punto controversial que habría que analizar con detenimiento.
Por ejemplo, hoy en día -en algo afín pero alejado del tema que hoy se trata-, una conducta que es absolutamente legal, como lo es fumar tabaco, está recibiendo cada vez más limitaciones por parte de una sociedad que no considera justo que el humo generado por fumadores llegue al aire que respiran los no fumadores. Se trata de una preocupación por las consecuencias dañosas para la salud acarreadas por aspirar ese humo.
Aquellas consecuencias perjudiciales surgidas del hecho de utilizar sustancias con alguna facultad estupefaciente sin duda también merecen ser consideradas seriamente y sin prejuicios en cuanto a la posibilidad de que generen o no, más allá del usuario, alguna consecuencia.
Hoy en día -y por eso estamos reunidos acá-, ha tomado cada vez más fuerza la pregunta legítima acerca de la validez de la opción que otorga prevalencia al derecho a la libertad individual en lo que a drogarse respecta sin tanto miramiento por los potenciales riesgos a terceras personas, que se consideran a veces de bajo nivel y totalmente evitables.
Si nosotros tratamos de aislar cada vez más nuestro tema específico -que sería la libertad de usar drogas y de provocarse a sí mismos estados de intoxicación o de tipo estupefaciente-, la discusión no puede evitar algunos tópicos que surgen de la experiencia.
Es bien sabido, por ejemplo, que cuando el Estado se pone a tutelar acciones individuales y privadas de las personas, la historia demuestra que invariablemente hemos tropezado con excesos y con muchos lamentables casos en los que al avanzar sobe conductas individuales por el solo hecho de aparecer como sospechosas de un daño colocan a la persona en un lugar de infractor hasta tanto se demuestre lo contrario. Esto ciertamente es malo y es injusto.
La actual ley federal, la 23.737, establece que la cuestión que importa se dirime alrededor de la cantidad de sustancia que la persona tiene en su poder. Si es un usuario puede ser sometido -una vez que se descarta por la situación de tráfico de sustancias- o puede ser compelido a realizar un tratamiento que muchas veces no ha solicitado y no quiere hacer, esto provoca una serie de consecuencias. O puede ser trasladado a una medida de seguridad educativa que puede es una especie de curso porque no es un tratamiento, un programa de tipo educativo, de cumplimiento obligatorio de tres meses de mínimo.
O sea que nosotros, en la Argentina, contamos con una ley actualmente que considera dos situaciones posibles: el tráfico de drogas o la enfermedad con adicción y con consumo. El uso de tipo recreativo u ocasional no está considerado en esta ley.
Nosotros, los que trabajamos en la parte asistencial, vemos que existe una clara diferencia entre estas dos alternativas. Atendemos a personas en quienes claramente la conducta de consumir sustancias estupefacientes ha adoptado una modalidad que produce alteración en su vida, adopta las características de una enfermedad, lo limita y le acarrea sufrimiento mental. Nuestro esfuerzo va dirigido hacia esa persona y nuestra sincera opinión, basada en la experiencia, es que esto no tendría una gran modificación respecto de la despenalización de la tenencia para consumo personal.
Nosotros lo que vemos es que la posibilidad de que se deje de penalizar la tenencia para el consumo personal, no iría aparejado con un aumento con la cantidad de personas que usan esas sustancias con las características clínicas y psicopatológicas que encuadran como enfermedad y requieren un tratamiento.
Esto lo vemos cotidianamente en los programas de tratamiento que se hacen en el centro nacional y, en líneas generales, de los intercambios que tenemos con estas instituciones surge con bastante consistencia esta mirada.
Respecto al autocultivo para la producción de sustancias en el propio domicilio, creo que sí merece una consideración un poco más particular, porque puede incurrirse en algún tipo de cuestión vinculada con la exhibición que para la población más vulnerable -que no es la población ilustrada y contenida socialmente que hace un uso recreativo y ocasional de sustancias, sino que son los sectores vulnerables que ven en el uso de sustancias una alternativa de evasión para soportar el sufrimiento psíquico y social- podría ser, en el peor de los casos, un ejemplo indeseable y en el mejor de los casos sería un ejemplo o un mensaje algo confuso respecto de lo que nosotros vemos sobre las poblaciones vulnerables.
Otro punto que a mí me parece importante debatir y poner en cuestión es el siguiente: cuando en el proyecto de ley se homogeiniza o se trata a todas las sustancias por igual. Se habla de la tenencia de sustancias para uso personal, ¿pero se trata de cualquier sustancia? ¿A qué tipo de sustancia se refiere?
Desde el lugar que nosotros ocupamos en los dispositivos de tratamiento para pacientes afectados por patologías derivadas del abuso o de la dependencia de sustancias, no vemos que haya una posibilidad científica o médica de igualar a todas las sustancias.
Los médicos y los psiquiatras -que es mi caso- sabemos por experiencia que con sustancias como la marihuana o la MDMA éxtasis existe una gran cantidad de personas que hacen un uso ocasional y recreativo, que no pueden encuadrarse como pacientes que necesitan tratamiento.
Esta situación con la sustancia cocaína -en sus variantes fumada, inhalada o inyectada-, o con derivados del opio inyectados es bien diferente, y estamos acostumbrados a que cuando la sustancia involucrada es una de estas nos debemos preparar ante la posibilidad de que empiecen a surgir problemas.
En resumidas cuentas, para no a abundar ni fatigar la atención de ustedes y de los demás expositores, mi conclusión desde la perspectiva sanitaria y de salud pública es que el proyecto de descriminalización de la tenencia de estupefacientes para uso personal va a tener un lado positivo en el sentido de que se va a terminar con un gran dispendio de actividad en la Justicia, por lo que los jueces van a poder tener tiempo para dedicarse a cosas más importantes.
Asimismo, no pensamos que la epidemia -como se ha nombrado- ni se vaya a resolver con una ley ni sea una consecuencia de la ley actual. Los problemas que tenemos en salud pública con la gran cantidad de pacientes que padecen por consumo de drogas no surge por la vigencia de la actual ley ni se van a modificar grandemente por su modificación.
En relación con el narcotráfico, pensamos que tampoco tendrá una gran implicancia el modificar este aspecto central de la actual legislación.
Lo que nos interesa fundamentalmente es aportar desde nuestro lugar lo que tiene que ver con nuestro objeto de interés, es decir las personas que tienen una situación problemática con el consumo de drogas y que necesitan ayuda, y entendemos que éstos no van a ser perjudicados por la posibilidad de que la actual legislación se modifique en la línea de los proyectos que se están analizando actualmente. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra el doctor Francisco Mugnolo, procurador Penitenciario de la Nación.
SR. MUGNOLO Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente y señores legisladores, por esta invitación.
Naturalmente, voy a hablar desde otro lugar, es decir, no con los fundamentos de quienes cuentan con una larga trayectoria sobre la salud y la atención de las personas con adicciones, aunque anticipo que la mayoría de las opiniones que he escuchado las comparto totalmente.
La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo independiente del Estado de control externo que depende del Parlamento cuya función es controlar que en las cárceles se haga todo lo que la ley manda y, fundamentalmente, que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
En la privación de la libertad la Procuración Penitenciaria tiene jurisdicción federal, aunque la realidad carcelaria es más amplia y más extensa que la del sistema federal. En el sistema federal hay casi diez mil personas, mientras que en el total en el país existen cincuenta y seis mil aproximadamente.
Un alto porcentaje de esas personas están vinculadas con el problema de las drogas, ya sea por el tráfico o por la aplicación de las sanciones del artículo 14 de la ley, aunque en proporción son menores los casos relacionados con procesos penales.
En general, es altísima la cantidad de personas privadas de la libertad que sufren adicciones, más allá de que hayan ingresado por otras causas, pero sufren este problema de la adicción, el cual es abordado desde distintos lugares, como se ha expuesto en esta reunión.
Nosotros sí tenemos opinión respecto de la despenalización, y aclaro que no estamos hablando de legalizar sino de despenalizar. Esto tiene importancia en una primera instancia en el volumen carcelario pues hay mucha gente que está de más en la cárcel, que está sancionada por tener una adicción, pero la cárcel poco les ofrece en cuanto a la asistencia que se pretende que tengan las personas que sufren adicciones.
Hay algunos centros de rehabilitación -muy pequeños- con una especialización relativa, con acceso para un número muy limitado de personas. Sólo el 5 por ciento de las personas privadas de la libertad en el sistema federal participan de los centros de rehabilitación de drogadependientes del servicio penitenciario federal.
En este orden de ideas, siempre se dice que en la cárcel la realidad es distinta, pero eso no es posible desde el punto de vista constitucional, pues se han ampliado sustantivamente los derechos mediante la incorporación de tratados internacionales que nos obligan con la comunidad internacional. Digo esto porque siempre es una cuestión excepcional, pero hay derechos que son de todos. La privación de la libertad es producto de la facultad punitiva del Estado que priva solamente de la libertad, pero los demás derechos que tienen todas las personas los tienen también los privados de la libertad.
Les señalo a ustedes algunos ejemplos recientes y meritorios del trabajo del Parlamento. La ley de educación tiene un capítulo que habla del derecho a la educación en los contextos de encierro. Entonces, me parece que estamos avanzando en esa dirección.
Por eso, quiero decirles que no se puede legislar para afuera sin tener en cuenta los derechos de las personas que están privadas de su libertad. Ellas forman parte de la sociedad y gozan de todos los derechos -así lo dice la ley-, salvo de aquellos aspectos que especialmente establece la sentencia.
Ha habido en esto un avance jurisprudencial, como el caso Arriola -en que se declara la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 23.737-, y otros fallos puntuales. Por ejemplo, hubo un caso en San Francisco, provincia de Córdoba, que tal vez muchos de ustedes conozcan. Allí, en la requisa de una celda encontraron un porro debajo de la almohada de un preso, a raíz de lo cual hubo todo un dispendio judicial, intervino el fiscal, el defensor y hubo un fallo de primera instancia.
Vemos que se está poniendo énfasis en ese dispendio de recursos del Estado en atender este tipo de situación. Y no sólo se trata de un dispendio económico en términos de lo que se gasta en pericias y todo lo demás, sino que mantener a la persona privada de su libertad también le cuesta mucho dinero al Estado.
Uno escucha que se gastan 5 mil pesos por mes -o más- por cada preso, pero después va a la cárcel y ve que los internos no tienen ropa, comen mal, viven en condiciones deplorables y no reciben asistencia por sus adicciones. Entonces, nos preguntamos adónde va esa plata. Estas reflexiones también hay que hacerlas. No sólo por los procesos judiciales, sino por otras consecuencias que también conlleva esta situación.
Si alguien quisiera pensar en qué hacemos en asistencia en adicciones, creo que en esto van a coincidir todos, y aun los que no concuerdan con algunas de estas legislaciones en las cuales la Procuración sí está de acuerdo: la peor manera de abordar la asistencia de alguna persona con adicción es mandarla a la cárcel. De esta forma se termina con la persona en términos de que su situación se vuelve irreparable.
Así no se logra aminorar el mal o sacar a la persona de las adicciones. Lo único que se va a conseguir en la cárcel es profundizarla en la adicción por las condiciones del encierro y todo lo demás, y porque se consume más droga dentro de la cárcel que fuera de ella.
Naturalmente esto aborda otros aspectos que pueden ser del afuera. En realidad, lo que se ve dentro de la cárcel es simplemente un reflejo de lo que pasa afuera; no es que en la cárcel todo es producto de situaciones de sus internos.
Acá se habla de los vulnerables. Dicen los expertos que en la cárcel están las personas que vienen de una determinada condición y que han sido limitadas en la mayoría de sus derechos fundamentales. La selectividad del sistema penal es brutal.
¿Ustedes creen que en las cárceles están los jefes de los narcos? No. Eso no existe. Por lo tanto, debemos abordar cuestiones para que realmente exista una asistencia y se cumpla con lo que pide la Constitución Nacional, que es reintegrar a las personas a la sociedad y que lleven una vida sin delito.
Acá es injusto decir que una persona delinque y la vamos a poner presa porque tiene una adicción. En realidad, eso es verdaderamente contrario a las disposiciones, derechos y garantías de las personas.
Quiero referirme a algo que he escuchado, porque no estoy de acuerdo. Es muy fácil decir que el problema es reconocer el derecho que tienen las personas a ser respetadas en las decisiones por las cuales llegan a un problema de adicción, que las quieren sostener en su privacidad y en determinadas circunstancias y que eso no se puede dar porque en la cárcel es diferente.
Yo quiero señalar, con todo respeto, que no sólo me he formado en el pensamiento penal progresista del doctor Zaffaroni sino que creo que también ha hecho escuela en muchos de nosotros. No estoy de acuerdo con esa salida fácil de decir: "No, porque en realidad los que están presos tienen otro tipo de situación."
Yo lo que quiero decir es que aquí va a haber un conflicto. Nosotros vamos a sostener, como defensores del respeto a los derechos humanos, a las personas y el derecho a la privacidad que deben tener aquellas que están también privadas de la libertad. No es justo decir lo contrario porque están encerradas y cumpliendo una sanción, porque el Estado ha ejercido la facultad punitiva. Me van a preguntar cómo lo van a hacer. El derecho estará más restringido, ciertamente, pero no hay que desconocer el derecho y decir fácilmente que por vía de la reglamentación se suprime esta cuestión que es el reconocimiento a un derecho fundamental, individual y que hace a la integralidad del derecho de las personas.
Por lo tanto, alguien podría decir que no podemos definir finalmente el asunto porque tenemos que evaluar la circunstancia y la privacidad. Esto es muy difícil. Además quiero decir que yo fui legislador y muchas veces en las redacciones hemos cometido errores. Como dicen los ingleses, tengo las manos sucias. No quiero hacer una crítica a los legisladores por algo que he compartido durante años y que la experiencia me dice que cualquiera de los proyectos contienen esos fundamentos básicos por los cuales pensamos que no se puede penar a los adictos y que es al revés, hay que darles asistencia. En la cárcel, no se les da asistencia, se hace inflacionaria la cantidad de personas que innecesariamente -porque no tienen ninguna peligrosidad, como muchos quieren decir- están encerradas. Algunos están encerrados por años. Hay mujeres que están encerradas en la cárcel por delitos de necesidad económica. Todas estas cuestiones hay que revisarlas.
Me parece importante ir direccionando esta facultad punitiva del Estado hacia otras modalidades más progresistas en el sentido de la satisfacción final de los derechos de las personas que están privadas de la libertad. (Aplausos.)
Naturalmente, voy a hablar desde otro lugar, es decir, no con los fundamentos de quienes cuentan con una larga trayectoria sobre la salud y la atención de las personas con adicciones, aunque anticipo que la mayoría de las opiniones que he escuchado las comparto totalmente.
La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo independiente del Estado de control externo que depende del Parlamento cuya función es controlar que en las cárceles se haga todo lo que la ley manda y, fundamentalmente, que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
En la privación de la libertad la Procuración Penitenciaria tiene jurisdicción federal, aunque la realidad carcelaria es más amplia y más extensa que la del sistema federal. En el sistema federal hay casi diez mil personas, mientras que en el total en el país existen cincuenta y seis mil aproximadamente.
Un alto porcentaje de esas personas están vinculadas con el problema de las drogas, ya sea por el tráfico o por la aplicación de las sanciones del artículo 14 de la ley, aunque en proporción son menores los casos relacionados con procesos penales.
En general, es altísima la cantidad de personas privadas de la libertad que sufren adicciones, más allá de que hayan ingresado por otras causas, pero sufren este problema de la adicción, el cual es abordado desde distintos lugares, como se ha expuesto en esta reunión.
Nosotros sí tenemos opinión respecto de la despenalización, y aclaro que no estamos hablando de legalizar sino de despenalizar. Esto tiene importancia en una primera instancia en el volumen carcelario pues hay mucha gente que está de más en la cárcel, que está sancionada por tener una adicción, pero la cárcel poco les ofrece en cuanto a la asistencia que se pretende que tengan las personas que sufren adicciones.
Hay algunos centros de rehabilitación -muy pequeños- con una especialización relativa, con acceso para un número muy limitado de personas. Sólo el 5 por ciento de las personas privadas de la libertad en el sistema federal participan de los centros de rehabilitación de drogadependientes del servicio penitenciario federal.
En este orden de ideas, siempre se dice que en la cárcel la realidad es distinta, pero eso no es posible desde el punto de vista constitucional, pues se han ampliado sustantivamente los derechos mediante la incorporación de tratados internacionales que nos obligan con la comunidad internacional. Digo esto porque siempre es una cuestión excepcional, pero hay derechos que son de todos. La privación de la libertad es producto de la facultad punitiva del Estado que priva solamente de la libertad, pero los demás derechos que tienen todas las personas los tienen también los privados de la libertad.
Les señalo a ustedes algunos ejemplos recientes y meritorios del trabajo del Parlamento. La ley de educación tiene un capítulo que habla del derecho a la educación en los contextos de encierro. Entonces, me parece que estamos avanzando en esa dirección.
Por eso, quiero decirles que no se puede legislar para afuera sin tener en cuenta los derechos de las personas que están privadas de su libertad. Ellas forman parte de la sociedad y gozan de todos los derechos -así lo dice la ley-, salvo de aquellos aspectos que especialmente establece la sentencia.
Ha habido en esto un avance jurisprudencial, como el caso Arriola -en que se declara la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 23.737-, y otros fallos puntuales. Por ejemplo, hubo un caso en San Francisco, provincia de Córdoba, que tal vez muchos de ustedes conozcan. Allí, en la requisa de una celda encontraron un porro debajo de la almohada de un preso, a raíz de lo cual hubo todo un dispendio judicial, intervino el fiscal, el defensor y hubo un fallo de primera instancia.
Vemos que se está poniendo énfasis en ese dispendio de recursos del Estado en atender este tipo de situación. Y no sólo se trata de un dispendio económico en términos de lo que se gasta en pericias y todo lo demás, sino que mantener a la persona privada de su libertad también le cuesta mucho dinero al Estado.
Uno escucha que se gastan 5 mil pesos por mes -o más- por cada preso, pero después va a la cárcel y ve que los internos no tienen ropa, comen mal, viven en condiciones deplorables y no reciben asistencia por sus adicciones. Entonces, nos preguntamos adónde va esa plata. Estas reflexiones también hay que hacerlas. No sólo por los procesos judiciales, sino por otras consecuencias que también conlleva esta situación.
Si alguien quisiera pensar en qué hacemos en asistencia en adicciones, creo que en esto van a coincidir todos, y aun los que no concuerdan con algunas de estas legislaciones en las cuales la Procuración sí está de acuerdo: la peor manera de abordar la asistencia de alguna persona con adicción es mandarla a la cárcel. De esta forma se termina con la persona en términos de que su situación se vuelve irreparable.
Así no se logra aminorar el mal o sacar a la persona de las adicciones. Lo único que se va a conseguir en la cárcel es profundizarla en la adicción por las condiciones del encierro y todo lo demás, y porque se consume más droga dentro de la cárcel que fuera de ella.
Naturalmente esto aborda otros aspectos que pueden ser del afuera. En realidad, lo que se ve dentro de la cárcel es simplemente un reflejo de lo que pasa afuera; no es que en la cárcel todo es producto de situaciones de sus internos.
Acá se habla de los vulnerables. Dicen los expertos que en la cárcel están las personas que vienen de una determinada condición y que han sido limitadas en la mayoría de sus derechos fundamentales. La selectividad del sistema penal es brutal.
¿Ustedes creen que en las cárceles están los jefes de los narcos? No. Eso no existe. Por lo tanto, debemos abordar cuestiones para que realmente exista una asistencia y se cumpla con lo que pide la Constitución Nacional, que es reintegrar a las personas a la sociedad y que lleven una vida sin delito.
Acá es injusto decir que una persona delinque y la vamos a poner presa porque tiene una adicción. En realidad, eso es verdaderamente contrario a las disposiciones, derechos y garantías de las personas.
Quiero referirme a algo que he escuchado, porque no estoy de acuerdo. Es muy fácil decir que el problema es reconocer el derecho que tienen las personas a ser respetadas en las decisiones por las cuales llegan a un problema de adicción, que las quieren sostener en su privacidad y en determinadas circunstancias y que eso no se puede dar porque en la cárcel es diferente.
Yo quiero señalar, con todo respeto, que no sólo me he formado en el pensamiento penal progresista del doctor Zaffaroni sino que creo que también ha hecho escuela en muchos de nosotros. No estoy de acuerdo con esa salida fácil de decir: "No, porque en realidad los que están presos tienen otro tipo de situación."
Yo lo que quiero decir es que aquí va a haber un conflicto. Nosotros vamos a sostener, como defensores del respeto a los derechos humanos, a las personas y el derecho a la privacidad que deben tener aquellas que están también privadas de la libertad. No es justo decir lo contrario porque están encerradas y cumpliendo una sanción, porque el Estado ha ejercido la facultad punitiva. Me van a preguntar cómo lo van a hacer. El derecho estará más restringido, ciertamente, pero no hay que desconocer el derecho y decir fácilmente que por vía de la reglamentación se suprime esta cuestión que es el reconocimiento a un derecho fundamental, individual y que hace a la integralidad del derecho de las personas.
Por lo tanto, alguien podría decir que no podemos definir finalmente el asunto porque tenemos que evaluar la circunstancia y la privacidad. Esto es muy difícil. Además quiero decir que yo fui legislador y muchas veces en las redacciones hemos cometido errores. Como dicen los ingleses, tengo las manos sucias. No quiero hacer una crítica a los legisladores por algo que he compartido durante años y que la experiencia me dice que cualquiera de los proyectos contienen esos fundamentos básicos por los cuales pensamos que no se puede penar a los adictos y que es al revés, hay que darles asistencia. En la cárcel, no se les da asistencia, se hace inflacionaria la cantidad de personas que innecesariamente -porque no tienen ninguna peligrosidad, como muchos quieren decir- están encerradas. Algunos están encerrados por años. Hay mujeres que están encerradas en la cárcel por delitos de necesidad económica. Todas estas cuestiones hay que revisarlas.
Me parece importante ir direccionando esta facultad punitiva del Estado hacia otras modalidades más progresistas en el sentido de la satisfacción final de los derechos de las personas que están privadas de la libertad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Invitamos al señor Gorbacz, diputado con mandato cumplido, psicólogo, autor de la ley de salud mental y del programa nacional de adicciones que, si bien fue sancionada en la Cámara de Diputados en 2009, luego no fue sancionada definitivamente.
Tiene la palabra el señor Gorbacz.
Tiene la palabra el señor Gorbacz.
SR. GORBACZ Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este debate.
Terminé mi mandato en el año 2009, por lo que es una alegría volver a esta casa. En su momento presentamos un proyecto similar que apuntaba a reformar la ley de drogas que lamentablemente no pudo avanzar. Hoy estamos con otros consensos y otras posibilidades.
Es bueno recordar ahora a quienes en otro momento, y tal vez en mayor soledad, presentaron y pusieron en debate en esta Cámara proyectos de despenalización de la tenencia, como la diputada Diana Conti, el diputado García -del socialismo de Córdoba- y otros legisladores que en este momento no recuerdo.
Parece que hay un consenso casi absoluto en torno a que criminalizar o poner presa a una persona que tiene problemas con el consumo de drogas no es la respuesta, y eso me parece que es un piso muy interesante en la discusión.
Lo que sí aparece como preocupación -y ayer lo escuché en varias oportunidades, y me parece que es bueno que así sea- es cómo queda la salud sin la penalización de la tenencia para consumo, es decir, cuál sería el marco legal para atender las cuestiones más graves.
Quisiera abordar la pregunta de si está preparado el sistema de salud para la despenalización de la tenencia para consumo personal, pero primero invertiría la pregunta y analizaría si la penalización de la tenencia para consumo personal facilitó el desarrollo de un sistema de salud que atienda las adicciones. La respuesta es claramente no, y creo que no han sido cuestiones independientes.
La ley de drogas, tal como está redactada, fue un obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud adecuado, porque "ajenizó" el tema de la salud. El sector salud no tomó como propio un tema que estaba puesto por la ley pero también por el preconcepto general en la esfera penal y policial.
El hospital está para atender enfermedades y no delitos. Un compañero de la Secretaría de Derechos Humanos decía que con esta ley los trabajadores de la salud mental no sabemos si estamos diagnosticando el delito o penalizando la enfermedad. Esa mezcla evidentemente no ayudó.
En segundo lugar, un diputado en un debate televisivo dijo que si bien es cierto que debemos aceptar que no tenemos suficiente atención, médicos, psicólogos ni trabajadores sociales organizados para atender las adicciones, también es cierto que eso no se sustituye con la pena. A quien no tengo para atender un problema de salud u ofrecerle un médico, un psicólogo o un hospital no le voy a mandar un policía porque eso no sustituye la ausencia de atención sanitaria sino que agrava la situación.
En cuanto al sistema de salud que tenemos para las adicciones en la actualidad, está claro que hay muy pocos dispositivos en todo el país. Al amparo de la ley de drogas se han desarrollado dispositivos generalmente privados o pertenecientes a ONGs, quienes afortunadamente se han hecho cargo de algo que el Estado no hizo, pero tampoco el Estado se hizo cargo de controlarlos. No asumió el tema de la atención de manera directa a través del sistema público ni tampoco controla demasiado, con lo cual tenemos un sistema privado fuertemente internista.
La mayor respuesta -aunque hoy está mejorando- ha sido históricamente la internación voluntaria o involuntaria, es decir, con privación de la libertad. Es un sistema caro para las obras sociales y para la Sedronar, organismo que ha asumido desde el Estado la función de financiar estos dispositivos.
Hay muchas ONGs que trabajan bien y han hecho lo que pudieron durante este tiempo, pero se han dado muchas situaciones de violaciones de derechos dentro de estos dispositivos. La más importante es la restricción prolongada de la libertad cuando existían otras alternativas.
Además, es un dispositivo separado del sistema de salud, lo que también trae problemas y situaciones ridículas. Cuando uno arbitrariamente o sin mucho fundamento intenta separar la cuestión de las adicciones del sistema de salud -y del de salud mental en particular- termina habiendo situaciones ridículas donde los dispositivos atienden sólo una parte de la persona.
Un ejemplo: en el hospital de Ushuaia tuvimos una persona internada en un dispositivo de adicciones. Hacía tiempo que en el medio de proceso había anunciado un intento de suicidio y, entonces, se lo derivó a salud mental, porque el dispositivo atendía la adicción y no el intento de suicidio. Quien trabaja en salud mental sabe que esto es ridículo, pero es producto de la división de estos sistemas cuando uno de los objetivos que debiéramos darnos es que se integren la salud mental y adicciones.
Respecto del marco legal, varios diputados puntualizaron que no quieren penalizar la adicción, pero en la actualidad la ley garantiza que en algunos casos se pueda imponer un tratamiento. ¿Qué pasa si modificamos la ley de drogas? Ayer la doctora Cuñarro lo respondió de manera pertinente, pero me gustaría profundizarlo. Ella dijo que existe el sistema de internaciones involuntarias de la ley de salud mental, ley que aprobó la Cámara de Diputados en 2009 y el Senado en 2010, hoy en plena vigencia.
Esa ley aborda varias cuestiones, pero en relación con las internaciones involuntarias establece un sistema muy riguroso que permite que el Estado ante situaciones de gravedad imponga una internación de la persona cuando la decisión la toma el equipo de salud y que esa internación, en la medida que está restringiendo un derecho fundamental -como es la libertad-, aunque sea con el objetivo de proteger otro derecho como es la salud, se dispara un sistema de control judicial muy preciso que está normado en la propia ley.
¿Cuál es mi preocupación en relación con este proceso de la sanción? Creer que el problema es sólo despenalizar. Tenemos que pensar no sólo en despenalizar y también en desjudicializar, porque la tenencia de "locura" para consumo personal nunca estuvo penalizada en nuestro país, porque en cuanto al problema de lo que llamamos locura -psicosis, esquizofrenia o enfermedades mentales graves- nunca hubo una ley penal.
Sin embargo, en nuestro país todavía hoy hay más de 25.000 personas internadas en manicomios bajo órdenes judiciales en contra de su voluntad.
En este sentido, la propia Corte Suprema dictó el fallo Arriola, sobre libertades individuales, pero también emitió otros fallos sobre salud mental y adicciones que enfocan en que el sistema de control judicial de las internaciones en salud mental ha fracasado estrepitosamente, y que había -previo a la ley de salud mental- una debilidad jurídica en el marco legal argentino para proteger los derechos de estas personas.
Si despenalizamos la tenencia para consumo personal y nos agarra miedo porque vamos a dejar a la gente sin tratamiento, estableceremos un sistema nuevo para dar herramientas discrecionales a los jueces civiles, con lo que vamos a volver a la situación anterior que teníamos en salud mental, que no es para nada un modelo a seguir.
Hoy existe un marco legal para garantizar las internaciones involuntarias. No hay persona alguna en nuestro país que tenga un problema grave de consumo de droga que vaya a quedar en un agujero legal. La ley de salud mental establece que la norma es el consentimiento, como en cualquier situación de salud.
Si yo tengo un problema respiratorio, a nadie se le ocurre que el Estado me va a imponer con qué neumonólogo me voy a atender. Entonces, si yo tengo un problema de adicciones, la regla tiene que ser la misma. Si consideramos que es un problema de salud, cada uno tiene derecho a elegir si quiere atender ese problema de salud o no.
La excepción es que el Estado imponga ante una situación grave, como lo definió concretamente la Corte Suprema en el fallo RMJ, donde sostuvo que no se puede privar de la libertad en nombre de la salud de una persona por el concepto abstracto de la peligrosidad, sino que se tiene que demostrar que hay riesgo inminente para sí o para terceros.
Nosotros recogimos este concepto en la ley de salud mental, por lo que hoy está establecido de esta manera. Si una persona consume droga o tiene un problema de salud mental hay que tratar de ofrecerle la mayor cantidad de alternativas posibles de tratamiento para que de manera voluntaria -que es la mejor manera porque la confianza, y más aún en salud mental, se construye a partir de la voluntad-, la persona pueda acceder a un tratamiento.
Los casos de riesgo cierto e inminente donde no hay voluntad de tratamiento quedan cubiertos por este sistema, donde el sistema de salud indica la internación y el juez la controla periódicamente.
Los jueces de primera instancia fueron severamente criticados por la Corte Suprema en estos fallos porque el sistema anterior se supone que debía controlar, y los jueces no controlaban.
Para cualquier persona que hoy en nuestro país tiene un problema grave de salud mental o de adicciones y que además no quiere ir voluntariamente a atenderse, el juez puede ordenar el traslado a un centro de salud; no la internación.
Es decir que hay un montón de herramientas, incluso estas que no nos gustan tanto pero que a veces son necesarias, que son las herramientas compulsivas. Pero hay que tener el cuidado de no volver a caer en una situación que para nada fue buena. La Justicia civil con poderes discrecionales no es mejor que la Justicia penal. Entonces, tenemos este marco legal. No hace falta otro.
Creo que existe la sensación de que estos proyectos que están circulando lo que hacen no es construir sino deconstruir algo. En realidad se trata de una modificación de la ley, que suprime algunos artículos. Prácticamente es eso. Entonces, la sensación por ahí es que estamos sacando algo y no estamos poniendo nada.
En salud mental y en adicciones -acá y en todo el mundo- esto es así. El trabajo es doble: es de construcción y de deconstrucción. Quitar un obstáculo es una forma de construir. Yo creo que si sacamos este obstáculo del castigo penal estamos ayudando a construir un sistema nuevo.
La despenalización, ¿resuelve el problema de salud? No. Pero no tengan dudas de que creará mejores condiciones para desarrollar el sistema de salud. Y la ley, además de dar este marco de las internaciones involuntarias, da una serie de pautas.
Una pauta fundamental y que ha sido muy discutida es que no sigamos construyendo monovalentes; integremos la atención de la salud mental y las adicciones a los hospitales generales, porque si no estigmatizamos más. De lo contrario, construimos instituciones totales que en la historia se han creado para controlar y para aislar al peligroso, al loco. Eso no sirve. Hagamos otra cosa. Trabajemos interdisciplinaria e intersectorialmente, como ayer planteaba el doctor Zaffaroni.
De nada sirve una respuesta exclusivamente sanitaria cuando el problema está muy condicionado por cuestiones sociales, con lo cual necesitamos una respuesta del área de Desarrollo Social, de Trabajo y de otras. Trabajemos en la inclusión social.
La ley de salud mental plantea otra cosa que también es muy importante, que es el aumento presupuestario. La nación tiene obligación de aumentar el presupuesto de salud mental y adicciones hasta llegar a un 10 por ciento del presupuesto de salud. Esto es lo que dice la ley y es lo que está pasando en la realidad. Aun antes de que la ley de salud mental fuera sancionada, la presidenta creó la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Salud Mental era una unidad coordinadora en el Ministerio de Salud; hoy es una dirección que además incluye el tema de las adicciones, y le otorgó un presupuesto trece veces mayor que el que tenía antes, que era muy exiguo.
Por supuesto que aunque lleguemos al 10 por ciento, en un país federal donde la responsabilidad de la atención centralmente la tienen las provincias, eso no será suficiente si éstas no hacen el mismo esfuerzo. Pero quiero decir que la Nación empezó a hacer ese esfuerzo en términos presupuestarios y que desde hace más de un año -a partir de la dirección de salud mental en desarrollo- hay una política de apoyo a las provincias para llevar a cabo sistemas de atención basados en la comunidad.
Eso, porque otro de los problemas que tenemos es que muchas provincias mandan a atenderse a Buenos Aires a los jóvenes que consumen drogas esgrimiendo razones de mayor complejidad. Pero la verdad es que lo hacen para exiliar chicos que en general tienen conflictos sociales y de ese modo las provincias los expulsan. Esta es otra de las cosas que debemos modificar.
Creo que ya se agotó mi tiempo, así que simplemente, para terminar, voy a insistir en esto: tenemos que construir un sistema de salud, pero también debemos tener cuidado porque en salud mental y en adicciones un problema es no tener atención, pero también es un problema -y tal vez más grave- tener una atención que en realidad es un sistema de control social disfrazado de atención. Hagamos las cosas como corresponden. (Aplausos.)
Terminé mi mandato en el año 2009, por lo que es una alegría volver a esta casa. En su momento presentamos un proyecto similar que apuntaba a reformar la ley de drogas que lamentablemente no pudo avanzar. Hoy estamos con otros consensos y otras posibilidades.
Es bueno recordar ahora a quienes en otro momento, y tal vez en mayor soledad, presentaron y pusieron en debate en esta Cámara proyectos de despenalización de la tenencia, como la diputada Diana Conti, el diputado García -del socialismo de Córdoba- y otros legisladores que en este momento no recuerdo.
Parece que hay un consenso casi absoluto en torno a que criminalizar o poner presa a una persona que tiene problemas con el consumo de drogas no es la respuesta, y eso me parece que es un piso muy interesante en la discusión.
Lo que sí aparece como preocupación -y ayer lo escuché en varias oportunidades, y me parece que es bueno que así sea- es cómo queda la salud sin la penalización de la tenencia para consumo, es decir, cuál sería el marco legal para atender las cuestiones más graves.
Quisiera abordar la pregunta de si está preparado el sistema de salud para la despenalización de la tenencia para consumo personal, pero primero invertiría la pregunta y analizaría si la penalización de la tenencia para consumo personal facilitó el desarrollo de un sistema de salud que atienda las adicciones. La respuesta es claramente no, y creo que no han sido cuestiones independientes.
La ley de drogas, tal como está redactada, fue un obstáculo para el desarrollo de un sistema de salud adecuado, porque "ajenizó" el tema de la salud. El sector salud no tomó como propio un tema que estaba puesto por la ley pero también por el preconcepto general en la esfera penal y policial.
El hospital está para atender enfermedades y no delitos. Un compañero de la Secretaría de Derechos Humanos decía que con esta ley los trabajadores de la salud mental no sabemos si estamos diagnosticando el delito o penalizando la enfermedad. Esa mezcla evidentemente no ayudó.
En segundo lugar, un diputado en un debate televisivo dijo que si bien es cierto que debemos aceptar que no tenemos suficiente atención, médicos, psicólogos ni trabajadores sociales organizados para atender las adicciones, también es cierto que eso no se sustituye con la pena. A quien no tengo para atender un problema de salud u ofrecerle un médico, un psicólogo o un hospital no le voy a mandar un policía porque eso no sustituye la ausencia de atención sanitaria sino que agrava la situación.
En cuanto al sistema de salud que tenemos para las adicciones en la actualidad, está claro que hay muy pocos dispositivos en todo el país. Al amparo de la ley de drogas se han desarrollado dispositivos generalmente privados o pertenecientes a ONGs, quienes afortunadamente se han hecho cargo de algo que el Estado no hizo, pero tampoco el Estado se hizo cargo de controlarlos. No asumió el tema de la atención de manera directa a través del sistema público ni tampoco controla demasiado, con lo cual tenemos un sistema privado fuertemente internista.
La mayor respuesta -aunque hoy está mejorando- ha sido históricamente la internación voluntaria o involuntaria, es decir, con privación de la libertad. Es un sistema caro para las obras sociales y para la Sedronar, organismo que ha asumido desde el Estado la función de financiar estos dispositivos.
Hay muchas ONGs que trabajan bien y han hecho lo que pudieron durante este tiempo, pero se han dado muchas situaciones de violaciones de derechos dentro de estos dispositivos. La más importante es la restricción prolongada de la libertad cuando existían otras alternativas.
Además, es un dispositivo separado del sistema de salud, lo que también trae problemas y situaciones ridículas. Cuando uno arbitrariamente o sin mucho fundamento intenta separar la cuestión de las adicciones del sistema de salud -y del de salud mental en particular- termina habiendo situaciones ridículas donde los dispositivos atienden sólo una parte de la persona.
Un ejemplo: en el hospital de Ushuaia tuvimos una persona internada en un dispositivo de adicciones. Hacía tiempo que en el medio de proceso había anunciado un intento de suicidio y, entonces, se lo derivó a salud mental, porque el dispositivo atendía la adicción y no el intento de suicidio. Quien trabaja en salud mental sabe que esto es ridículo, pero es producto de la división de estos sistemas cuando uno de los objetivos que debiéramos darnos es que se integren la salud mental y adicciones.
Respecto del marco legal, varios diputados puntualizaron que no quieren penalizar la adicción, pero en la actualidad la ley garantiza que en algunos casos se pueda imponer un tratamiento. ¿Qué pasa si modificamos la ley de drogas? Ayer la doctora Cuñarro lo respondió de manera pertinente, pero me gustaría profundizarlo. Ella dijo que existe el sistema de internaciones involuntarias de la ley de salud mental, ley que aprobó la Cámara de Diputados en 2009 y el Senado en 2010, hoy en plena vigencia.
Esa ley aborda varias cuestiones, pero en relación con las internaciones involuntarias establece un sistema muy riguroso que permite que el Estado ante situaciones de gravedad imponga una internación de la persona cuando la decisión la toma el equipo de salud y que esa internación, en la medida que está restringiendo un derecho fundamental -como es la libertad-, aunque sea con el objetivo de proteger otro derecho como es la salud, se dispara un sistema de control judicial muy preciso que está normado en la propia ley.
¿Cuál es mi preocupación en relación con este proceso de la sanción? Creer que el problema es sólo despenalizar. Tenemos que pensar no sólo en despenalizar y también en desjudicializar, porque la tenencia de "locura" para consumo personal nunca estuvo penalizada en nuestro país, porque en cuanto al problema de lo que llamamos locura -psicosis, esquizofrenia o enfermedades mentales graves- nunca hubo una ley penal.
Sin embargo, en nuestro país todavía hoy hay más de 25.000 personas internadas en manicomios bajo órdenes judiciales en contra de su voluntad.
En este sentido, la propia Corte Suprema dictó el fallo Arriola, sobre libertades individuales, pero también emitió otros fallos sobre salud mental y adicciones que enfocan en que el sistema de control judicial de las internaciones en salud mental ha fracasado estrepitosamente, y que había -previo a la ley de salud mental- una debilidad jurídica en el marco legal argentino para proteger los derechos de estas personas.
Si despenalizamos la tenencia para consumo personal y nos agarra miedo porque vamos a dejar a la gente sin tratamiento, estableceremos un sistema nuevo para dar herramientas discrecionales a los jueces civiles, con lo que vamos a volver a la situación anterior que teníamos en salud mental, que no es para nada un modelo a seguir.
Hoy existe un marco legal para garantizar las internaciones involuntarias. No hay persona alguna en nuestro país que tenga un problema grave de consumo de droga que vaya a quedar en un agujero legal. La ley de salud mental establece que la norma es el consentimiento, como en cualquier situación de salud.
Si yo tengo un problema respiratorio, a nadie se le ocurre que el Estado me va a imponer con qué neumonólogo me voy a atender. Entonces, si yo tengo un problema de adicciones, la regla tiene que ser la misma. Si consideramos que es un problema de salud, cada uno tiene derecho a elegir si quiere atender ese problema de salud o no.
La excepción es que el Estado imponga ante una situación grave, como lo definió concretamente la Corte Suprema en el fallo RMJ, donde sostuvo que no se puede privar de la libertad en nombre de la salud de una persona por el concepto abstracto de la peligrosidad, sino que se tiene que demostrar que hay riesgo inminente para sí o para terceros.
Nosotros recogimos este concepto en la ley de salud mental, por lo que hoy está establecido de esta manera. Si una persona consume droga o tiene un problema de salud mental hay que tratar de ofrecerle la mayor cantidad de alternativas posibles de tratamiento para que de manera voluntaria -que es la mejor manera porque la confianza, y más aún en salud mental, se construye a partir de la voluntad-, la persona pueda acceder a un tratamiento.
Los casos de riesgo cierto e inminente donde no hay voluntad de tratamiento quedan cubiertos por este sistema, donde el sistema de salud indica la internación y el juez la controla periódicamente.
Los jueces de primera instancia fueron severamente criticados por la Corte Suprema en estos fallos porque el sistema anterior se supone que debía controlar, y los jueces no controlaban.
Para cualquier persona que hoy en nuestro país tiene un problema grave de salud mental o de adicciones y que además no quiere ir voluntariamente a atenderse, el juez puede ordenar el traslado a un centro de salud; no la internación.
Es decir que hay un montón de herramientas, incluso estas que no nos gustan tanto pero que a veces son necesarias, que son las herramientas compulsivas. Pero hay que tener el cuidado de no volver a caer en una situación que para nada fue buena. La Justicia civil con poderes discrecionales no es mejor que la Justicia penal. Entonces, tenemos este marco legal. No hace falta otro.
Creo que existe la sensación de que estos proyectos que están circulando lo que hacen no es construir sino deconstruir algo. En realidad se trata de una modificación de la ley, que suprime algunos artículos. Prácticamente es eso. Entonces, la sensación por ahí es que estamos sacando algo y no estamos poniendo nada.
En salud mental y en adicciones -acá y en todo el mundo- esto es así. El trabajo es doble: es de construcción y de deconstrucción. Quitar un obstáculo es una forma de construir. Yo creo que si sacamos este obstáculo del castigo penal estamos ayudando a construir un sistema nuevo.
La despenalización, ¿resuelve el problema de salud? No. Pero no tengan dudas de que creará mejores condiciones para desarrollar el sistema de salud. Y la ley, además de dar este marco de las internaciones involuntarias, da una serie de pautas.
Una pauta fundamental y que ha sido muy discutida es que no sigamos construyendo monovalentes; integremos la atención de la salud mental y las adicciones a los hospitales generales, porque si no estigmatizamos más. De lo contrario, construimos instituciones totales que en la historia se han creado para controlar y para aislar al peligroso, al loco. Eso no sirve. Hagamos otra cosa. Trabajemos interdisciplinaria e intersectorialmente, como ayer planteaba el doctor Zaffaroni.
De nada sirve una respuesta exclusivamente sanitaria cuando el problema está muy condicionado por cuestiones sociales, con lo cual necesitamos una respuesta del área de Desarrollo Social, de Trabajo y de otras. Trabajemos en la inclusión social.
La ley de salud mental plantea otra cosa que también es muy importante, que es el aumento presupuestario. La nación tiene obligación de aumentar el presupuesto de salud mental y adicciones hasta llegar a un 10 por ciento del presupuesto de salud. Esto es lo que dice la ley y es lo que está pasando en la realidad. Aun antes de que la ley de salud mental fuera sancionada, la presidenta creó la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Salud Mental era una unidad coordinadora en el Ministerio de Salud; hoy es una dirección que además incluye el tema de las adicciones, y le otorgó un presupuesto trece veces mayor que el que tenía antes, que era muy exiguo.
Por supuesto que aunque lleguemos al 10 por ciento, en un país federal donde la responsabilidad de la atención centralmente la tienen las provincias, eso no será suficiente si éstas no hacen el mismo esfuerzo. Pero quiero decir que la Nación empezó a hacer ese esfuerzo en términos presupuestarios y que desde hace más de un año -a partir de la dirección de salud mental en desarrollo- hay una política de apoyo a las provincias para llevar a cabo sistemas de atención basados en la comunidad.
Eso, porque otro de los problemas que tenemos es que muchas provincias mandan a atenderse a Buenos Aires a los jóvenes que consumen drogas esgrimiendo razones de mayor complejidad. Pero la verdad es que lo hacen para exiliar chicos que en general tienen conflictos sociales y de ese modo las provincias los expulsan. Esta es otra de las cosas que debemos modificar.
Creo que ya se agotó mi tiempo, así que simplemente, para terminar, voy a insistir en esto: tenemos que construir un sistema de salud, pero también debemos tener cuidado porque en salud mental y en adicciones un problema es no tener atención, pero también es un problema -y tal vez más grave- tener una atención que en realidad es un sistema de control social disfrazado de atención. Hagamos las cosas como corresponden. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra el señor Sebastián Basalo, director de la revista de cultura canábica THC.
SR. BASALO Buenos días a todos. Muchas gracias por estar escuchándome y por estar participando de este debate tan importante para la Argentina.
¿Desde qué lugar hablo? Hace seis años que hacemos periodismo especializado en el fenómeno socio- cultural del uso de drogas en general y de la marihuana en particular. Cada vez que tratamos el tema de la despenalización o de la penalización y las consecuencias que esto genera -particularmente cuando escuchaba recién al ex diputado Gorbacz- me surge una frase que siempre escuchamos bastante en los casos de violencia familiar: "Te pego porque te quiero. En realidad, como te quiero mucho, te voy a fajar, para ver si de esa manera al menos te puedo transmitir más amor, porque en realidad mi amor es una forma de decirte de qué forma vos tenés que encarar tu vida. Esa es mi forma de quererte."
Nosotros tenemos, por suerte, una Constitución Nacional, como la mayor parte de las sociedades, sobre la cual constituimos todo nuestro andamiaje jurídico. La Constitución Nacional, metafóricamente, más allá de las teorías, viene a representar el punto de acuerdo básico entre todos nosotros cuando nos juntamos a vivir en sociedad. Allí decidimos qué libertad vamos a relegar nosotros, qué libertad vamos a dejar supeditada a un Estado que vamos a construir, que va a regular nuestra vida social, y qué espacio vamos a dejar para nuestro libre arbitrio y para desarrollar libremente nuestro modo de vida. El límite es claro, las acciones que no afectan a otros, son nuestras, de ninguna manera el Estado puede intervenir delimitando ni redirigiendo nuestro modo de vida o nuestra libertad de elegir nuestro modo de vida privado.
A esta altura del partido queda claro que en el caso del uso y la tenencia de drogas, como por ejemplo la marihuana, es muy importante contar con la posibilidad de cultivarla en la casa porque posibilita a los usuarios poder solventar su consumo sin tener que poner en riesgo su salud consumiendo algo adulterado, poner en riesgo su vida teniendo que frecuentar un ambiente criminal o, peor aún, teniendo que financiar el narcotráfico con su dinero. Esto es lo que propone un Estado que lo priva de cultivar la marihuana que quiere consumir, que forman parte de la intimidad de las personas. Es decir, el Estado le prohíbe al usuario de marihuana cultivarla en su casa, le está diciendo: "Yo quiero que vos financies el narcotráfico." Queda claro a esta altura que todas estas acciones forman parte de la intimidad de las personas.
Acá hay muchísimos más especialistas en materia penal como para explicar claramente la falacia de que alguien bajo los efectos de determinada sustancia salió a hacer tal acción y cometió un delito. Esos delitos ya están tipificados y no el consumo que tuvo antes de cometer el delito, si es que el consumo intervino en el delito. Sino preguntémonos, cuando una persona a la que le dolía la cabeza antes de cometer el delito y no podía hacerlo, y se tomó un ibuprofeno para lograrlo, si la causa del delito es el ibuprofeno.
Por eso creo que es fundamental entender que lo que estamos discutiendo hoy y ahora es una ley penal, como es la ley de drogas, es el reconocimiento de derechos, el respeto de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Eso no puede estar supeditado a ninguna falencia que tenga el Estado respecto a la asistencia sociosanitaria en este caso de los problemas de salud, ocasionados por el uso de drogas. Es claro y obvio que el consumo de drogas, como el consumo de cualquier cosa, puede traer problemas de salud.
En definitiva, si no estamos reconociendo esos derechos es porque es una deuda del Estado y estamos reconociendo un error que tuvo en su momento el propio Estado, que no es reconocerlos a la hora de armar una legislación. Si para reconocer esos derechos, si para respetar la Constitución nacional, el artículo 19 que es tan importante, vamos a esperar a que el Estado haga lo que tiene que hacer y obviamente hay que insistir en que lo haga -hay que asistir todos los problemas de salud ocasionados no sólo por el uso de drogas sino por el uso de cualquier elemento en general-, creo que estamos ante un problema grave. Eso tiene que quedar muy en claro.
Luego me voy a permitir hacer un pequeño resumen de lo que fueron todas las consecuencias de este sistema legal, de esta política de drogas sancionada en 1989 a pedido de los Estados Unidos y bajo uno de los gobiernos más oscuros que tuvo la Argentina reciente. Es importante entender eso. Es indiscutible.
De hecho la discusión en torno a la reforma a la ley de drogas debería cerrarse sobre el aspecto constitucional más allá de un montón de problemas que hay que discutir. Se deben discutir en paralelo, desde antes, aunque muchas veces no logren salir a la luz.
Pero ahora estamos discutiendo una ley penal, hacia dónde se dirige el aparato represivo del Estado. Hay que entender que hay una urgencia en ese reconocimiento de derechos. Mientras hablo acá, Nicolás, que tiene 21 años, está en el Penal de Campana por tener 10 gramos de marihuana. Hace un mes que está ahí, mientras nosotros nos tomamos el tiempo para coordinar lo que hay que hacer. Debemos discutir de una vez por todas y seriamente cuáles son las políticas de salud más acordes para cuidarnos entre todos por no tener información a la mano o por problemas sociales.
Hace 23 años a pedido de los Estados Unidos en este Congreso se sancionaba la ley 23.737, en una época donde se estaba yendo a fondo en la guerra contra las drogas, lo cual produjo un paradigma legal basado en la persecución del narcotráfico a partir de la tenencia de drogas. El esquema era detener a cualquiera que tuviera drogas, aunque el fallo Bazterrica, dictado tres años antes, no permitía perseguir el consumo.
Entonces, se decidió crear un nuevo sistema consistente en detener a todos los que tuvieran drogas y mandarlos a un juez federal, es decir, a los encargados de resolver los casos más importantes del país, como Skanska o los relacionados con el genocidio. Es un juez que en el escritorio tiene entre 5.000 y 6.000 causas de pibes por tener 2 o 3 porros, quien tiene que debatirse entre resolver un caso que importa realmente a la Argentina u ocuparse de esos otros casos. ¿Libera personas que están esperando por su libertad o se ocupa de casos importantes?
Mientras tanto se detiene a todos. La mera tenencia es un delito, y el juez después verá si tiene pruebas de comercio o la persona tendrá que demostrar inequívocamente que esa tenencia es para uso personal. Y en ese caso, la ley le va a imponer una pena de prisión según el artículo 14, segundo párrafo, con pena de seis meses a dos años de prisión para quien tuviere estupefacientes para uso personal.
¿Cómo vamos a negar que la ley actual penaliza la tenencia de droga para consumo?
Después la ley le ofrece a la persona -para no ir presa- hacer un tratamiento de rehabilitación forzoso que, paradójicamente, si no lo cumple, porque está muy mal de salud o se escapa, se le aplica la pena de prisión. Al que más jodido está de salud, lo manda preso.
Este sistema legal de agarrar a todos los que tienen y después ver quién consume y quién comercia claramente iba a tener estas consecuencias después de 23 años. ¿Qué pasaría si para perseguir la mafia de la importación autos ilegales detenemos a todos los tienen autos, los metemos en un galpón y los mandamos con un juez para que cada uno muestre el papel de cómo compró el auto? Si pretendemos hacerlo así, vamos mal.
Las consecuencias de la ley de drogas son más o menos similares, y no son arbitrarias. De las 12.000 causas en promedio que se elaboran en Argentina en el Poder Judicial de la Nación -según su sitio de internet-, el 70 por ciento corresponde a personas que cayeron por tener drogas y demostraron inequívocamente ser usuarios. El 70 por ciento de las fuerzas policiales, de las fuerzas represivas, y de todo el dinero que como Estado gastamos en perseguir el narcotráfico desde hace 23 años se viene dirigiendo a que los pibes demuestren que su tenencia es para su propio consumo.
Por su parte, el 3 por ciento de las causas se relacionan con comercio, lo cual nos permite entender que la realidad en torno al uso y comercio de drogas es un desastre, puesto que se expandió el consumo y el narcotráfico. Obviamente, una ley con estos resultados permite a quien quiera la posibilidad de hacerlo a troche y moche. Y no sólo vender, sino también producir y quizás exportar.
Un sistema basado en penalizar la tenencia de droga para ver quién consume y quién comercia estaba destinado al fracaso desde el comienzo. Si pretendemos llegar a Pablo Escobar Gaviria a partir de una persona que se fuma un porro en una plaza en Colombia, difícilmente lo logremos.
Pero no sólo esta ley permite la expansión del narcotráfico, como claramente lo verificamos y casi todos estamos de acuerdo, sino que permite que nos mientan y nos digan que están persiguiendo al narcotráfico. Y muchos de nosotros lo creemos. Las causas ingresan por infracción a la ley de drogas, no importa para qué la tenía la persona ni juntar pruebas, pues no se obliga a la Policía a juntar pruebas de comercio.
Las fuerzas policiales -que en la Argentina detentan en gran parte el control y la organización de ventas de drogas desde la dictadura- encontraron una gran herramienta para decir que lo persiguen cuando en realidad no lo hacen. Nos muestran a fin de mes las estadísticas de detenciones por infracción a la ley de drogas, porque no necesitan contarnos lo que después nos dicen los jueces de que sólo el 3 por ciento son causas por comercio. Y es así porque el policía no está obligado a buscar pruebas de comercio.
También se produjo un daño enorme a la salud de las personas criminalizadas por consumir drogas, porque no se integran al sistema de salud. ¿Quién va a ir a atenderse a un hospital si cuando entra o sale puede ser detenido? Privar a una persona del acceso a la salud es perverso y es una violación a uno de sus derechos humanos más esenciales.
La ley de drogas realmente pone en juego los derechos humanos de las personas, no sólo cuando nos encierran en una comisaría, cuando se nos hace ingresar en circuitos similares paralelamente a eso o cuando nos mandan a un penal, como a Nicolás. La ley de drogas dificulta el acceso a la salud y viola los derechos humanos. En un país que está haciendo de los derechos humanos una bandera inclaudicable, abocarse a este tema es una deuda que sigue teniendo la democracia argentina.
No sólo el derecho a la salud de las personas se ve violentado, sino que hay 8.000 personas por año que son detenidas, procesadas penalmente y cargan con un antecedente penal. Pueden ir a Comodoro Py y buscar las cifras: el 60 por ciento de estos procesos por drogas cumplen son contra son jóvenes de estratos sociales medios o bajos y que no tienen secundario completo. Es decir que la ley criminaliza a los que menos posibilidades tienen de defenderse y, encima de eso, los mete en el circuito criminal y los hace cargar con un antecedente.
Con esto, claramente a un pibe que tenía una vida arruinada por un consumo problemático en un lugar marginal donde ese problema se expandió, lo terminamos de excluir. Y obviamente, como sucede con todo problema de salud, la misma sustancia consumida en la clase media genera problemas infinitamente diferentes por las condiciones en que es consumida, en comparación con la clase baja. Esto es lo que hace la ley de drogas.
Creo que acá nadie puede adivinar el futuro. La experiencia internacional indica que los países que despenalizaron disminuyeron el consumo de drogas, y que también aumentaron los allanamientos por narcotráfico. Es decir, disminuyó el narcotráfico. Y ni siquiera habría que usar ese argumento diciendo que acá va a pasar lo mismo. No. No somos los mismos países. Para nada. No hay que ser maniqueístas en esto tampoco. Pero sí mínimamente permitámonos observar que todas las experiencias -incluso la nuestra- en la cual penalizamos no funcionaron. Eso nos llevó al fracaso en un montón de aspectos que acabo de repasar, que no sólo hacen al narcotráfico cuestiones de Estado sino también a la salud de las personas, a los derechos humanos y a la Constitución Nacional. Fíjense lo que ponemos en juego.
Además, si miramos un poco para el costado a países que se animaron a iniciar alternativas, vemos que muy mal no les fue. De hecho, les fue mucho mejor. Entonces creo que hoy en Argentina después de veintitrés años de vigencia de una ley desastrosa que violó los derechos humanos de las personas y que lo sigue haciendo, no sirvió para nada para solucionar los problemas asociados al uso de drogas sino que expandió el narcotráfico.
Que se haya llegado a un consenso entre las tres principales fuerzas políticas de la Argentina en torno a ponerle fin a este capítulo tan negro de la joven democracia argentina, que se haya podido llegar a un acuerdo dialogando democráticamente sobre cuál era el fin, mínimamente ahora, más allá de que haya un montón de cosas por seguir haciendo, creo yo que constituye un acto histórico que todos debemos aprovechar, tanto desde la sociedad civil como quienes tendrán la responsabilidad de plasmar esto en una ley.
Será esta una oportunidad para al menos no dejar que volvamos a contar doscientas mil víctimas y para poder darnos cuenta de los errores que cometimos como sociedad.
Señores diputados: creo que en los próximos días van a tener una responsabilidad enorme. Realmente confío en que estén a la altura de las circunstancias. (Aplausos.)
¿Desde qué lugar hablo? Hace seis años que hacemos periodismo especializado en el fenómeno socio- cultural del uso de drogas en general y de la marihuana en particular. Cada vez que tratamos el tema de la despenalización o de la penalización y las consecuencias que esto genera -particularmente cuando escuchaba recién al ex diputado Gorbacz- me surge una frase que siempre escuchamos bastante en los casos de violencia familiar: "Te pego porque te quiero. En realidad, como te quiero mucho, te voy a fajar, para ver si de esa manera al menos te puedo transmitir más amor, porque en realidad mi amor es una forma de decirte de qué forma vos tenés que encarar tu vida. Esa es mi forma de quererte."
Nosotros tenemos, por suerte, una Constitución Nacional, como la mayor parte de las sociedades, sobre la cual constituimos todo nuestro andamiaje jurídico. La Constitución Nacional, metafóricamente, más allá de las teorías, viene a representar el punto de acuerdo básico entre todos nosotros cuando nos juntamos a vivir en sociedad. Allí decidimos qué libertad vamos a relegar nosotros, qué libertad vamos a dejar supeditada a un Estado que vamos a construir, que va a regular nuestra vida social, y qué espacio vamos a dejar para nuestro libre arbitrio y para desarrollar libremente nuestro modo de vida. El límite es claro, las acciones que no afectan a otros, son nuestras, de ninguna manera el Estado puede intervenir delimitando ni redirigiendo nuestro modo de vida o nuestra libertad de elegir nuestro modo de vida privado.
A esta altura del partido queda claro que en el caso del uso y la tenencia de drogas, como por ejemplo la marihuana, es muy importante contar con la posibilidad de cultivarla en la casa porque posibilita a los usuarios poder solventar su consumo sin tener que poner en riesgo su salud consumiendo algo adulterado, poner en riesgo su vida teniendo que frecuentar un ambiente criminal o, peor aún, teniendo que financiar el narcotráfico con su dinero. Esto es lo que propone un Estado que lo priva de cultivar la marihuana que quiere consumir, que forman parte de la intimidad de las personas. Es decir, el Estado le prohíbe al usuario de marihuana cultivarla en su casa, le está diciendo: "Yo quiero que vos financies el narcotráfico." Queda claro a esta altura que todas estas acciones forman parte de la intimidad de las personas.
Acá hay muchísimos más especialistas en materia penal como para explicar claramente la falacia de que alguien bajo los efectos de determinada sustancia salió a hacer tal acción y cometió un delito. Esos delitos ya están tipificados y no el consumo que tuvo antes de cometer el delito, si es que el consumo intervino en el delito. Sino preguntémonos, cuando una persona a la que le dolía la cabeza antes de cometer el delito y no podía hacerlo, y se tomó un ibuprofeno para lograrlo, si la causa del delito es el ibuprofeno.
Por eso creo que es fundamental entender que lo que estamos discutiendo hoy y ahora es una ley penal, como es la ley de drogas, es el reconocimiento de derechos, el respeto de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Eso no puede estar supeditado a ninguna falencia que tenga el Estado respecto a la asistencia sociosanitaria en este caso de los problemas de salud, ocasionados por el uso de drogas. Es claro y obvio que el consumo de drogas, como el consumo de cualquier cosa, puede traer problemas de salud.
En definitiva, si no estamos reconociendo esos derechos es porque es una deuda del Estado y estamos reconociendo un error que tuvo en su momento el propio Estado, que no es reconocerlos a la hora de armar una legislación. Si para reconocer esos derechos, si para respetar la Constitución nacional, el artículo 19 que es tan importante, vamos a esperar a que el Estado haga lo que tiene que hacer y obviamente hay que insistir en que lo haga -hay que asistir todos los problemas de salud ocasionados no sólo por el uso de drogas sino por el uso de cualquier elemento en general-, creo que estamos ante un problema grave. Eso tiene que quedar muy en claro.
Luego me voy a permitir hacer un pequeño resumen de lo que fueron todas las consecuencias de este sistema legal, de esta política de drogas sancionada en 1989 a pedido de los Estados Unidos y bajo uno de los gobiernos más oscuros que tuvo la Argentina reciente. Es importante entender eso. Es indiscutible.
De hecho la discusión en torno a la reforma a la ley de drogas debería cerrarse sobre el aspecto constitucional más allá de un montón de problemas que hay que discutir. Se deben discutir en paralelo, desde antes, aunque muchas veces no logren salir a la luz.
Pero ahora estamos discutiendo una ley penal, hacia dónde se dirige el aparato represivo del Estado. Hay que entender que hay una urgencia en ese reconocimiento de derechos. Mientras hablo acá, Nicolás, que tiene 21 años, está en el Penal de Campana por tener 10 gramos de marihuana. Hace un mes que está ahí, mientras nosotros nos tomamos el tiempo para coordinar lo que hay que hacer. Debemos discutir de una vez por todas y seriamente cuáles son las políticas de salud más acordes para cuidarnos entre todos por no tener información a la mano o por problemas sociales.
Hace 23 años a pedido de los Estados Unidos en este Congreso se sancionaba la ley 23.737, en una época donde se estaba yendo a fondo en la guerra contra las drogas, lo cual produjo un paradigma legal basado en la persecución del narcotráfico a partir de la tenencia de drogas. El esquema era detener a cualquiera que tuviera drogas, aunque el fallo Bazterrica, dictado tres años antes, no permitía perseguir el consumo.
Entonces, se decidió crear un nuevo sistema consistente en detener a todos los que tuvieran drogas y mandarlos a un juez federal, es decir, a los encargados de resolver los casos más importantes del país, como Skanska o los relacionados con el genocidio. Es un juez que en el escritorio tiene entre 5.000 y 6.000 causas de pibes por tener 2 o 3 porros, quien tiene que debatirse entre resolver un caso que importa realmente a la Argentina u ocuparse de esos otros casos. ¿Libera personas que están esperando por su libertad o se ocupa de casos importantes?
Mientras tanto se detiene a todos. La mera tenencia es un delito, y el juez después verá si tiene pruebas de comercio o la persona tendrá que demostrar inequívocamente que esa tenencia es para uso personal. Y en ese caso, la ley le va a imponer una pena de prisión según el artículo 14, segundo párrafo, con pena de seis meses a dos años de prisión para quien tuviere estupefacientes para uso personal.
¿Cómo vamos a negar que la ley actual penaliza la tenencia de droga para consumo?
Después la ley le ofrece a la persona -para no ir presa- hacer un tratamiento de rehabilitación forzoso que, paradójicamente, si no lo cumple, porque está muy mal de salud o se escapa, se le aplica la pena de prisión. Al que más jodido está de salud, lo manda preso.
Este sistema legal de agarrar a todos los que tienen y después ver quién consume y quién comercia claramente iba a tener estas consecuencias después de 23 años. ¿Qué pasaría si para perseguir la mafia de la importación autos ilegales detenemos a todos los tienen autos, los metemos en un galpón y los mandamos con un juez para que cada uno muestre el papel de cómo compró el auto? Si pretendemos hacerlo así, vamos mal.
Las consecuencias de la ley de drogas son más o menos similares, y no son arbitrarias. De las 12.000 causas en promedio que se elaboran en Argentina en el Poder Judicial de la Nación -según su sitio de internet-, el 70 por ciento corresponde a personas que cayeron por tener drogas y demostraron inequívocamente ser usuarios. El 70 por ciento de las fuerzas policiales, de las fuerzas represivas, y de todo el dinero que como Estado gastamos en perseguir el narcotráfico desde hace 23 años se viene dirigiendo a que los pibes demuestren que su tenencia es para su propio consumo.
Por su parte, el 3 por ciento de las causas se relacionan con comercio, lo cual nos permite entender que la realidad en torno al uso y comercio de drogas es un desastre, puesto que se expandió el consumo y el narcotráfico. Obviamente, una ley con estos resultados permite a quien quiera la posibilidad de hacerlo a troche y moche. Y no sólo vender, sino también producir y quizás exportar.
Un sistema basado en penalizar la tenencia de droga para ver quién consume y quién comercia estaba destinado al fracaso desde el comienzo. Si pretendemos llegar a Pablo Escobar Gaviria a partir de una persona que se fuma un porro en una plaza en Colombia, difícilmente lo logremos.
Pero no sólo esta ley permite la expansión del narcotráfico, como claramente lo verificamos y casi todos estamos de acuerdo, sino que permite que nos mientan y nos digan que están persiguiendo al narcotráfico. Y muchos de nosotros lo creemos. Las causas ingresan por infracción a la ley de drogas, no importa para qué la tenía la persona ni juntar pruebas, pues no se obliga a la Policía a juntar pruebas de comercio.
Las fuerzas policiales -que en la Argentina detentan en gran parte el control y la organización de ventas de drogas desde la dictadura- encontraron una gran herramienta para decir que lo persiguen cuando en realidad no lo hacen. Nos muestran a fin de mes las estadísticas de detenciones por infracción a la ley de drogas, porque no necesitan contarnos lo que después nos dicen los jueces de que sólo el 3 por ciento son causas por comercio. Y es así porque el policía no está obligado a buscar pruebas de comercio.
También se produjo un daño enorme a la salud de las personas criminalizadas por consumir drogas, porque no se integran al sistema de salud. ¿Quién va a ir a atenderse a un hospital si cuando entra o sale puede ser detenido? Privar a una persona del acceso a la salud es perverso y es una violación a uno de sus derechos humanos más esenciales.
La ley de drogas realmente pone en juego los derechos humanos de las personas, no sólo cuando nos encierran en una comisaría, cuando se nos hace ingresar en circuitos similares paralelamente a eso o cuando nos mandan a un penal, como a Nicolás. La ley de drogas dificulta el acceso a la salud y viola los derechos humanos. En un país que está haciendo de los derechos humanos una bandera inclaudicable, abocarse a este tema es una deuda que sigue teniendo la democracia argentina.
No sólo el derecho a la salud de las personas se ve violentado, sino que hay 8.000 personas por año que son detenidas, procesadas penalmente y cargan con un antecedente penal. Pueden ir a Comodoro Py y buscar las cifras: el 60 por ciento de estos procesos por drogas cumplen son contra son jóvenes de estratos sociales medios o bajos y que no tienen secundario completo. Es decir que la ley criminaliza a los que menos posibilidades tienen de defenderse y, encima de eso, los mete en el circuito criminal y los hace cargar con un antecedente.
Con esto, claramente a un pibe que tenía una vida arruinada por un consumo problemático en un lugar marginal donde ese problema se expandió, lo terminamos de excluir. Y obviamente, como sucede con todo problema de salud, la misma sustancia consumida en la clase media genera problemas infinitamente diferentes por las condiciones en que es consumida, en comparación con la clase baja. Esto es lo que hace la ley de drogas.
Creo que acá nadie puede adivinar el futuro. La experiencia internacional indica que los países que despenalizaron disminuyeron el consumo de drogas, y que también aumentaron los allanamientos por narcotráfico. Es decir, disminuyó el narcotráfico. Y ni siquiera habría que usar ese argumento diciendo que acá va a pasar lo mismo. No. No somos los mismos países. Para nada. No hay que ser maniqueístas en esto tampoco. Pero sí mínimamente permitámonos observar que todas las experiencias -incluso la nuestra- en la cual penalizamos no funcionaron. Eso nos llevó al fracaso en un montón de aspectos que acabo de repasar, que no sólo hacen al narcotráfico cuestiones de Estado sino también a la salud de las personas, a los derechos humanos y a la Constitución Nacional. Fíjense lo que ponemos en juego.
Además, si miramos un poco para el costado a países que se animaron a iniciar alternativas, vemos que muy mal no les fue. De hecho, les fue mucho mejor. Entonces creo que hoy en Argentina después de veintitrés años de vigencia de una ley desastrosa que violó los derechos humanos de las personas y que lo sigue haciendo, no sirvió para nada para solucionar los problemas asociados al uso de drogas sino que expandió el narcotráfico.
Que se haya llegado a un consenso entre las tres principales fuerzas políticas de la Argentina en torno a ponerle fin a este capítulo tan negro de la joven democracia argentina, que se haya podido llegar a un acuerdo dialogando democráticamente sobre cuál era el fin, mínimamente ahora, más allá de que haya un montón de cosas por seguir haciendo, creo yo que constituye un acto histórico que todos debemos aprovechar, tanto desde la sociedad civil como quienes tendrán la responsabilidad de plasmar esto en una ley.
Será esta una oportunidad para al menos no dejar que volvamos a contar doscientas mil víctimas y para poder darnos cuenta de los errores que cometimos como sociedad.
Señores diputados: creo que en los próximos días van a tener una responsabilidad enorme. Realmente confío en que estén a la altura de las circunstancias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Hemos concluido con el primer panel.
Iniciamos ahora el segundo panel, dando la bienvenida al doctor Guillermo Serpa Guiñazú, abogado, especialista en cooperación internacional en materia penal y drogas, negociador de la Convención de Viena en 1988 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes, ex comisionado de Asuntos Internacionales de Drogas, coordinador de la Unidad de Mecanismo de Evaluación Multilateral de Drogas.
Tiene la palabra el doctor Serpa Guiñazú.
Iniciamos ahora el segundo panel, dando la bienvenida al doctor Guillermo Serpa Guiñazú, abogado, especialista en cooperación internacional en materia penal y drogas, negociador de la Convención de Viena en 1988 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes, ex comisionado de Asuntos Internacionales de Drogas, coordinador de la Unidad de Mecanismo de Evaluación Multilateral de Drogas.
Tiene la palabra el doctor Serpa Guiñazú.
SR. SERPA GUIÑAZÚ Señor presidente: agradezco su gentil invitación, al igual que agradezco al señor presidente de la Comisión de Legislación Penal y a los señores diputados que se han hecho presentes, quienes tienen la voluntad de escucharme.
Tal vez los treinta y cinco años que llevo en esto hacen que uno cuente con una especie de ayudamemoria en razón de querer ceñirme estrictamente a los diez minutos que se me han dado, y fundamentalmente también teniendo en cuenta que cuando uno acumula tantos años en un tema le cuesta cultivar la síntesis.
Lo primero que quiero puntualizar es que se ha consensuado un proyecto que representa normas que ya nuestro país ha experimentado y que, por otro lado, tampoco han resultado lo suficientemente satisfactorias ya que en su momento también las hemos descartado.
En el aspecto internacional, claramente otras que se pretenden establecer forman parte de la cadena del tráfico. ¿Por qué digo esto? Porque el tema objeto de la reforma no es aquí la desincriminación de la tenencia de estupefacientes para el uso personal, sino que también se habla de la entrega a título gratuito, de favorecer o morigerar los efectos de la introducción, la exportación y el transporte de las sustancias.
Todo esto, señores, llevaría a que la Argentina va a tener que denunciar la Convención de Viena, como corresponde, porque estaríamos violentando la misma convención ya que salvo la tenencia o el cultivo para el uso personal, las demás disposiciones no tienen ningún tipo de salvaguarda de ninguna naturaleza. Por lo tanto, habría que hacer la presentación ante el secretario General y, posteriormente, esperar un año para poder introducir el resto de las reformas.
Otro tema sobre el que quiero puntualizar -los que me conocen saben cuál es mi posición sobre el tema- es que, en primer lugar, yo estoy absolutamente de acuerdo en que el adicto es un enfermo, y esto lo consagra la misma Convención de Viena al establecer las medidas de seguridad educativas y curativas como alternativa de la pena. Lo mismo hace la ley 23.737, que dicho sea de paso, todo su tratamiento legislativo fue durante el gobierno del doctor Alfonsín y terminó aprobándolo la Cámara de Senadores en la época de la Presidencia del doctor Menem. Entre los años 1986 y 1989 el gobierno del doctor Menem se extendió por dos meses y el resto del tiempo -más de tres años- estuvieron bajo la presidencia del doctor Alfonsín, de quien nadie duda de que fue un gobierno constitucional y respetuoso de la libertad, democrático y republicano.
Por otra parte, la posibilidad de que las modificaciones propiciadas faciliten la lucha contra el narcotráfico al despejar de supuestas menudencias la labor de la policía, es algo que no lo puedo en alguna medida considerar. Creo que está carente de sustento y resulta inaceptable. Me pregunto si todas las operaciones que se han hecho, por ejemplo, han sido impedidas por la ley vigente que se ha aplicado en un 40 por ciento y no en un ciento por ciento.
La ley en vigencia fallece por inaplicabilidad, por no haberse aplicado; no porque directamente se hayan aplicado estrictamente sus disposiciones.
Por otra parte, si nos referimos a los tribunales orales penales económicos, he consultado a los tres que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de todos los detenidos que existen para ser enjuiciados se imaginan que no tienen competencia en materia de tenencia para uso personal sino que directamente se trata de ge-nte que está en el contrabando, o sea, en la importación, en la exportación y en el transporte de las sustancias. Casualmente debo decir que se ha modificado el panorama.
En cuanto a las mulas, a la cuales pretendemos morigerarle la pena -y en algunos aspectos entiendo que si hubiera políticas de inclusión muchas de estas personas no se dedicarían a este tema-, también hay que reconocer -hoy en día también se puede ir a estos tribunales para verificar esto que estoy diciendo- que más del 50, sino es el 70 o el 80 por ciento, ya no es la gente pobre del Altiplano sino que directamente son letones, lituanos, británicos, franceses, rusos. Es decir, se trata de personas que no pertenecen precisamente a una clase indigente sino que quieren ganar dinero fácil y rápido.
Las políticas diseñadas internacionalmente no han fracasado. En todo caso lo ineficiente, lo equivocado y lo negligente ha sido la aplicación de las normas. Se han construido instituciones, pero quienes debían hacerlas operativas -voy a ser generoso con esto porque a mis 63 años ya casi no callo las cosas-, quiero creer que no supieron hacerlo.
Tenemos un solo ejemplo demostrativo de ello. El país no tuvo en cuenta los alertas que se fueron dando en razón del fenómeno del desplazamiento que se produciría ante los éxitos que podía tener el Plan Colombia.
Aquí quiero detenerme para decir algo. A fines de 2000 vino a la Argentina una misión del Comando Sur de Norteamérica con su segundo comandante, un general cuyo apellido no recuerdo, que era muy prestigioso, acompañado de otros generales y de otros oficiales superiores, para informar acerca de los efectos que iba a producir los relativos éxitos del Plan Colombia.
Asimismo, iban a advertir acerca del desplazamiento que se iba a dar tanto de carteles como de cultivos, considerando que los cultivos en nuestro país son beneficiados por razones geográficas y climáticas.
Lamentablemente, el gobierno de la Alianza terminó en forma abrupta, por razones fundamentalmente de tipo económico. A raíz de esta visita del Comando Sur, el secretario Cortese, el ex diputado Carlos Di Caprio -fallecido-, el doctor Saín, el doctor Calabrese -quien ayer habló en esta reunión- y quien les habla nos pusimos a elaborar un método y plan de acción basado en tres ejes: el cumplimiento estricto de los pactos internacionales, la necesidad de dotar de recursos suficientes u optimizar los que se tenían y hacer una capacitación adecuada de la gente, e insistir en profundizar el tema de la concientización de la comunidad. Agrego que además de la concientización comunitaria debe hacerse una concientización profunda de la convicción que tienen los funcionarios encargados de aplicar la ley ante la gravedad del problema que nos ocupa.
La cuestión del desbaratamiento de las bandas fue elaborada por el secretario Cortese, el consejo del doctor Saín, el ex diputado Di Caprio y mi persona, pertenecientes al gobierno radical que estaba en ese momento en ejercicio del poder.
Terminó el gobierno de la Alianza y se fue el doctor Cortese. Además, ya había renunciado el doctor Di Caprio. En ese momento pedí una audiencia al secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, para explicarle la situación y los efectos que podrían llegar a producirse en la Argentina con este fenómeno del desplazamiento. Supongo que estaba con bastantes ocupaciones el señor secretario general, por lo que lamentablemente no tuve la posibilidad de entrevistarlo, y ya después partí hacia los Estados Unidos de América a hacerme cargo de la unidad Mecanismo de Evaluación de Drogas.
Aprovecho que está presente el señor diputado Amadeo para agradecerle que haya dejado allanado el camino, porque durante su gestión el mecanismo fue prácticamente implementado en la Argentina.
Finalmente, considero que el tema aludido está fuera del marco de la reforma analizada, pero no es ajeno por su naturaleza, porque también se despiertan alertas que llevan a pensar en la oportunidad y conveniencia del dictado de alguna de esas medidas.
Como lo que menos uno recuerda es lo que ha escrito, me voy a permitir leer dos párrafos que escribí en distintos momentos. Hace ya unos cuantos años señalé que el texto de la Convención había sido sabio al descartar toda reserva o salvaguarda respecto de las más graves conductas que afectan a la humanidad y comprometen su futuro. Y pienso que también demostró sabiduría el texto tal como quedó redactado cuando directamente dejó a salvo los principios constitucionales y los conceptos fundamentales de los ordenamientos jurídicos de cada una de las partes en conductas relativas al uso indebido de drogas, como la posesión para el uso personal, pero confiando en que el legislador nacional de cada país actuara con suficiente reflexión, sin apresuramientos y efectuando la evaluación de la oportunidad y conveniencia que debe acompañar al dictado de toda medida legislativa.
Finalmente, quiero dejar clara mi posición. Respecto de la tenencia de estupefacientes para el uso personal, creo que el adicto es un enfermo que no debe ser penalizado. He tenido alumnos en posgrado que hoy son jueces y camaristas a quienes les he dicho que el juez que mete preso a un adicto es un ignorante. Esto lo saben todos los que han debatido conmigo.
En cuanto a minimizar o morigerar otro tipo de conductas, no les quepa la menor duda que eso favorece al narcotráfico.
Respecto del aumento de penas en las conductas más graves, solamente sirve en la medida en que estemos en un Estado donde haya una certeza acerca del cumplimiento inexorable de la condena. Si no, eso no sirve para nada; les digo a mis colegas abogados y magistrados que es preferible poner una pena menor y que ésta se cumpla efectivamente a hacer un abuso de las medidas contracautelares cuando no corresponde.
Más recientemente escribí que es necesario bregar por el apego a la ley y concientizar de ello a población. No debe dudarse en establecer las conductas valiosas y no disvaliosas. Cuando se aplica una sanción merecida, no se está incurriendo en un acto de discriminación sino que se materializa un acto justo que disuade, previene y educa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Tal vez los treinta y cinco años que llevo en esto hacen que uno cuente con una especie de ayudamemoria en razón de querer ceñirme estrictamente a los diez minutos que se me han dado, y fundamentalmente también teniendo en cuenta que cuando uno acumula tantos años en un tema le cuesta cultivar la síntesis.
Lo primero que quiero puntualizar es que se ha consensuado un proyecto que representa normas que ya nuestro país ha experimentado y que, por otro lado, tampoco han resultado lo suficientemente satisfactorias ya que en su momento también las hemos descartado.
En el aspecto internacional, claramente otras que se pretenden establecer forman parte de la cadena del tráfico. ¿Por qué digo esto? Porque el tema objeto de la reforma no es aquí la desincriminación de la tenencia de estupefacientes para el uso personal, sino que también se habla de la entrega a título gratuito, de favorecer o morigerar los efectos de la introducción, la exportación y el transporte de las sustancias.
Todo esto, señores, llevaría a que la Argentina va a tener que denunciar la Convención de Viena, como corresponde, porque estaríamos violentando la misma convención ya que salvo la tenencia o el cultivo para el uso personal, las demás disposiciones no tienen ningún tipo de salvaguarda de ninguna naturaleza. Por lo tanto, habría que hacer la presentación ante el secretario General y, posteriormente, esperar un año para poder introducir el resto de las reformas.
Otro tema sobre el que quiero puntualizar -los que me conocen saben cuál es mi posición sobre el tema- es que, en primer lugar, yo estoy absolutamente de acuerdo en que el adicto es un enfermo, y esto lo consagra la misma Convención de Viena al establecer las medidas de seguridad educativas y curativas como alternativa de la pena. Lo mismo hace la ley 23.737, que dicho sea de paso, todo su tratamiento legislativo fue durante el gobierno del doctor Alfonsín y terminó aprobándolo la Cámara de Senadores en la época de la Presidencia del doctor Menem. Entre los años 1986 y 1989 el gobierno del doctor Menem se extendió por dos meses y el resto del tiempo -más de tres años- estuvieron bajo la presidencia del doctor Alfonsín, de quien nadie duda de que fue un gobierno constitucional y respetuoso de la libertad, democrático y republicano.
Por otra parte, la posibilidad de que las modificaciones propiciadas faciliten la lucha contra el narcotráfico al despejar de supuestas menudencias la labor de la policía, es algo que no lo puedo en alguna medida considerar. Creo que está carente de sustento y resulta inaceptable. Me pregunto si todas las operaciones que se han hecho, por ejemplo, han sido impedidas por la ley vigente que se ha aplicado en un 40 por ciento y no en un ciento por ciento.
La ley en vigencia fallece por inaplicabilidad, por no haberse aplicado; no porque directamente se hayan aplicado estrictamente sus disposiciones.
Por otra parte, si nos referimos a los tribunales orales penales económicos, he consultado a los tres que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso de todos los detenidos que existen para ser enjuiciados se imaginan que no tienen competencia en materia de tenencia para uso personal sino que directamente se trata de ge-nte que está en el contrabando, o sea, en la importación, en la exportación y en el transporte de las sustancias. Casualmente debo decir que se ha modificado el panorama.
En cuanto a las mulas, a la cuales pretendemos morigerarle la pena -y en algunos aspectos entiendo que si hubiera políticas de inclusión muchas de estas personas no se dedicarían a este tema-, también hay que reconocer -hoy en día también se puede ir a estos tribunales para verificar esto que estoy diciendo- que más del 50, sino es el 70 o el 80 por ciento, ya no es la gente pobre del Altiplano sino que directamente son letones, lituanos, británicos, franceses, rusos. Es decir, se trata de personas que no pertenecen precisamente a una clase indigente sino que quieren ganar dinero fácil y rápido.
Las políticas diseñadas internacionalmente no han fracasado. En todo caso lo ineficiente, lo equivocado y lo negligente ha sido la aplicación de las normas. Se han construido instituciones, pero quienes debían hacerlas operativas -voy a ser generoso con esto porque a mis 63 años ya casi no callo las cosas-, quiero creer que no supieron hacerlo.
Tenemos un solo ejemplo demostrativo de ello. El país no tuvo en cuenta los alertas que se fueron dando en razón del fenómeno del desplazamiento que se produciría ante los éxitos que podía tener el Plan Colombia.
Aquí quiero detenerme para decir algo. A fines de 2000 vino a la Argentina una misión del Comando Sur de Norteamérica con su segundo comandante, un general cuyo apellido no recuerdo, que era muy prestigioso, acompañado de otros generales y de otros oficiales superiores, para informar acerca de los efectos que iba a producir los relativos éxitos del Plan Colombia.
Asimismo, iban a advertir acerca del desplazamiento que se iba a dar tanto de carteles como de cultivos, considerando que los cultivos en nuestro país son beneficiados por razones geográficas y climáticas.
Lamentablemente, el gobierno de la Alianza terminó en forma abrupta, por razones fundamentalmente de tipo económico. A raíz de esta visita del Comando Sur, el secretario Cortese, el ex diputado Carlos Di Caprio -fallecido-, el doctor Saín, el doctor Calabrese -quien ayer habló en esta reunión- y quien les habla nos pusimos a elaborar un método y plan de acción basado en tres ejes: el cumplimiento estricto de los pactos internacionales, la necesidad de dotar de recursos suficientes u optimizar los que se tenían y hacer una capacitación adecuada de la gente, e insistir en profundizar el tema de la concientización de la comunidad. Agrego que además de la concientización comunitaria debe hacerse una concientización profunda de la convicción que tienen los funcionarios encargados de aplicar la ley ante la gravedad del problema que nos ocupa.
La cuestión del desbaratamiento de las bandas fue elaborada por el secretario Cortese, el consejo del doctor Saín, el ex diputado Di Caprio y mi persona, pertenecientes al gobierno radical que estaba en ese momento en ejercicio del poder.
Terminó el gobierno de la Alianza y se fue el doctor Cortese. Además, ya había renunciado el doctor Di Caprio. En ese momento pedí una audiencia al secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, para explicarle la situación y los efectos que podrían llegar a producirse en la Argentina con este fenómeno del desplazamiento. Supongo que estaba con bastantes ocupaciones el señor secretario general, por lo que lamentablemente no tuve la posibilidad de entrevistarlo, y ya después partí hacia los Estados Unidos de América a hacerme cargo de la unidad Mecanismo de Evaluación de Drogas.
Aprovecho que está presente el señor diputado Amadeo para agradecerle que haya dejado allanado el camino, porque durante su gestión el mecanismo fue prácticamente implementado en la Argentina.
Finalmente, considero que el tema aludido está fuera del marco de la reforma analizada, pero no es ajeno por su naturaleza, porque también se despiertan alertas que llevan a pensar en la oportunidad y conveniencia del dictado de alguna de esas medidas.
Como lo que menos uno recuerda es lo que ha escrito, me voy a permitir leer dos párrafos que escribí en distintos momentos. Hace ya unos cuantos años señalé que el texto de la Convención había sido sabio al descartar toda reserva o salvaguarda respecto de las más graves conductas que afectan a la humanidad y comprometen su futuro. Y pienso que también demostró sabiduría el texto tal como quedó redactado cuando directamente dejó a salvo los principios constitucionales y los conceptos fundamentales de los ordenamientos jurídicos de cada una de las partes en conductas relativas al uso indebido de drogas, como la posesión para el uso personal, pero confiando en que el legislador nacional de cada país actuara con suficiente reflexión, sin apresuramientos y efectuando la evaluación de la oportunidad y conveniencia que debe acompañar al dictado de toda medida legislativa.
Finalmente, quiero dejar clara mi posición. Respecto de la tenencia de estupefacientes para el uso personal, creo que el adicto es un enfermo que no debe ser penalizado. He tenido alumnos en posgrado que hoy son jueces y camaristas a quienes les he dicho que el juez que mete preso a un adicto es un ignorante. Esto lo saben todos los que han debatido conmigo.
En cuanto a minimizar o morigerar otro tipo de conductas, no les quepa la menor duda que eso favorece al narcotráfico.
Respecto del aumento de penas en las conductas más graves, solamente sirve en la medida en que estemos en un Estado donde haya una certeza acerca del cumplimiento inexorable de la condena. Si no, eso no sirve para nada; les digo a mis colegas abogados y magistrados que es preferible poner una pena menor y que ésta se cumpla efectivamente a hacer un abuso de las medidas contracautelares cuando no corresponde.
Más recientemente escribí que es necesario bregar por el apego a la ley y concientizar de ello a población. No debe dudarse en establecer las conductas valiosas y no disvaliosas. Cuando se aplica una sanción merecida, no se está incurriendo en un acto de discriminación sino que se materializa un acto justo que disuade, previene y educa.
Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. BURYAILE Perdone la interrupción, señor presidente.
Se ha dicho en esta sala que se ha llegado a un acuerdo de bloque respecto del dictamen y no es así. No sé cuál será la situación de los demás bloques, pero el radicalismo no está haciendo un dictamen de bloque sino consensos y acuerdos con diputados para tratar este tema. Este es el punto de vista de nuestro bloque.
Se ha dicho en esta sala que se ha llegado a un acuerdo de bloque respecto del dictamen y no es así. No sé cuál será la situación de los demás bloques, pero el radicalismo no está haciendo un dictamen de bloque sino consensos y acuerdos con diputados para tratar este tema. Este es el punto de vista de nuestro bloque.
SR. PRESIDENTE FIAD Así es. Hay un borrador de consenso de autores de proyectos, pero no de acuerdos de bloque.
SRA. CONTI Un predictamen.
SR. BURYAILE No, señora diputada. Tampoco hay un predictamen, sino que existe un borrador de acuerdos de autores de proyectos.
SR. PRESIDENTE FIAD Ahora invitamos al doctor Wilbur Ricardo Grimson, médico psiquiatra, ex director de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud Mental, jefe de Asistencia Psiquiatra del Ministerio de Salud y ex secretario de Estado de Drogas en el período 2002-2004.
SR. GRIMSON Señor presidente: como se pudo notar en una presentación que se hizo por TN hace algunas noches, el tema es complejo y confuso.
Creo que el representante del radicalismo en esa audición falló en una serie de respuestas que le habían hecho algunos panelistas, y esto no es indicativo de su situación sino de que hay cierto apuro con esta ley que nos parece inoportuno.
El término "oportuno" ha sido introducido muy bien por el padre Pepe Di Paola, de quien me congratulo de ser amigo y asesor cuando estaba en la 21. Él ahora ha sido alejado y quiero recordar dos cartas suyas, una publicada en "Tiempo Argentino" y otra en "La Nación", diarios que uno pensaría que están en distinta posición.
Las posiciones en este campo a veces se exageran por el énfasis que se pone en las discusiones. Pareciera que nos quedamos en la facultad como cuando discutíamos con Jorge Pellegrini, aunque pertenecíamos a la misma agrupación, y enfrentábamos las cosas como si se nos fuera en ello la vida. A nadie se le va a ir la vida en esta discusión, pero sí le vamos a deparar al país algún tipo de futuro.
Quiero hacer algunas aclaraciones sobre esta mezcla de salud mental y adicciones, porque creo que hay un error conceptual y estratégico.
En los países en general -y podríamos hacer un listado y profundizarlo, pero no es el caso-, la salud mental va por un lado y las adicciones por otro. No se trata de un capítulo de la salud mental, aunque se lo pueda agrupar genéricamente.
Las enfermedades mentales son internas, producidas por mecanismos biológicos y psicológicos, mientras que la adicción es un proceso de una noxa externa que daña, que se incorpora voluntariamente al organismo. La salud mental es un proceso totalmente involuntario y es por eso que en la mayoría de los países se los considera por separado.
Se me dice que esto lo recomendó la OPS y creo que es un error, pero no de la OPS, porque ésta tiene una dirección de adicciones y otra de salud mental. Así que mal podría recomendarnos lo que ella no hace. Pero me parece que esta confusión que puede parecer no significativa es bastante importante.
Nosotros tuvimos un eminente médico llamado Raúl Carrea que en el año 56 viajó a los Estados Unidos. Los mayores deben recordarlo y reconocerlo, ya que en su tiempo libre fundó Fleni, un instituto neurológico inicialmente dedicado a la niñez pero que ahora ha ampliado su cobertura a toda la familia. Es uno de los más importantes que tiene el país, de un nivel excelente y para casos de complejidad inalcanzable.
Raúl Carrea viajó por el mundo entero y recomendó crear un instituto nacional de salud mental, que luego se creó y quedaba en la esquina de lo que eran el Borda y el Moyano. Cuando el Borda y el Moyano se cruzan, ahí hubo un edificio en el que durante años funcionaba el Instituto Nacional de Salud Mental, que en sus mejores momentos le dio a la salud mental una capacidad de movilización presupuestaria y de formar a los directores de salud mental de todas las provincias, de la que me siento en parte responsable porque durante muchos años estuve a cargo de esa dirección, además de haber sido su subdirector.
El país comenzó a ocuparse de las adicciones en otro momento y no en 1989, como dijo Gorbacz. Ya varios años antes Novelli había creado las primeras comunidades terapéuticas.
Entonces, cuando se dice que algunos lucraron o se beneficiaron económicamente con la ley 23.737 sancionada en 1989, les aseguro que el que quiera ganar plata no se dedica a las comunidades terapéuticas porque eso no es una fuente de dinero. Lo que están pagando las obras sociales -las que pagan, que no son todas-, las prepagas o el Estado es mínimo.
Entonces, en 1989 se unificó todo lo relativo a las adicciones -es decir, en el mismo año de la sanción de esa ley-, y se creó la Sedronar, que fue un organismo de una importancia central.
Aquí se encuentra el licenciado Amadeo, quien me precedió en ese cargo y lo desempeñó con brillantez, y sabe que quien está a cargo de lavado de dinero, capacitación de juzgados federales, capacitación de fiscales, entrenamiento de profesionales, desarrollo de la prevención en el sistema educativo, reducción de la demanda, epidemiología, etcétera -por decir sólo los títulos principales-, está casi desbordado. Pero ese mismo "casi desborde" es la riqueza, porque la política se genera con inputs de todos los canales que hay que responder. Y hay que responder a la creación de programas educativos en Jujuy o a la creación de investigaciones, como las que hace el "Pampa", que aquí nos acompañó hace un rato con su elocuente disertación.
Sin embargo, esa complejidad no debe ser destruida. Y advierto: se la viene destruyendo en el país en los últimos años por impulso, primero, de la Jefatura de la Presidencia de la Nación; después, por la presencia del Ministerio del Interior; luego, por el Ministerio de Justicia, y últimamente ya no sabemos a quiénes van a quitar, porque le quitaron la incumbencia y la capacitación de las fuerzas de seguridad.
Yo he capacitado a las fuerzas de seguridad; no sólo eso: he viajado con Gendarmería por la frontera norte y puedo decirles que esa zona es un desastre, porque no hay controles que alcancen a reducir el tráfico que se hace a la vista y que es de un volumen inusitado. Tan es así que los habitantes que acrediten vivir cerca de frontera norte tienen derecho a transportar 70 kilos por día de mercancía de un lado al otro. Se imaginan que no llevan globos para el carnaval, matracas para divertirse o acordeones a piano para hacer música. Están traficando porque el tráfico es la actividad local. Ese tráfico debe ser contenido.
Nosotros formamos a Gendarmería. Tuve el gusto de viajar con el comandante Maiztegui por toda la frontera norte hablando con la gente y viendo que el aprovechamiento del que está descuidado por la sociedad que no tiene otro recurso que hacer el transporte de un elemento a través de la frontera y cobrar poco por eso. No es que ellos ganan con ese transporte. Es un transporte a mula hecho por personas.
Entonces, todo eso se ha debilitado porque vemos que hoy Gendarmería está dedicada al control de la fábrica Terrabusi y al control de tráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lo cual no fue entrenada. Gendarmería es la policía de frontera.
Yo he tenido el gusto, el placer y el honor de capacitar al gendarme en todo lo que necesita saber para entender cuándo algo es narcotráfico y cuándo no.
Nosotros, que no tenemos recursos -pero cuando queremos los tenemos- no hemos radarizado la frontera norte. Pero no sólo eso, en el punto internacional que une Misiones con los países vecinos...
Creo que el representante del radicalismo en esa audición falló en una serie de respuestas que le habían hecho algunos panelistas, y esto no es indicativo de su situación sino de que hay cierto apuro con esta ley que nos parece inoportuno.
El término "oportuno" ha sido introducido muy bien por el padre Pepe Di Paola, de quien me congratulo de ser amigo y asesor cuando estaba en la 21. Él ahora ha sido alejado y quiero recordar dos cartas suyas, una publicada en "Tiempo Argentino" y otra en "La Nación", diarios que uno pensaría que están en distinta posición.
Las posiciones en este campo a veces se exageran por el énfasis que se pone en las discusiones. Pareciera que nos quedamos en la facultad como cuando discutíamos con Jorge Pellegrini, aunque pertenecíamos a la misma agrupación, y enfrentábamos las cosas como si se nos fuera en ello la vida. A nadie se le va a ir la vida en esta discusión, pero sí le vamos a deparar al país algún tipo de futuro.
Quiero hacer algunas aclaraciones sobre esta mezcla de salud mental y adicciones, porque creo que hay un error conceptual y estratégico.
En los países en general -y podríamos hacer un listado y profundizarlo, pero no es el caso-, la salud mental va por un lado y las adicciones por otro. No se trata de un capítulo de la salud mental, aunque se lo pueda agrupar genéricamente.
Las enfermedades mentales son internas, producidas por mecanismos biológicos y psicológicos, mientras que la adicción es un proceso de una noxa externa que daña, que se incorpora voluntariamente al organismo. La salud mental es un proceso totalmente involuntario y es por eso que en la mayoría de los países se los considera por separado.
Se me dice que esto lo recomendó la OPS y creo que es un error, pero no de la OPS, porque ésta tiene una dirección de adicciones y otra de salud mental. Así que mal podría recomendarnos lo que ella no hace. Pero me parece que esta confusión que puede parecer no significativa es bastante importante.
Nosotros tuvimos un eminente médico llamado Raúl Carrea que en el año 56 viajó a los Estados Unidos. Los mayores deben recordarlo y reconocerlo, ya que en su tiempo libre fundó Fleni, un instituto neurológico inicialmente dedicado a la niñez pero que ahora ha ampliado su cobertura a toda la familia. Es uno de los más importantes que tiene el país, de un nivel excelente y para casos de complejidad inalcanzable.
Raúl Carrea viajó por el mundo entero y recomendó crear un instituto nacional de salud mental, que luego se creó y quedaba en la esquina de lo que eran el Borda y el Moyano. Cuando el Borda y el Moyano se cruzan, ahí hubo un edificio en el que durante años funcionaba el Instituto Nacional de Salud Mental, que en sus mejores momentos le dio a la salud mental una capacidad de movilización presupuestaria y de formar a los directores de salud mental de todas las provincias, de la que me siento en parte responsable porque durante muchos años estuve a cargo de esa dirección, además de haber sido su subdirector.
El país comenzó a ocuparse de las adicciones en otro momento y no en 1989, como dijo Gorbacz. Ya varios años antes Novelli había creado las primeras comunidades terapéuticas.
Entonces, cuando se dice que algunos lucraron o se beneficiaron económicamente con la ley 23.737 sancionada en 1989, les aseguro que el que quiera ganar plata no se dedica a las comunidades terapéuticas porque eso no es una fuente de dinero. Lo que están pagando las obras sociales -las que pagan, que no son todas-, las prepagas o el Estado es mínimo.
Entonces, en 1989 se unificó todo lo relativo a las adicciones -es decir, en el mismo año de la sanción de esa ley-, y se creó la Sedronar, que fue un organismo de una importancia central.
Aquí se encuentra el licenciado Amadeo, quien me precedió en ese cargo y lo desempeñó con brillantez, y sabe que quien está a cargo de lavado de dinero, capacitación de juzgados federales, capacitación de fiscales, entrenamiento de profesionales, desarrollo de la prevención en el sistema educativo, reducción de la demanda, epidemiología, etcétera -por decir sólo los títulos principales-, está casi desbordado. Pero ese mismo "casi desborde" es la riqueza, porque la política se genera con inputs de todos los canales que hay que responder. Y hay que responder a la creación de programas educativos en Jujuy o a la creación de investigaciones, como las que hace el "Pampa", que aquí nos acompañó hace un rato con su elocuente disertación.
Sin embargo, esa complejidad no debe ser destruida. Y advierto: se la viene destruyendo en el país en los últimos años por impulso, primero, de la Jefatura de la Presidencia de la Nación; después, por la presencia del Ministerio del Interior; luego, por el Ministerio de Justicia, y últimamente ya no sabemos a quiénes van a quitar, porque le quitaron la incumbencia y la capacitación de las fuerzas de seguridad.
Yo he capacitado a las fuerzas de seguridad; no sólo eso: he viajado con Gendarmería por la frontera norte y puedo decirles que esa zona es un desastre, porque no hay controles que alcancen a reducir el tráfico que se hace a la vista y que es de un volumen inusitado. Tan es así que los habitantes que acrediten vivir cerca de frontera norte tienen derecho a transportar 70 kilos por día de mercancía de un lado al otro. Se imaginan que no llevan globos para el carnaval, matracas para divertirse o acordeones a piano para hacer música. Están traficando porque el tráfico es la actividad local. Ese tráfico debe ser contenido.
Nosotros formamos a Gendarmería. Tuve el gusto de viajar con el comandante Maiztegui por toda la frontera norte hablando con la gente y viendo que el aprovechamiento del que está descuidado por la sociedad que no tiene otro recurso que hacer el transporte de un elemento a través de la frontera y cobrar poco por eso. No es que ellos ganan con ese transporte. Es un transporte a mula hecho por personas.
Entonces, todo eso se ha debilitado porque vemos que hoy Gendarmería está dedicada al control de la fábrica Terrabusi y al control de tráfico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para lo cual no fue entrenada. Gendarmería es la policía de frontera.
Yo he tenido el gusto, el placer y el honor de capacitar al gendarme en todo lo que necesita saber para entender cuándo algo es narcotráfico y cuándo no.
Nosotros, que no tenemos recursos -pero cuando queremos los tenemos- no hemos radarizado la frontera norte. Pero no sólo eso, en el punto internacional que une Misiones con los países vecinos...
SRA. CONTI La pertinencia de la reunión...
Varios señores diputados hablan a la vez.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. CONTI Perdón, señor presidente, no sé si me autorizan a utilizar un segundo la palabra, con el respeto que le tengo al doctor Grimson...
SR. GRIMSON Yo termino en cinco minutos, señora diputada.
SRA. CONTI Lo que ocurre es que los invitados vienen para tener pertinencia con lo que se debate...
SR. AMADEO No, señor presidente, ¡es una actitud antidemocrática tratar de taparle la boca a la gente que piensa diferente! No se puede tapar el cielo con las manos.
Varios señores diputados hablan a la vez.
Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. CONTI Yo no digo que no sea cierto.
SR. PRESIDENTE FIAD La Presidencia entiende que primero debe terminar de hacer su exposición el doctor Grimson, y luego le cederemos el uso de la palabra.
SR. CONTI Agradezco a la Presidencia su deferencia, pero no era mi intención pedir el uso de la palabra.
Simplemente quería pedir pertinencia, que quiere decir no hablar de lo que está mal sino acerca del tema para el que fue citado, que es la despenalización del consumidor.
Simplemente quería pedir pertinencia, que quiere decir no hablar de lo que está mal sino acerca del tema para el que fue citado, que es la despenalización del consumidor.
SR. BURYAILE Si vamos a restringir al invitado a abordar un solo aspecto cuando debe explayarse sobre todo el temario...
SR. GRIMSON Me voy a centrar en lo que ha pedido la señora diputada.
Considero que la despenalización es inoportuna porque no se dan condiciones de inequidad social que hacen que las distintas que hagan que las distintas capas de la sociedad según su nivel económico y según su vulnerabilidad sean afectadas de la misma manera.
Considero que es innecesaria porque hay dos cosas de la ley 23.737 que se pierden: primero, el conocimiento de cuándo una ley viene después de otro. La ley 23.737 no nace de una nube; nace de la ley 20.771, que es una ley absolutamente penalizadora.
Si los diputados lo desean, porque tienen dificultades para acceder a la biblioteca del Congreso, les puedo facilitar las 84 páginas de discusiones que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados en 1989, para que puedan leer la versión taquigráfica donde el doctor Cortese, presidente de la Comisión de Legislación Penal, introduce la ley diciendo que: "Esta ley es menos penalizadora que la anterior, pero igual me corresponde a mí introducirla y le hemos introducido dos características, los artículos 17 y 18...", que se mencionaron hoy, pero no se dijo que no son artículos obligatorios, es decir, la persona a la cual el juez le dice que puede ser penado por su tenencia de drogas, no por consumo.
Todo el mundo estuvo de acuerdo, desde Fernández Meijide hasta la gente del Ministerio del Interior que hizo uso de la palabra, en que no había que penalizar al consumidor sino que había que penalizar la tendencia. Entonces, esta ley tiene dos artículos que son optativos. La persona que es encontrada con medio porro en el bolsillo puede hacer un tratamiento de dos sesiones semanales durante tres meses en el Ministerio de Educación, ni siquiera en el Ministerio de Salud. Por el artículo 18, puede optar por hacer un tratamiento, si lo acepta.
No vamos a entrar en una larga discusión sobre voluntariedad porque hace más al tema de la salud mental propiamente dicha.
Pero quiero recordar un solo episodio en el que yo participé...
Considero que la despenalización es inoportuna porque no se dan condiciones de inequidad social que hacen que las distintas que hagan que las distintas capas de la sociedad según su nivel económico y según su vulnerabilidad sean afectadas de la misma manera.
Considero que es innecesaria porque hay dos cosas de la ley 23.737 que se pierden: primero, el conocimiento de cuándo una ley viene después de otro. La ley 23.737 no nace de una nube; nace de la ley 20.771, que es una ley absolutamente penalizadora.
Si los diputados lo desean, porque tienen dificultades para acceder a la biblioteca del Congreso, les puedo facilitar las 84 páginas de discusiones que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados en 1989, para que puedan leer la versión taquigráfica donde el doctor Cortese, presidente de la Comisión de Legislación Penal, introduce la ley diciendo que: "Esta ley es menos penalizadora que la anterior, pero igual me corresponde a mí introducirla y le hemos introducido dos características, los artículos 17 y 18...", que se mencionaron hoy, pero no se dijo que no son artículos obligatorios, es decir, la persona a la cual el juez le dice que puede ser penado por su tenencia de drogas, no por consumo.
Todo el mundo estuvo de acuerdo, desde Fernández Meijide hasta la gente del Ministerio del Interior que hizo uso de la palabra, en que no había que penalizar al consumidor sino que había que penalizar la tendencia. Entonces, esta ley tiene dos artículos que son optativos. La persona que es encontrada con medio porro en el bolsillo puede hacer un tratamiento de dos sesiones semanales durante tres meses en el Ministerio de Educación, ni siquiera en el Ministerio de Salud. Por el artículo 18, puede optar por hacer un tratamiento, si lo acepta.
No vamos a entrar en una larga discusión sobre voluntariedad porque hace más al tema de la salud mental propiamente dicha.
Pero quiero recordar un solo episodio en el que yo participé...
SRA. CONTI Pero va preso. Sino no acepta, va preso.
SR. GRIMSON Si no acepta, pero puede aceptar. El individuo opta, es optativo.
Hubo un episodio en el que participé como consultante en el que estuvo involucrado del otro lado Diego Maradona, persona que no necesita más antecedentes. Él cursó ocho meses de abstinencia cuando el juez de Morón obligó a la Clínica del Parque, de Parque Leloir, a presentar informes semanales sobre los cuidados que se le prestaban, los progresos en el tratamiento y las personas a cargo. Cuando Diego salió dijo: "Es bárbaro esto de no tomar durante ocho meses, te abre toda la cabeza." Para mí eso es un argumento a favor de la internación involuntaria.
Se daña la vida de una persona, como el caso del chico de la calle Laprida que jugaba la ruleta rusa y se voló los sesos por no saber que se usa un revolver y no una pistola. Ese chico debió ser impedido de jugar a la ruleta rusa. Las internaciones involuntarias salvan vidas...
Hubo un episodio en el que participé como consultante en el que estuvo involucrado del otro lado Diego Maradona, persona que no necesita más antecedentes. Él cursó ocho meses de abstinencia cuando el juez de Morón obligó a la Clínica del Parque, de Parque Leloir, a presentar informes semanales sobre los cuidados que se le prestaban, los progresos en el tratamiento y las personas a cargo. Cuando Diego salió dijo: "Es bárbaro esto de no tomar durante ocho meses, te abre toda la cabeza." Para mí eso es un argumento a favor de la internación involuntaria.
Se daña la vida de una persona, como el caso del chico de la calle Laprida que jugaba la ruleta rusa y se voló los sesos por no saber que se usa un revolver y no una pistola. Ese chico debió ser impedido de jugar a la ruleta rusa. Las internaciones involuntarias salvan vidas...
SRA. CONTI El juez que internó a Maradona no era un juez penal sino civil.
SR. PRESIDENTE FIAD Por favor, señora diputada: no interrumpa al expositor.
SR. GRIMSON La ley 23.727 se sancionó para juzgados federales y en cierto momento fue generalizada a los juzgados civiles...
SRA. CONTI No se aplicó el derecho penal.
SR. AMADEO No se puede intimidar al invitado de esta manera, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FIAD No estaban contempladas preguntas, sino que son exposiciones...
SR. BURYAILE Yo también tengo preguntas para formular, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FIAD De acuerdo. Entonces, habrá tiempo para que los diputados participen.
SR. GRIMSON Mi lema de trabajo es que no hay consumo de drogas que sea inocuo. No existe el consumo recreativo; los que creen que es recreativo son los que se refieren a que llenan los hospitales cuando las personas salen de los boliches de la costanera, donde se producen accidentes graves y muchas veces fatales.
Otro ejemplo es el de un chico que ganó en Mar del Plata un concurso de inyectarse tequila con una jeringa en la boca y no regurgitar. Así se tomó una botella entera en una noche, hizo un coma alcohólico y se murió.
No hay consumo que brinde más que una ilusión transitoria. Se consume porque pagamos una ilusión transitoria que nos brinda la droga y nos creemos mejores, más atractivos o más capaces de ganar en el deporte, como este jugador de fútbol que había tomado droga no una sola vez sino varias.
No hay camas públicas más allá de las 4.000 que proveen las ONGs. ¿Desde que está la ley de salud mental se ha hecho algo en respuesta esto? No, no hay camas suficientes. Yo, que me dedico a derivar gente a instituciones que internan, sé que siempre hay rechazos los fines de semana, y más aún los viernes, cuando todo el mundo está buscando una cama por todo Buenos Aires.
Finalmente, se debe insistir -y esto es función del Sedronar- en la capacitación sobre adicciones a los profesionales. Como médico, dediqué en mi carrera 25 minutos al estudio del alcoholismo, pero no supe de adicciones porque nadie me enseñó. No puede ser un conocimiento de especialistas, sino que el médico generalista debe saber de adicciones, y para eso tenemos que capacitar a todos los profesionales mediante el cambio en la currícula universitaria. (Aplausos.)
Otro ejemplo es el de un chico que ganó en Mar del Plata un concurso de inyectarse tequila con una jeringa en la boca y no regurgitar. Así se tomó una botella entera en una noche, hizo un coma alcohólico y se murió.
No hay consumo que brinde más que una ilusión transitoria. Se consume porque pagamos una ilusión transitoria que nos brinda la droga y nos creemos mejores, más atractivos o más capaces de ganar en el deporte, como este jugador de fútbol que había tomado droga no una sola vez sino varias.
No hay camas públicas más allá de las 4.000 que proveen las ONGs. ¿Desde que está la ley de salud mental se ha hecho algo en respuesta esto? No, no hay camas suficientes. Yo, que me dedico a derivar gente a instituciones que internan, sé que siempre hay rechazos los fines de semana, y más aún los viernes, cuando todo el mundo está buscando una cama por todo Buenos Aires.
Finalmente, se debe insistir -y esto es función del Sedronar- en la capacitación sobre adicciones a los profesionales. Como médico, dediqué en mi carrera 25 minutos al estudio del alcoholismo, pero no supe de adicciones porque nadie me enseñó. No puede ser un conocimiento de especialistas, sino que el médico generalista debe saber de adicciones, y para eso tenemos que capacitar a todos los profesionales mediante el cambio en la currícula universitaria. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Quiero hacer una aclaración. Todos los convocados han sido invitados a sugerencia de los señores diputados de las comisiones citadas. Así que creo que por respeto a cada uno de ellos tenemos que escucharnos todos y hacer el análisis que corresponda posteriormente. (Aplausos.)
Invitamos al licenciado Roberto Canay, director del Observatorio de Drogas de la Ciudad de Buenos Aires.
Invitamos al licenciado Roberto Canay, director del Observatorio de Drogas de la Ciudad de Buenos Aires.
SR. CANAY En primer lugar, quiero agradecer al diputado Mario Fiad y a su equipo por la invitación. Es muy auspicioso y positivo que tengamos esta posibilidad de debatir y escuchar voces tan disímiles.
No creo que sirva de ninguna manera criminalizar ni tampoco tratar al consumidor ni al adicto desde la Justicia penal, y en esto hay bastante consenso nacional e internacional. En estos días se generó en el debate cierta confusión en lo que hace a la utilización de algunos términos, sobre todo cuando se habla de descriminalización, despenalización y legalización. En ningún país miembro de Naciones Unidas se habla de legalización, aunque sí tenemos diferentes experiencias de descriminalización.
Generalmente, cuando hablamos de descriminalización nos estamos refiriendo de la opción de tratar preferentemente con herramientas administrativas lo que tiene que ver con el uso de sustancias y tenencia para consumo personal.
Se ha hablado también en estos días del caso de Portugal. Este país descriminalizó en 2001, producto de un proceso que comenzó en 1987. Portugal llegó a esa instancia pues venía un proceso bastante prolongado fortaleciendo todas las redes asistenciales que culminó en 2001 con la creación de las comisiones para la disuasión del uso de drogas.
Haciendo esta referencia al tema del proceso y del contexto a la hora de hablar de despenalización o descriminalización me parece muy importante ampliar la perspectiva y el debate, es decir tener en cuenta el contexto.
Respecto de las reformas que se han presentado, está claro que la mayor parte de los proyectos hace hincapié en el derecho individual referido en el artículo 19 de la Constitución, y es importante que eso esté presente. Pero, nuevamente, no nos debe hacer perder una perspectiva más amplia de un tema complejo y multidimensional.
En cuanto a la visión más amplia, es importante incorporar al debate la perspectiva de salud pública, que es un concepto que se ha utilizado en estos días de muchas maneras. Hay diferentes definiciones pero queda claro que salud pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la población. Aquí aparece un concepto muy importante, el de población, por lo que es importante pensar el problema desde una perspectiva poblacional.
El doctor Ramón Carrillo, secretario de Salud de Perón, siempre hablaba de salud pública destacando sobre todo la accesibilidad y equidad en los tratamientos y el fortalecimiento de todo lo que tenía que ver con la promoción de la salud.
Creo que en eso todavía tenemos unas deudas pendientes, aunque quiero destacar que sé que la gestión del doctor Bielsa y de Ignacio O'Donnel -con quien he trabajado mucho tiempo- está poniendo el acento en estos temas.
Para pensar el consumo de drogas desde una perspectiva poblacional, es importante dimensionar un poco. Según los últimos relevamientos epidemiológicos realizados por Presidencia de la Nación a través de Sedronar, en la Argentina el 0,8 por ciento de la población general consumió cocaína alguna vez en el último año, y el 3,2 por ciento de la población general consumió marihuana alguna vez en igual período. Estamos hablando del 0,8 y del 3,2 por ciento, o sea, de una porción muy pequeña. Y digo todo esto para que no perdamos de vista esos porcentajes en relación con la población.
Si tomamos el caso de la marihuana, de ese 3,2 por ciento menos de un 20 por ciento tiene síntomas de adicción, de acuerdo con lo que define como tal la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, me parece muy importante contemplar el derecho individual y el derecho a consumir de aquellas personas que nunca van a formar parte de ese 20 por ciento que tiene síntomas de adicción y que tal vez nunca necesiten tratamiento -o quizás algunos sí-.
Creo que es importante pensar en esto e incorporar en la discusión ese derecho individual, siempre y cuando no perdamos de vista la dimensión social.
También debemos tener en cuenta los derechos de aquellas personas que sí necesitan un tratamiento y, sobre todo, los del 70 por ciento de la población que nunca consumió y que nunca va a consumir alguna sustancia. Con esto me refiero, sobre todo, a fortalecer todo lo que tiene que ver con estrategias preventivas, y en el caso anterior, a fortalecer todo lo vinculado con tener una red asistencial robusta.
Lo más importante a tener en cuenta acá es el derecho de aquellas personas que nunca llegan a tratamiento por encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad. A veces están años buscando llegar de alguna manera a un tratamiento y nunca lo hacen.
De la misma manera, así como es necesario cuidar el derecho de aquellas personas que precisan tratamiento y que no llegan él, también debemos atender el de aquellas personas que llegan y a veces, como sucede en algunos casos, pasan en ese tratamiento más tiempo del necesario.
Me refiero, entonces, a que en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad es donde hay que fortalecer más el tema de la accesibilidad. Es importante fortalecer en este caso todos los tratamientos de abordaje comunitario y las estrategias de reducción de daño, pero basados en la evidencia.
Debemos pensar en cómo el Estado se acerca a trabajar en esto. Por ejemplo, se mencionó a los chicos que están en situación de calle con consumo de paco. Yo no sé si la mejor solución para esos casos es agarrar a un chico y llevarlo compulsivamente a un lugar de tratamiento, donde permanece unas horas y vuelve nuevamente a esa situación de calle.
Tenemos que pensar en cómo abordamos esta problemática con tratamientos comunitarios, teniendo en cuenta el más adecuado según el grado de complejidad. Es decir, tratar en primer lugar el problema de adicciones, pero considerando a su vez la situación de calle, donde el tema de adicciones es un problema más dentro de una complejidad mucho más amplia.
En este aspecto nos falta mucho por desarrollar y trabajar. En todo caso, lo que quiero destacar es que cuando hablamos de derechos tenemos que pensar en toda esta complejidad. Al pensar en los derechos de la población debemos incorporar la perspectiva de salud pública, y tenemos que pensar en todos a la vez.
Otro concepto que sonó mucho en estos días es el de la tolerancia social o las representaciones sociales en el sentido de que éstas no influyen en el consumo.
La verdad es que en este sentido no estoy de acuerdo para nada, sino habría que preguntar a la gente de las compañías cerveceras o a Coca Cola. La publicidad y el consumo trabajan sobre las representaciones sociales. Con lo cual, teniendo en claro que la tolerancia social es directamente proporcional a todo lo que tiene que ver con las problemáticas de consumo, tenemos que tener mucho cuidado en cómo comunicarnos. Tenemos que tener mucha responsabilidad con el mensaje que damos a la hora de tratar el tema.
Creo que en ese sentido me genera dudas el hecho de que sólo tratemos el tema de la despenalización o de la descriminalización, de que no se aborde todo lo demás y que luego se termine festejando.
Me preocupa el mensaje que puede dar la despenalización aunque, como dije en un principio, aclaro que de ninguna manera hay que criminalizar ni tratar con la Justicia penal al consumidor o al adicto.
Por último, si hablamos del sistema de salud, creo que es importante tener políticas de prevención específicas indicadas y basadas en evidencia. Para esto necesitamos fondos. A la mañana mencionaban la ley de salud mental y cómo adjudica un determinado porcentaje del presupuesto de salud a lo que tiene que ver con salud mental.
Creo que sería muy importante, y no lo vi en ninguno de los proyectos de reforma, que esto sea contemplado. O sea, que se contemple la situación presupuestaria sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto que tiene hoy la Sedronar.
Sería importante fortalecer ese presupuesto y poder avanzar en el trabajo articulado. Hoy en día en los diferentes ministerios de la Nación hay organismos o lugares que se ocupan de las adicciones. Por ejemplo, hay una dirección en Educación, una en Trabajo, también hay una nueva dirección de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud. Sería muy importante avanzar en la articulación y en el trabajo en conjunto de todos estos organismos.
Por otro lado, luego de escuchar varias exposiciones en estos dos días, a veces me parece que tenemos más acuerdos que disidencias. En esta mañana, la mayor parte de las exposiciones destacaron el tema de no criminalizar, de despenalizar y de fortalecer el sistema de salud. Me parece que esta oportunidad de tener una discusión y un debate profundo, escuchando a todas las voces, tiene que abrir la puerta para definir una política pública sobre el tema consensual para que haya una política pública que pueda ser sostenida en el tiempo, pero por sobre todo que pueda contemplar todos los derechos desde una perspectiva de salud pública.
Creo que si nos quedamos sólo en el tema de la discusión de la despenalización estamos perdiendo una perspectiva mucho más amplia y compleja que tiene el tema y que creo que amerita que entre todos lo pensemos para definir una política de Estado. (Aplausos.)
No creo que sirva de ninguna manera criminalizar ni tampoco tratar al consumidor ni al adicto desde la Justicia penal, y en esto hay bastante consenso nacional e internacional. En estos días se generó en el debate cierta confusión en lo que hace a la utilización de algunos términos, sobre todo cuando se habla de descriminalización, despenalización y legalización. En ningún país miembro de Naciones Unidas se habla de legalización, aunque sí tenemos diferentes experiencias de descriminalización.
Generalmente, cuando hablamos de descriminalización nos estamos refiriendo de la opción de tratar preferentemente con herramientas administrativas lo que tiene que ver con el uso de sustancias y tenencia para consumo personal.
Se ha hablado también en estos días del caso de Portugal. Este país descriminalizó en 2001, producto de un proceso que comenzó en 1987. Portugal llegó a esa instancia pues venía un proceso bastante prolongado fortaleciendo todas las redes asistenciales que culminó en 2001 con la creación de las comisiones para la disuasión del uso de drogas.
Haciendo esta referencia al tema del proceso y del contexto a la hora de hablar de despenalización o descriminalización me parece muy importante ampliar la perspectiva y el debate, es decir tener en cuenta el contexto.
Respecto de las reformas que se han presentado, está claro que la mayor parte de los proyectos hace hincapié en el derecho individual referido en el artículo 19 de la Constitución, y es importante que eso esté presente. Pero, nuevamente, no nos debe hacer perder una perspectiva más amplia de un tema complejo y multidimensional.
En cuanto a la visión más amplia, es importante incorporar al debate la perspectiva de salud pública, que es un concepto que se ha utilizado en estos días de muchas maneras. Hay diferentes definiciones pero queda claro que salud pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la población. Aquí aparece un concepto muy importante, el de población, por lo que es importante pensar el problema desde una perspectiva poblacional.
El doctor Ramón Carrillo, secretario de Salud de Perón, siempre hablaba de salud pública destacando sobre todo la accesibilidad y equidad en los tratamientos y el fortalecimiento de todo lo que tenía que ver con la promoción de la salud.
Creo que en eso todavía tenemos unas deudas pendientes, aunque quiero destacar que sé que la gestión del doctor Bielsa y de Ignacio O'Donnel -con quien he trabajado mucho tiempo- está poniendo el acento en estos temas.
Para pensar el consumo de drogas desde una perspectiva poblacional, es importante dimensionar un poco. Según los últimos relevamientos epidemiológicos realizados por Presidencia de la Nación a través de Sedronar, en la Argentina el 0,8 por ciento de la población general consumió cocaína alguna vez en el último año, y el 3,2 por ciento de la población general consumió marihuana alguna vez en igual período. Estamos hablando del 0,8 y del 3,2 por ciento, o sea, de una porción muy pequeña. Y digo todo esto para que no perdamos de vista esos porcentajes en relación con la población.
Si tomamos el caso de la marihuana, de ese 3,2 por ciento menos de un 20 por ciento tiene síntomas de adicción, de acuerdo con lo que define como tal la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, me parece muy importante contemplar el derecho individual y el derecho a consumir de aquellas personas que nunca van a formar parte de ese 20 por ciento que tiene síntomas de adicción y que tal vez nunca necesiten tratamiento -o quizás algunos sí-.
Creo que es importante pensar en esto e incorporar en la discusión ese derecho individual, siempre y cuando no perdamos de vista la dimensión social.
También debemos tener en cuenta los derechos de aquellas personas que sí necesitan un tratamiento y, sobre todo, los del 70 por ciento de la población que nunca consumió y que nunca va a consumir alguna sustancia. Con esto me refiero, sobre todo, a fortalecer todo lo que tiene que ver con estrategias preventivas, y en el caso anterior, a fortalecer todo lo vinculado con tener una red asistencial robusta.
Lo más importante a tener en cuenta acá es el derecho de aquellas personas que nunca llegan a tratamiento por encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad. A veces están años buscando llegar de alguna manera a un tratamiento y nunca lo hacen.
De la misma manera, así como es necesario cuidar el derecho de aquellas personas que precisan tratamiento y que no llegan él, también debemos atender el de aquellas personas que llegan y a veces, como sucede en algunos casos, pasan en ese tratamiento más tiempo del necesario.
Me refiero, entonces, a que en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad es donde hay que fortalecer más el tema de la accesibilidad. Es importante fortalecer en este caso todos los tratamientos de abordaje comunitario y las estrategias de reducción de daño, pero basados en la evidencia.
Debemos pensar en cómo el Estado se acerca a trabajar en esto. Por ejemplo, se mencionó a los chicos que están en situación de calle con consumo de paco. Yo no sé si la mejor solución para esos casos es agarrar a un chico y llevarlo compulsivamente a un lugar de tratamiento, donde permanece unas horas y vuelve nuevamente a esa situación de calle.
Tenemos que pensar en cómo abordamos esta problemática con tratamientos comunitarios, teniendo en cuenta el más adecuado según el grado de complejidad. Es decir, tratar en primer lugar el problema de adicciones, pero considerando a su vez la situación de calle, donde el tema de adicciones es un problema más dentro de una complejidad mucho más amplia.
En este aspecto nos falta mucho por desarrollar y trabajar. En todo caso, lo que quiero destacar es que cuando hablamos de derechos tenemos que pensar en toda esta complejidad. Al pensar en los derechos de la población debemos incorporar la perspectiva de salud pública, y tenemos que pensar en todos a la vez.
Otro concepto que sonó mucho en estos días es el de la tolerancia social o las representaciones sociales en el sentido de que éstas no influyen en el consumo.
La verdad es que en este sentido no estoy de acuerdo para nada, sino habría que preguntar a la gente de las compañías cerveceras o a Coca Cola. La publicidad y el consumo trabajan sobre las representaciones sociales. Con lo cual, teniendo en claro que la tolerancia social es directamente proporcional a todo lo que tiene que ver con las problemáticas de consumo, tenemos que tener mucho cuidado en cómo comunicarnos. Tenemos que tener mucha responsabilidad con el mensaje que damos a la hora de tratar el tema.
Creo que en ese sentido me genera dudas el hecho de que sólo tratemos el tema de la despenalización o de la descriminalización, de que no se aborde todo lo demás y que luego se termine festejando.
Me preocupa el mensaje que puede dar la despenalización aunque, como dije en un principio, aclaro que de ninguna manera hay que criminalizar ni tratar con la Justicia penal al consumidor o al adicto.
Por último, si hablamos del sistema de salud, creo que es importante tener políticas de prevención específicas indicadas y basadas en evidencia. Para esto necesitamos fondos. A la mañana mencionaban la ley de salud mental y cómo adjudica un determinado porcentaje del presupuesto de salud a lo que tiene que ver con salud mental.
Creo que sería muy importante, y no lo vi en ninguno de los proyectos de reforma, que esto sea contemplado. O sea, que se contemple la situación presupuestaria sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto que tiene hoy la Sedronar.
Sería importante fortalecer ese presupuesto y poder avanzar en el trabajo articulado. Hoy en día en los diferentes ministerios de la Nación hay organismos o lugares que se ocupan de las adicciones. Por ejemplo, hay una dirección en Educación, una en Trabajo, también hay una nueva dirección de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud. Sería muy importante avanzar en la articulación y en el trabajo en conjunto de todos estos organismos.
Por otro lado, luego de escuchar varias exposiciones en estos dos días, a veces me parece que tenemos más acuerdos que disidencias. En esta mañana, la mayor parte de las exposiciones destacaron el tema de no criminalizar, de despenalizar y de fortalecer el sistema de salud. Me parece que esta oportunidad de tener una discusión y un debate profundo, escuchando a todas las voces, tiene que abrir la puerta para definir una política pública sobre el tema consensual para que haya una política pública que pueda ser sostenida en el tiempo, pero por sobre todo que pueda contemplar todos los derechos desde una perspectiva de salud pública.
Creo que si nos quedamos sólo en el tema de la discusión de la despenalización estamos perdiendo una perspectiva mucho más amplia y compleja que tiene el tema y que creo que amerita que entre todos lo pensemos para definir una política de Estado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD A continuación, hará uso de la palabra Eugenio Burzaco, licenciado en Ciencias Políticas, Máster en Políticas Públicas, ex jefe de la Policía Metropolitana, presidente de Fundar, Justicia y Seguridad y ex diputado nacional.
Tiene la palabra el señor Burzaco.
Tiene la palabra el señor Burzaco.
SR. BURZACO Buenos días a todos.
Quiero agradecer a ambos presidentes de comisión por la invitación que me cursaran, a todos los diputados presentes por compartir este momento y por dejarme plantear mi posición sobre este asunto.
Mi postura es contraria a la despenalización y voy a tratar de explicar las razones por las cuales la planteo. Tengo que arrancar explicando el contexto en el cual se está dando este nuevo cambio o este nuevo intento de cambiar el marco legislativo. Recuerdo haber pertenecido a esta comisión, haber sido autoridad inclusive. Estos debates vienen desde hace tiempo.
Mi idea es terminar con la pena de prisión para consumidores. Por más que se apliquen poco, creo que es un error tratar a una persona enferma privándola de su libertad. El proyecto de ley se extiende sobremanera en otros aspectos que a mi entender van a ser nocivos para el país y para su juventud.
La Argentina ha cambiado su marco histórico en relación con el narcotráfico. No es más un país de tránsito donde la droga entra y va para otros lugares, sino que es productor.
Como jefe de la Policía Metropolitana me ha tocado ver laboratorios de cocaína que en su última etapa de elaboración trabajan con niveles de sofisticación bastante significativos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires. Es un error minimizar el problema o decir que esto es sólo droga que pasa y se va.
Los niveles de consumo también son alarmantes. La encuesta anual de las Naciones Unidas nos ubica como país líder en consumo per cápita en América Latina, tanto en cocaína como marihuana, por lo cual partimos de un umbral de consumo preocupante.
Otra cuestión fundamental es que este proyecto está claramente quitando las actuaciones del ámbito de la Justicia penal y trasladando buena parte de la responsabilidad al sistema de salud -que en el caso de los adictos es lo correcto-, pero este dispositivo está lejos de poder dar respuestas a esta problemática creciente.
El doctor Grimson habló sobre cifras básicas; aun la ciudad de Buenos Aires, que tiene el sistema de salud más comprehensivo y complejo de todo el país, no da abasto a la cantidad de problemáticas que surgen semana tras semana en relación con la problemática de adicciones. Tenemos que pensar que esta decisión no es fácil y no va a tener impacto en el futuro cercano.
¿Por qué creo que la despenalización es un error en este contexto? Primero, me preocupa el efecto que pueda tener sobre los niveles de consumo. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay tres variables importantes que afectan los niveles de consumo de estupefacientes: la disponibilidad en término de cantidad y precio de drogas; el nivel de aceptación social de la comunidad respecto de su consumo, y por último la psiquis y el entorno social y familiar del consumidor.
Es evidente por mucha evidencia empírica que decirle a la gente que drogarse no está mal, es decir, bajar el aspecto punitorio, va a dar un metamensaje y bajará el umbral de riesgo de consumo.
Podemos hablar desde las estadísticas anteriores y posteriores a la ley seca y otros parámetros en el mundo sobre situaciones similares.
También es obvio que la droga va a estar más accesible a nuestros jóvenes, porque al bajarse la punibilidad sobre las cantidades menores -de lo que estamos hablando hoy-, va a disminuir el precio en la calle. La droga va a estar más accesible a nuestros jóvenes y será más fácil conseguirla. Por lo tanto, dos de estos tres principios que menciona la Organización Mundial de la Salud se verán violentados.
Los niveles de la Argentina ya no se ubican en situaciones similares a los de los principales consumidores del mundo como España, Estados Unidos y demás. Estos niveles de prevalencia de drogas ilegales así y todo son infinitamente inferiores a los de las drogas legales, es decir el tabaco y el alcohol. Cuando se está abriendo el debate de la legalización sepamos hacia dónde vamos y cuáles serán los impactos de generar un marco de aceptabilidad sobre el consumo de drogas.
El gran argumento detrás de esta decisión es la violación al artículo 19 de la Constitución Nacional, que creo que es válido aunque hay que debatirlo a fondo. Consumir estupefacientes no es una táctica privada que no tiene impacto social o que no tiene externalidades ni afecta a terceros inocentes. No es solamente una cuestión de que me drogo y hago lo que quiero con mi vida, sino que estoy afectando a terceros inocentes. Se vieron imágenes en estos días de una persona canibalizando a otra por tener una sobredosis de cocaína, y también me tocó en la función pública ver accidentes de tránsito y situaciones de violencia por personas afectadas por síndrome de abstinencia.
Hablemos con las Madres del Paco, vayamos a los centros de internados y conozcamos el impacto que tiene el consumo de drogas sobre estas personas, que dañan su vida y la de terceros inocentes, empezando por sus familias y siguiendo por otros ciudadanos que nada tienen que ver con el asunto.
Por otra parte, ya hay numerosos fallos en la Argentina por los cuales se circunscribe o se limita la libertad individual de las personas en función de un bien público superior, como la salud o la seguridad. Algunos ejemplos son muy simples, como el uso de cinturones de seguridad, o los controles sobre la tenencia y portación ilegal de armas.
Si hago lo que quiero en mi faz privada y no afecto a los demás, ¿por qué voy a prohibirlo a la gente? Porque el pacto social de la salud y la seguridad de los demás es tan grande que evidentemente se decidió restringir algunos aspectos de la libertad individual en función de ello.
Respecto de la libertad individual, los estudios científicos demuestran fehacientemente que el consumir estupefacientes afecta el cerebro humano y, por ende, la voluntad de las personas. Afecta la corteza cerebral, afecta la sinapsis de las neuronas y afecta el lóbulo frontal del cerebro, donde operan los límites inhibitorios de las personas. Para ejercer esas libertades, las personas tieneN que tener conciencia, voluntad y libertad. Entonces entiendo que no es lo mismo que una persona fume cigarrillos, porque ella es consciente de que se está matando pero decide hacerlo igual.
Esto me lleva al meollo de la cuestión, que es el tema de prisión para consumidores y adictos, que ha sido el elemento disonante que ha generado el debate de fondo. No está bien penar con prisión a personas que tienen problemas de salud. No ayuda; es más, no cumple con la manda constitucional de la intención de resocializar a una persona que potencialmente hubiera cometido un delito.
Se mencionaron las experiencias de Portugal, España y otros países que han avanzado correctamente en la descriminalización. Ahora, esto no quiere decir que se deba sacar la intervención judicial sobre la problemática. En Portugal, donde se creó una comisión de paralización y el uso de las drogas, el 90 por ciento de los casos se reencauza dentro del sistema de salud y educativo, pero en el 10 por ciento restante se aplican sanciones o se vuelve al sistema penal. Por lo tanto, esa problemática requiere de un seguimiento judicial posterior.
Lo mismo sucede en España o en Italia, donde también se establecen mecanismos educativos y de salud para dar seguimiento a los consumidores, ya sean permanentes, adictos o experimentadores -como se suele llamar, aunque no me gusta mucho la palabra-. Aun en esos casos la intervención judicial permanece, y si la persona consume en la vía pública, se pueden aplicar penas privativas de la libertad.
No es blanco y negro, como se está proponiendo en este debate, donde estamos intentando sacar la intervención del sistema judicial y delegando todo en el sistema de salud o en un juez civil, como si eso fuera la solución.
Hablaré también del tráfico minorista y de los umbrales, pero se habla poco sobre el impacto en los costos y el acceso a la salud. Hay un muy buen informe del Sedronar publicado en 2010 sobre los costos de salud causados por el tráfico y el consumo con los niveles de prevalencia de hoy. Imaginemos lo que serán a futuro.
También tenemos experiencias de países que han experimentado esto hace muchos años, como el caso holandés, que despenalizó el consumo de la marihuana y hachís, aunque luego se limitó solamente a la marihuana. En nuestro caso se está considerando la despenalización del consumo de todos los estupefacientes. Pero Holanda después de treinta años de política pudo sacar conclusiones muy positivas.
Una de las conclusiones que se mencionaron acá, y que resulta interesante, es que se pudieron dedicar más recursos a la lucha contra el narcotráfico y a la prevención de las adicciones, lo cual creo que es loable. Es un buen logro.
En el caso de Holanda, si bien aumentaron los niveles de consumo, no superaron los niveles de prevalencia del resto de los países europeos. Pero también hubo tres efectos negativos claros. El primero es que aumentaron las cantidades de delitos cometidos por personas bajo los efectos de las drogas. Digámosle a la gente que esto puede llegar a pasar.
En segundo lugar, el país se llenó de un turismo de adicciones que lo afectó seriamente, a tal punto que este año han prohibido la venta de marihuana a personas que no tengan un certificado de residencia en las ciudades donde se consumen estas sustancias.
En tercer lugar, restringieron el consumo en la vía pública; hoy solamente se puede consumir en los locales que ellos llaman coffee shops o drugstores. Es decir que dejaron de lado el consumo generalizado en la vía pública que había al principio y lo restringieron al ámbito privado o a lugares determinados. Además, debido a que hoy en día la concentración de THC que tiene la marihuana es mucho mayor, empezaron a reducir las cantidades que se pueden vender a cada individuo.
Con el permiso de la Presidencia, voy a pedir cinco minutos más porque he visto que otros oradores se han extendido.
Quiero agradecer a ambos presidentes de comisión por la invitación que me cursaran, a todos los diputados presentes por compartir este momento y por dejarme plantear mi posición sobre este asunto.
Mi postura es contraria a la despenalización y voy a tratar de explicar las razones por las cuales la planteo. Tengo que arrancar explicando el contexto en el cual se está dando este nuevo cambio o este nuevo intento de cambiar el marco legislativo. Recuerdo haber pertenecido a esta comisión, haber sido autoridad inclusive. Estos debates vienen desde hace tiempo.
Mi idea es terminar con la pena de prisión para consumidores. Por más que se apliquen poco, creo que es un error tratar a una persona enferma privándola de su libertad. El proyecto de ley se extiende sobremanera en otros aspectos que a mi entender van a ser nocivos para el país y para su juventud.
La Argentina ha cambiado su marco histórico en relación con el narcotráfico. No es más un país de tránsito donde la droga entra y va para otros lugares, sino que es productor.
Como jefe de la Policía Metropolitana me ha tocado ver laboratorios de cocaína que en su última etapa de elaboración trabajan con niveles de sofisticación bastante significativos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires. Es un error minimizar el problema o decir que esto es sólo droga que pasa y se va.
Los niveles de consumo también son alarmantes. La encuesta anual de las Naciones Unidas nos ubica como país líder en consumo per cápita en América Latina, tanto en cocaína como marihuana, por lo cual partimos de un umbral de consumo preocupante.
Otra cuestión fundamental es que este proyecto está claramente quitando las actuaciones del ámbito de la Justicia penal y trasladando buena parte de la responsabilidad al sistema de salud -que en el caso de los adictos es lo correcto-, pero este dispositivo está lejos de poder dar respuestas a esta problemática creciente.
El doctor Grimson habló sobre cifras básicas; aun la ciudad de Buenos Aires, que tiene el sistema de salud más comprehensivo y complejo de todo el país, no da abasto a la cantidad de problemáticas que surgen semana tras semana en relación con la problemática de adicciones. Tenemos que pensar que esta decisión no es fácil y no va a tener impacto en el futuro cercano.
¿Por qué creo que la despenalización es un error en este contexto? Primero, me preocupa el efecto que pueda tener sobre los niveles de consumo. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay tres variables importantes que afectan los niveles de consumo de estupefacientes: la disponibilidad en término de cantidad y precio de drogas; el nivel de aceptación social de la comunidad respecto de su consumo, y por último la psiquis y el entorno social y familiar del consumidor.
Es evidente por mucha evidencia empírica que decirle a la gente que drogarse no está mal, es decir, bajar el aspecto punitorio, va a dar un metamensaje y bajará el umbral de riesgo de consumo.
Podemos hablar desde las estadísticas anteriores y posteriores a la ley seca y otros parámetros en el mundo sobre situaciones similares.
También es obvio que la droga va a estar más accesible a nuestros jóvenes, porque al bajarse la punibilidad sobre las cantidades menores -de lo que estamos hablando hoy-, va a disminuir el precio en la calle. La droga va a estar más accesible a nuestros jóvenes y será más fácil conseguirla. Por lo tanto, dos de estos tres principios que menciona la Organización Mundial de la Salud se verán violentados.
Los niveles de la Argentina ya no se ubican en situaciones similares a los de los principales consumidores del mundo como España, Estados Unidos y demás. Estos niveles de prevalencia de drogas ilegales así y todo son infinitamente inferiores a los de las drogas legales, es decir el tabaco y el alcohol. Cuando se está abriendo el debate de la legalización sepamos hacia dónde vamos y cuáles serán los impactos de generar un marco de aceptabilidad sobre el consumo de drogas.
El gran argumento detrás de esta decisión es la violación al artículo 19 de la Constitución Nacional, que creo que es válido aunque hay que debatirlo a fondo. Consumir estupefacientes no es una táctica privada que no tiene impacto social o que no tiene externalidades ni afecta a terceros inocentes. No es solamente una cuestión de que me drogo y hago lo que quiero con mi vida, sino que estoy afectando a terceros inocentes. Se vieron imágenes en estos días de una persona canibalizando a otra por tener una sobredosis de cocaína, y también me tocó en la función pública ver accidentes de tránsito y situaciones de violencia por personas afectadas por síndrome de abstinencia.
Hablemos con las Madres del Paco, vayamos a los centros de internados y conozcamos el impacto que tiene el consumo de drogas sobre estas personas, que dañan su vida y la de terceros inocentes, empezando por sus familias y siguiendo por otros ciudadanos que nada tienen que ver con el asunto.
Por otra parte, ya hay numerosos fallos en la Argentina por los cuales se circunscribe o se limita la libertad individual de las personas en función de un bien público superior, como la salud o la seguridad. Algunos ejemplos son muy simples, como el uso de cinturones de seguridad, o los controles sobre la tenencia y portación ilegal de armas.
Si hago lo que quiero en mi faz privada y no afecto a los demás, ¿por qué voy a prohibirlo a la gente? Porque el pacto social de la salud y la seguridad de los demás es tan grande que evidentemente se decidió restringir algunos aspectos de la libertad individual en función de ello.
Respecto de la libertad individual, los estudios científicos demuestran fehacientemente que el consumir estupefacientes afecta el cerebro humano y, por ende, la voluntad de las personas. Afecta la corteza cerebral, afecta la sinapsis de las neuronas y afecta el lóbulo frontal del cerebro, donde operan los límites inhibitorios de las personas. Para ejercer esas libertades, las personas tieneN que tener conciencia, voluntad y libertad. Entonces entiendo que no es lo mismo que una persona fume cigarrillos, porque ella es consciente de que se está matando pero decide hacerlo igual.
Esto me lleva al meollo de la cuestión, que es el tema de prisión para consumidores y adictos, que ha sido el elemento disonante que ha generado el debate de fondo. No está bien penar con prisión a personas que tienen problemas de salud. No ayuda; es más, no cumple con la manda constitucional de la intención de resocializar a una persona que potencialmente hubiera cometido un delito.
Se mencionaron las experiencias de Portugal, España y otros países que han avanzado correctamente en la descriminalización. Ahora, esto no quiere decir que se deba sacar la intervención judicial sobre la problemática. En Portugal, donde se creó una comisión de paralización y el uso de las drogas, el 90 por ciento de los casos se reencauza dentro del sistema de salud y educativo, pero en el 10 por ciento restante se aplican sanciones o se vuelve al sistema penal. Por lo tanto, esa problemática requiere de un seguimiento judicial posterior.
Lo mismo sucede en España o en Italia, donde también se establecen mecanismos educativos y de salud para dar seguimiento a los consumidores, ya sean permanentes, adictos o experimentadores -como se suele llamar, aunque no me gusta mucho la palabra-. Aun en esos casos la intervención judicial permanece, y si la persona consume en la vía pública, se pueden aplicar penas privativas de la libertad.
No es blanco y negro, como se está proponiendo en este debate, donde estamos intentando sacar la intervención del sistema judicial y delegando todo en el sistema de salud o en un juez civil, como si eso fuera la solución.
Hablaré también del tráfico minorista y de los umbrales, pero se habla poco sobre el impacto en los costos y el acceso a la salud. Hay un muy buen informe del Sedronar publicado en 2010 sobre los costos de salud causados por el tráfico y el consumo con los niveles de prevalencia de hoy. Imaginemos lo que serán a futuro.
También tenemos experiencias de países que han experimentado esto hace muchos años, como el caso holandés, que despenalizó el consumo de la marihuana y hachís, aunque luego se limitó solamente a la marihuana. En nuestro caso se está considerando la despenalización del consumo de todos los estupefacientes. Pero Holanda después de treinta años de política pudo sacar conclusiones muy positivas.
Una de las conclusiones que se mencionaron acá, y que resulta interesante, es que se pudieron dedicar más recursos a la lucha contra el narcotráfico y a la prevención de las adicciones, lo cual creo que es loable. Es un buen logro.
En el caso de Holanda, si bien aumentaron los niveles de consumo, no superaron los niveles de prevalencia del resto de los países europeos. Pero también hubo tres efectos negativos claros. El primero es que aumentaron las cantidades de delitos cometidos por personas bajo los efectos de las drogas. Digámosle a la gente que esto puede llegar a pasar.
En segundo lugar, el país se llenó de un turismo de adicciones que lo afectó seriamente, a tal punto que este año han prohibido la venta de marihuana a personas que no tengan un certificado de residencia en las ciudades donde se consumen estas sustancias.
En tercer lugar, restringieron el consumo en la vía pública; hoy solamente se puede consumir en los locales que ellos llaman coffee shops o drugstores. Es decir que dejaron de lado el consumo generalizado en la vía pública que había al principio y lo restringieron al ámbito privado o a lugares determinados. Además, debido a que hoy en día la concentración de THC que tiene la marihuana es mucho mayor, empezaron a reducir las cantidades que se pueden vender a cada individuo.
Con el permiso de la Presidencia, voy a pedir cinco minutos más porque he visto que otros oradores se han extendido.
SR. PRESIDENTE FIAD Vamos a pedirle que sea lo más breve posible. Estamos siendo muy estrictos con el tiempo.
SR. BURZACO De acuerdo, señor presidente.
Creo que estas experiencias en el mundo, en países altamente desarrollados, con buenos sistemas de salud y demás, nos permiten dilucidar cuáles pueden ser los impactos potenciales de tomarse estas medidas en nuestro país, y lo cierto que no son inocuas. No es que no pasa nada y que de un día para el otro vamos a tener un sistema más habilitado para tratar esta problemática.
El siguiente problema serio que existe es el referido al acceso a la salud. Hoy, querámoslo o no -y esto también lo he visto en la función pública siendo jefe de la policía- la única posibilidad que tienen muchos jóvenes pobres de acceder a un tratamiento para rehabilitarse de su problemática de adicciones es mediante la intervención de un juez. Esto es una realidad.
Me parece que no estamos previendo esta situación a futuro cuando quitemos esa potestad a los jueces. Si directamente quitamos la intervención de la Justicia penal tendremos que ver cómo tratamos a estos jóvenes que se caen, que están postrados en la vía pública. Estas son situaciones dramáticas, terribles, y les recomiendo que las observen.
No creo que se trate sólo de un problema de salud mental vinculado con la voluntad de la persona. Creo que es un problema más grave y abarcativo.
Una persona que trabaja sobre esta problemática en el día a día, como el padre Pepe, lo dijo claramente. Si quieren, les repito la frase que él mismo mencionó: "Tendríamos que preguntarnos si en este contexto de pobreza y marginalidad en que viven los niños y jóvenes en villas y barriadas pobres se puede hablar de libertad de elección en el consumidor. Habría que preguntarse si no estamos agregando a la vida de estos hermanos más pobres un problema que después no vamos a ayudar a resolver." Al respecto, yo me hago la misma pregunta.
El último tema -y con esto voy a terminar para no complicar los tiempos de la reunión-, es el de los umbrales de consumo y la venta minorista.
A mí me preocupa que no estemos determinando cuál va a ser la cantidad de consumo permitida, qué se va a considerar tenencia personal y qué se va a considerar tráfico. El tipo penal queda abierto, entonces después nos tendremos que topar con interpretaciones de jueces o, por ejemplo, con una persona que tiene un kilo de cocaína y que dice: "Yo soy un consumidor recurrente, me voy un año de vacaciones y quiero tener un kilo de cocaína porque eso es lo que consumo en un año."
Creo que los tipos penales abiertos -en esto muchos penalistas van a coincidir- son peligrosos, y más en este caso. Además, quienes les venden la droga a los chicos, a nuestros hijos, no la venden por kilo sino de a gramos. De a pocos gramos la ofrecen en los quioscos, en los boliches, cerca de las escuelas.
No veo en la norma la misma severidad para penar a ese último umbral de la cadena, que es tan pernicioso como el primero. Esto lamentablemente me da una enorme bronca; lo hemos visto en muchos casos en operativos y demás. Ellos están ahí, saben perfectamente cuáles son los límites y cómo burlarlos. Claramente vamos a facilitarles las cosas de esta manera.
Evidentemente, tenemos que avanzar en un proyecto de ley que quite la pena de prisión a aquellas personas que tengan droga para consumo personal. Ya eso ha quedado sentado en un fallo de la Corte, como se ha mencionado antes. Pero claramente me parece que es un error quitar esta actuación del sistema penal, y más errado todavía es lo que están marcando algunos proyectos que bajan los umbrales de pena cuando se trata de tráfico, tránsito y demás, en lo que llamamos eslabones intermedios.
Debemos mirar con mucho cuidado la baja de los umbrales de riesgo y la afectación de los niveles de consumo en un país donde ya son sumamente elevados. No tenemos que seguir mirando para otro lado en temas que son tan o más cruciales, y la verdad es que si bien no se tratan en este proyecto de ley el Estado viene haciendo poco y nada.
Son asuntos que generan parte de este problema, que siguen sin analizarse; hoy tenemos gendarmes y prefectos en el centro de las ciudades abandonando las fronteras, donde deberían estar cuidando que las drogas no entren. Tenemos una enorme inoperancia en la lucha contra el narcotráfico.
Evidentemente, si tenemos mayores facilidades y más acceso a las drogas de parte de nuestros jóvenes, no estamos generando para ellos un futuro mejor, sino por el contrario, estamos generando un futuro con más dependencia, con más peligro y con elementos que atentan contra su vida, su bienestar y el de terceros que no consumen drogas. (Aplausos.)
Creo que estas experiencias en el mundo, en países altamente desarrollados, con buenos sistemas de salud y demás, nos permiten dilucidar cuáles pueden ser los impactos potenciales de tomarse estas medidas en nuestro país, y lo cierto que no son inocuas. No es que no pasa nada y que de un día para el otro vamos a tener un sistema más habilitado para tratar esta problemática.
El siguiente problema serio que existe es el referido al acceso a la salud. Hoy, querámoslo o no -y esto también lo he visto en la función pública siendo jefe de la policía- la única posibilidad que tienen muchos jóvenes pobres de acceder a un tratamiento para rehabilitarse de su problemática de adicciones es mediante la intervención de un juez. Esto es una realidad.
Me parece que no estamos previendo esta situación a futuro cuando quitemos esa potestad a los jueces. Si directamente quitamos la intervención de la Justicia penal tendremos que ver cómo tratamos a estos jóvenes que se caen, que están postrados en la vía pública. Estas son situaciones dramáticas, terribles, y les recomiendo que las observen.
No creo que se trate sólo de un problema de salud mental vinculado con la voluntad de la persona. Creo que es un problema más grave y abarcativo.
Una persona que trabaja sobre esta problemática en el día a día, como el padre Pepe, lo dijo claramente. Si quieren, les repito la frase que él mismo mencionó: "Tendríamos que preguntarnos si en este contexto de pobreza y marginalidad en que viven los niños y jóvenes en villas y barriadas pobres se puede hablar de libertad de elección en el consumidor. Habría que preguntarse si no estamos agregando a la vida de estos hermanos más pobres un problema que después no vamos a ayudar a resolver." Al respecto, yo me hago la misma pregunta.
El último tema -y con esto voy a terminar para no complicar los tiempos de la reunión-, es el de los umbrales de consumo y la venta minorista.
A mí me preocupa que no estemos determinando cuál va a ser la cantidad de consumo permitida, qué se va a considerar tenencia personal y qué se va a considerar tráfico. El tipo penal queda abierto, entonces después nos tendremos que topar con interpretaciones de jueces o, por ejemplo, con una persona que tiene un kilo de cocaína y que dice: "Yo soy un consumidor recurrente, me voy un año de vacaciones y quiero tener un kilo de cocaína porque eso es lo que consumo en un año."
Creo que los tipos penales abiertos -en esto muchos penalistas van a coincidir- son peligrosos, y más en este caso. Además, quienes les venden la droga a los chicos, a nuestros hijos, no la venden por kilo sino de a gramos. De a pocos gramos la ofrecen en los quioscos, en los boliches, cerca de las escuelas.
No veo en la norma la misma severidad para penar a ese último umbral de la cadena, que es tan pernicioso como el primero. Esto lamentablemente me da una enorme bronca; lo hemos visto en muchos casos en operativos y demás. Ellos están ahí, saben perfectamente cuáles son los límites y cómo burlarlos. Claramente vamos a facilitarles las cosas de esta manera.
Evidentemente, tenemos que avanzar en un proyecto de ley que quite la pena de prisión a aquellas personas que tengan droga para consumo personal. Ya eso ha quedado sentado en un fallo de la Corte, como se ha mencionado antes. Pero claramente me parece que es un error quitar esta actuación del sistema penal, y más errado todavía es lo que están marcando algunos proyectos que bajan los umbrales de pena cuando se trata de tráfico, tránsito y demás, en lo que llamamos eslabones intermedios.
Debemos mirar con mucho cuidado la baja de los umbrales de riesgo y la afectación de los niveles de consumo en un país donde ya son sumamente elevados. No tenemos que seguir mirando para otro lado en temas que son tan o más cruciales, y la verdad es que si bien no se tratan en este proyecto de ley el Estado viene haciendo poco y nada.
Son asuntos que generan parte de este problema, que siguen sin analizarse; hoy tenemos gendarmes y prefectos en el centro de las ciudades abandonando las fronteras, donde deberían estar cuidando que las drogas no entren. Tenemos una enorme inoperancia en la lucha contra el narcotráfico.
Evidentemente, si tenemos mayores facilidades y más acceso a las drogas de parte de nuestros jóvenes, no estamos generando para ellos un futuro mejor, sino por el contrario, estamos generando un futuro con más dependencia, con más peligro y con elementos que atentan contra su vida, su bienestar y el de terceros que no consumen drogas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD A continuación, hará uso de la palabra el señor Marcelo Toyos, representante de APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina.
Tiene la palabra el señor Toyos.
Tiene la palabra el señor Toyos.
SR. TOYOS Señor presidente: es un gusto para mí y para los colegas con los que hemos trabajado para hacer esta presentación estar en este lugar tan importante, donde por primera vez me hago presente.
Quiero agradecer al equipo y al señor diputado Fiad, dado que estamos aquí por intermedio de ellos. Es un gusto poder colaborar con el debate y espero poder aportar algo en temas tan importantes como los que se tratan con este proyecto y con otros que se vienen tratando creo que en forma bastante conexas con éste en los últimos tiempos en el Parlamento.
Cuando comenzamos a pensar el tema, que nos resulta difícil porque tratamos de transmitir algo de lo que el psicoanálisis puede aportar a dilucidar esta cuestión bien compleja, se nos ocurrió primero hacer una especie de tripartición y pensar cómo nos interroga estos como ciudadanos. Quizá, luego en el marco de la salud mental, y después, si se puede, en lo más específico que es lo que más conocemos que es el psicoanálisis.
Desde el punto de vista más abarcativo creo que nuestra exposición va a ser bastante general. Nos parece adecuado no penalizar la tenencia de semillas, plantas o sustancias utilizadas para el consumo personal -estoy leyendo el material con el que nos hemos juntado para hacer esta presentación-. Lo que se dijo en relación con el artículo 19 de la Constitución nacional y las acciones privadas nos parece muy importante. Es muy interesante lo que hemos leído en alguno de los proyectos, donde se hace la salvedad de que las acciones privadas no deben perjudicar a terceros y aún cuando impliquen autolesión. Este concepto me parece muy importante porque la actividad humana no está exenta de la autolesión en ninguno de los sectores y tampoco, por supuesto, en el uso de sustancias.
Coincidimos con la propuesta ideológica de no criminalizar y de no revictimizar al consumidor, orientando la acción penal hacia el tráfico y la producción de sustancias consideradas ilegales, y no hacia el consumidor.
No coincidimos con la punibilidad con fines preventivos que vulnera el principio de dignidad del hombre y se basa en una supuesta teorías de defensa social orientadas siempre a la segregación y a la persecución de sujetos potenciales productores de conductas delictivas.
Desde el punto de vista abarcativo de la salud mental, uno de los aportes que hace el manual de diagnóstico de tratamiento de las enfermedades mentales, que lo criticamos tanto en otros puntos, creo que acierta en este caso al hablar de sustancias y no de drogas. Entiendo que es un cambio terminológico interesante en la medida en que no se consideraría droga a un psicofármaco recetado por un psiquiatra, que es una droga de abuso y figura en el mismo manual junto con la cocaína, la marihuana, los inhalantes, etcétera, o sea las mismas drogas consideradas legales por las autoridades sanitarias.
Respecto de los tratamientos por imposición, que son los que se hacen con la legislación actual, nos parecen totalmente inconducentes. En general, hay una interferencia muy seria en la posibilidad de establecer un dispositivo psicoterapéutico cuando un paciente adicto es enviado por el juez para ser tratado. Esto implica una presencia perturbadora, un tercero que incide casi siempre negativamente en lo que puede ser armar un dispositivo de tratamiento pues los tratamientos suelen ser una pena encubierta, lo cual nos trae muchas dificultades para trabajar psicoterapéuticamente, y se cae en el uso de psicofármacos con lo engorroso que es esto en alguien que a la vez consume sustancias.
Es sumamente importante el marco regulatorio que provea la ley de salud mental y un programa nacional de asistencia en donde se contemple centralmente la posibilidad de la atención de estos pacientes. Cuando se ha avanzado considerablemente en las libertades individuales respecto del uso del cuerpo propio y de las condiciones del goce personal salvaguardando el daño a terceras personas -leyes de identidad de género y muerte digna, entre otras- resulta contradictorio mantener restricciones y penalidades sobre elecciones de consumo de determinadas sustancias. Este es un concepto muy importante dado que se está avanzando tanto en el uso del cuerpo propio en otros sentidos, que implica incluso la modificación de la anatomía, por lo que es muy contradictorio penalizar o considerar delictivo el consumo de una sustancia.
También es muy importante deslindar las intervenciones punitivas de las asistenciales. Esta división tiene que estar bien clara.
Una psicoanalista francesa escribió hace más de treinta años uno de los mejores libros que existen sobre psicoanálisis y toxicomanía y cuando esto no estaba todavía en debate reparó sobre la contradicción cuando el juez le tiene que estar preguntando permanentemente al médico acerca de la legitimidad de aplicar la ley a determinado caso. Ella marcaba ahí una dificultad que tiene que ver bastante con esto, donde se está tratando de correr la ley de lo que es el tratamiento de un enfermo.
Hay un desplazamiento muy fuerte del eje de la penalización y judicialización hacia la creación de sistemas de asistencia y reinserción, programas de prevención, donde la educación que tiene que ser central, y no soy original en esto, pasando al ámbito de las planificaciones de acciones sanitarias el tratamiento de las adicciones.
El último punto es cómo nos interroga como psicoanalistas este tema y qué correspondencias hay con estas reflexiones más generales que acabo de hacer. Una cuestión básica es que el sujeto humano no tiene un objeto fijo de satisfacción de ninguna de sus necesidades. A diferencia de los animales, donde lo que regula su conducta es el instinto, el ser humano está totalmente fracturado por su inserción cultural y lo que nos puede satisfacer puede ser en principio cualquier cosa, ninguno objeto específico. Esto es una característica general; que un sujeto tenga centralizada su forma de gozar y adquirir satisfacción en una sustancia puede ser un problema como cualquier conducta repetitiva compulsiva, pero no es nada original.
En cierto sentido, todos tenemos desde este punto de vista algún tipo de conducta adictiva. Hablar de personalidad adictiva no es una cosa demasiado conducente porque concurren muchísimos factores, aparte del psicológico, a la fabricación de un adicto.
La ley me parece fundamental. El adicto es visto casi siempre como un trasgresor a la ley, aunque tampoco es original, porque trasgresores a la ley podemos serlo todos a distintos niveles, y sin embargo se cargan las tintas en determinados supuestos.
El adicto se somete a una ley de las más crueles, que es la ley de la droga, es decir que el problema del adicto con la ley es haber tenido algunas dificultades para poder instaurar una regulación de sus acciones, y para eso se somete a la dictadura de una sustancia que termina convirtiéndolo en víctima.
Me parece que despenalizar el consumo de sustancias no creo que sea descomprometer a la ley y a los espacios institucionales que se encargan de regularla del trabajo con este sector de la población. Por el contrario, creo que obliga a que la ley sea más coherente, se aplique donde se tiene que aplicar y que no se vuelva a repetir. Si lo miramos desde el adicto, existe una falla ante el fracaso de encontrarse con representantes de la ley, que generalmente están en el medio familiar.
Esta propuesta de despenalización -que nos parece más que interesante- no implica un descompromiso sino un compromiso muchísimo mayor para todos los sectores sociales, y fundamentalmente para los representantes de la ley. (Aplausos.)
Quiero agradecer al equipo y al señor diputado Fiad, dado que estamos aquí por intermedio de ellos. Es un gusto poder colaborar con el debate y espero poder aportar algo en temas tan importantes como los que se tratan con este proyecto y con otros que se vienen tratando creo que en forma bastante conexas con éste en los últimos tiempos en el Parlamento.
Cuando comenzamos a pensar el tema, que nos resulta difícil porque tratamos de transmitir algo de lo que el psicoanálisis puede aportar a dilucidar esta cuestión bien compleja, se nos ocurrió primero hacer una especie de tripartición y pensar cómo nos interroga estos como ciudadanos. Quizá, luego en el marco de la salud mental, y después, si se puede, en lo más específico que es lo que más conocemos que es el psicoanálisis.
Desde el punto de vista más abarcativo creo que nuestra exposición va a ser bastante general. Nos parece adecuado no penalizar la tenencia de semillas, plantas o sustancias utilizadas para el consumo personal -estoy leyendo el material con el que nos hemos juntado para hacer esta presentación-. Lo que se dijo en relación con el artículo 19 de la Constitución nacional y las acciones privadas nos parece muy importante. Es muy interesante lo que hemos leído en alguno de los proyectos, donde se hace la salvedad de que las acciones privadas no deben perjudicar a terceros y aún cuando impliquen autolesión. Este concepto me parece muy importante porque la actividad humana no está exenta de la autolesión en ninguno de los sectores y tampoco, por supuesto, en el uso de sustancias.
Coincidimos con la propuesta ideológica de no criminalizar y de no revictimizar al consumidor, orientando la acción penal hacia el tráfico y la producción de sustancias consideradas ilegales, y no hacia el consumidor.
No coincidimos con la punibilidad con fines preventivos que vulnera el principio de dignidad del hombre y se basa en una supuesta teorías de defensa social orientadas siempre a la segregación y a la persecución de sujetos potenciales productores de conductas delictivas.
Desde el punto de vista abarcativo de la salud mental, uno de los aportes que hace el manual de diagnóstico de tratamiento de las enfermedades mentales, que lo criticamos tanto en otros puntos, creo que acierta en este caso al hablar de sustancias y no de drogas. Entiendo que es un cambio terminológico interesante en la medida en que no se consideraría droga a un psicofármaco recetado por un psiquiatra, que es una droga de abuso y figura en el mismo manual junto con la cocaína, la marihuana, los inhalantes, etcétera, o sea las mismas drogas consideradas legales por las autoridades sanitarias.
Respecto de los tratamientos por imposición, que son los que se hacen con la legislación actual, nos parecen totalmente inconducentes. En general, hay una interferencia muy seria en la posibilidad de establecer un dispositivo psicoterapéutico cuando un paciente adicto es enviado por el juez para ser tratado. Esto implica una presencia perturbadora, un tercero que incide casi siempre negativamente en lo que puede ser armar un dispositivo de tratamiento pues los tratamientos suelen ser una pena encubierta, lo cual nos trae muchas dificultades para trabajar psicoterapéuticamente, y se cae en el uso de psicofármacos con lo engorroso que es esto en alguien que a la vez consume sustancias.
Es sumamente importante el marco regulatorio que provea la ley de salud mental y un programa nacional de asistencia en donde se contemple centralmente la posibilidad de la atención de estos pacientes. Cuando se ha avanzado considerablemente en las libertades individuales respecto del uso del cuerpo propio y de las condiciones del goce personal salvaguardando el daño a terceras personas -leyes de identidad de género y muerte digna, entre otras- resulta contradictorio mantener restricciones y penalidades sobre elecciones de consumo de determinadas sustancias. Este es un concepto muy importante dado que se está avanzando tanto en el uso del cuerpo propio en otros sentidos, que implica incluso la modificación de la anatomía, por lo que es muy contradictorio penalizar o considerar delictivo el consumo de una sustancia.
También es muy importante deslindar las intervenciones punitivas de las asistenciales. Esta división tiene que estar bien clara.
Una psicoanalista francesa escribió hace más de treinta años uno de los mejores libros que existen sobre psicoanálisis y toxicomanía y cuando esto no estaba todavía en debate reparó sobre la contradicción cuando el juez le tiene que estar preguntando permanentemente al médico acerca de la legitimidad de aplicar la ley a determinado caso. Ella marcaba ahí una dificultad que tiene que ver bastante con esto, donde se está tratando de correr la ley de lo que es el tratamiento de un enfermo.
Hay un desplazamiento muy fuerte del eje de la penalización y judicialización hacia la creación de sistemas de asistencia y reinserción, programas de prevención, donde la educación que tiene que ser central, y no soy original en esto, pasando al ámbito de las planificaciones de acciones sanitarias el tratamiento de las adicciones.
El último punto es cómo nos interroga como psicoanalistas este tema y qué correspondencias hay con estas reflexiones más generales que acabo de hacer. Una cuestión básica es que el sujeto humano no tiene un objeto fijo de satisfacción de ninguna de sus necesidades. A diferencia de los animales, donde lo que regula su conducta es el instinto, el ser humano está totalmente fracturado por su inserción cultural y lo que nos puede satisfacer puede ser en principio cualquier cosa, ninguno objeto específico. Esto es una característica general; que un sujeto tenga centralizada su forma de gozar y adquirir satisfacción en una sustancia puede ser un problema como cualquier conducta repetitiva compulsiva, pero no es nada original.
En cierto sentido, todos tenemos desde este punto de vista algún tipo de conducta adictiva. Hablar de personalidad adictiva no es una cosa demasiado conducente porque concurren muchísimos factores, aparte del psicológico, a la fabricación de un adicto.
La ley me parece fundamental. El adicto es visto casi siempre como un trasgresor a la ley, aunque tampoco es original, porque trasgresores a la ley podemos serlo todos a distintos niveles, y sin embargo se cargan las tintas en determinados supuestos.
El adicto se somete a una ley de las más crueles, que es la ley de la droga, es decir que el problema del adicto con la ley es haber tenido algunas dificultades para poder instaurar una regulación de sus acciones, y para eso se somete a la dictadura de una sustancia que termina convirtiéndolo en víctima.
Me parece que despenalizar el consumo de sustancias no creo que sea descomprometer a la ley y a los espacios institucionales que se encargan de regularla del trabajo con este sector de la población. Por el contrario, creo que obliga a que la ley sea más coherente, se aplique donde se tiene que aplicar y que no se vuelva a repetir. Si lo miramos desde el adicto, existe una falla ante el fracaso de encontrarse con representantes de la ley, que generalmente están en el medio familiar.
Esta propuesta de despenalización -que nos parece más que interesante- no implica un descompromiso sino un compromiso muchísimo mayor para todos los sectores sociales, y fundamentalmente para los representantes de la ley. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Invitamos a hacer uso de la palabra a Ingrid Metsch, psicóloga, psicoanalista y especialista en niños, adolescentes y familia, representante del Fondo de Ayuda Toxicológica.
SRA. METSCH Muchísimas gracias, señor diputado Fiad, por la invitación y por el reconocimiento de nuestra institución para poder disertar sobre estas cuestiones.
Me ha tocado el último lugar de este panel. Hay muchas cuestiones que se han explicitado por las personas que me antecedieron y que no voy a repetir porque se han aportado estos conceptos a quienes deben evaluar y construir en función de esta nueva propuesta. Me voy a remitir más específicamente a algunos conceptos que pueden agregar o sumar algunos conceptos diferentes desde otros puntos de vista.
Si uno piensa en la ley no solamente como reguladora u organizadora de las conductas humanas sino como fundadora de la identidad de los individuos y de las instituciones, es decir de las agrupaciones de los individuos, estamos enfocando el valor de la ley desde otro punto de vista.
Debemos tener presente no solamente la conducta específica "me porto bien; me porto mal" -que es lo típico que uno piensa rápidamente-, sino también que la ley nos nombra, nos da una identidad, que no es solamente un número de documento. Es decir, nos dice quiénes somos. Esto es importantísimo cuando se quiere reglamentar una ley referida a la criminalización o penalización de una conducta.
Una persona que ejerce cierta conducta es nombrada de una determinada manera, y esto le queda como un currículum de por vida. De hecho, no es lo mismo una persona con un antecedente cualquiera que con un antecedente penal para cualquier acción posterior que quiera realizar.
O sea que por más que el individuo legalmente haya sido eximido luego de haber cumplido con toda su deuda hacia la sociedad o de haber hecho los programas de reinserción correspondientes, queda la impresión de que esa persona pasó por la cárcel y que "por algo será", o vaya a saber qué otra idea. Ello, cuando en realidad no hay ninguna garantía de que quien que no haya pasado por un proceso penal realmente no pueda incurrir en algún delito o no lo esté haciendo en forma no explícita.
Entonces, obviamente se abre un debate bastante complejo que nos muestra el terreno, el contexto tan difícil en el cual vamos a aportar hoy sobre el tema específico del consumo de sustancias psicoactivas.
Adhiero a lo expresado por el compañero que me precedió en el uso de la palabra, quien hizo una referencia a ampliar el concepto y no a hablar sólo de las drogas ilícitas, considerando en un sentido más amplio aquellas sustancias psicoactivas que las personas consumen para ciertas cuestiones o por determinadas razones. Invito a pensar sobre cuáles son esas situaciones previas que conllevan a las personas al consumo.
Acá se ha hablado muchísimo de lo que sucede a partir de que alguien consume y de las consecuencias que esto acarrea en su conducta, tanto a nivel institucional como a nivel social. Los invito a pensar, además, en qué lleva a una persona a consumir determinadas sustancias.
Aquí la imagen que más fuertemente se ha nombrado -al menos durante el tiempo que he podido escuchar- es aquella asociada con situaciones socioeconómicas complejas, con dificultades al acceso al sistema laboral, con familias disfuncionales o con contextos educacionales complejos. En realidad, este problema es mucho más amplio porque el consumo de sustancias psicoactivas está a la orden del día.
En la vida cotidiana ante la angustia, situaciones que deprimen o frente a vivencias de vacío de identidad, las personas tienden a consumir determinadas sustancias porque esto es lo que nos ofrece la cultura en que estamos viviendo. Y eso va mucho más allá del hecho de fumar determinadas sustancias ilícitas. Esto es, por ejemplo, usar psicofármacos sin prescripción médica, es decir, mediante la automedicación. Esto también se da a la hora de terminar la jornada laboral y necesitar el after hour -porque además está muy de moda-, con lo cual las personas se distienden y consumen sustancias psicoactivas, llámese alcohol o fumar marihuana, por empezar a decir algo.
El planteo de la despenalización no tiene que ver con liberar y dejar que las personas se tiren al disfrute en función de las sustancias psicoactivas, porque esto cultural y sociohistóricamente está -entre comillas- de moda o es de esta época.
El planteo es despenalizar para no estigmatizar ni nombrar al consumidor con un nombre desde un sistema legal, de manera de virar el enfoque hacia la situación de la salud en función de ver qué le pasa a esta persona y qué le sucede a este grupo cultural -hoy diría mundial-.
Debemos preguntarnos qué nos pasa para que se necesiten sustancias que distiendan las emociones, que nos alejen un poquito de la realidad, que nos ayuden a salir del bajón, a superar la tensión a la que se es sometido muchas veces en contra de nuestra voluntad o por negociación y convenio por la situación laboral, económica, etcétera. Este es el planteo de fondo.
Yo los invito a pensar en la posibilidad de ayudar a las personas a encontrar una forma alternativa para satisfacer sus necesidades y para poder desarrollar los potenciales que tienen. Quizás sea una alternativa muy interesante para analizar y orientar las futuras políticas y planes que a partir de ahí se desarrollen.
La propuesta desde la institución y desde el equipo que represento -y por quien estoy aquí- apunta fundamentalmente a trabajar sobre cuestiones preventivas al consumo. O sea, dejar el tema legal y la parte penal a todo lo que tiene que ver con la infraestructura que lleva a dar el sobrevalor, es decir, generar la moneda y a la posibilidad de que se genere el nacrotráfico en todas sus situaciones, pero que el consumo sea de drogas legales o ilegales o de sustancias psicoactivas, que además pueden ser otras cosas.
Por ejemplo, si alguien se come todos los días un kilo de chocolate porque está deprimido, también esto le genera un malestar y esto no es punible. Nosotros permanentemente recurrimos a estructuras psicológicas y físicas con incidencia en lo físico. Si vemos los números del sistema de salud encontraremos que gran parte de las enfermedades, entre comillas, están relacionadas directa o indirectamente con secuelas de situaciones de consumo de sustancias mucho más amplias de lo que sería hoy nombrar una lista de psicoactivos y mucho más amplia de lo que hoy estamos mencionando sobre drogas, entre comillas.
De esta manera, entiendo que esto es extremadamente complejo pero no confuso. Es complejo en el sentido de que hay muchísimas variables que inciden y que obviamente ante una decisión de la despenalización del consumo hay muchas consecuencias a tener en cuenta.
Como idea más nítida quiero transmitir, inclusive escuchando algunas palabras previas, que la cuestión no es desatar el consumo masivo. Posiblemente si se despenaliza el consumo por un tiempo aumentará, pero luego se regularizará en valores estadísticos que no se estiman tan superiores. Se trata fundamentalmente de generar políticas que permitan lo que nosotros consideramos que es lo más acertadas, que es la prevención inespecífica.
La prevención específica hace a los planes y colabora, pero no es suficiente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajo en empresas y en escuelas para la concientización y la información no es suficiente para ayudar o a hacer frente a esta necesidad de consumo y a esta compensación a través del consumo de sustancias psicoactivas.
La prevención inespecífica, fundamentalmente, se da entre los diferentes niveles de la sociedad, desde lo individual, lo interinstitucional y en el plano de la organización desde las políticas articuladas. Se trata de ir articulando, por ejemplo, entre los ministerios de Salud, de Justicia y de Desarrollo Social en función de acceder a planes de trabajo específicos con posibilidad de salida laboral para gente joven.
Estamos hablando de interactuar en forma interdisciplinaria y desde abordajes múltiples como para generar este tipo de alternativa.
Si uno pone el foco en uno de los aspectos dentro de la sociedad, si lo miramos en aspecto amplio, cada edad del ser humano tiene necesidades y deseos articulados a lo placentero y a lo displacentero. Asociado a esto, está el consumo. Por ejemplo, si ante las enormes dificultades en la edad del adulto joven y en los sin salida -que muchas veces conllevan a situaciones de consumo- empieza a haber alternativas de políticas concretas aplicadas en los diferentes estratos, podemos estar ante una prevención inespecífica plena hacia el tema del consumo.
Si nos quedamos encerrados en el tema de despenalizar o no el consumo de sustancias prohibidas, estamos viendo la punta muy pero muy pequeña de un iceberg que es enorme. Sin embargo, aunque sea insuficiente al principio, si de a poco se van construyendo articuladamente aquellos elementos como herramientas -pensando a las políticas públicas como herramientas que posibilitan a mediano y a largo plazo-, se genera la base necesaria como para una prevención sustentable y a largo plazo.
Esto es lo más importante que quería agregar a muchos de los conceptos que he escuchado, y espero que les permita reflexionar y que les aporte para esta dura tarea que les toca realizar. (Aplausos.)
Me ha tocado el último lugar de este panel. Hay muchas cuestiones que se han explicitado por las personas que me antecedieron y que no voy a repetir porque se han aportado estos conceptos a quienes deben evaluar y construir en función de esta nueva propuesta. Me voy a remitir más específicamente a algunos conceptos que pueden agregar o sumar algunos conceptos diferentes desde otros puntos de vista.
Si uno piensa en la ley no solamente como reguladora u organizadora de las conductas humanas sino como fundadora de la identidad de los individuos y de las instituciones, es decir de las agrupaciones de los individuos, estamos enfocando el valor de la ley desde otro punto de vista.
Debemos tener presente no solamente la conducta específica "me porto bien; me porto mal" -que es lo típico que uno piensa rápidamente-, sino también que la ley nos nombra, nos da una identidad, que no es solamente un número de documento. Es decir, nos dice quiénes somos. Esto es importantísimo cuando se quiere reglamentar una ley referida a la criminalización o penalización de una conducta.
Una persona que ejerce cierta conducta es nombrada de una determinada manera, y esto le queda como un currículum de por vida. De hecho, no es lo mismo una persona con un antecedente cualquiera que con un antecedente penal para cualquier acción posterior que quiera realizar.
O sea que por más que el individuo legalmente haya sido eximido luego de haber cumplido con toda su deuda hacia la sociedad o de haber hecho los programas de reinserción correspondientes, queda la impresión de que esa persona pasó por la cárcel y que "por algo será", o vaya a saber qué otra idea. Ello, cuando en realidad no hay ninguna garantía de que quien que no haya pasado por un proceso penal realmente no pueda incurrir en algún delito o no lo esté haciendo en forma no explícita.
Entonces, obviamente se abre un debate bastante complejo que nos muestra el terreno, el contexto tan difícil en el cual vamos a aportar hoy sobre el tema específico del consumo de sustancias psicoactivas.
Adhiero a lo expresado por el compañero que me precedió en el uso de la palabra, quien hizo una referencia a ampliar el concepto y no a hablar sólo de las drogas ilícitas, considerando en un sentido más amplio aquellas sustancias psicoactivas que las personas consumen para ciertas cuestiones o por determinadas razones. Invito a pensar sobre cuáles son esas situaciones previas que conllevan a las personas al consumo.
Acá se ha hablado muchísimo de lo que sucede a partir de que alguien consume y de las consecuencias que esto acarrea en su conducta, tanto a nivel institucional como a nivel social. Los invito a pensar, además, en qué lleva a una persona a consumir determinadas sustancias.
Aquí la imagen que más fuertemente se ha nombrado -al menos durante el tiempo que he podido escuchar- es aquella asociada con situaciones socioeconómicas complejas, con dificultades al acceso al sistema laboral, con familias disfuncionales o con contextos educacionales complejos. En realidad, este problema es mucho más amplio porque el consumo de sustancias psicoactivas está a la orden del día.
En la vida cotidiana ante la angustia, situaciones que deprimen o frente a vivencias de vacío de identidad, las personas tienden a consumir determinadas sustancias porque esto es lo que nos ofrece la cultura en que estamos viviendo. Y eso va mucho más allá del hecho de fumar determinadas sustancias ilícitas. Esto es, por ejemplo, usar psicofármacos sin prescripción médica, es decir, mediante la automedicación. Esto también se da a la hora de terminar la jornada laboral y necesitar el after hour -porque además está muy de moda-, con lo cual las personas se distienden y consumen sustancias psicoactivas, llámese alcohol o fumar marihuana, por empezar a decir algo.
El planteo de la despenalización no tiene que ver con liberar y dejar que las personas se tiren al disfrute en función de las sustancias psicoactivas, porque esto cultural y sociohistóricamente está -entre comillas- de moda o es de esta época.
El planteo es despenalizar para no estigmatizar ni nombrar al consumidor con un nombre desde un sistema legal, de manera de virar el enfoque hacia la situación de la salud en función de ver qué le pasa a esta persona y qué le sucede a este grupo cultural -hoy diría mundial-.
Debemos preguntarnos qué nos pasa para que se necesiten sustancias que distiendan las emociones, que nos alejen un poquito de la realidad, que nos ayuden a salir del bajón, a superar la tensión a la que se es sometido muchas veces en contra de nuestra voluntad o por negociación y convenio por la situación laboral, económica, etcétera. Este es el planteo de fondo.
Yo los invito a pensar en la posibilidad de ayudar a las personas a encontrar una forma alternativa para satisfacer sus necesidades y para poder desarrollar los potenciales que tienen. Quizás sea una alternativa muy interesante para analizar y orientar las futuras políticas y planes que a partir de ahí se desarrollen.
La propuesta desde la institución y desde el equipo que represento -y por quien estoy aquí- apunta fundamentalmente a trabajar sobre cuestiones preventivas al consumo. O sea, dejar el tema legal y la parte penal a todo lo que tiene que ver con la infraestructura que lleva a dar el sobrevalor, es decir, generar la moneda y a la posibilidad de que se genere el nacrotráfico en todas sus situaciones, pero que el consumo sea de drogas legales o ilegales o de sustancias psicoactivas, que además pueden ser otras cosas.
Por ejemplo, si alguien se come todos los días un kilo de chocolate porque está deprimido, también esto le genera un malestar y esto no es punible. Nosotros permanentemente recurrimos a estructuras psicológicas y físicas con incidencia en lo físico. Si vemos los números del sistema de salud encontraremos que gran parte de las enfermedades, entre comillas, están relacionadas directa o indirectamente con secuelas de situaciones de consumo de sustancias mucho más amplias de lo que sería hoy nombrar una lista de psicoactivos y mucho más amplia de lo que hoy estamos mencionando sobre drogas, entre comillas.
De esta manera, entiendo que esto es extremadamente complejo pero no confuso. Es complejo en el sentido de que hay muchísimas variables que inciden y que obviamente ante una decisión de la despenalización del consumo hay muchas consecuencias a tener en cuenta.
Como idea más nítida quiero transmitir, inclusive escuchando algunas palabras previas, que la cuestión no es desatar el consumo masivo. Posiblemente si se despenaliza el consumo por un tiempo aumentará, pero luego se regularizará en valores estadísticos que no se estiman tan superiores. Se trata fundamentalmente de generar políticas que permitan lo que nosotros consideramos que es lo más acertadas, que es la prevención inespecífica.
La prevención específica hace a los planes y colabora, pero no es suficiente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajo en empresas y en escuelas para la concientización y la información no es suficiente para ayudar o a hacer frente a esta necesidad de consumo y a esta compensación a través del consumo de sustancias psicoactivas.
La prevención inespecífica, fundamentalmente, se da entre los diferentes niveles de la sociedad, desde lo individual, lo interinstitucional y en el plano de la organización desde las políticas articuladas. Se trata de ir articulando, por ejemplo, entre los ministerios de Salud, de Justicia y de Desarrollo Social en función de acceder a planes de trabajo específicos con posibilidad de salida laboral para gente joven.
Estamos hablando de interactuar en forma interdisciplinaria y desde abordajes múltiples como para generar este tipo de alternativa.
Si uno pone el foco en uno de los aspectos dentro de la sociedad, si lo miramos en aspecto amplio, cada edad del ser humano tiene necesidades y deseos articulados a lo placentero y a lo displacentero. Asociado a esto, está el consumo. Por ejemplo, si ante las enormes dificultades en la edad del adulto joven y en los sin salida -que muchas veces conllevan a situaciones de consumo- empieza a haber alternativas de políticas concretas aplicadas en los diferentes estratos, podemos estar ante una prevención inespecífica plena hacia el tema del consumo.
Si nos quedamos encerrados en el tema de despenalizar o no el consumo de sustancias prohibidas, estamos viendo la punta muy pero muy pequeña de un iceberg que es enorme. Sin embargo, aunque sea insuficiente al principio, si de a poco se van construyendo articuladamente aquellos elementos como herramientas -pensando a las políticas públicas como herramientas que posibilitan a mediano y a largo plazo-, se genera la base necesaria como para una prevención sustentable y a largo plazo.
Esto es lo más importante que quería agregar a muchos de los conceptos que he escuchado, y espero que les permita reflexionar y que les aporte para esta dura tarea que les toca realizar. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Iniciamos el tercer panel. Invitamos al doctor Gabriel Anitua, defensor ad hoc de la Defensoría General de la Nación.
SR. ANITUA Señor presidente: gracias por habernos invitado.
Estoy aquí en representación del Ministerio Público de la Defensa. La doctora Stella Maris Martínez, la defensora General de la Nación, me designó como la voz de los defensores oficiales. Concretamente, yo trabajo ante el Fuero Penal Económico, así que algo diré sobre las reflexiones sobre causas que se tramitan en ese fuero. Pero en general manifiesto nuestra preocupación por la actual ley que pena, entre otras cosas, la tenencia de estupefacientes.
No hemos visto ninguno unificado, pero sí hemos podido acceder a algunos proyectos individuales que tienen algún punto que podría ser de consenso. Hemos escuchado en el debate extendido a los medios de comunicación a los diputados Conti, Donda, Gil Lavedra y Peralta, que se expresan mejor que los denominados expertos, desde un discurso que manifestaba cierto desacuerdo, lo hacía dentro del campo del respeto al Estado de derecho, a los principios constitucionales y a estas cuestiones que hacen a un Estado liberal pero también humanitario, un mandato constitucional y de los contratados internacionales.
En este sentido la principal de las propuestas que he visto en esa especie de consenso de los señores diputados a los que me he referido responde a estos mandatos.
Por lo tanto difícilmente podría haber una sanción a la Argentina por realizar al menos los dos aspectos esenciales para la Defensoría General. Uno tiene que ver con la despenalización de la tenencia de sustancias estupefacientes, que es una necesidad urgente. Otro aspecto menos tratado es el de encontrar alguna solución a la situación específica de las mulitas, de aquellos elementos fácilmente reemplazables por las organizaciones encargadas del narcotráfico, que son los efectivamente castigados en el sistema penal argentino.
La respuesta que he visto en algunos proyectos no es la más arriesgada. Hay en el derecho comparado otro tipo de respuestas, pero al permitir reducir la escala penal a una pena de tres años, que permitiría una pena en suspenso, posibilitaría algún tipo de obligación que sería idónea para estas personas en concreto, pero sobre todo para el sistema de Justicia penal y para la propia persecución del delito de narcotráfico.
Respecto de la primera cuestión, poco podemos aportar a las múltiples visiones desde el punto de vista jurídico penal, criminológico, psiquiátrico y médico. Los defensores penalistas no conocemos de esto; no somos como el doctor Zaffaroni que puede hablar de todo y muy bien. Nosotros podemos decir qué cosas hace bien y mal la legislación penal.
Los dos aspectos necesarios son reducir esas cosas que se hacen mal, que ocasionan perjuicios para las personas en concreto y provocan problemas para el propio sistema de hacer Justicia penal e inconvenientes para la persecución del narcotráfico.
La primera cuestión que mencionaba es la despenalización de la tenencia para consumo, que es una necesidad urgente, más allá de la mención al fallo Arriola, que por cierto no resolvió la cuestión -no podía hacerlo- porque la Corte no es el legislador.
Se han cuestionado también aspectos procesales que sólo resuelven la cuestión de la constitucionalidad en el caso concreto, pero además no impide determinadas prácticas, las estructuras policiales y también las estructuras judiciales, que insisten en comenzar causas respecto de consumidores, respecto de jóvenes que tienen algún tipo de sustancia o incluso que no tienen nada de esto, pero es bastante fácil amenazar con iniciar una causa diciendo que lo vieron consumiendo o que le encontraron una pequeña cantidad de estupefacientes en el bolsillo o cerca de la persona, lo cual permite una gran cantidad de abusos y casos de corrupción policial.
Tampoco entraría mucho en las instituciones judiciales y fiscales, pero sería una forma de evitar ese tipo de abusos policiales al no existir esta facultad de iniciar un proceso por tenencia de sustancias estupefacientes.
El fallo Arriola no se mete en una cuestión bastante clara para el penalismo liberal, que es el ámbito de la privacidad. Los jueces que fallaron en ese caso, los académicos que suelen hablar son más hombres que mujeres de mayor edad y de clases medias o medias altas. El ámbito no es igual en estas personas en aquellos que son víctimas de estos abusos policiales, los pobres y los jóvenes. Ellos no tienen un ámbito de intimidad en su casa, en su dormitorio; normalmente donde consumen tranquilos es que en la plaza o en la puerta de su casa, y más pensando en lugares con ciertas carencias habitacionales. No es igual una casa de clase media que una villa miseria.
Por lo tanto, es razonable hablar de despenalizar la tenencia de sustancias estupefacientes más allá de esa relación con el ámbito de lo público o de lo privado.
Decía que esto ocasiona muchos problemas como la corrupción en las instancias policiales, que gestionan la relación con el consumo de drogas. Despenalizar solucionaría problemas de la propia instancia judicial, que se ve atiborrada. Estadísticamente se menciona desde un 83 por ciento de causas iniciadas; estas causas por suerte no terminan con una condena, pero implican una detención, el paso por Comisaría, y los arreglos de los policías para que esto no suceda con los presuntos consumidores, y el dispendio de tiempo muy valioso de los jueces y de los fiscales, que tramitan las cuestiones más relevantes, también en materia de sustancias estupefacientes.
Lo mismo puede decirse respecto de la penalización de las mulitas o aquellos transportes de las sustancias estupefacientes. Suelen tener otro tipo de inconvenientes en relación con la institución judicial, que es que no sólo ocupan mucho tiempo sino que calman conciencias, hacen creer que efectivamente nos estamos ocupando de narcotráfico, que en la Argentina se lo persigue con relativo éxito y que hay condenas, cuando no es cierto.
En el ámbito Penal Económico son poquísimas las causas que van más allá de la mula. El caso prototípico es la que lleva en su interior en cápsulas estupefacientes. Suelen ser de diferentes nacionalidades, que a nuestro juicio son algo extrañas, como letones, finlandeses, tailandeses, malayos, y muchas mujeres.
Hace poco hablé con el director del Servicio Penitenciario, quien me decía que sería una solución que estas personas no estén ocupando lugares en la cárcel. Incluso, no son personas que tengan reincidencia; luego de ser expulsados del país, por aplicación de la ley de extranjería o de migración, ninguna regresa y no vuelven a cometer el delito. Es cero la reincidencia. Digo esto por el tema de la peligrosidad, si pensamos en función de la pena.
Evidentemente, la pena no es resocializadora. Tampoco sirve por la idea de justicia porque estamos hablando principalmente de mujeres, y de algunos hombres también, que en ciertos casos son engañados y en otros son llevados por la necesidad. En muchas ocasiones -especialmente con las mujeres- esto se relaciona con la trata, ya sea por explotación sexual o laboral, con este tipo de tareas que son fungibles.
Cuando se detecta la droga, lo que más lamentan las organizaciones es justamente el hallazgo de la droga y no la pérdida de esa persona que es fácilmente reemplazable en un mundo donde existen infinitas necesidades. Estas personas no vuelven a cometer el delito, ni siquiera el delito de drogas.
Por lo tanto, no habría ningún problema en adelantar la expulsión, y estas son soluciones que se dan en otros países. España, por ejemplo, admite la expulsión con el sólo procesamiento. En Suiza se permite una advertencia; si no lo hacen más, no van a prisión. Y no lo hacen más.
Lo que he visto en los proyectos es que simplemente se permite reducir la escala del delito en abstracto, en general, respecto del tráfico de estupefacientes. Ello, para permitir que en los casos de las mulas la pena pueda ser mínima -en este caso, tres años de prisión-, y evitar el ingreso a prisión. La ley de extranjería permitiría la expulsión inmediata de estos supuestos.
Creo que esto sería un gran avance para la situación de estas personas, y sobre todo para el Poder Judicial.
¿Por qué digo esto? El Poder Judicial no se contentaría con decir: "Tengo a alguien preso por este tema de drogas; aquí termina mi intervención", sino que tendría que verse obligado a tirar un poco más de la cuerda y decir: "Acá tengo algo, tengo droga, tengo una persona, pero tengo que ir a ver quién mandó a esta persona y reconstruir la cadena del narcotráfico". Esto sería muy importante como mensaje al Poder Judicial, es decir, que esto no es penar el narcotráfico.
Penar el narcotráfico es ir más allá. Esto es algo efectivamente menor. Por lo tanto, se me ocurría que esto es lo que podemos presentar los defensores para que pudieran pensarlo y analizarlo los señores diputados. (Aplausos.)
Estoy aquí en representación del Ministerio Público de la Defensa. La doctora Stella Maris Martínez, la defensora General de la Nación, me designó como la voz de los defensores oficiales. Concretamente, yo trabajo ante el Fuero Penal Económico, así que algo diré sobre las reflexiones sobre causas que se tramitan en ese fuero. Pero en general manifiesto nuestra preocupación por la actual ley que pena, entre otras cosas, la tenencia de estupefacientes.
No hemos visto ninguno unificado, pero sí hemos podido acceder a algunos proyectos individuales que tienen algún punto que podría ser de consenso. Hemos escuchado en el debate extendido a los medios de comunicación a los diputados Conti, Donda, Gil Lavedra y Peralta, que se expresan mejor que los denominados expertos, desde un discurso que manifestaba cierto desacuerdo, lo hacía dentro del campo del respeto al Estado de derecho, a los principios constitucionales y a estas cuestiones que hacen a un Estado liberal pero también humanitario, un mandato constitucional y de los contratados internacionales.
En este sentido la principal de las propuestas que he visto en esa especie de consenso de los señores diputados a los que me he referido responde a estos mandatos.
Por lo tanto difícilmente podría haber una sanción a la Argentina por realizar al menos los dos aspectos esenciales para la Defensoría General. Uno tiene que ver con la despenalización de la tenencia de sustancias estupefacientes, que es una necesidad urgente. Otro aspecto menos tratado es el de encontrar alguna solución a la situación específica de las mulitas, de aquellos elementos fácilmente reemplazables por las organizaciones encargadas del narcotráfico, que son los efectivamente castigados en el sistema penal argentino.
La respuesta que he visto en algunos proyectos no es la más arriesgada. Hay en el derecho comparado otro tipo de respuestas, pero al permitir reducir la escala penal a una pena de tres años, que permitiría una pena en suspenso, posibilitaría algún tipo de obligación que sería idónea para estas personas en concreto, pero sobre todo para el sistema de Justicia penal y para la propia persecución del delito de narcotráfico.
Respecto de la primera cuestión, poco podemos aportar a las múltiples visiones desde el punto de vista jurídico penal, criminológico, psiquiátrico y médico. Los defensores penalistas no conocemos de esto; no somos como el doctor Zaffaroni que puede hablar de todo y muy bien. Nosotros podemos decir qué cosas hace bien y mal la legislación penal.
Los dos aspectos necesarios son reducir esas cosas que se hacen mal, que ocasionan perjuicios para las personas en concreto y provocan problemas para el propio sistema de hacer Justicia penal e inconvenientes para la persecución del narcotráfico.
La primera cuestión que mencionaba es la despenalización de la tenencia para consumo, que es una necesidad urgente, más allá de la mención al fallo Arriola, que por cierto no resolvió la cuestión -no podía hacerlo- porque la Corte no es el legislador.
Se han cuestionado también aspectos procesales que sólo resuelven la cuestión de la constitucionalidad en el caso concreto, pero además no impide determinadas prácticas, las estructuras policiales y también las estructuras judiciales, que insisten en comenzar causas respecto de consumidores, respecto de jóvenes que tienen algún tipo de sustancia o incluso que no tienen nada de esto, pero es bastante fácil amenazar con iniciar una causa diciendo que lo vieron consumiendo o que le encontraron una pequeña cantidad de estupefacientes en el bolsillo o cerca de la persona, lo cual permite una gran cantidad de abusos y casos de corrupción policial.
Tampoco entraría mucho en las instituciones judiciales y fiscales, pero sería una forma de evitar ese tipo de abusos policiales al no existir esta facultad de iniciar un proceso por tenencia de sustancias estupefacientes.
El fallo Arriola no se mete en una cuestión bastante clara para el penalismo liberal, que es el ámbito de la privacidad. Los jueces que fallaron en ese caso, los académicos que suelen hablar son más hombres que mujeres de mayor edad y de clases medias o medias altas. El ámbito no es igual en estas personas en aquellos que son víctimas de estos abusos policiales, los pobres y los jóvenes. Ellos no tienen un ámbito de intimidad en su casa, en su dormitorio; normalmente donde consumen tranquilos es que en la plaza o en la puerta de su casa, y más pensando en lugares con ciertas carencias habitacionales. No es igual una casa de clase media que una villa miseria.
Por lo tanto, es razonable hablar de despenalizar la tenencia de sustancias estupefacientes más allá de esa relación con el ámbito de lo público o de lo privado.
Decía que esto ocasiona muchos problemas como la corrupción en las instancias policiales, que gestionan la relación con el consumo de drogas. Despenalizar solucionaría problemas de la propia instancia judicial, que se ve atiborrada. Estadísticamente se menciona desde un 83 por ciento de causas iniciadas; estas causas por suerte no terminan con una condena, pero implican una detención, el paso por Comisaría, y los arreglos de los policías para que esto no suceda con los presuntos consumidores, y el dispendio de tiempo muy valioso de los jueces y de los fiscales, que tramitan las cuestiones más relevantes, también en materia de sustancias estupefacientes.
Lo mismo puede decirse respecto de la penalización de las mulitas o aquellos transportes de las sustancias estupefacientes. Suelen tener otro tipo de inconvenientes en relación con la institución judicial, que es que no sólo ocupan mucho tiempo sino que calman conciencias, hacen creer que efectivamente nos estamos ocupando de narcotráfico, que en la Argentina se lo persigue con relativo éxito y que hay condenas, cuando no es cierto.
En el ámbito Penal Económico son poquísimas las causas que van más allá de la mula. El caso prototípico es la que lleva en su interior en cápsulas estupefacientes. Suelen ser de diferentes nacionalidades, que a nuestro juicio son algo extrañas, como letones, finlandeses, tailandeses, malayos, y muchas mujeres.
Hace poco hablé con el director del Servicio Penitenciario, quien me decía que sería una solución que estas personas no estén ocupando lugares en la cárcel. Incluso, no son personas que tengan reincidencia; luego de ser expulsados del país, por aplicación de la ley de extranjería o de migración, ninguna regresa y no vuelven a cometer el delito. Es cero la reincidencia. Digo esto por el tema de la peligrosidad, si pensamos en función de la pena.
Evidentemente, la pena no es resocializadora. Tampoco sirve por la idea de justicia porque estamos hablando principalmente de mujeres, y de algunos hombres también, que en ciertos casos son engañados y en otros son llevados por la necesidad. En muchas ocasiones -especialmente con las mujeres- esto se relaciona con la trata, ya sea por explotación sexual o laboral, con este tipo de tareas que son fungibles.
Cuando se detecta la droga, lo que más lamentan las organizaciones es justamente el hallazgo de la droga y no la pérdida de esa persona que es fácilmente reemplazable en un mundo donde existen infinitas necesidades. Estas personas no vuelven a cometer el delito, ni siquiera el delito de drogas.
Por lo tanto, no habría ningún problema en adelantar la expulsión, y estas son soluciones que se dan en otros países. España, por ejemplo, admite la expulsión con el sólo procesamiento. En Suiza se permite una advertencia; si no lo hacen más, no van a prisión. Y no lo hacen más.
Lo que he visto en los proyectos es que simplemente se permite reducir la escala del delito en abstracto, en general, respecto del tráfico de estupefacientes. Ello, para permitir que en los casos de las mulas la pena pueda ser mínima -en este caso, tres años de prisión-, y evitar el ingreso a prisión. La ley de extranjería permitiría la expulsión inmediata de estos supuestos.
Creo que esto sería un gran avance para la situación de estas personas, y sobre todo para el Poder Judicial.
¿Por qué digo esto? El Poder Judicial no se contentaría con decir: "Tengo a alguien preso por este tema de drogas; aquí termina mi intervención", sino que tendría que verse obligado a tirar un poco más de la cuerda y decir: "Acá tengo algo, tengo droga, tengo una persona, pero tengo que ir a ver quién mandó a esta persona y reconstruir la cadena del narcotráfico". Esto sería muy importante como mensaje al Poder Judicial, es decir, que esto no es penar el narcotráfico.
Penar el narcotráfico es ir más allá. Esto es algo efectivamente menor. Por lo tanto, se me ocurría que esto es lo que podemos presentar los defensores para que pudieran pensarlo y analizarlo los señores diputados. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra el doctor Jorge Pellegrini, doctor en Psiquiatría, ex vicegobernador de la provincia de San Luis, y merecedor del premio mundial de Psiquiatría por su defensa de los derechos humanos en esa materia.
SR. PELLEGRINI Buenas tardes a todos. Agradezco al señor presidente y al amigo Albrieu por esta invitación.
Voy a referirme al tema en cuestión partiendo de los términos del problema de las drogadicciones en la Argentina.
Cuando se habla de drogas, se hace referencia habitualmente a las de carácter ilegal. Existe una idea, y es que ellas son las más peligrosas, nocivas y difundidas, pero veamos cuál es la situación epidemiológica en nuestro país.
Las tres sustancias psicoactivas de mayor incidencia en la Argentina son, en primer lugar, las bebidas alcohólicas; en segundo término, el tabaco y, en tercer orden, los psicofármacos.
Alcohol: por cada consumidor de marihuana hay diez consumidores de alcohol; por cada consumidor de cocaína hay treinta y ocho consumidores de alcohol. Y voy a una enseñanza de la historia argentina que tiene que ver enormemente con el tema de hoy.
Hace sesenta años había una bebida que muchas letras de tango antiguas siguen cantando, que era el ajenjo. Dicha bebida fue prohibida en la Argentina -ustedes saben que las bebidas alcohólicas tienen una cierta graduación-, porque tenía una graduación alcohólica del 51 por ciento. Lo miro al diputado Albrieu porque él es de mi época y a lo mejor se acuerda. (Risas.)
Justamente por eso se prohibió el ajenjo: por la alta graduación alcohólica. Es decir que se obró sobre la sustancia, pero no sobre la necesidad; se obró sobre la oferta y no sobre la demanda. Como la necesidad y la demanda siguieron existiendo, en la historia se fue produciendo la gambeta típica y con otro nombre hoy tenemos una bebida con el 50 por ciento de alcohol, ampliamente difundida, el Fernet, que además, mezclado con otra porquería, está dirigido directamente ha nuestra juventud. Entonces, hay que aprender de esta experiencia porque pertenece a la historia argentina.
Cuando trabajamos sobre las sustancias y cuando a nosotros nos ocupa la oferta, siempre pasa esto. Cuando empezamos a trabajar sobre la demanda y a contestarnos la pregunta de por qué se toma en esa graduación y en esa cantidad, el tema cambia. Voy a referirme a esto más adelante.
En cuanto al tabaco, en la Argentina cada día mueren diez personas por cáncer de pulmón, directamente atribuido a su condición de fumadores. Hay una característica a la que pido especial atención: una de esas diez personas muere por día de cáncer de pulmón siendo fumador pasivo. Es decir que una persona no fumadora muere diariamente en la Argentina por cáncer de pulmón, producido por la droga nicotina del tabaco, de quienes sí fuman en su entorno. Sumemos a ello las muertes por enfermedades cardiovasculares y las obstructivas pulmonares y tendremos una noción epidemiológica de los efectos del tabaco en la salud pública.
Hoy los psicofármacos son de consumo creciente y rápidamente dependizadores. Los dos medicamentos de mayor venta en las farmacias argentinas son psicofármacos y los dos tienen una característica: son dependizadores después de los 90 días de ingestión. Se calcula en 1,5 millones de argentinos los dependientes a esas drogas con graves secuelas neurológicas irreparables, sinequias, suicidios y policonsumo agregado. Tan sólo en la provincia de Buenos Aires se expenden mensualmente 10 millones de recetas de psicofármacos, se calcula en otro tanto la automedicación y se estima en la mitad de esta última la venta en comercios o por otras personas. El total equivaldría a 25 millones de recetas por mes sólo en esa provincia.
Estos son datos clave para este debate, porque las tres drogas -alcohol, tabaco y psicofármacos-, son las tres primeras en las estadísticas de consumo de los dependientes argentinos, superando muy largamente a las de venta ilegal.
La Organización Mundial de la Salud considera al alcohol como la droga más destructiva del sujeto, de sus relaciones y del tejido social. Las tres drogas -esto tiene que ver con el centro del debate- son de circulación y venta enteramente legal, su consumo está naturalizado y nos resulta familiar.
Yo puedo mandar a mi nieto a la esquina -es sólo una metáfora lo que voy a decir- a buscar una damajuana de 10 litros de vino y a nadie se le ocurriría decir nada, porque es natural. Si a él se le ocurriera tan sólo tomarse la mitad de lo que el abuelo le mandó comprar, creo que las consecuencias estarían claras.
Entonces, ¿vamos a seguir actuando sobre las sustancias? ¿Vamos a seguir hablando sobre las drogas o vamos a empezar a trabajar con las adicciones, si todos los días aparecen adicciones a sustancias nuevas? Hace muchos años aparecieron los pegamentos. Yo trabajaba con pegamentos y me pareció maravilloso, pero nunca imaginé que iba a ser una de las drogas de consumo, particularmente de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Sigamos trabajando sobre las sustancias y va a seguir creciendo el problema.
Una encuesta reciente en la provincia de Río Negro, publicada por el gobierno de ese Estado, muestra que en el sector de internación hospitalaria, el 4 por ciento lo componen adicciones a sustancias ilegales y el 37 por ciento al alcoholismo. Es una relación de uno a nueve. Y esta situación se repite en todo el país.
La Fundación Favaloro calcula en tres millones y medio de argentinos a los dependientes del alcohol. Los sanitaristas sabemos que los tres problemas básicos a resolver por la salud pública en la Argentina son el alcoholismo, la desnutrición y la mortalidad infantil.
La pregunta que se impone, entonces -que ya la que hizo quien antes habló-, es la siguiente: la contradicción legalidad-ilegalidad de las drogas, ¿es lo que hay que resolver para asistir a este grave problema sanitario-social? ¿Ése es el problema que tenemos que abordar?
Aquí se hizo referencia, se mencionó -creo que lo hizo el ex diputado Gorbacz-, reiterativamente la ley nacional de salud mental, que no hace la más mínima referencia al tema del las adicciones ni de los adictos. En realidad, no podría hacerla, porque cualquier sanitarista más o menos actualizado sabe que los andariveles de tratamiento y los programas y planes para abordar ambos problemas son totalmente diferentes. Entonces, tenemos que trabajar en otro marco legal y, en lugar de confundir las cosas, ayudar a clarificarlas, sobre todo en este ámbito.
Hasta tal punto es así, que el alcoholismo tiene una ley específica, y es una droga y es la primera de las drogadependencias, pero no está comprendida en esa ley nacional de salud mental, y hay una ley parcial sobre el tema del tabaco, que limita la propaganda, etcétera.
Voy a referirme a un punto que está en todos los proyectos que yo he leído -creo que son siete, si no me equivoco. El artículo 19 de la Constitución es citado como fundamento para aprobar la despenalización. En diversos proyectos se hace mención a este precepto constitucional en cuanto dice que los actos privados de los hombres que no afecten a terceros, etcétera. Por lo que ya hemos señalado las adicciones afectan a terceros. Lo hemos mostrado con los fumadores pasivos, pero voy a continuar. Lo podemos reiterar con el alcoholismo. Tenemos los accidentes automovilísticos producidos por conductores ebrios o los accidentes de trabajo del mismo origen. El 40 por ciento de los accidentes de trabajo, que no son pocos en la Argentina y que son cada vez más -porque las condiciones en que trabajan los trabajadores argentinos son cada vez más vergonzosas- está mediado por el alcohol.
La Argentina marcha a la cabeza en el mundo por mortalidad en accidentes automovilísticos. El 80 por ciento de ellos registra la presencia del alcohol. Estamos hablando de uno por hora, 27 en el día.
Pero, además, si el tema es la despenalización, ¿para qué insistimos en el control antidoping de los jugadores de los distintos deportes, si se trata de un acto privado, que no afecta a terceros?
Todos recordamos el Mundial de los Estados Unidos y a Maradona. ¿Ustedes los recuerdan? Lo afectó a él sólo, ¿no? Fue un acto privado. Digo esto por lo siguiente: la Constitución de 1853, que ha sido citada aquí, señala este tema desde hace 160 años, lo que constituyó un gran avance, pero nosotros debemos sumar a la noción del daño individual la del daño colectivo o social. Si algo logra el proceso adictivo es sumar terceros, cuartos o quintos, como ya lo cantó la música popular: "tomo y obligo". Habrán visto que hoy estoy tanguero: "ajenjo", "tomo y obligo". (Aplausos.)
No debe olvidarse el carácter relacional de las adicciones. Hoy los jóvenes se juntan para consumir y consumen para juntarse. Y no se olviden que el eslogan con el cual se llegó a multiplicar por veinte el consumo de cerveza en apenas una década fue el que dice que se trata de "El sabor del encuentro".
Por supuesto que los problemas de la salud pública no se resuelven con la criminalización ni con leyes secas, sino con la asistencia de los afectados, que somos todos y no solamente los adictos. Digo esto porque si un conductor ebrio mata a un familiar de alguno de nosotros, el problema es de todos. La noción de daño social abre justamente esta idea: no a las drogas.
Esta consigna preside cuanta campaña preventiva se intentó en la Argentina en los últimos cuarenta años. Los resultados están a la vista. Al estilo de una guerra santa se enfrenta a la droga como si ésta tuviera vida propia y por un mecanismo nunca explicitado ingresara al ser humano dependizándolo.
Hagan un esfuerzo de imaginación: nunca vi que una bebida alcohólica me abra la boca y se meta dentro mío. El movimiento es al revés: soy yo el que la tomo porque la necesito. De esa forma hago que deje de ser pasiva y la convierto en activa. El alcoholismo no es una enfermedad de las botellas, la adicción a la marihuana no es una enfermedad de los porros y el tabaquismo no es un problema de los cigarrillos. Por el contrario, son seres humanos los que activamente buscan la sustancia, transformándola progresivamente en eje de su vida cotidiana.
La consigna "No a las drogas", que en estos días he visto pegada en Buenos Aires -quizás con muy buena voluntad-, se refiere siempre a aquellas que son de circulación ilegal, que como claramente señala la epidemiología sanitaria no son las más destructivas ni las de mayor incidencia. Eso sí: gozan de una mayor prensa y prejuicio. Pero a la vez hablar sólo de las drogas ilegales contribuye a ocultar a las tres primeras ya mencionadas. No sé a quién beneficiará eso.
Nosotros no estamos a favor o en contra de las drogas, sino que abordamos las adicciones, que son el padecimiento de millones de argentinos. Con ellos trabajamos para que puedan estructurar un proyecto de vida sin sustancias adictivas. ¿Puede haber vida digna, con libertad y derechos, cuando las adicciones minan a los sujetos, a los grupos sociales y a la misma Nación?
Durante décadas se habló sobre la oferta de drogas, optando por posiciones prohibitivas o permisivas. Lo que afirmé con anterioridad me permite concluir claramente que continuar trabajando sobre las sustancias y no principalmente sobre la demanda, producto de los padecimientos humanos, es persistir en un camino que al principio promete soluciones y luego mata las ilusiones.
Considero erróneo homologar la despenalización a posiciones progresistas y la penalización a posiciones retrógradas. La politización y polarización de esta discusión sólo ideologiza un problema que requiere soluciones concretas. Ambas posiciones, la prohibitiva y la permisiva, han mostrado -como hemos visto- que no resuelven los sufrimientos de millones de compatriotas.
Debemos contestarnos una pregunta. ¿Por qué cada día más compatriotas tratan de paliar sus angustias, tristezas, sufrimientos y ansiedades con sustancias legales o ilegales que aumentan el daño individual y social?
A partir de allí surge como camino trabajar sobre la demanda con los adictos, sus familias y su comunidad. El Estado debe encarar lo que hoy es inexistente. Me refiero a un plan nacional de adicciones que acompañe, asista y organice actividades, canalizando las vocaciones de la población en riesgo, que somos la inmensa mayoría de los argentinos.
Los enfoques basados en la institucionalización de los afectados ya han sido dejados de lado. La reclusión en medios aislados, presentada como terapéutica, ha mostrado su fracaso y la enorme dificultad para luego reinsertar socialmente a los previamente encerrados.
Del mismo modo, debe analizarse críticamente la llamada política de reducción de daños, que parte de la idea de la incurabilidad de los adictos sobre la base de la resistencia al tratamiento de ellos y de sus familias.
El primer paso de la recuperación es trabajar sobre esas resistencias, mostrando la ligazón entre los padecimientos y el carácter de la enfermedad. Asimismo, considerando a la abstinencia como un paso en el proceso individual, familiar y comunitario para reestructurar los sistemas vinculares y acompañar la dura lucha de proyectar una vida sin sustancias psicoactivas.
Nosotros no renunciamos a ese trabajo iniciado hace veintisiete años, con índices de recuperación de más del 40 por ciento, por la red de grupos institucionales contra el alcoholismo, grupos terapéuticos, etcétera, que existen en diez provincias argentinas. También trabajamos junto con modelos que parten de la idea de que en salud no existen problemas incurables o intratables a priori.
Es necesario ensayar múltiples caminos correctivos, como decía Enrique Pichon Rivière. Hoy aquí el Poder Legislativo realiza un enorme esfuerzo para resolver este problema de millones de argentinos, y los distintos proyectos muestran claramente que la intersectorialidad es absolutamente imprescindible.
La articulación de las instituciones sanitarias, educativas, judiciales, de seguridad, legislativas y comunales son la herramienta a utilizar en torno a un programa nacional, amplia y democráticamente debatido. Esto implica que el mismo no puede ser patrimonio de nadie, por alta que sea su responsabilidad institucionalidad, y nos lleva al imprescindible eje federal en un país donde las identidades locales, provinciales y regionales son cada vez más diversas. Y con ello que se respete, se tenga en cuenta los distintos procesos en marcha desde hace ya años, sus aciertos, sus logros, sus errores y sus enseñanzas. Gracias por la tolerancia que han tenido. (Aplausos.)
Voy a referirme al tema en cuestión partiendo de los términos del problema de las drogadicciones en la Argentina.
Cuando se habla de drogas, se hace referencia habitualmente a las de carácter ilegal. Existe una idea, y es que ellas son las más peligrosas, nocivas y difundidas, pero veamos cuál es la situación epidemiológica en nuestro país.
Las tres sustancias psicoactivas de mayor incidencia en la Argentina son, en primer lugar, las bebidas alcohólicas; en segundo término, el tabaco y, en tercer orden, los psicofármacos.
Alcohol: por cada consumidor de marihuana hay diez consumidores de alcohol; por cada consumidor de cocaína hay treinta y ocho consumidores de alcohol. Y voy a una enseñanza de la historia argentina que tiene que ver enormemente con el tema de hoy.
Hace sesenta años había una bebida que muchas letras de tango antiguas siguen cantando, que era el ajenjo. Dicha bebida fue prohibida en la Argentina -ustedes saben que las bebidas alcohólicas tienen una cierta graduación-, porque tenía una graduación alcohólica del 51 por ciento. Lo miro al diputado Albrieu porque él es de mi época y a lo mejor se acuerda. (Risas.)
Justamente por eso se prohibió el ajenjo: por la alta graduación alcohólica. Es decir que se obró sobre la sustancia, pero no sobre la necesidad; se obró sobre la oferta y no sobre la demanda. Como la necesidad y la demanda siguieron existiendo, en la historia se fue produciendo la gambeta típica y con otro nombre hoy tenemos una bebida con el 50 por ciento de alcohol, ampliamente difundida, el Fernet, que además, mezclado con otra porquería, está dirigido directamente ha nuestra juventud. Entonces, hay que aprender de esta experiencia porque pertenece a la historia argentina.
Cuando trabajamos sobre las sustancias y cuando a nosotros nos ocupa la oferta, siempre pasa esto. Cuando empezamos a trabajar sobre la demanda y a contestarnos la pregunta de por qué se toma en esa graduación y en esa cantidad, el tema cambia. Voy a referirme a esto más adelante.
En cuanto al tabaco, en la Argentina cada día mueren diez personas por cáncer de pulmón, directamente atribuido a su condición de fumadores. Hay una característica a la que pido especial atención: una de esas diez personas muere por día de cáncer de pulmón siendo fumador pasivo. Es decir que una persona no fumadora muere diariamente en la Argentina por cáncer de pulmón, producido por la droga nicotina del tabaco, de quienes sí fuman en su entorno. Sumemos a ello las muertes por enfermedades cardiovasculares y las obstructivas pulmonares y tendremos una noción epidemiológica de los efectos del tabaco en la salud pública.
Hoy los psicofármacos son de consumo creciente y rápidamente dependizadores. Los dos medicamentos de mayor venta en las farmacias argentinas son psicofármacos y los dos tienen una característica: son dependizadores después de los 90 días de ingestión. Se calcula en 1,5 millones de argentinos los dependientes a esas drogas con graves secuelas neurológicas irreparables, sinequias, suicidios y policonsumo agregado. Tan sólo en la provincia de Buenos Aires se expenden mensualmente 10 millones de recetas de psicofármacos, se calcula en otro tanto la automedicación y se estima en la mitad de esta última la venta en comercios o por otras personas. El total equivaldría a 25 millones de recetas por mes sólo en esa provincia.
Estos son datos clave para este debate, porque las tres drogas -alcohol, tabaco y psicofármacos-, son las tres primeras en las estadísticas de consumo de los dependientes argentinos, superando muy largamente a las de venta ilegal.
La Organización Mundial de la Salud considera al alcohol como la droga más destructiva del sujeto, de sus relaciones y del tejido social. Las tres drogas -esto tiene que ver con el centro del debate- son de circulación y venta enteramente legal, su consumo está naturalizado y nos resulta familiar.
Yo puedo mandar a mi nieto a la esquina -es sólo una metáfora lo que voy a decir- a buscar una damajuana de 10 litros de vino y a nadie se le ocurriría decir nada, porque es natural. Si a él se le ocurriera tan sólo tomarse la mitad de lo que el abuelo le mandó comprar, creo que las consecuencias estarían claras.
Entonces, ¿vamos a seguir actuando sobre las sustancias? ¿Vamos a seguir hablando sobre las drogas o vamos a empezar a trabajar con las adicciones, si todos los días aparecen adicciones a sustancias nuevas? Hace muchos años aparecieron los pegamentos. Yo trabajaba con pegamentos y me pareció maravilloso, pero nunca imaginé que iba a ser una de las drogas de consumo, particularmente de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Sigamos trabajando sobre las sustancias y va a seguir creciendo el problema.
Una encuesta reciente en la provincia de Río Negro, publicada por el gobierno de ese Estado, muestra que en el sector de internación hospitalaria, el 4 por ciento lo componen adicciones a sustancias ilegales y el 37 por ciento al alcoholismo. Es una relación de uno a nueve. Y esta situación se repite en todo el país.
La Fundación Favaloro calcula en tres millones y medio de argentinos a los dependientes del alcohol. Los sanitaristas sabemos que los tres problemas básicos a resolver por la salud pública en la Argentina son el alcoholismo, la desnutrición y la mortalidad infantil.
La pregunta que se impone, entonces -que ya la que hizo quien antes habló-, es la siguiente: la contradicción legalidad-ilegalidad de las drogas, ¿es lo que hay que resolver para asistir a este grave problema sanitario-social? ¿Ése es el problema que tenemos que abordar?
Aquí se hizo referencia, se mencionó -creo que lo hizo el ex diputado Gorbacz-, reiterativamente la ley nacional de salud mental, que no hace la más mínima referencia al tema del las adicciones ni de los adictos. En realidad, no podría hacerla, porque cualquier sanitarista más o menos actualizado sabe que los andariveles de tratamiento y los programas y planes para abordar ambos problemas son totalmente diferentes. Entonces, tenemos que trabajar en otro marco legal y, en lugar de confundir las cosas, ayudar a clarificarlas, sobre todo en este ámbito.
Hasta tal punto es así, que el alcoholismo tiene una ley específica, y es una droga y es la primera de las drogadependencias, pero no está comprendida en esa ley nacional de salud mental, y hay una ley parcial sobre el tema del tabaco, que limita la propaganda, etcétera.
Voy a referirme a un punto que está en todos los proyectos que yo he leído -creo que son siete, si no me equivoco. El artículo 19 de la Constitución es citado como fundamento para aprobar la despenalización. En diversos proyectos se hace mención a este precepto constitucional en cuanto dice que los actos privados de los hombres que no afecten a terceros, etcétera. Por lo que ya hemos señalado las adicciones afectan a terceros. Lo hemos mostrado con los fumadores pasivos, pero voy a continuar. Lo podemos reiterar con el alcoholismo. Tenemos los accidentes automovilísticos producidos por conductores ebrios o los accidentes de trabajo del mismo origen. El 40 por ciento de los accidentes de trabajo, que no son pocos en la Argentina y que son cada vez más -porque las condiciones en que trabajan los trabajadores argentinos son cada vez más vergonzosas- está mediado por el alcohol.
La Argentina marcha a la cabeza en el mundo por mortalidad en accidentes automovilísticos. El 80 por ciento de ellos registra la presencia del alcohol. Estamos hablando de uno por hora, 27 en el día.
Pero, además, si el tema es la despenalización, ¿para qué insistimos en el control antidoping de los jugadores de los distintos deportes, si se trata de un acto privado, que no afecta a terceros?
Todos recordamos el Mundial de los Estados Unidos y a Maradona. ¿Ustedes los recuerdan? Lo afectó a él sólo, ¿no? Fue un acto privado. Digo esto por lo siguiente: la Constitución de 1853, que ha sido citada aquí, señala este tema desde hace 160 años, lo que constituyó un gran avance, pero nosotros debemos sumar a la noción del daño individual la del daño colectivo o social. Si algo logra el proceso adictivo es sumar terceros, cuartos o quintos, como ya lo cantó la música popular: "tomo y obligo". Habrán visto que hoy estoy tanguero: "ajenjo", "tomo y obligo". (Aplausos.)
No debe olvidarse el carácter relacional de las adicciones. Hoy los jóvenes se juntan para consumir y consumen para juntarse. Y no se olviden que el eslogan con el cual se llegó a multiplicar por veinte el consumo de cerveza en apenas una década fue el que dice que se trata de "El sabor del encuentro".
Por supuesto que los problemas de la salud pública no se resuelven con la criminalización ni con leyes secas, sino con la asistencia de los afectados, que somos todos y no solamente los adictos. Digo esto porque si un conductor ebrio mata a un familiar de alguno de nosotros, el problema es de todos. La noción de daño social abre justamente esta idea: no a las drogas.
Esta consigna preside cuanta campaña preventiva se intentó en la Argentina en los últimos cuarenta años. Los resultados están a la vista. Al estilo de una guerra santa se enfrenta a la droga como si ésta tuviera vida propia y por un mecanismo nunca explicitado ingresara al ser humano dependizándolo.
Hagan un esfuerzo de imaginación: nunca vi que una bebida alcohólica me abra la boca y se meta dentro mío. El movimiento es al revés: soy yo el que la tomo porque la necesito. De esa forma hago que deje de ser pasiva y la convierto en activa. El alcoholismo no es una enfermedad de las botellas, la adicción a la marihuana no es una enfermedad de los porros y el tabaquismo no es un problema de los cigarrillos. Por el contrario, son seres humanos los que activamente buscan la sustancia, transformándola progresivamente en eje de su vida cotidiana.
La consigna "No a las drogas", que en estos días he visto pegada en Buenos Aires -quizás con muy buena voluntad-, se refiere siempre a aquellas que son de circulación ilegal, que como claramente señala la epidemiología sanitaria no son las más destructivas ni las de mayor incidencia. Eso sí: gozan de una mayor prensa y prejuicio. Pero a la vez hablar sólo de las drogas ilegales contribuye a ocultar a las tres primeras ya mencionadas. No sé a quién beneficiará eso.
Nosotros no estamos a favor o en contra de las drogas, sino que abordamos las adicciones, que son el padecimiento de millones de argentinos. Con ellos trabajamos para que puedan estructurar un proyecto de vida sin sustancias adictivas. ¿Puede haber vida digna, con libertad y derechos, cuando las adicciones minan a los sujetos, a los grupos sociales y a la misma Nación?
Durante décadas se habló sobre la oferta de drogas, optando por posiciones prohibitivas o permisivas. Lo que afirmé con anterioridad me permite concluir claramente que continuar trabajando sobre las sustancias y no principalmente sobre la demanda, producto de los padecimientos humanos, es persistir en un camino que al principio promete soluciones y luego mata las ilusiones.
Considero erróneo homologar la despenalización a posiciones progresistas y la penalización a posiciones retrógradas. La politización y polarización de esta discusión sólo ideologiza un problema que requiere soluciones concretas. Ambas posiciones, la prohibitiva y la permisiva, han mostrado -como hemos visto- que no resuelven los sufrimientos de millones de compatriotas.
Debemos contestarnos una pregunta. ¿Por qué cada día más compatriotas tratan de paliar sus angustias, tristezas, sufrimientos y ansiedades con sustancias legales o ilegales que aumentan el daño individual y social?
A partir de allí surge como camino trabajar sobre la demanda con los adictos, sus familias y su comunidad. El Estado debe encarar lo que hoy es inexistente. Me refiero a un plan nacional de adicciones que acompañe, asista y organice actividades, canalizando las vocaciones de la población en riesgo, que somos la inmensa mayoría de los argentinos.
Los enfoques basados en la institucionalización de los afectados ya han sido dejados de lado. La reclusión en medios aislados, presentada como terapéutica, ha mostrado su fracaso y la enorme dificultad para luego reinsertar socialmente a los previamente encerrados.
Del mismo modo, debe analizarse críticamente la llamada política de reducción de daños, que parte de la idea de la incurabilidad de los adictos sobre la base de la resistencia al tratamiento de ellos y de sus familias.
El primer paso de la recuperación es trabajar sobre esas resistencias, mostrando la ligazón entre los padecimientos y el carácter de la enfermedad. Asimismo, considerando a la abstinencia como un paso en el proceso individual, familiar y comunitario para reestructurar los sistemas vinculares y acompañar la dura lucha de proyectar una vida sin sustancias psicoactivas.
Nosotros no renunciamos a ese trabajo iniciado hace veintisiete años, con índices de recuperación de más del 40 por ciento, por la red de grupos institucionales contra el alcoholismo, grupos terapéuticos, etcétera, que existen en diez provincias argentinas. También trabajamos junto con modelos que parten de la idea de que en salud no existen problemas incurables o intratables a priori.
Es necesario ensayar múltiples caminos correctivos, como decía Enrique Pichon Rivière. Hoy aquí el Poder Legislativo realiza un enorme esfuerzo para resolver este problema de millones de argentinos, y los distintos proyectos muestran claramente que la intersectorialidad es absolutamente imprescindible.
La articulación de las instituciones sanitarias, educativas, judiciales, de seguridad, legislativas y comunales son la herramienta a utilizar en torno a un programa nacional, amplia y democráticamente debatido. Esto implica que el mismo no puede ser patrimonio de nadie, por alta que sea su responsabilidad institucionalidad, y nos lleva al imprescindible eje federal en un país donde las identidades locales, provinciales y regionales son cada vez más diversas. Y con ello que se respete, se tenga en cuenta los distintos procesos en marcha desde hace ya años, sus aciertos, sus logros, sus errores y sus enseñanzas. Gracias por la tolerancia que han tenido. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Invitamos a exponer a la señora Silvia Inchaurraga, psicóloga, directora del Centro de Estudios en Drogadependencia y SIDA de la ciudad de Rosario.
SRA. INCHAURRAGA Señor presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones, señores diputados, señoras y señores: es un gusto poder estar aquí con ustedes para compartir este debate, como lo fue hace exactamente un año cuando participamos de la audiencia pública sobre los proyectos de despenalización.
Represento a una institución, la Universidad Nacional de Rosario, que ha sido pionera en plantear la necesidad de modificar la política legislativa en materia de drogas, incluyendo la despenalización de la tenencia y la modificación de la política de salud, incorporando la reducción de daños como uno de sus pilares básicos.
Nuestra institución no ha claudicado en el abordaje existencial de aquellos que tienen problemas con las drogas sino que ha planteado justamente la reducción de daños como un tercer pilar complementario a la prevención y la asistencia.
Para iniciar mis reflexiones quiero compartir con ustedes un anónimo contemporáneo que dice: "De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país". De preservar los límites de nuestra piel se ocupa el artículo 19 de la Constitución Nacional, como bien se ha planteado ya en esta sala, y de preservar los límites de nuestra piel debiera también ocuparse la legislación en materia de drogas, incluyendo a los usuarios de drogas como ciudadanos.
Aquí se han planteado diversos proyectos que proponen la modificación de esta ley y a esta altura del debate quiero hacer una aclaración porque se ha tergiversado en el panel anterior el contenido de estas iniciativas.
Todos los proyectos a la fecha presentados plantean dejar de punir una conducta individual, que es la conducta de tenencia de drogas para el propio consumo o la conducta de autocultivo. Ninguno de estos proyectos incluye ninguna propuesta de legalización ni abierta ni controlada de las drogas. Por eso es que resulta absolutamente erróneo comparar estos proyectos legislativos con la propuesta portuguesa, por ejemplo, que no avanzó en despenalizar nada sino que descriminalizó simplemente el consumo. Es todavía más imprudente comparar estas propuestas con el modelo holandés, que avanzó en una específica legalización controlada de la comercialización y venta de cannabis en los coffee shops.
Hay quienes usan, hay quienes abusan y quienes dependen de las drogas. Hoy sabemos que todos ellos están expuestos a riesgos y a daños. Los riesgos y los daños vinculados con su consumo, los riesgos y los daños vinculados con la falta de conocimiento sobre qué consumen, y de qué manera lo hacen. Los riesgos y los daños vinculados con la falta de acceso al sistema de salud y los riesgos y los daños vinculados con la penalización de su conducta de tenencia de drogas para el consumo personal.
Porque Ana, que consume cocaína, no se acerca a los hospitales no sólo porque no quiere dejar la cocaína o porque quizás no puede, sino que Ana no se acerca a nuestros hospitales porque tiene temor de ser denunciada y porque tiene temor a ser detenida. De la misma manera, Manuel, un consumidor problemático de ketaminas, ha perdido su nombre propio. Manuel en su barrio es hoy el limado, el falopero, el drogadicto; son las etiquetas que ocultan un problema, que ocultan el sufrimiento subjetivo de Manuel, que ocultan una compleja situación familiar de desmembramiento, que ocultan su situación social de vivir en la pobreza crítica. Y la ley actual -la 23.737- le suma una nueva etiqueta: la de delincuente, para complejizar y dificultar todavía más las posibilidades de Manuel de ser escuchado en su sufrimiento, de ser contenido familiar o socialmente y, diría más, de ser contenido por una política de Estado que sea incluyente y no excluyente, como lo es actualmente.
Las drogas, esos objetos quitapenas, para Sigmund Freud, esos objetos de la felicidad química, como los definió Umberto Eco, esas prótesis narcisísticas, de las que habló el sociólogo Gilles Lipovetzky, requieren hoy una nueva mirada acorde a la complejidad de nuestros tiempos y no sólo las drogas, sino que aquellos que las consumen requieren hoy, con urgencia, de esta nueva mirada.
La política de represión y de abstinencia nos ha demostrado su fracaso en la Argentina. Nos lo ha demostrado no sólo con estadísticas contundentes sobre la cantidad de causas federales vinculadas a la figura de tenencia para el consumo personal, sino también con datos de la cantidad de recaídas vinculados al encierro en las instituciones cerradas, que sólo se plantean como objetivo la abstinencia. También nos lo ha demostrado con otros datos, como el descenso de la edad del consumo, la existencia de drogas cada vez más tóxicas y más baratas, la diversificación del mercado de las drogas y la cantidad de problemas sanitarios vinculados al consumo de drogas de las personas, que cada vez se acercan menos al sistema de salud, que cada vez se acercan menos a nuestras instituciones.
Hoy estamos en un momento histórico; hoy tenemos diversos proyectos legislativos que, en sintonía con esta perspectiva, plantean la necesidad de defender los derechos humanos de aquellos que consumen drogas; hoy contamos también con la ley nacional de salud mental, la ley 26.657, que si ustedes la leen bien verán que en su artículo 4° enfatiza la posibilidad de que los usuarios de drogas prohibidas sean tratados con una igualdad de derechos en relación a los usuarios de drogas legales. No es cierto que la ley de salud mental no hable de uso de drogas ilegales.
También contamos hoy con el apoyo de la sociedad civil, que en marchas masivas desde el año 2002 en la Argentina viene reclamando por que se modifique una ley injusta, una ley ineficaz y, fundamentalmente, una ley inhumana, junto con otros reclamos que desde la sociedad civil han planteado la legalización del autocultivo o la defensa de los usos médicos del cannabis.
Pero hoy nos faltan algunas cosas. Tenemos esto, pero nos falta una ley, y por eso es importante este debate y esto es hoy responsabilidad de nuestros legisladores. Por eso es muy importante que hoy nuestros legisladores estén aquí escuchando a quienes trabajamos el terreno en esta problemática del uso de las drogas desde hace más de veinte años.
Hoy también nos falta una política pública en materia de drogas que incluya esta perspectiva y que incluya -como decía inicialmente- que la reducción de daños no es claudicar frente a la posibilidad de la asistencia, sino que es respetar el derecho de aquellos que no quieren o no pueden realizar un tratamiento exclusivamente dirigido a la abstinencia de drogas.
Considero que el Estado puede querer de distintas maneras disuadir o desalentar las conductas que considere dañinas, que considere insalubres, que considere peligrosas, que considere -valga la expresión- tóxicas, pero de ninguna manera debiera -o debe- el Estado utilizar la coacción y el castigo para lograr esto. Es por eso que, aunque parezca una paradoja, la única manera que tenemos de garantizar el derecho a la salud de los usuarios de drogas es con una legislación que deje de considerarlos delincuentes y deje de excluirlos de su sistema de salud.
¿Queremos garantizar el acceso a nuestros hospitales de los usuarios de drogas? ¿Queremos que accedan a información sobre los riesgos y los daños vinculados a su consumo? ¿Queremos evitar los problemas vinculados al consumo de drogas, como los accidentes, como las sobredosis, como la incidencia del SIDA en aquellos que se inyectan diversas sustancias? ¿Queremos que los recursos del Estado vayan efectivamente al control del narcotráfico?
¿Queremos vivir efectivamente en un país donde se respeten los derechos humanos de todos? Entonces, votemos una nueva ley y modifiquemos la ley 23.737, porque castigando a los usuarios de drogas y persiguiéndolos es indudable que no vamos a obtener esos resultados.
Para concluir quiero decir que desde hace veinte años escucho que quienes planteamos la necesidad de modificar la ley de drogas, la despenalización de la tenencia, estamos locos. Hace veinte años que escucho que los programas de reducción de daños son una locura y que nosotros -en particular una institución pública que insertó por primera vez en el país un programa de jeringas para evitar la transmisión del SIDA en aquellas personas que compartían el material con el que se inyectaban- estábamos locos.
Creo que es hora de que estas personas reflexionen en el sentido de que, como decía Einstein, locura es hacer una y otra vez lo mismo: castigar, encerrar, etiquetar y esperar resultados diferentes. (Aplausos.)
Represento a una institución, la Universidad Nacional de Rosario, que ha sido pionera en plantear la necesidad de modificar la política legislativa en materia de drogas, incluyendo la despenalización de la tenencia y la modificación de la política de salud, incorporando la reducción de daños como uno de sus pilares básicos.
Nuestra institución no ha claudicado en el abordaje existencial de aquellos que tienen problemas con las drogas sino que ha planteado justamente la reducción de daños como un tercer pilar complementario a la prevención y la asistencia.
Para iniciar mis reflexiones quiero compartir con ustedes un anónimo contemporáneo que dice: "De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano, y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país". De preservar los límites de nuestra piel se ocupa el artículo 19 de la Constitución Nacional, como bien se ha planteado ya en esta sala, y de preservar los límites de nuestra piel debiera también ocuparse la legislación en materia de drogas, incluyendo a los usuarios de drogas como ciudadanos.
Aquí se han planteado diversos proyectos que proponen la modificación de esta ley y a esta altura del debate quiero hacer una aclaración porque se ha tergiversado en el panel anterior el contenido de estas iniciativas.
Todos los proyectos a la fecha presentados plantean dejar de punir una conducta individual, que es la conducta de tenencia de drogas para el propio consumo o la conducta de autocultivo. Ninguno de estos proyectos incluye ninguna propuesta de legalización ni abierta ni controlada de las drogas. Por eso es que resulta absolutamente erróneo comparar estos proyectos legislativos con la propuesta portuguesa, por ejemplo, que no avanzó en despenalizar nada sino que descriminalizó simplemente el consumo. Es todavía más imprudente comparar estas propuestas con el modelo holandés, que avanzó en una específica legalización controlada de la comercialización y venta de cannabis en los coffee shops.
Hay quienes usan, hay quienes abusan y quienes dependen de las drogas. Hoy sabemos que todos ellos están expuestos a riesgos y a daños. Los riesgos y los daños vinculados con su consumo, los riesgos y los daños vinculados con la falta de conocimiento sobre qué consumen, y de qué manera lo hacen. Los riesgos y los daños vinculados con la falta de acceso al sistema de salud y los riesgos y los daños vinculados con la penalización de su conducta de tenencia de drogas para el consumo personal.
Porque Ana, que consume cocaína, no se acerca a los hospitales no sólo porque no quiere dejar la cocaína o porque quizás no puede, sino que Ana no se acerca a nuestros hospitales porque tiene temor de ser denunciada y porque tiene temor a ser detenida. De la misma manera, Manuel, un consumidor problemático de ketaminas, ha perdido su nombre propio. Manuel en su barrio es hoy el limado, el falopero, el drogadicto; son las etiquetas que ocultan un problema, que ocultan el sufrimiento subjetivo de Manuel, que ocultan una compleja situación familiar de desmembramiento, que ocultan su situación social de vivir en la pobreza crítica. Y la ley actual -la 23.737- le suma una nueva etiqueta: la de delincuente, para complejizar y dificultar todavía más las posibilidades de Manuel de ser escuchado en su sufrimiento, de ser contenido familiar o socialmente y, diría más, de ser contenido por una política de Estado que sea incluyente y no excluyente, como lo es actualmente.
Las drogas, esos objetos quitapenas, para Sigmund Freud, esos objetos de la felicidad química, como los definió Umberto Eco, esas prótesis narcisísticas, de las que habló el sociólogo Gilles Lipovetzky, requieren hoy una nueva mirada acorde a la complejidad de nuestros tiempos y no sólo las drogas, sino que aquellos que las consumen requieren hoy, con urgencia, de esta nueva mirada.
La política de represión y de abstinencia nos ha demostrado su fracaso en la Argentina. Nos lo ha demostrado no sólo con estadísticas contundentes sobre la cantidad de causas federales vinculadas a la figura de tenencia para el consumo personal, sino también con datos de la cantidad de recaídas vinculados al encierro en las instituciones cerradas, que sólo se plantean como objetivo la abstinencia. También nos lo ha demostrado con otros datos, como el descenso de la edad del consumo, la existencia de drogas cada vez más tóxicas y más baratas, la diversificación del mercado de las drogas y la cantidad de problemas sanitarios vinculados al consumo de drogas de las personas, que cada vez se acercan menos al sistema de salud, que cada vez se acercan menos a nuestras instituciones.
Hoy estamos en un momento histórico; hoy tenemos diversos proyectos legislativos que, en sintonía con esta perspectiva, plantean la necesidad de defender los derechos humanos de aquellos que consumen drogas; hoy contamos también con la ley nacional de salud mental, la ley 26.657, que si ustedes la leen bien verán que en su artículo 4° enfatiza la posibilidad de que los usuarios de drogas prohibidas sean tratados con una igualdad de derechos en relación a los usuarios de drogas legales. No es cierto que la ley de salud mental no hable de uso de drogas ilegales.
También contamos hoy con el apoyo de la sociedad civil, que en marchas masivas desde el año 2002 en la Argentina viene reclamando por que se modifique una ley injusta, una ley ineficaz y, fundamentalmente, una ley inhumana, junto con otros reclamos que desde la sociedad civil han planteado la legalización del autocultivo o la defensa de los usos médicos del cannabis.
Pero hoy nos faltan algunas cosas. Tenemos esto, pero nos falta una ley, y por eso es importante este debate y esto es hoy responsabilidad de nuestros legisladores. Por eso es muy importante que hoy nuestros legisladores estén aquí escuchando a quienes trabajamos el terreno en esta problemática del uso de las drogas desde hace más de veinte años.
Hoy también nos falta una política pública en materia de drogas que incluya esta perspectiva y que incluya -como decía inicialmente- que la reducción de daños no es claudicar frente a la posibilidad de la asistencia, sino que es respetar el derecho de aquellos que no quieren o no pueden realizar un tratamiento exclusivamente dirigido a la abstinencia de drogas.
Considero que el Estado puede querer de distintas maneras disuadir o desalentar las conductas que considere dañinas, que considere insalubres, que considere peligrosas, que considere -valga la expresión- tóxicas, pero de ninguna manera debiera -o debe- el Estado utilizar la coacción y el castigo para lograr esto. Es por eso que, aunque parezca una paradoja, la única manera que tenemos de garantizar el derecho a la salud de los usuarios de drogas es con una legislación que deje de considerarlos delincuentes y deje de excluirlos de su sistema de salud.
¿Queremos garantizar el acceso a nuestros hospitales de los usuarios de drogas? ¿Queremos que accedan a información sobre los riesgos y los daños vinculados a su consumo? ¿Queremos evitar los problemas vinculados al consumo de drogas, como los accidentes, como las sobredosis, como la incidencia del SIDA en aquellos que se inyectan diversas sustancias? ¿Queremos que los recursos del Estado vayan efectivamente al control del narcotráfico?
¿Queremos vivir efectivamente en un país donde se respeten los derechos humanos de todos? Entonces, votemos una nueva ley y modifiquemos la ley 23.737, porque castigando a los usuarios de drogas y persiguiéndolos es indudable que no vamos a obtener esos resultados.
Para concluir quiero decir que desde hace veinte años escucho que quienes planteamos la necesidad de modificar la ley de drogas, la despenalización de la tenencia, estamos locos. Hace veinte años que escucho que los programas de reducción de daños son una locura y que nosotros -en particular una institución pública que insertó por primera vez en el país un programa de jeringas para evitar la transmisión del SIDA en aquellas personas que compartían el material con el que se inyectaban- estábamos locos.
Creo que es hora de que estas personas reflexionen en el sentido de que, como decía Einstein, locura es hacer una y otra vez lo mismo: castigar, encerrar, etiquetar y esperar resultados diferentes. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD A continuación hará uso de la palabra el doctor Luis Osler, abogado y asesor legal de la revista THC y del presidente del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica.
SR. OSLER Señor presidente: en primer término quiero agradecer la posibilidad de hacer uso de la palabra en este espacio de democracia, que para los que tuvimos que vivir en algún momento sin ella constituye un privilegio y un placer constantes.
En segundo lugar, si bien me iba a referir puntualmente a la cuestión que pensaba que era aquella por la que venía -es decir, hablar de una ley penal de drogas-, voy a tener que hacer alusión muy rápidamente a un par de conceptos que me parece que se han utilizado de manera errónea. Básicamente se trata del concepto que equipara al consumidor con el adicto. Esto lo he escuchado varias veces. Lo más grave es que en algunos casos lo han dicho profesionales de la salud, lo que realmente me llama la atención.
Otro concepto que escuché es el de que resulta prematuro tratar en este momento el tema de la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal. En este sentido quiero expresar que si después de treinta años en los cuales hemos escuchado decir dónde estábamos parados, entonces parecería que vamos a tratar este tema cuando realmente no tengamos soluciones. Esa es mi inquietud. Lejos de ser prematuro, creo que ya casi está empezando a ser tarde para tratar este tema.
Otra de las cosas que escuché es un tema un poco más jurídico. En ese sentido me permito humildemente disentir con el orador que habló de tipos penales abiertos cuando en realidad, por lo que estoy entendiendo, están hablando de penalizar la tenencia de estupefacientes con la finalidad de comercio. Yo lo veo cerrado, pero no sé si es así.
Lo que sí veo es que en relación con el tema de la tenencia simple tenemos lo que se conoce como un delito de peligro abstracto. Esto no lo digo yo, sino la Corte Suprema de Justicia en su actual conformación. Esto es algo que está contemplado en la actual ley de estupefacientes.
Por otro lado entiendo que hay un consenso en todos los proyectos en el sentido de despenalizar la tenencia para consumo personal, con lo cual avanzamos un paso en la discusión. Después de todas las cosas que se dijeron no debemos olvidar que en realidad el origen de la penalización del consumidor se basa en que va a ser el delator -esto ha sido establecido en fallos emblemáticos de la Corte cuando ésta tenía otras integraciones- y en que a partir de él se va a subir en la cadena y se va a llegar al narcotraficante, entre comillas. Todo sería muy lindo si no fuese porque partimos de un error en la concepción. Por ejemplo, estamos diciendo que a la última persona, que es el consumidor, no le vamos a reconocer su derecho de negarse a declarar. Es decir que estamos violando un principio constitucional. Por supuesto que ello respondió a las políticas que se llevaron adelante sobre este tema durante los últimos treinta años.
Sentado lo expuesto y teniendo en cuenta la no penalización de la tenencia para consumo personal debo decirles que esa despenalización no va a ser completa en tanto continúe lo que se llama la figura de la tenencia simple de estupefacientes.
¿A qué llamamos tenencia simple de estupefacientes? Hoy por hoy, con la ley actual, tenemos una tenencia para consumo, penada o sustituible por un tratamiento médico extorsivo. Por otro lado, tenemos la tenencia para comercio. En el medio tenemos una figura gris, que es la tenencia simple, que no tiene ninguna finalidad y abre las puertas a los grandes nichos de corrupción.
Quiero señalar que estamos hablando de leyes penales y ellas no tienen que hablar de salud. Los jueces no tienen que ocuparse de la salud. Las leyes penales tienen que ser simples y cortas, tienen que enumerar conductas prohibidas y las penas impuestas a la gente que comete esas conductas.
En este caso, en definitiva, estamos hablando del consumidor y basta con la Constitución nacional y nada más para sancionar la mejor ley de estupefacientes.
Entonces, respetemos el principio de reserva, de legalidad, de inocencia y del debido proceso, y así tendremos la ley de estupefacientes que queremos. Los seres humanos somos un poco más complejos y por eso estamos acá debatiendo esta cuestión.
Vuelvo al tema de la tenencia simple. Tenemos una tenencia oscura que abre dos puertas, igual de nocivas para la sociedad.
Por un lado, existen los grandes nichos de corrupción, porque al no tener determinado qué es la tenencia y cuál es la finalidad, habilitamos la intermediación de fuerzas de seguridad, etcétera, y el "te llevo para el lado del comercio o te dejo para el lado del consumo". El nicho de corrupción es tremendo.
Por el otro lado, se genera el engaño social de la estadística sobre estupefacientes. Ya hemos escuchado numerosas estadísticas. De cien casos que vamos a tener ingresados como causas por narcotráfico, con suerte vamos a tener una o dos sentencias reales que ataquen -no digo a narcotraficantes- a los comerciantes de estupefacientes. Esto es lo que provoca la tenencia simple.
Nos podemos preguntar por qué y cuál es el discurso oficial para sostener la tenencia simple. El discurso número uno es: "Si sacamos la tenencia simple, fomentamos el comercio minorista de estupefacientes". ¿Por qué? Entonces se contesta: "Porque todo el mundo va a poder tener poco, lo vende, lo lleva y lo trae".
Ahora bien, al comercio mayorista lo dejamos en otro nivel de investigación, es decir, un nivel financiero, de sociedades off shore, de investigación fiscal, de controles aduaneros, de radarización, etcétera.
En cambio, el comercio minorista, por la forma en que se desenvuelve, es simple de investigar porque se trata de una persona saliendo a vender o muchas yendo a comprar a un lugar, que es cuando se dice normalmente que en determinada esquina funciona una venta de paco. Entonces, el problema no es de la ley sino de la seguridad y la forma en que se investiga esa venta.
La forma de investigar el comercio minorista es muy simple, porque se tiene ubicada a una persona. Entonces, los fiscales y la policía tienen que hacer tareas de inteligencia, que serán simples porque van a tener mucho movimiento de gente que entra y que sale, se podrán interceptar compradores, se tendrá ubicada una dirección, se escucharán teléfonos, etcétera. ¿En qué redundará esta situación? En el momento en que el juez decida que entra a un domicilio determinado, la causa está prácticamente terminada porque las pruebas están recogidas antes y no después, que es lo que sucede ahora, que se para por la calle a gente indiscriminadamente o se entra a lugares de la misma manera y resulta ser que después no se llega a las sentencias que se pretenden.
La realidad es esa. Vamos a acortar los procesos, lograr condenas y sobre todo ahorrar recursos que puedan ser redirigidos a otras áreas, como por ejemplo la salud.
Estoy seguro de que nadie acá pretende fomentar el consumo de estupefacientes, que los chicos fumen estupefacientes, muchos somos padres, todos somos hijos, en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿el tema es que la ley penal se ocupe de esto? Hasta ahora lo llevaron adelante los jueces, ellos fueron los que tuvieron que decidir si vas preso o si hacés un tratamiento. Obviamente se imaginan la cantidad de tratamientos truchos que anduvieron dando vueltas por todos lados para no ir presos. Entonces esto no sirve, la ley penal no se ocupa de salud, por eso es que se trabaja sobre una ley de salud.
Otro de los argumentos que se utiliza es lo que yo llamo la metáfora de los policías gordos. Supongamos que estamos en una ciudad, los policías están gordos, mal alimentados, no pueden investigar, no pueden correr a los delincuentes, entonces, ¿qué hacen? Se paran en un lugar y se llevan a todos. De todos los que se llevan, descartan cuáles realmente son delincuentes y cuáles no lo son. La anterior ya vimos, es una ficción, esta es una aberración. Sin embargo, es lo que pasa. Vamos a ponernos más extremistas, vamos a decir que estoy dispuesto a sacrificar la libertad de la gente para ver si atrapo a algún delincuente. Las estadísticas me dicen que aun sacrificando la libertad de la gente no agarran a nadie.
Entonces, tratemos de hablar de realidades, la ley penal se tiene que dirigir a realidades y no a mitos y este es un mito. Por supuesto que en esto tienen también gran parte de la culpa el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son quienes deben orientar la tarea de esos policías. Muchas veces es al revés porque son orientados por esos policías y terminan consciente o inconscientemente inmersos en estos nichos de corrupción de los que hablo.
En definitiva, la tenencia simple provoca un proceso violatorio de garantías, un pago de justos por pecadores, si podemos llamarlo de esta forma. En el ambiente judicial se llama excursión de pesca, es decir, salimos a levantar gente, después vemos qué pasa y cuáles son las consecuencias.
Ahora quiero hablar de cuáles son las consecuencias de mantener una tenencia simple. Al existir una tenencia sin finalidad, se hace lo que penalmente se llama Notitia Criminis, la simple tenencia de una sustancia. Entonces con poder tener un indicio de la simple tenencia se permite el avance de la judicialización justamente porque no se necesita más que la tenencia, ya que la tenencia simple no implica otra finalidad. Esto es muy peligroso a nivel sustancia, se ha transformado en algo mucho más peligroso para los cultivadores de marihuana porque a partir de que alguien ve una planta en un balcón o en un jardín está habilitada la vía fiscal para ir a allanar ese lugar y que después se saquen las certificaciones del caso, con todo lo que implica entrar en el domicilio de una persona.
Ustedes dirán que soy un exagerado, bueno sí, soy un exagerado pero el 90 por ciento de los casos me están tocando a mí y lo vivo diariamente. Por ejemplo los casos Aguirre, Golot o Faray, gente que estaba en su casa y por una denuncia de un vecino o una denuncia anónima, entre comillas -más de una vez vi algo llamativo, que las denuncias anónimas salen del locutorio de la vuelta de la comisaría del barrio-, fue criminalizada y detenida durante días, peor aún, en base a una interpretación arbitraria del artículo 5º, que en realidad habla de dolo de tráfico, o sea, del comercio. Pero como la tenencia simple no habla de plantas, hemos tenido jueces -como Tuya, de San Isidro- y fiscales -como Scapolán, también de San Isidro-, que arbitrariamente han asimilado el cultivo que no tiene finalidad al artículo 5º inciso a). Ustedes dirán: "Bueno, pero son los dos cultivo simple". Sí, pero con una diferencia, la tenencia simple es a partir de un año, con lo cual permite la excarcelación. El cultivo simple como, en realidad, legislativamente fue creado para atacar el comercio, habla de cuatro años. El caso Aguirre es paradigmático: una persona con diez plantas -probado en el juicio el consumo personal, inclusive por las autoridades policiales-, fue condenada a cuatro años por cultivo simple. Entró en libertad y salió preso.
Para concluir, entiendo que es necesario trabajar sobre el tema de la tenencia personal. Por lo que he visto por ahí, en los proyectos que rondan -y en el consensuado sobre todo- hay un gran avance, porque respecto de la tenencia simple de estupefacientes cambia el paradigma y vuelve la carga de la prueba a su forma normal, o sea, no va a ser aquel a quien detengan el que tenga que explicar -invirtiendo la carga de la prueba- que él consume y no hace otra cosa con sus sustancias, sino que van a tener que ser los fiscales los que van a tener que probar que esa sustancia no es para consumo personal. Ojo, es un importante paso; muy importante.
El segundo es el caso de los autocultivadores, en donde específicamente se requiere la finalidad del comercio. En definitiva, entiendo un avance el camino que se está tomando.
Creo que simplemente no hay que dejar de lado estas cuestiones que son específicas de una ley penal. Como todos los que estamos acá apoyo la reducción de daño y comparto los criterios respecto de la salud con todas las sustancias, no sólo con las legales, con las ilegales también y a eso voy cuando hablo de consumidores y adictos. Hace un rato acá se reconoció un consumo de ajenjo y no veo ningún viso de adicción en esos consumidores, que probablemente tendrían que pasar por un tratamiento obligatorio con la ley actual.
En definitiva, la idea es que tengamos claro que hablamos de una ley penal y tengamos claro que más allá de todos los problemas de salud que nos pueda traer el consumo de cualquier sustancia, esos problemas van a ser siempre mayores si criminalizamos a los usuarios. Estos es lo que debe quedar claro. (Aplausos.)
En segundo lugar, si bien me iba a referir puntualmente a la cuestión que pensaba que era aquella por la que venía -es decir, hablar de una ley penal de drogas-, voy a tener que hacer alusión muy rápidamente a un par de conceptos que me parece que se han utilizado de manera errónea. Básicamente se trata del concepto que equipara al consumidor con el adicto. Esto lo he escuchado varias veces. Lo más grave es que en algunos casos lo han dicho profesionales de la salud, lo que realmente me llama la atención.
Otro concepto que escuché es el de que resulta prematuro tratar en este momento el tema de la despenalización de la tenencia de drogas para el consumo personal. En este sentido quiero expresar que si después de treinta años en los cuales hemos escuchado decir dónde estábamos parados, entonces parecería que vamos a tratar este tema cuando realmente no tengamos soluciones. Esa es mi inquietud. Lejos de ser prematuro, creo que ya casi está empezando a ser tarde para tratar este tema.
Otra de las cosas que escuché es un tema un poco más jurídico. En ese sentido me permito humildemente disentir con el orador que habló de tipos penales abiertos cuando en realidad, por lo que estoy entendiendo, están hablando de penalizar la tenencia de estupefacientes con la finalidad de comercio. Yo lo veo cerrado, pero no sé si es así.
Lo que sí veo es que en relación con el tema de la tenencia simple tenemos lo que se conoce como un delito de peligro abstracto. Esto no lo digo yo, sino la Corte Suprema de Justicia en su actual conformación. Esto es algo que está contemplado en la actual ley de estupefacientes.
Por otro lado entiendo que hay un consenso en todos los proyectos en el sentido de despenalizar la tenencia para consumo personal, con lo cual avanzamos un paso en la discusión. Después de todas las cosas que se dijeron no debemos olvidar que en realidad el origen de la penalización del consumidor se basa en que va a ser el delator -esto ha sido establecido en fallos emblemáticos de la Corte cuando ésta tenía otras integraciones- y en que a partir de él se va a subir en la cadena y se va a llegar al narcotraficante, entre comillas. Todo sería muy lindo si no fuese porque partimos de un error en la concepción. Por ejemplo, estamos diciendo que a la última persona, que es el consumidor, no le vamos a reconocer su derecho de negarse a declarar. Es decir que estamos violando un principio constitucional. Por supuesto que ello respondió a las políticas que se llevaron adelante sobre este tema durante los últimos treinta años.
Sentado lo expuesto y teniendo en cuenta la no penalización de la tenencia para consumo personal debo decirles que esa despenalización no va a ser completa en tanto continúe lo que se llama la figura de la tenencia simple de estupefacientes.
¿A qué llamamos tenencia simple de estupefacientes? Hoy por hoy, con la ley actual, tenemos una tenencia para consumo, penada o sustituible por un tratamiento médico extorsivo. Por otro lado, tenemos la tenencia para comercio. En el medio tenemos una figura gris, que es la tenencia simple, que no tiene ninguna finalidad y abre las puertas a los grandes nichos de corrupción.
Quiero señalar que estamos hablando de leyes penales y ellas no tienen que hablar de salud. Los jueces no tienen que ocuparse de la salud. Las leyes penales tienen que ser simples y cortas, tienen que enumerar conductas prohibidas y las penas impuestas a la gente que comete esas conductas.
En este caso, en definitiva, estamos hablando del consumidor y basta con la Constitución nacional y nada más para sancionar la mejor ley de estupefacientes.
Entonces, respetemos el principio de reserva, de legalidad, de inocencia y del debido proceso, y así tendremos la ley de estupefacientes que queremos. Los seres humanos somos un poco más complejos y por eso estamos acá debatiendo esta cuestión.
Vuelvo al tema de la tenencia simple. Tenemos una tenencia oscura que abre dos puertas, igual de nocivas para la sociedad.
Por un lado, existen los grandes nichos de corrupción, porque al no tener determinado qué es la tenencia y cuál es la finalidad, habilitamos la intermediación de fuerzas de seguridad, etcétera, y el "te llevo para el lado del comercio o te dejo para el lado del consumo". El nicho de corrupción es tremendo.
Por el otro lado, se genera el engaño social de la estadística sobre estupefacientes. Ya hemos escuchado numerosas estadísticas. De cien casos que vamos a tener ingresados como causas por narcotráfico, con suerte vamos a tener una o dos sentencias reales que ataquen -no digo a narcotraficantes- a los comerciantes de estupefacientes. Esto es lo que provoca la tenencia simple.
Nos podemos preguntar por qué y cuál es el discurso oficial para sostener la tenencia simple. El discurso número uno es: "Si sacamos la tenencia simple, fomentamos el comercio minorista de estupefacientes". ¿Por qué? Entonces se contesta: "Porque todo el mundo va a poder tener poco, lo vende, lo lleva y lo trae".
Ahora bien, al comercio mayorista lo dejamos en otro nivel de investigación, es decir, un nivel financiero, de sociedades off shore, de investigación fiscal, de controles aduaneros, de radarización, etcétera.
En cambio, el comercio minorista, por la forma en que se desenvuelve, es simple de investigar porque se trata de una persona saliendo a vender o muchas yendo a comprar a un lugar, que es cuando se dice normalmente que en determinada esquina funciona una venta de paco. Entonces, el problema no es de la ley sino de la seguridad y la forma en que se investiga esa venta.
La forma de investigar el comercio minorista es muy simple, porque se tiene ubicada a una persona. Entonces, los fiscales y la policía tienen que hacer tareas de inteligencia, que serán simples porque van a tener mucho movimiento de gente que entra y que sale, se podrán interceptar compradores, se tendrá ubicada una dirección, se escucharán teléfonos, etcétera. ¿En qué redundará esta situación? En el momento en que el juez decida que entra a un domicilio determinado, la causa está prácticamente terminada porque las pruebas están recogidas antes y no después, que es lo que sucede ahora, que se para por la calle a gente indiscriminadamente o se entra a lugares de la misma manera y resulta ser que después no se llega a las sentencias que se pretenden.
La realidad es esa. Vamos a acortar los procesos, lograr condenas y sobre todo ahorrar recursos que puedan ser redirigidos a otras áreas, como por ejemplo la salud.
Estoy seguro de que nadie acá pretende fomentar el consumo de estupefacientes, que los chicos fumen estupefacientes, muchos somos padres, todos somos hijos, en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿el tema es que la ley penal se ocupe de esto? Hasta ahora lo llevaron adelante los jueces, ellos fueron los que tuvieron que decidir si vas preso o si hacés un tratamiento. Obviamente se imaginan la cantidad de tratamientos truchos que anduvieron dando vueltas por todos lados para no ir presos. Entonces esto no sirve, la ley penal no se ocupa de salud, por eso es que se trabaja sobre una ley de salud.
Otro de los argumentos que se utiliza es lo que yo llamo la metáfora de los policías gordos. Supongamos que estamos en una ciudad, los policías están gordos, mal alimentados, no pueden investigar, no pueden correr a los delincuentes, entonces, ¿qué hacen? Se paran en un lugar y se llevan a todos. De todos los que se llevan, descartan cuáles realmente son delincuentes y cuáles no lo son. La anterior ya vimos, es una ficción, esta es una aberración. Sin embargo, es lo que pasa. Vamos a ponernos más extremistas, vamos a decir que estoy dispuesto a sacrificar la libertad de la gente para ver si atrapo a algún delincuente. Las estadísticas me dicen que aun sacrificando la libertad de la gente no agarran a nadie.
Entonces, tratemos de hablar de realidades, la ley penal se tiene que dirigir a realidades y no a mitos y este es un mito. Por supuesto que en esto tienen también gran parte de la culpa el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son quienes deben orientar la tarea de esos policías. Muchas veces es al revés porque son orientados por esos policías y terminan consciente o inconscientemente inmersos en estos nichos de corrupción de los que hablo.
En definitiva, la tenencia simple provoca un proceso violatorio de garantías, un pago de justos por pecadores, si podemos llamarlo de esta forma. En el ambiente judicial se llama excursión de pesca, es decir, salimos a levantar gente, después vemos qué pasa y cuáles son las consecuencias.
Ahora quiero hablar de cuáles son las consecuencias de mantener una tenencia simple. Al existir una tenencia sin finalidad, se hace lo que penalmente se llama Notitia Criminis, la simple tenencia de una sustancia. Entonces con poder tener un indicio de la simple tenencia se permite el avance de la judicialización justamente porque no se necesita más que la tenencia, ya que la tenencia simple no implica otra finalidad. Esto es muy peligroso a nivel sustancia, se ha transformado en algo mucho más peligroso para los cultivadores de marihuana porque a partir de que alguien ve una planta en un balcón o en un jardín está habilitada la vía fiscal para ir a allanar ese lugar y que después se saquen las certificaciones del caso, con todo lo que implica entrar en el domicilio de una persona.
Ustedes dirán que soy un exagerado, bueno sí, soy un exagerado pero el 90 por ciento de los casos me están tocando a mí y lo vivo diariamente. Por ejemplo los casos Aguirre, Golot o Faray, gente que estaba en su casa y por una denuncia de un vecino o una denuncia anónima, entre comillas -más de una vez vi algo llamativo, que las denuncias anónimas salen del locutorio de la vuelta de la comisaría del barrio-, fue criminalizada y detenida durante días, peor aún, en base a una interpretación arbitraria del artículo 5º, que en realidad habla de dolo de tráfico, o sea, del comercio. Pero como la tenencia simple no habla de plantas, hemos tenido jueces -como Tuya, de San Isidro- y fiscales -como Scapolán, también de San Isidro-, que arbitrariamente han asimilado el cultivo que no tiene finalidad al artículo 5º inciso a). Ustedes dirán: "Bueno, pero son los dos cultivo simple". Sí, pero con una diferencia, la tenencia simple es a partir de un año, con lo cual permite la excarcelación. El cultivo simple como, en realidad, legislativamente fue creado para atacar el comercio, habla de cuatro años. El caso Aguirre es paradigmático: una persona con diez plantas -probado en el juicio el consumo personal, inclusive por las autoridades policiales-, fue condenada a cuatro años por cultivo simple. Entró en libertad y salió preso.
Para concluir, entiendo que es necesario trabajar sobre el tema de la tenencia personal. Por lo que he visto por ahí, en los proyectos que rondan -y en el consensuado sobre todo- hay un gran avance, porque respecto de la tenencia simple de estupefacientes cambia el paradigma y vuelve la carga de la prueba a su forma normal, o sea, no va a ser aquel a quien detengan el que tenga que explicar -invirtiendo la carga de la prueba- que él consume y no hace otra cosa con sus sustancias, sino que van a tener que ser los fiscales los que van a tener que probar que esa sustancia no es para consumo personal. Ojo, es un importante paso; muy importante.
El segundo es el caso de los autocultivadores, en donde específicamente se requiere la finalidad del comercio. En definitiva, entiendo un avance el camino que se está tomando.
Creo que simplemente no hay que dejar de lado estas cuestiones que son específicas de una ley penal. Como todos los que estamos acá apoyo la reducción de daño y comparto los criterios respecto de la salud con todas las sustancias, no sólo con las legales, con las ilegales también y a eso voy cuando hablo de consumidores y adictos. Hace un rato acá se reconoció un consumo de ajenjo y no veo ningún viso de adicción en esos consumidores, que probablemente tendrían que pasar por un tratamiento obligatorio con la ley actual.
En definitiva, la idea es que tengamos claro que hablamos de una ley penal y tengamos claro que más allá de todos los problemas de salud que nos pueda traer el consumo de cualquier sustancia, esos problemas van a ser siempre mayores si criminalizamos a los usuarios. Estos es lo que debe quedar claro. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra Luciana Poll, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales.
SRA. POLL Señor presidente: quiero agradecer la invitación. Nos parece muy positiva esta discusión que se suma a otras que ya viene dando nuestra sociedad. Creo que estas discusiones se dirigen a reconocer cambios culturales que ya se han dado en nuestra sociedad y los que vienen dándose. Me parece que habla de la madurez de nuestro sistema político el hecho de que se estén procesando estos cambios culturales y alineando la legislación para reconocer las diferencias y los diferentes estilos de vida, la diversidad que tiene nuestra sociedad y asegurando el respeto por esta diversidad.
Lo que venimos discutiendo, en definitiva, a través de diferentes leyes, son cambios en lo que de alguna manera es la relación del hombre con su proceso vital. Se vienen dando debates respecto de la manera en que se nace, la manera en que se vive, qué uniones formamos, qué identidad elegimos, de qué forma queremos morir, y me parece que el consumo de drogas, así como cualquier otro consumo, habla de un ordenamiento cultural.
Me parece muy bueno que la ley acompañe y se dé un marco de libertad para que cada uno utilice esa libertad como mejor le parezca. Por supuesto que debemos tener mucho cuidado y los legisladores deben prestar especial atención a que esta libertad no sea un privilegio de algunos sectores sociales, sino que realmente se asegure la distribución equitativa en toda la sociedad. Como decía, los proyectos de ley que estamos considerando hablan de derechos individuales, pero también hacen al funcionamiento del sistema penal y de la labor cotidiana de las fuerzas policiales.
Yo, particularmente, quiero dirigirme a estos dos aspectos por el trabajo de investigación y de litigio de causas penales que llevamos adelantes desde el CELS desde hace muchos años. Observamos algunos aspectos bastante problemáticos de la labor policial en relación con las cuestiones vinculadas con el tema de la droga. Por un lado, cientos de miles de personas son detenidas cada año por la policía. Esta no es una forma de decir, sino que son cientos de miles de personas. En el caso de la provincia de Buenos Aires son aproximadamente 250 mil personas por año, lo que representa 680 detenciones por día. En la ciudad de Buenos Aires se producen unas 20 mil detenciones anuales. Entonces, muchas de las detenciones de personas que se producen diariamente tienen su origen en temas relacionados con las drogas.
Ayer la señora diputada Bullrich dijo que ya tenemos el fallo del caso Arriola, por lo que se preguntaba qué más podía cambiar o agregar este proyecto de ley. Nosotros esperamos que uno de los efectos positivos de esta iniciativa sea introducir cambios drásticos en la labor policial cotidiana, sobre todo en el área de las detenciones.
Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad que estuvimos analizando este verano, la cuarta parte de las detenciones que realiza la Policía Federal se justifica en delitos relacionados con los estupefacientes. En el caso de la Gendarmería, que trabaja en las fronteras, esto es mucho mayor. Aproximadamente la mitad de las detenciones que realiza esa fuerza se relacionan con temas vinculados con las drogas.
Podemos preguntarnos para qué nos están sirviendo hoy estas detenciones, es decir, qué es lo que el sistema penal está procesando o logrando con ellas. Como ya lo han puntualizado otros expositores, en principio vemos que por lo general las causas que lleva adelante la Justicia corresponden en un 70 por ciento a usuarios y en un 20 por ciento al microtráfico -esto es lo que el doctor Zaffaroni definió ayer como el tráfico o comercio de supervivencia en materia de estupefacientes-, mientras que las que se refieren al narcotráfico son una franquísima minoría.
Entonces, lo que vemos en la calle es que esta práctica policial de realizar procedimientos de identificación basados en actitudes sospechosas hoy está muy esparcida. Ello es así porque actualmente tener un cigarrillo armado en la mano es una actitud sospechosa para la Policía, lo que está justificado por la vigencia de la ley 23.737.
En el día de ayer el doctor Zaffaroni dijo que en materia policial hasta ahora esta ley ha servido para habilitar a la Policía a fin de hacer tres cosas: extorsionar, hacer caja y meterse en la vida privada de las personas. Esto realmente se verifica cuando uno analiza cualquiera de los datos de los partes policiales o de la justificación de las detenciones.
Por supuesto que esas detenciones están dirigidas a poblaciones a las que la Policía frecuentemente hostiga. Si uno analiza a qué personas se está deteniendo se encontrará con que hay muchísimos jóvenes -en una gran proporción varones-, las poblaciones de vendedores ambulantes, manteros, etcétera. También están aquellas poblaciones que tradicionalmente han sido hostigadas por la Policía, como las prostitutas y los travestis. Estas personas hoy ya no pueden ser detenidas por ejercer la prostitución pero sí se utiliza la ley de drogas para seguir hostigándolas.
Nosotros hicimos un análisis del tipo de prácticas policiales que se encuentran, por ejemplo, en las acciones de la Policía Federal, respecto de los delitos en materia de drogas. En ese sentido encontramos cuatro prácticas bastante repetidas. La primera es la de las detenciones en la vía pública, a lo que acabo de hacer referencia, con la enorme y nefasta gama de abusos a los que puede dar una detención. Cuando una persona entra a una comisaría no está claro cómo va a salir. En ese sentido hay numerosos casos de chicos que ingresan por la tenencia de un porro y salen golpeados o con lesiones, como así también de mujeres que fueron abusadas en las comisarías, etcétera. Los casos en ese sentido abundan.
Una segunda práctica que encontramos repetida y que lamentablemente hoy sigue vigente es la de las causas armadas y fraguadas. En 2004 el Ministerio Público Fiscal reunió una gran cantidad de causas judiciales -más de cien- que en principio parecían bastante raras. Más de la mitad de ellas involucraban delitos en materia de estupefacientes. Lo que se encontró y describió en un informe publicado ese año fue que en el caso de esas causas se inventaban delitos que no existían con la intención, a nivel interno de la fuerza, de hacer una estadística, y a nivel externo, de convencer a la opinión pública de la operatividad y los éxitos policiales en materia de detención de personas y de decomisación de drogas.
La práctica de armado de causas sigue vigente y es extremadamente frecuente en el conurbano bonaerense. Por supuesto que la amenaza más fácil es armar una causa por drogas.
Otra de las prácticas policiales vigentes y que se relaciona con estos delitos es el montaje de procedimientos antidrogas que, en algunos casos, terminan con la muerte de las personas involucradas.
Uno de los casos más dramáticos que registramos es el de Federico Taja. Se trata de un chico de 17 años, que en la ciudad de Balcarce fue a comprar un porro. La DDI de Mar del Plata y la Sub DDI de Balcarce quisieron mostrar que montaban un operativo antidrogas. Entonces, esperaron que este chico saliera de la casa donde había ido a comprar marihuana y cuando se subió a un vehículo, ellos le tiraron un auto de civil encima, con policías sin identificación, lo hicieron chocar y antes de que pudiera recuperarse de esta situación, le dispararon un tiro que lo mataron. A Federico Taja se le encontraron uno o dos porros.
Otro dato interesante es que a la presunta vendedora y distribuidora de drogas a la que Federico le fue a comprar le secuestraron unos 400 gramos de marihuana. Es decir que prácticamente ni era una vendedora. No sé en qué momento la Policía pensó que su acción -matando a un chico inocente- podría derivar en algún beneficio social para el bien público.
La cuarta práctica policial que hemos encontrado repetidas veces, y está muy vigente en este momento en la provincia de Buenos Aires, es la de los megaoperativos de saturación en villas y asentamientos territoriales. Estos operativos se arman casi publicitariamente, con enorme presencia de medios de comunicación, ministros y hasta el gobernador de la provincia.
De esta manera, unos 300 o 400 efectivos ocupan un territorio durante algunas horas con el fin de encontrar cosas robadas, delincuentes, etcétera. Por supuesto que lo que no se encuentra, se coloca, y luego de que terminan estos operativos, indefectiblemente vienen las denuncias de los vecinos por el plantado de armas y de drogas o por allanamientos realizados sin orden judicial. Esto significa también que -como bien dijo el expositor anterior- existe un mecanismo publicitario de las decomisaciones de drogas, muchas de las cuales son falsas.
El señor Burzaco dijo esta mañana que le preocupaba que el Estado no estuviera haciendo nada en este terreno. En cambio a mí, me preocupa que el Estado venga haciendo demasiado, más de lo que debería, y no siempre en una buena dirección.
Pensamos que estas prácticas aberrantes requieren una reglamentación clara y que se limite la acción policial en relación con los delitos de drogas. En este sentido, coincido con el doctor Osler en cuanto a la persistencia de esta zona gris en algunos de los proyectos, lo cual sigue dejando la puerta abierta para todas estas arbitrariedades policiales.
Entonces, si tenemos criminalizada y penada la tenencia para comercialización y si decidimos despenalizar la tenencia para consumo personal, nos preguntamos qué es la tenencia simple. ¿Qué conducta exactamente estamos penando? Pensamos que esta cuestión debería desaparecer en una futura ley.
Por último, quiero referirme brevemente a otro tema -que el doctor Anitua expresó con mucha claridad-, referido al encarcelamiento de mujeres por delitos de contrabando de estupefacientes.
Tal como se ha señalado, la población penal femenina aumentó muchísimo por el encarcelamiento como consecuencia del contrabando de estupefacientes. Entre 1990 y el 2007 aumentó un 350 por ciento la cantidad de mujeres presas. Los centros penitenciarios colapsaron en el norte. Se registró la detención de mujeres en containers porque no cabían en las cárceles. Ignoro porqué se las llama "mulas", porque es un mote que invisibiliza. De ninguna manera estamos hablando de ninguna clase de animal sino de mujeres que comparten ciertas características socioeconómicas que las hacen especialmente vulnerables a ser reclutadas por redes de tráfico.
El 86 por ciento de estas mujeres son madres, con niños a cargo, sólo 3 de cada 10 pudo completar el ciclo secundario, muchas estaban desempleadas antes de ser detenidas o trabajaban en diferentes actividades informales. El 63 por ciento de estas mujeres -este es un dato muy importante- son jefas de hogares monoparentales, es decir que su detención y su encarcelamiento produce el desmembramiento de su grupo familiar y pone en serio riesgo el vínculo materno filial, ya que muchas de ellas son migrantes provenientes de Bolivia y sus hijos quedan del otro lado de la frontera.
Entonces, celebramos realmente la inclusión de la modificación de las penas para el contrabando de estupefacientes en estos casos, pero dado que este es el perfil habitual de las mujeres que sufren el encarcelamiento por contrabando, pensamos que sería adecuado establecer un atenuante específico en estas circunstancias.
El proyecto de la diputada Puiggrós incluía un atenuante específico para estos casos y reconocía que cuando se tratase de mujeres madres que participan lateralmente y como último eslabón de la cadena, que además son primarias, es decir son personas que no tienen ningún contacto previo con el sistema penal ni han realizado nunca ningún tipo de delitos, la pena debería ser reducida. El fundamento jurídico de esto es que esta conducta tiene un menor contenido injusto que disminuye la culpabilidad del autor o la autora, dado que está reducido su ámbito de autodeterminación. Por estas razones pensamos que este atenuante debe ser considerado explícitamente en la ley.
Sin más, sólo quería referirme a estos dos aspectos, vuelvo a agradecer la participación y a celebrar el hecho que estemos reunidos hablando de una modificación a una ley tan injusta. (Aplausos.)
Lo que venimos discutiendo, en definitiva, a través de diferentes leyes, son cambios en lo que de alguna manera es la relación del hombre con su proceso vital. Se vienen dando debates respecto de la manera en que se nace, la manera en que se vive, qué uniones formamos, qué identidad elegimos, de qué forma queremos morir, y me parece que el consumo de drogas, así como cualquier otro consumo, habla de un ordenamiento cultural.
Me parece muy bueno que la ley acompañe y se dé un marco de libertad para que cada uno utilice esa libertad como mejor le parezca. Por supuesto que debemos tener mucho cuidado y los legisladores deben prestar especial atención a que esta libertad no sea un privilegio de algunos sectores sociales, sino que realmente se asegure la distribución equitativa en toda la sociedad. Como decía, los proyectos de ley que estamos considerando hablan de derechos individuales, pero también hacen al funcionamiento del sistema penal y de la labor cotidiana de las fuerzas policiales.
Yo, particularmente, quiero dirigirme a estos dos aspectos por el trabajo de investigación y de litigio de causas penales que llevamos adelantes desde el CELS desde hace muchos años. Observamos algunos aspectos bastante problemáticos de la labor policial en relación con las cuestiones vinculadas con el tema de la droga. Por un lado, cientos de miles de personas son detenidas cada año por la policía. Esta no es una forma de decir, sino que son cientos de miles de personas. En el caso de la provincia de Buenos Aires son aproximadamente 250 mil personas por año, lo que representa 680 detenciones por día. En la ciudad de Buenos Aires se producen unas 20 mil detenciones anuales. Entonces, muchas de las detenciones de personas que se producen diariamente tienen su origen en temas relacionados con las drogas.
Ayer la señora diputada Bullrich dijo que ya tenemos el fallo del caso Arriola, por lo que se preguntaba qué más podía cambiar o agregar este proyecto de ley. Nosotros esperamos que uno de los efectos positivos de esta iniciativa sea introducir cambios drásticos en la labor policial cotidiana, sobre todo en el área de las detenciones.
Según datos oficiales del Ministerio de Seguridad que estuvimos analizando este verano, la cuarta parte de las detenciones que realiza la Policía Federal se justifica en delitos relacionados con los estupefacientes. En el caso de la Gendarmería, que trabaja en las fronteras, esto es mucho mayor. Aproximadamente la mitad de las detenciones que realiza esa fuerza se relacionan con temas vinculados con las drogas.
Podemos preguntarnos para qué nos están sirviendo hoy estas detenciones, es decir, qué es lo que el sistema penal está procesando o logrando con ellas. Como ya lo han puntualizado otros expositores, en principio vemos que por lo general las causas que lleva adelante la Justicia corresponden en un 70 por ciento a usuarios y en un 20 por ciento al microtráfico -esto es lo que el doctor Zaffaroni definió ayer como el tráfico o comercio de supervivencia en materia de estupefacientes-, mientras que las que se refieren al narcotráfico son una franquísima minoría.
Entonces, lo que vemos en la calle es que esta práctica policial de realizar procedimientos de identificación basados en actitudes sospechosas hoy está muy esparcida. Ello es así porque actualmente tener un cigarrillo armado en la mano es una actitud sospechosa para la Policía, lo que está justificado por la vigencia de la ley 23.737.
En el día de ayer el doctor Zaffaroni dijo que en materia policial hasta ahora esta ley ha servido para habilitar a la Policía a fin de hacer tres cosas: extorsionar, hacer caja y meterse en la vida privada de las personas. Esto realmente se verifica cuando uno analiza cualquiera de los datos de los partes policiales o de la justificación de las detenciones.
Por supuesto que esas detenciones están dirigidas a poblaciones a las que la Policía frecuentemente hostiga. Si uno analiza a qué personas se está deteniendo se encontrará con que hay muchísimos jóvenes -en una gran proporción varones-, las poblaciones de vendedores ambulantes, manteros, etcétera. También están aquellas poblaciones que tradicionalmente han sido hostigadas por la Policía, como las prostitutas y los travestis. Estas personas hoy ya no pueden ser detenidas por ejercer la prostitución pero sí se utiliza la ley de drogas para seguir hostigándolas.
Nosotros hicimos un análisis del tipo de prácticas policiales que se encuentran, por ejemplo, en las acciones de la Policía Federal, respecto de los delitos en materia de drogas. En ese sentido encontramos cuatro prácticas bastante repetidas. La primera es la de las detenciones en la vía pública, a lo que acabo de hacer referencia, con la enorme y nefasta gama de abusos a los que puede dar una detención. Cuando una persona entra a una comisaría no está claro cómo va a salir. En ese sentido hay numerosos casos de chicos que ingresan por la tenencia de un porro y salen golpeados o con lesiones, como así también de mujeres que fueron abusadas en las comisarías, etcétera. Los casos en ese sentido abundan.
Una segunda práctica que encontramos repetida y que lamentablemente hoy sigue vigente es la de las causas armadas y fraguadas. En 2004 el Ministerio Público Fiscal reunió una gran cantidad de causas judiciales -más de cien- que en principio parecían bastante raras. Más de la mitad de ellas involucraban delitos en materia de estupefacientes. Lo que se encontró y describió en un informe publicado ese año fue que en el caso de esas causas se inventaban delitos que no existían con la intención, a nivel interno de la fuerza, de hacer una estadística, y a nivel externo, de convencer a la opinión pública de la operatividad y los éxitos policiales en materia de detención de personas y de decomisación de drogas.
La práctica de armado de causas sigue vigente y es extremadamente frecuente en el conurbano bonaerense. Por supuesto que la amenaza más fácil es armar una causa por drogas.
Otra de las prácticas policiales vigentes y que se relaciona con estos delitos es el montaje de procedimientos antidrogas que, en algunos casos, terminan con la muerte de las personas involucradas.
Uno de los casos más dramáticos que registramos es el de Federico Taja. Se trata de un chico de 17 años, que en la ciudad de Balcarce fue a comprar un porro. La DDI de Mar del Plata y la Sub DDI de Balcarce quisieron mostrar que montaban un operativo antidrogas. Entonces, esperaron que este chico saliera de la casa donde había ido a comprar marihuana y cuando se subió a un vehículo, ellos le tiraron un auto de civil encima, con policías sin identificación, lo hicieron chocar y antes de que pudiera recuperarse de esta situación, le dispararon un tiro que lo mataron. A Federico Taja se le encontraron uno o dos porros.
Otro dato interesante es que a la presunta vendedora y distribuidora de drogas a la que Federico le fue a comprar le secuestraron unos 400 gramos de marihuana. Es decir que prácticamente ni era una vendedora. No sé en qué momento la Policía pensó que su acción -matando a un chico inocente- podría derivar en algún beneficio social para el bien público.
La cuarta práctica policial que hemos encontrado repetidas veces, y está muy vigente en este momento en la provincia de Buenos Aires, es la de los megaoperativos de saturación en villas y asentamientos territoriales. Estos operativos se arman casi publicitariamente, con enorme presencia de medios de comunicación, ministros y hasta el gobernador de la provincia.
De esta manera, unos 300 o 400 efectivos ocupan un territorio durante algunas horas con el fin de encontrar cosas robadas, delincuentes, etcétera. Por supuesto que lo que no se encuentra, se coloca, y luego de que terminan estos operativos, indefectiblemente vienen las denuncias de los vecinos por el plantado de armas y de drogas o por allanamientos realizados sin orden judicial. Esto significa también que -como bien dijo el expositor anterior- existe un mecanismo publicitario de las decomisaciones de drogas, muchas de las cuales son falsas.
El señor Burzaco dijo esta mañana que le preocupaba que el Estado no estuviera haciendo nada en este terreno. En cambio a mí, me preocupa que el Estado venga haciendo demasiado, más de lo que debería, y no siempre en una buena dirección.
Pensamos que estas prácticas aberrantes requieren una reglamentación clara y que se limite la acción policial en relación con los delitos de drogas. En este sentido, coincido con el doctor Osler en cuanto a la persistencia de esta zona gris en algunos de los proyectos, lo cual sigue dejando la puerta abierta para todas estas arbitrariedades policiales.
Entonces, si tenemos criminalizada y penada la tenencia para comercialización y si decidimos despenalizar la tenencia para consumo personal, nos preguntamos qué es la tenencia simple. ¿Qué conducta exactamente estamos penando? Pensamos que esta cuestión debería desaparecer en una futura ley.
Por último, quiero referirme brevemente a otro tema -que el doctor Anitua expresó con mucha claridad-, referido al encarcelamiento de mujeres por delitos de contrabando de estupefacientes.
Tal como se ha señalado, la población penal femenina aumentó muchísimo por el encarcelamiento como consecuencia del contrabando de estupefacientes. Entre 1990 y el 2007 aumentó un 350 por ciento la cantidad de mujeres presas. Los centros penitenciarios colapsaron en el norte. Se registró la detención de mujeres en containers porque no cabían en las cárceles. Ignoro porqué se las llama "mulas", porque es un mote que invisibiliza. De ninguna manera estamos hablando de ninguna clase de animal sino de mujeres que comparten ciertas características socioeconómicas que las hacen especialmente vulnerables a ser reclutadas por redes de tráfico.
El 86 por ciento de estas mujeres son madres, con niños a cargo, sólo 3 de cada 10 pudo completar el ciclo secundario, muchas estaban desempleadas antes de ser detenidas o trabajaban en diferentes actividades informales. El 63 por ciento de estas mujeres -este es un dato muy importante- son jefas de hogares monoparentales, es decir que su detención y su encarcelamiento produce el desmembramiento de su grupo familiar y pone en serio riesgo el vínculo materno filial, ya que muchas de ellas son migrantes provenientes de Bolivia y sus hijos quedan del otro lado de la frontera.
Entonces, celebramos realmente la inclusión de la modificación de las penas para el contrabando de estupefacientes en estos casos, pero dado que este es el perfil habitual de las mujeres que sufren el encarcelamiento por contrabando, pensamos que sería adecuado establecer un atenuante específico en estas circunstancias.
El proyecto de la diputada Puiggrós incluía un atenuante específico para estos casos y reconocía que cuando se tratase de mujeres madres que participan lateralmente y como último eslabón de la cadena, que además son primarias, es decir son personas que no tienen ningún contacto previo con el sistema penal ni han realizado nunca ningún tipo de delitos, la pena debería ser reducida. El fundamento jurídico de esto es que esta conducta tiene un menor contenido injusto que disminuye la culpabilidad del autor o la autora, dado que está reducido su ámbito de autodeterminación. Por estas razones pensamos que este atenuante debe ser considerado explícitamente en la ley.
Sin más, sólo quería referirme a estos dos aspectos, vuelvo a agradecer la participación y a celebrar el hecho que estemos reunidos hablando de una modificación a una ley tan injusta. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Invitamos a Verónica Ruso, referente de la Red de Usuarios de Drogas.
SRA. RUSO Señor presidente: estoy agradecida por la invitación. Más allá de que nos anotamos, esta vez fuimos escuchados. Muchas veces somos ninguneados y después no aparecemos en las listas. Como están hablando de nosotros, me alegra mucho que podamos participar.
Si me permiten, voy a leer mi exposición, porque vengo a hablar en nombre de las personas que usamos sustancias psicoactivas, ilegales y legales. La nuestra es una red argentina por derechos. Antiguamente era una red por los derechos de los usuarios de drogas, después nos dimos cuenta de que la asistencia no nos acompañaba en esta búsqueda de derechos. Entonces, en 2007, hicimos esta modificación.
Yo quiero leer algo que preparé porque no quiero que quede solamente la violencia que se produce desde los ejemplos, el morbo de lo que nosotros padecemos y vivimos hace 20 años.
A comienzos del siglo XX el filósofo Malatesta en una frase simple describió un problema que comenzaba a surgir en esa época. Nunca la ley, por bárbara que sea, ha servido para suprimir un vicio, sentenció el pensador italiano. Las legislaciones sobre drogas surgidas en todos estos siglos no escapan a ello porque no es de ahora, es como el uso de preservativo que también viene de tiempos anteriores.
Perdónenme, estoy muy nerviosa. Son muchas las cosas que quisiera decir pero recuerdo que un día de la primavera, el 21 de septiembre de 1989, me fui a casa con la amargura de la sanción de la ley 23.737. Pensé en esa frase que hablaba de que no iban a arreglar un vicio, lo sentí y me volví sola.
Hoy estoy contenta de que haya un montón de gente que se exprese a favor o en contra de la despenalización, pero creo que todos estamos de acuerdo con que no deben seguir criminalizándonos.
La discusión en torno de la actual ley 23.737 no pasa por una determinación moral respecto del consumo de drogas, sino por si una persona tiene o no el derecho a elegir a consumirlas.
Desde hace más de treinta años los usuarios de drogas en la Argentina somos criminalizados, estigmatizados, torturados -y en muchos casos muertos- producto de una ley de drogas que propuso como objetivo combatir el consumo de dogas y el narcotráfico, pero lamentable y perversamente no hizo más que expandirlos.
La ley se propuso como base criminalizadora la penalización de la tenencia de drogas, es decir que todo aquel que tuviera drogas en su poder, sin importar por qué las tuviera, pasaba a ser un criminal, perseguido, se lo detenía y enjuiciaba para que una vez criminalizado pueda probar la finalidad con la cual tenía dichos estupefacientes y a partir de allí merecer distintas penas.
Esta figura legal es la que produce la estigmatización, puesto que nuestra conducta es considerada disvaliosa, desviada, reprochable a raíz de encontrarse la misma descripta en una ley penal, que tan sólo prevé conductas prohibidas en pos de las medidas de seguridad curativas.
La actual ley 23.737 establece un sistema perverso cuya finalidad pareciera ser facilitar el trabajo de los efectivos policiales en detrimento de los derechos, de las garantías fundamentales de un Estado que se proclama un Estado de derecho. Ha producido que no sólo el 70 por ciento de las personas privadas de su libertad producto de la ley de drogas, sean simplemente usuarios, sino que, además, ha destrozado el bien jurídico que con tanto ahínco debe proteger, que es la salud pública.
La criminalización de la tenencia -y por ende el consumo de drogas- no hizo más que alejarnos del sistema de salud a los usuarios, produciendo, en muchos casos, daños irreparables en nuestras vidas.
Pero no sólo la actual ley de drogas viola el derecho del acceso a la salud de las personas, sino que ha llevado a quienes no necesitan -o no desean- tratarse a realizar un tratamiento, bajo la amenaza de una pena de prisión, criminalizándolos, dejando sin tratamiento a quien sí lo necesitan por falta de camas, por su condición sexual o económica.
Esto pasa en muchas de las organizaciones que trabajan y que reciben los subsidios de la Sedronar, donde nosotros, con la problemática de las chicas trans, no logramos más que, solamente en el Centro Nacional de Rehabilitación Social, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, tener cuatro camas para las chicas trans. No hay otras organizaciones y si no son llamadas Carlos, con camas de varones, igual que en el Muñiz, en la cama 10 de varones infecciosos.
Consideramos que la criminalización de los usuarios de drogas, que usamos sustancias ilícitas, impide que las éstas sean conocidas por sus reales efectos en el organismo mediante una correcta difusión y educación pública. De esa forma se permitiría que cuando se hable de drogas no se englobe a una multitud de sustancias con efectos muy diferentes, incluso, algunas hasta con efectos terapéuticos.
Además, hablamos del derecho del uso recreativo y el uso motivador del goce que alguno de los psicoanalistas, creo que uno o dos hablaron del tema, que estuvieron mencionó. Quieren desmerecernos de estos conceptos, lo primero que dicen es "paco". Para desmerecer todo lo que estoy diciendo dicen: "paco". Ahora, ¿"Paco" quién es? Porque yo conozco la pasta base, que es bazuco en el Perú. También escuché que hablaban que el paco llegó al Norte. En el Norte estuvo desde siempre. De hecho el crac o pasta base o bazuco es la misma sustancia y es cocaína, como lo dijo ayer la doctora Cuñarro, es lo que queda en la olla, quiere decir que hay cocinas.
Yo trabajo en reducción de daños. Acá hubo muchas personas que me orientaron en esa política. Cuando nosotros empezamos en el año 1995 o 1996 a trabajar esto con un programa, nosotros no sabíamos bien qué era. Le decían pasta base, se fumaba en latas. Después vino el año 2000, y nosotros anticipábamos que esto se iba a ir de las manos. Pero, claro, lo que pasa es que la pasta base estuvo siempre y no la considerábamos como una sustancia recreativa.
Cuando me refiero al uso recreativo no estoy hablando del paco. Esta última es una sustancia de exterminio, es decir, es basura; es lo mismo que dejar la olla con un guiso y más tarde ir a pasar el pancito y comerse la basura de la olla. Acompaña un plan perverso para matar el hambre, el frío, la tristeza y en muchos casos la exclusión de los sectores más vulnerables. También genera la rivalidad y el prestigio del poder de acceder o no a las diferentes calidades de sustancias.
A veces los que realizamos acompañamiento, consejería y cuidado hacia otros usuarios hacemos tareas de seguimiento en los servicios penitenciarios.
También escuché decir que debíamos tener en cuenta esta consideración que tienen los servicios penitenciarios en el sentido de permitir el acceso al trabajo con los detenidos. Realmente tanto esta institución -el Servicio Penitenciario- como los institutos de menores lamentablemente lo único que hacen es alimentar con esta ley ese gran negocio. Es increíble.
Yo estuve detenida. Tengo una causa de narcotráfico siendo usuaria de drogas. Cuando en 2007 estuve detenida había tres pabellones de menores adultos; hoy hay siete. El 80 por ciento son chicas argentinas o extranjeras que viven en el país y que están por robos menores, a los que legalmente se les llama "hurtos". Pero como los hurtos son reiterados las penas se van subiendo y quedan detenidas. Todas ellas consumen pasta base.
No quiero entrar en el análisis del tema de las supuestas "mulitas" porque ya lo abordó Luciana. No obstante, quiero señalar algo en relación con el dinero -respecto del cual muchas veces sacamos la cuenta- que se otorga al Servicio Penitenciario por cada mujer -por una cuestión de género quiero hablar de las mujeres, que también son una población altamente vulnerable- para que la tenga detenida. No se trata solamente de la mujer que transporta, sino también de aquellas que tienen familias y mantienen a sus hijos. Realmente es doloroso cuando muchas de estas chicas que están en estas instituciones son hijas de vendedores. Pero no estoy criminalizando al que vende, sino a las instituciones, porque si se le paga al Servicio Penitenciario para que tenga a una mujer y después se le dan 5 mil pesos a ese organismo, 5 mil pesos a un instituto, etcétera, se termina teniendo 15 mil o 20 mil pesos puestos en una familia a la que se desarmó. ¿Por qué no pensaron primero en un subsidio digno, en una tutoría y en enseñar a esas personas a insertarse en este mundo?
Asimismo una gran parte de los usuarios de estupefacientes que no somos criminalizados somos igualmente discriminados y excluidos una vez que es conocido nuestro consumo, viéndonos en situaciones de expulsión en colegios, empleos y muchas otras actividades sociales. A su vez pienso que la criminalización trasciende a las personas y atenta contra nuestras familias. En otras palabras, una señora puede ser una buena madre, tener a su hijo en el colegio y pagar sus impuestos, pero si dice que fuma porros deja de ser una persona creíble y de ser considerada en ese colegio como una buena madre.
Los usuarios de drogas consideramos que su tenencia se debe despenalizar. Es una forma de respetar los derechos humanos de más de 200 mil personas que hace veinte años fueron violentadas en democracia. Despenalizar la tenencia de drogas significa empezar a reconocer las elecciones privadas que con el medio tiene el ser humano para ejercer su libertad de acción y, de este modo, llevar adelante su experiencia humana. Esto se vincula con el artículo 14 de la ley.
En relación con el artículo 12, el Estado no puede exigirnos que tengamos una propiedad privada para ejercer un derecho, ya que si no estaría criminalizando y revictimizando a los más vulnerables. De lo contrario, el Estado nos va a tener que proveer una vivienda para que podamos ejercer nuestros derechos.
Despenalizar la tenencia de drogas no es sólo empezar a combatir y reparar el daño, así como el fracaso actual de la ley.
La expansión geométrica del consumo de drogas y esta política produjeron tremendos daños en la salud pública de nuestro país. Digo esto no sólo por las consecuencias nefastas que deja en muchos de nosotros, como las infecciones de VIH y hepatitis C, sino también por la monopolización de los tratamientos. Me refiero a aquellos que ni siquiera tienen en cuenta si son acciones orientadas a prácticas individuales.
Los usuarios de drogas no salimos en serie, somos personas únicas e irrepetibles, como cualquier ser humano. Sabemos que defender este derecho se vincula con la modificación de la ley y lograrlo no es la solución completa, porque se necesitan urgentemente políticas diferentes de drogas, basándonos no sólo en el discurso de si somos usuarios, abusadores o adictos.
Si estamos planteando el tema de los adictos analicemos también la ludopatía. Una persona que sale después de dos días de un bingo, que perdió la noción de todo y lo paran en la esquina, le piden el documento y luego se va, pero tal vez esa persona se jugó su casa.
En cambio si a mí me paran en la esquina cuando salgo a comprar el pan y justo tengo un porro en el bolsillo, me llevan detenida.
Por último quiero mencionar la despenalización del cultivo de cannabis para consumo personal y el permiso para el acceso a las semillas, ya que estamos convencidos de que, no es la primera sustancia que conocemos y en realidad, no sé si decir que es la última que sí queremos conocer, pero nos ha dado durante mucho tiempo una mejor calidad de vida.
Su uso debe ser incorporado como una herramienta en las políticas de reducción de daños. No tendría que decirlo -porque tal vez salga y me lleven detenida, ya que me amenazaron muchas veces-, pero no podemos plasmar en un proyecto o en los trabajos de campo que realizamos o no puedo decirles a nuestros coordinadores que le damos porro al pibe que fuma paco y con eso hacemos reducción de daños.
Hay muchos chicos fumando mixto, de a poquito, sí sirve la reducción de daños y no quiere decir que estemos enseñándole a la gente a usarla sino que es una manera diferente de llegar a dejar de consumirla si no es bueno para nuestra salud. Hay que tener en cuenta el uso responsable.
Quiero decirles de mí, que tengo 47 años y hace 24 años que vivo con VIH. Me inyecté 8 meses; una política de salud prohibió la venta de jeringas; luego tuve Hepatitis C, pero de todas maneras estudié, fui a la facultad, me casé, me separé, tuve tres hijos, hoy estoy acá, sigo estudiando, etcétera. Todo eso siendo usuaria de drogas y teniendo VIH por una política.
Si cierro y abro los ojos en este salón, veo a todos mis compañeros pidiendo medidas más justas para todos y todas. (Aplausos.)
Si me permiten, voy a leer mi exposición, porque vengo a hablar en nombre de las personas que usamos sustancias psicoactivas, ilegales y legales. La nuestra es una red argentina por derechos. Antiguamente era una red por los derechos de los usuarios de drogas, después nos dimos cuenta de que la asistencia no nos acompañaba en esta búsqueda de derechos. Entonces, en 2007, hicimos esta modificación.
Yo quiero leer algo que preparé porque no quiero que quede solamente la violencia que se produce desde los ejemplos, el morbo de lo que nosotros padecemos y vivimos hace 20 años.
A comienzos del siglo XX el filósofo Malatesta en una frase simple describió un problema que comenzaba a surgir en esa época. Nunca la ley, por bárbara que sea, ha servido para suprimir un vicio, sentenció el pensador italiano. Las legislaciones sobre drogas surgidas en todos estos siglos no escapan a ello porque no es de ahora, es como el uso de preservativo que también viene de tiempos anteriores.
Perdónenme, estoy muy nerviosa. Son muchas las cosas que quisiera decir pero recuerdo que un día de la primavera, el 21 de septiembre de 1989, me fui a casa con la amargura de la sanción de la ley 23.737. Pensé en esa frase que hablaba de que no iban a arreglar un vicio, lo sentí y me volví sola.
Hoy estoy contenta de que haya un montón de gente que se exprese a favor o en contra de la despenalización, pero creo que todos estamos de acuerdo con que no deben seguir criminalizándonos.
La discusión en torno de la actual ley 23.737 no pasa por una determinación moral respecto del consumo de drogas, sino por si una persona tiene o no el derecho a elegir a consumirlas.
Desde hace más de treinta años los usuarios de drogas en la Argentina somos criminalizados, estigmatizados, torturados -y en muchos casos muertos- producto de una ley de drogas que propuso como objetivo combatir el consumo de dogas y el narcotráfico, pero lamentable y perversamente no hizo más que expandirlos.
La ley se propuso como base criminalizadora la penalización de la tenencia de drogas, es decir que todo aquel que tuviera drogas en su poder, sin importar por qué las tuviera, pasaba a ser un criminal, perseguido, se lo detenía y enjuiciaba para que una vez criminalizado pueda probar la finalidad con la cual tenía dichos estupefacientes y a partir de allí merecer distintas penas.
Esta figura legal es la que produce la estigmatización, puesto que nuestra conducta es considerada disvaliosa, desviada, reprochable a raíz de encontrarse la misma descripta en una ley penal, que tan sólo prevé conductas prohibidas en pos de las medidas de seguridad curativas.
La actual ley 23.737 establece un sistema perverso cuya finalidad pareciera ser facilitar el trabajo de los efectivos policiales en detrimento de los derechos, de las garantías fundamentales de un Estado que se proclama un Estado de derecho. Ha producido que no sólo el 70 por ciento de las personas privadas de su libertad producto de la ley de drogas, sean simplemente usuarios, sino que, además, ha destrozado el bien jurídico que con tanto ahínco debe proteger, que es la salud pública.
La criminalización de la tenencia -y por ende el consumo de drogas- no hizo más que alejarnos del sistema de salud a los usuarios, produciendo, en muchos casos, daños irreparables en nuestras vidas.
Pero no sólo la actual ley de drogas viola el derecho del acceso a la salud de las personas, sino que ha llevado a quienes no necesitan -o no desean- tratarse a realizar un tratamiento, bajo la amenaza de una pena de prisión, criminalizándolos, dejando sin tratamiento a quien sí lo necesitan por falta de camas, por su condición sexual o económica.
Esto pasa en muchas de las organizaciones que trabajan y que reciben los subsidios de la Sedronar, donde nosotros, con la problemática de las chicas trans, no logramos más que, solamente en el Centro Nacional de Rehabilitación Social, que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, tener cuatro camas para las chicas trans. No hay otras organizaciones y si no son llamadas Carlos, con camas de varones, igual que en el Muñiz, en la cama 10 de varones infecciosos.
Consideramos que la criminalización de los usuarios de drogas, que usamos sustancias ilícitas, impide que las éstas sean conocidas por sus reales efectos en el organismo mediante una correcta difusión y educación pública. De esa forma se permitiría que cuando se hable de drogas no se englobe a una multitud de sustancias con efectos muy diferentes, incluso, algunas hasta con efectos terapéuticos.
Además, hablamos del derecho del uso recreativo y el uso motivador del goce que alguno de los psicoanalistas, creo que uno o dos hablaron del tema, que estuvieron mencionó. Quieren desmerecernos de estos conceptos, lo primero que dicen es "paco". Para desmerecer todo lo que estoy diciendo dicen: "paco". Ahora, ¿"Paco" quién es? Porque yo conozco la pasta base, que es bazuco en el Perú. También escuché que hablaban que el paco llegó al Norte. En el Norte estuvo desde siempre. De hecho el crac o pasta base o bazuco es la misma sustancia y es cocaína, como lo dijo ayer la doctora Cuñarro, es lo que queda en la olla, quiere decir que hay cocinas.
Yo trabajo en reducción de daños. Acá hubo muchas personas que me orientaron en esa política. Cuando nosotros empezamos en el año 1995 o 1996 a trabajar esto con un programa, nosotros no sabíamos bien qué era. Le decían pasta base, se fumaba en latas. Después vino el año 2000, y nosotros anticipábamos que esto se iba a ir de las manos. Pero, claro, lo que pasa es que la pasta base estuvo siempre y no la considerábamos como una sustancia recreativa.
Cuando me refiero al uso recreativo no estoy hablando del paco. Esta última es una sustancia de exterminio, es decir, es basura; es lo mismo que dejar la olla con un guiso y más tarde ir a pasar el pancito y comerse la basura de la olla. Acompaña un plan perverso para matar el hambre, el frío, la tristeza y en muchos casos la exclusión de los sectores más vulnerables. También genera la rivalidad y el prestigio del poder de acceder o no a las diferentes calidades de sustancias.
A veces los que realizamos acompañamiento, consejería y cuidado hacia otros usuarios hacemos tareas de seguimiento en los servicios penitenciarios.
También escuché decir que debíamos tener en cuenta esta consideración que tienen los servicios penitenciarios en el sentido de permitir el acceso al trabajo con los detenidos. Realmente tanto esta institución -el Servicio Penitenciario- como los institutos de menores lamentablemente lo único que hacen es alimentar con esta ley ese gran negocio. Es increíble.
Yo estuve detenida. Tengo una causa de narcotráfico siendo usuaria de drogas. Cuando en 2007 estuve detenida había tres pabellones de menores adultos; hoy hay siete. El 80 por ciento son chicas argentinas o extranjeras que viven en el país y que están por robos menores, a los que legalmente se les llama "hurtos". Pero como los hurtos son reiterados las penas se van subiendo y quedan detenidas. Todas ellas consumen pasta base.
No quiero entrar en el análisis del tema de las supuestas "mulitas" porque ya lo abordó Luciana. No obstante, quiero señalar algo en relación con el dinero -respecto del cual muchas veces sacamos la cuenta- que se otorga al Servicio Penitenciario por cada mujer -por una cuestión de género quiero hablar de las mujeres, que también son una población altamente vulnerable- para que la tenga detenida. No se trata solamente de la mujer que transporta, sino también de aquellas que tienen familias y mantienen a sus hijos. Realmente es doloroso cuando muchas de estas chicas que están en estas instituciones son hijas de vendedores. Pero no estoy criminalizando al que vende, sino a las instituciones, porque si se le paga al Servicio Penitenciario para que tenga a una mujer y después se le dan 5 mil pesos a ese organismo, 5 mil pesos a un instituto, etcétera, se termina teniendo 15 mil o 20 mil pesos puestos en una familia a la que se desarmó. ¿Por qué no pensaron primero en un subsidio digno, en una tutoría y en enseñar a esas personas a insertarse en este mundo?
Asimismo una gran parte de los usuarios de estupefacientes que no somos criminalizados somos igualmente discriminados y excluidos una vez que es conocido nuestro consumo, viéndonos en situaciones de expulsión en colegios, empleos y muchas otras actividades sociales. A su vez pienso que la criminalización trasciende a las personas y atenta contra nuestras familias. En otras palabras, una señora puede ser una buena madre, tener a su hijo en el colegio y pagar sus impuestos, pero si dice que fuma porros deja de ser una persona creíble y de ser considerada en ese colegio como una buena madre.
Los usuarios de drogas consideramos que su tenencia se debe despenalizar. Es una forma de respetar los derechos humanos de más de 200 mil personas que hace veinte años fueron violentadas en democracia. Despenalizar la tenencia de drogas significa empezar a reconocer las elecciones privadas que con el medio tiene el ser humano para ejercer su libertad de acción y, de este modo, llevar adelante su experiencia humana. Esto se vincula con el artículo 14 de la ley.
En relación con el artículo 12, el Estado no puede exigirnos que tengamos una propiedad privada para ejercer un derecho, ya que si no estaría criminalizando y revictimizando a los más vulnerables. De lo contrario, el Estado nos va a tener que proveer una vivienda para que podamos ejercer nuestros derechos.
Despenalizar la tenencia de drogas no es sólo empezar a combatir y reparar el daño, así como el fracaso actual de la ley.
La expansión geométrica del consumo de drogas y esta política produjeron tremendos daños en la salud pública de nuestro país. Digo esto no sólo por las consecuencias nefastas que deja en muchos de nosotros, como las infecciones de VIH y hepatitis C, sino también por la monopolización de los tratamientos. Me refiero a aquellos que ni siquiera tienen en cuenta si son acciones orientadas a prácticas individuales.
Los usuarios de drogas no salimos en serie, somos personas únicas e irrepetibles, como cualquier ser humano. Sabemos que defender este derecho se vincula con la modificación de la ley y lograrlo no es la solución completa, porque se necesitan urgentemente políticas diferentes de drogas, basándonos no sólo en el discurso de si somos usuarios, abusadores o adictos.
Si estamos planteando el tema de los adictos analicemos también la ludopatía. Una persona que sale después de dos días de un bingo, que perdió la noción de todo y lo paran en la esquina, le piden el documento y luego se va, pero tal vez esa persona se jugó su casa.
En cambio si a mí me paran en la esquina cuando salgo a comprar el pan y justo tengo un porro en el bolsillo, me llevan detenida.
Por último quiero mencionar la despenalización del cultivo de cannabis para consumo personal y el permiso para el acceso a las semillas, ya que estamos convencidos de que, no es la primera sustancia que conocemos y en realidad, no sé si decir que es la última que sí queremos conocer, pero nos ha dado durante mucho tiempo una mejor calidad de vida.
Su uso debe ser incorporado como una herramienta en las políticas de reducción de daños. No tendría que decirlo -porque tal vez salga y me lleven detenida, ya que me amenazaron muchas veces-, pero no podemos plasmar en un proyecto o en los trabajos de campo que realizamos o no puedo decirles a nuestros coordinadores que le damos porro al pibe que fuma paco y con eso hacemos reducción de daños.
Hay muchos chicos fumando mixto, de a poquito, sí sirve la reducción de daños y no quiere decir que estemos enseñándole a la gente a usarla sino que es una manera diferente de llegar a dejar de consumirla si no es bueno para nuestra salud. Hay que tener en cuenta el uso responsable.
Quiero decirles de mí, que tengo 47 años y hace 24 años que vivo con VIH. Me inyecté 8 meses; una política de salud prohibió la venta de jeringas; luego tuve Hepatitis C, pero de todas maneras estudié, fui a la facultad, me casé, me separé, tuve tres hijos, hoy estoy acá, sigo estudiando, etcétera. Todo eso siendo usuaria de drogas y teniendo VIH por una política.
Si cierro y abro los ojos en este salón, veo a todos mis compañeros pidiendo medidas más justas para todos y todas. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra la señora Lubertino, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. LUBERTINO Señor presidente: hemos tenido ayer las ilustraciones de los doctores Zaffaroni y Calabrese. Creo que son pocas cosas las que se pueden agregar luego de haberlos escuchado a ellos y, sobre todo, después de haber escuchado a Verónica Ruso, que fue la coordinadora de nuestro Foro de la Sociedad Civil en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Así como también fue la coordinadora del Foro de No Discriminación para Personas Usuarias y Consumidoras de Drogas.
De alguna manera, fortaleció la posibilidad de crear esta red que hoy existe y de construir algunos caminos desde otro lugar, para lograr la modificación de esta norma.
Entiendo que en la reforma que estamos debatiendo se defiende la libertad, la igualdad y la no discriminación. Fundamentalmente porque tenemos que clarificar fuertemente la diferencia que existe entre el uso o el consumo de sustancias, el abuso, la adicción y el narcotráfico, que es un delito. Entonces, el narcotráfico es delito, la adicción es una enfermedad, el abuso es algo que hay que prevenir y evitar, el uso o el consumo entran en la esfera privada de las personas y tiene que ver con los principios de libertad, autodeterminación, decisión sobre el propio cuerpo que este Congreso en tantas normas ha promovido, modificado leyes anteriores para defender y proteger.
Pero no sólo es un tema de libertad el uso y el consumo sino que también es un tema de igualdad modificar esta norma, porque a nosotros nos constan todos los casos y las causas, algunas referencias hacía la gente del CELS, cuya exposición recién escuché, y también lo dijo Verónica Ruso. Esta estigmatización, esta criminalización ha sido la barrera para que muchísimas personas puedan llegar a la atención en salud. También una estigmatización para sus familias, una criminalización de quienes deben ser atendidos en la salud como enfermos, como adictos y no criminalizados, llevados a la comisaría o a la cárcel.
Pero también cuando decimos no discriminación e igualdad estamos pensando en que hay un corte por nivel socioeconómico, en quienes eran tomados en la jerga como "perejiles" en estas causas armadas o en esta necesidad de estadística de la policía para mostrar que se mueve o que actúa en causas vinculadas a estupefacientes.
En ese sentido, obviamente las personas de un determinado nivel socioeconómico consumen en ámbitos privados. Incluso a veces hay lugares públicos en donde la corrupción de la agencia del control gubernamental o de las propias policías hace que no se ingrese a esos lugares y en cambio, si han consumido sustancias, los que terminan presos, en la comisaría o perseguidos son los que solamente pueden consumir en la calle, en la plaza, en un parque. Entonces, me parece que ese es un tema sustantivo.
El otro punto que quiero resaltar es la ineficacia de esta política pública que ya lleva 20 años de vigencia. Porque si el objetivo de esta norma era la salud pública, que modificaba la ley anterior, que hablaba de la seguridad nacional, podemos decir que esta ley puso el énfasis, el eje, en sus objetivos. La salud pública y nada de esto se cumplió porque aumentó el consumo de sustancias, aumentó el narcotráfico, aumentó la comercialización y fundamentalmente lo que sí podemos ver es que la cantidad de causas por drogas, a lo largo y ancho del país, casi la mitad, fueron iniciadas por tenencia para el consumo, y de ellas las que llegaron a juicio son exiguas. O sea que si bien hay aproximadamente 20 o 30 mil causas por año, menos de la mitad son de tenencia para consumo; de esas 12 o 13 mil causas, sólo 200 llegan a juicio y hay condena en tres.
Es decir que también acá hay un principio no solamente de ineficacia en la aplicación de los recursos policiales sino también de ineficacia en la aplicación de los recursos de la Justicia y de ineficacia en la Justicia en su conjunto.
Para nosotros es importante la derogación de la tenencia para el consumo pero también la habilitación del autocultivo. Para nosotros es importante que expresamente en la norma se plantee la posibilidad del autocultivo porque es la única forma de no depender de dealers o de comercializadores para la compra.
El otro punto que para nosotros es importante destacar, es por qué entendemos que la norma debe ser derogada. En este sentido, el tipo penal que se establece es el de mera peligrosidad, lo que contradice todo nuestro sistema penal. Esto lo dicen los fallos de la Corte, pero también el hecho de que solamente se llegue a esta conclusión a través de fallos individuales y puntuales, hace que tampoco todas las personas estén en igualdad de condiciones, porque tienen que recurrir a la instancia de tener un abogado y de ir a un juicio para que se declare su inocencia, fundada en el principio pro homine y en la no existencia de delito por mera peligrosidad.
En ese sentido, para mí es importante que quienes vayan a tomar decisión en esta materia lean el fallo Arriola y el fallo Bazterrica. Algunas cosas dijo ayer el juez Zaffaroni, pero en el voto del propio Lorenzetti hay un análisis muy sustancioso del artículo 19 y del principio pro homine.
Muchas de estas cosas fueron dichas. Hay una recomendación general que fue emitida por el INADI en el año 2008, que es la Recomendación General N° 03/2008, donde recomendábamos muy enfáticamente la reforma de esta ley. Para no excedernos, en todo caso, les pedimos que la lean y que lo tenga en cuenta. Allí se hacía un racconto de los casos, de las situaciones y una sistematización de las causas que habían llegado el INADI por discriminación, por desigualdad en la aplicación de esta ley, consideraciones teóricas y recomendaciones entre las cuales se incluía esta reforma que ahora estamos tratando.
Para nosotros es muy importante que tengan en cuenta esa recomendación, la despenalización de la tenencia para el consumo y el punto del autocultivo; que no esté librado nada al azar, es decir, no queremos que haya que hacer interpretaciones por parte de la policía. En ese caso, debe estar clara la especificación de qué cantidad se entiende tenencia para el consumo o la especificación de qué se entiende por autocultivo, y cuál es la cantidad de plantas o cuál es el tamaño, etcétera. Es algo que para nosotros tiene que estar en la ley porque tiene que eliminarse cualquier posibilidad de que se armen causas o de que esto sea objeto de criminalización indirecta por vía de quienes están encargados de aplicar la norma.
La otra cosa muy importante es que el listado de estupefacientes -o lo que se conoce como estupefacientes o sustancias- sea objeto de la legislación y no de un decreto del Poder Ejecutivo. Creemos que es muy importante que la consideración de estupefacientes y que ese listado de estupefacientes sea determinado por el Poder Legislativo y no a través de una delegación de facultades en el Ejecutivo, porque por esa vía lo que se logra es tener un tipo penal abierto. Si nosotros ponemos la palabra "estupefacientes" en el Código Penal o en la ley penal, necesitamos que ese tipo penal esté cerrado por el propio Parlamento. Por la vía reglamentaria se podrían hacer modificaciones que entendemos podrían ubicar en potencialidad delictiva a sujetos o a personas dependiendo cuál sea la consideración de esas sustancias. En ese sentido, creemos que debe eliminarse de la lista de estupefacientes a la marihuana y el THC.
Finalmente, en caso de modificarse la norma, entendemos que la propia ley debe considerar una amnistía para todas las causas iniciadas o para todas las personas que ahora estén en proceso por este tipo de causas.
Si bien el principio general es que rige la ley penal más benigna, esto sería objeto de tiempo en la judicialización de estas causas hasta tanto se determine en cada una de ellas que se aplica la ley penal más benigna. En cambio, si hubiera una cláusula o norma de amnistía eso implicaría que todas estas personas que hoy, desde nuestro punto de vista, están siendo injustamente procesadas, pudieran quedar automáticamente en libertad, sin causas y fundamentalmente aplicando una norma que borre estos supuestos antecedentes penales en todos los casos.
Les agradezco por haberme dado la posibilidad de intervenir y les pido que avancen en la reforma, respecto de la cual realmente creemos que es de toda justicia por la libertad y la igualdad que implica. (Aplausos.)
De alguna manera, fortaleció la posibilidad de crear esta red que hoy existe y de construir algunos caminos desde otro lugar, para lograr la modificación de esta norma.
Entiendo que en la reforma que estamos debatiendo se defiende la libertad, la igualdad y la no discriminación. Fundamentalmente porque tenemos que clarificar fuertemente la diferencia que existe entre el uso o el consumo de sustancias, el abuso, la adicción y el narcotráfico, que es un delito. Entonces, el narcotráfico es delito, la adicción es una enfermedad, el abuso es algo que hay que prevenir y evitar, el uso o el consumo entran en la esfera privada de las personas y tiene que ver con los principios de libertad, autodeterminación, decisión sobre el propio cuerpo que este Congreso en tantas normas ha promovido, modificado leyes anteriores para defender y proteger.
Pero no sólo es un tema de libertad el uso y el consumo sino que también es un tema de igualdad modificar esta norma, porque a nosotros nos constan todos los casos y las causas, algunas referencias hacía la gente del CELS, cuya exposición recién escuché, y también lo dijo Verónica Ruso. Esta estigmatización, esta criminalización ha sido la barrera para que muchísimas personas puedan llegar a la atención en salud. También una estigmatización para sus familias, una criminalización de quienes deben ser atendidos en la salud como enfermos, como adictos y no criminalizados, llevados a la comisaría o a la cárcel.
Pero también cuando decimos no discriminación e igualdad estamos pensando en que hay un corte por nivel socioeconómico, en quienes eran tomados en la jerga como "perejiles" en estas causas armadas o en esta necesidad de estadística de la policía para mostrar que se mueve o que actúa en causas vinculadas a estupefacientes.
En ese sentido, obviamente las personas de un determinado nivel socioeconómico consumen en ámbitos privados. Incluso a veces hay lugares públicos en donde la corrupción de la agencia del control gubernamental o de las propias policías hace que no se ingrese a esos lugares y en cambio, si han consumido sustancias, los que terminan presos, en la comisaría o perseguidos son los que solamente pueden consumir en la calle, en la plaza, en un parque. Entonces, me parece que ese es un tema sustantivo.
El otro punto que quiero resaltar es la ineficacia de esta política pública que ya lleva 20 años de vigencia. Porque si el objetivo de esta norma era la salud pública, que modificaba la ley anterior, que hablaba de la seguridad nacional, podemos decir que esta ley puso el énfasis, el eje, en sus objetivos. La salud pública y nada de esto se cumplió porque aumentó el consumo de sustancias, aumentó el narcotráfico, aumentó la comercialización y fundamentalmente lo que sí podemos ver es que la cantidad de causas por drogas, a lo largo y ancho del país, casi la mitad, fueron iniciadas por tenencia para el consumo, y de ellas las que llegaron a juicio son exiguas. O sea que si bien hay aproximadamente 20 o 30 mil causas por año, menos de la mitad son de tenencia para consumo; de esas 12 o 13 mil causas, sólo 200 llegan a juicio y hay condena en tres.
Es decir que también acá hay un principio no solamente de ineficacia en la aplicación de los recursos policiales sino también de ineficacia en la aplicación de los recursos de la Justicia y de ineficacia en la Justicia en su conjunto.
Para nosotros es importante la derogación de la tenencia para el consumo pero también la habilitación del autocultivo. Para nosotros es importante que expresamente en la norma se plantee la posibilidad del autocultivo porque es la única forma de no depender de dealers o de comercializadores para la compra.
El otro punto que para nosotros es importante destacar, es por qué entendemos que la norma debe ser derogada. En este sentido, el tipo penal que se establece es el de mera peligrosidad, lo que contradice todo nuestro sistema penal. Esto lo dicen los fallos de la Corte, pero también el hecho de que solamente se llegue a esta conclusión a través de fallos individuales y puntuales, hace que tampoco todas las personas estén en igualdad de condiciones, porque tienen que recurrir a la instancia de tener un abogado y de ir a un juicio para que se declare su inocencia, fundada en el principio pro homine y en la no existencia de delito por mera peligrosidad.
En ese sentido, para mí es importante que quienes vayan a tomar decisión en esta materia lean el fallo Arriola y el fallo Bazterrica. Algunas cosas dijo ayer el juez Zaffaroni, pero en el voto del propio Lorenzetti hay un análisis muy sustancioso del artículo 19 y del principio pro homine.
Muchas de estas cosas fueron dichas. Hay una recomendación general que fue emitida por el INADI en el año 2008, que es la Recomendación General N° 03/2008, donde recomendábamos muy enfáticamente la reforma de esta ley. Para no excedernos, en todo caso, les pedimos que la lean y que lo tenga en cuenta. Allí se hacía un racconto de los casos, de las situaciones y una sistematización de las causas que habían llegado el INADI por discriminación, por desigualdad en la aplicación de esta ley, consideraciones teóricas y recomendaciones entre las cuales se incluía esta reforma que ahora estamos tratando.
Para nosotros es muy importante que tengan en cuenta esa recomendación, la despenalización de la tenencia para el consumo y el punto del autocultivo; que no esté librado nada al azar, es decir, no queremos que haya que hacer interpretaciones por parte de la policía. En ese caso, debe estar clara la especificación de qué cantidad se entiende tenencia para el consumo o la especificación de qué se entiende por autocultivo, y cuál es la cantidad de plantas o cuál es el tamaño, etcétera. Es algo que para nosotros tiene que estar en la ley porque tiene que eliminarse cualquier posibilidad de que se armen causas o de que esto sea objeto de criminalización indirecta por vía de quienes están encargados de aplicar la norma.
La otra cosa muy importante es que el listado de estupefacientes -o lo que se conoce como estupefacientes o sustancias- sea objeto de la legislación y no de un decreto del Poder Ejecutivo. Creemos que es muy importante que la consideración de estupefacientes y que ese listado de estupefacientes sea determinado por el Poder Legislativo y no a través de una delegación de facultades en el Ejecutivo, porque por esa vía lo que se logra es tener un tipo penal abierto. Si nosotros ponemos la palabra "estupefacientes" en el Código Penal o en la ley penal, necesitamos que ese tipo penal esté cerrado por el propio Parlamento. Por la vía reglamentaria se podrían hacer modificaciones que entendemos podrían ubicar en potencialidad delictiva a sujetos o a personas dependiendo cuál sea la consideración de esas sustancias. En ese sentido, creemos que debe eliminarse de la lista de estupefacientes a la marihuana y el THC.
Finalmente, en caso de modificarse la norma, entendemos que la propia ley debe considerar una amnistía para todas las causas iniciadas o para todas las personas que ahora estén en proceso por este tipo de causas.
Si bien el principio general es que rige la ley penal más benigna, esto sería objeto de tiempo en la judicialización de estas causas hasta tanto se determine en cada una de ellas que se aplica la ley penal más benigna. En cambio, si hubiera una cláusula o norma de amnistía eso implicaría que todas estas personas que hoy, desde nuestro punto de vista, están siendo injustamente procesadas, pudieran quedar automáticamente en libertad, sin causas y fundamentalmente aplicando una norma que borre estos supuestos antecedentes penales en todos los casos.
Les agradezco por haberme dado la posibilidad de intervenir y les pido que avancen en la reforma, respecto de la cual realmente creemos que es de toda justicia por la libertad y la igualdad que implica. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD A continuación hará uso de la palabra la señora Brenda Chignoli, de la Red de Personas Positivas.
SRA. CHIGNOLI Señor presidente: en primer término quiero decir que estoy feliz de poder transmitirles mi experiencia. Vengo desde Córdoba como usuaria terapéutica, representando también a los usuarios terapéuticos de la Red de Personas Positivas. Se trata de una red de personas positivas de diagnósticos adversos. Nosotros hemos recibido diagnósticos de los médicos, pero el pronóstico lo ponemos nosotros. Hace once años recibí mi diagnóstico de VIH. Cuando éste ya estaba en una situación jodida comenzaron a darme antirretrovirales. A raíz de ese tratamiento estuve con vómitos y pérdida de peso durante cinco o seis meses. Uno de los antirretrovirales me provocaba anorexia. Y todo el tratamiento en su conjunto me producía vómitos permanentes.
Durante muchos meses estuve sin que mi médica me dijera que tenía que cambiar el esquema porque ya no lo toleraba. Hace once años, cuando nos decían que teníamos que cambiar un esquema entrábamos en pánico, porque teníamos seis y quemar uno implicaba que estábamos más cerca de la muerte. Cuando uno recibe estos diagnósticos -sobre todo con tanta ignorancia porque no hay mucha información, ya que no se aplica la ley de salud sexual integrada en las escuelas, razón por la cual tenemos tantos chicos con VIH- se siente estigmatizado.
Lo mismo sucede cuando los usuarios terapéuticos decidimos utilizar los mal llamados "tratamientos alternativos" -porque están fuera de la alopatía- y elegimos el cannabis. En mi caso personal no empecé fumándolo, sino tomándolo con leche. Lo hice después de muchos meses durante los cuales tuve vómitos con sangre, porque ya estaba muy lastimada. Cuando comencé a tomar leche con cannabis como una solución al ardor que tenía y a todas las llagas que me impedían comer eso significó una recuperación automática. Al día siguiente le fui a decir a mi médica que había empezado un tratamiento que, con el tiempo, evitó que tuviese que internarme y cambiar el esquema. Además, mi médica me pudo seguir.
Lo que nosotros, como usuarios terapéuticos, pedimos a los enfermos es que en sus historias clínicas digan que son usuarios terapéuticos de cannabis, porque hay que empezar a reconocerse. Somos un montón. Aquí el grave problema es que no se está abordando el tema de los usuarios terapéuticos. Nosotros estamos profundamente preocupados porque tenemos que hablar de cantidades. Al respecto quiero señalar que las cantidades nuestras distan de las correspondientes a los usuarios recreativos. En mi caso personal tengo secuelas de un antirretroviral. El año pasado terminé tomando diariamente entre 900 y 1.200 miligramos diarios de Pregabalina -si entre los presentes se encuentra algún médico sabrá lo que significan estas dosis- cuando normalmente después de una operación quirúrgica se suelen prescribir 75 miligramos por día. Consecuentemente, el año pasado quedé con secuelas por la ingesta de Pregabalina. Lo mismo me ocurrió anteriormente, cuando tomé Neurontín.
En mi caso, el año pasado fracasó la terapia del dolor, porque hace ocho años que no sé lo que es que el cuerpo no me duela durante diez minutos. Quiero señalar que esto es una secuela de mi polineuropatía refractaria, que precisamente tiene esa característica respecto de los tratamientos.
Vale decir que cada dos o tres años el tratamiento me fracasa.
El año pasado, cuando me dieron Metadona asociado con Paracetamol en altas dosis, decidí no comenzar, pese a que era la sugerencia de cuidados paliativos del dolor, porque estaba desbordada del dolor.
Caí en cuidados paliativos por el fracaso de la Pregabalina, como me ocurre normalmente. Decidí aumentar mi dosis de cannabis y hacer acupuntura para aliviar mis dolores. El año pasado, hacía dos veces por semana acupuntura y subí las dosis de cannabis. Hoy estoy utilizando entre 30 y 40 gramos diarios sin contar las alcoholaturas y las cremas que utilizo. Esto no me impide ser una persona útil para la sociedad. No soy una delincuente social.
Del mismo modo, mis compañeros, que son usuarios terapéuticos, no son delincuentes sociales sino que simplemente han elegido una terapia.
¿Qué va a pasar con aquellos papás que tienen a sus hijos menores de edad en tratamientos pediátricos, como es en el caso de la enfermedad del Chron? ¿Qué va a pasar con nosotros y las cantidades?
Nosotros no somos delincuentes sociales. En mi caso particular, represento a una organización y a mí, la polineuropatía no me limita a trabajar en ella. Hemos creado hace tres o cuatro años aproximadamente, en el Hospital Nacional de Clínicas, lo que se llamaba la Asesoría de Salud en Infectología. Ahora se llama Asesoría de Salud y Gestión, y no sólo se atienden pacientes VIH sino con diversidad de complejidades de la salud. Asimismo, milito en otras organizaciones.
Es decir que a mí el cannabis en altas dosis no me limita a militar ni a ser útil a la sociedad. He recibido tres reconocimientos por decir esto. El primer reconocimiento fue en el Concejo Deliberante, luego fue en la Legislatura, por mi trabajo social, y el último fue este año.
Hace un rato asociaron al consumidor con un delincuente social. Para empezar, no todo consumidor es un delincuente. Yo soy madre, soy abuela, milito, trabajo y cobro una pensión no contributiva de 1.450 pesos. Es decir que ni siquiera la limitación económica es una limitación en sí misma para poder ser provechoso para la sociedad.
Para nosotros la discusión aquí es que los usuarios terapéuticos no estamos incluidos en nada. Entonces quiero saber y vengo a plantear qué va a pasar con nosotros. ¿Quién va a venir a decirnos, o a mí en particular, cuáles son las cantidades que necesito para aliviar mi dolor? Yo tengo once años de experiencia. ¿Qué médico me va a decir a mí que con 30 o 40 gramos, o menos o más, calmo mi dolor? Yo sé cómo manejar mi dolor.
Si yo no supiera cómo manejar mi dolor, en este momento estaría metiendo drogas mucho más "jodidas" que el cannabis, y lo digo con conocimiento de causa, porque he quedado con secuelas del Neurontin, de la Pregabalina, etcétera.
Entonces, entre todas las drogas químicas, hoy por hoy y hasta que pueda manejar mi dolor, mis vómitos con retrovirales y demás, elijo la terapia del cannabis.
Muchas compañeras y compañeros eligen la terapia del cannabis para sus hijos menores, para casos como el asma, el Crohn, el VIH, etcétera. Esto se vincula con la cuestión de respetar la elección de nuestras terapias.
Quiero leer una reflexión desde la ética, más allá de mi historia de vida, porque realmente tener VIH y encima usar terapéuticamente el cannabis es doblemente estigmatizado. Encontré un fragmento de Alonso y Tellado que quisiera compartir.
Dice así: "El hombre ha de ser respetado en su dignidad como tal y, por lo tanto, no ha de imponérsele tratamientos médicos que él no autoriza. El hombre es un fin en sí mismo y ha de tener la facultad de elegir entre distintas opciones terapéuticas en el caso de que las mismas existan en el campo de la medicina".
Por otra parte, hay otro principio de bioética al que se denomina principio de beneficencia, el cual consiste en que la terapia propuesta implique el bien de la persona interesada, es decir, del principio de autonomía en bioética, el principio supremo ante el cual deben ceder los demás principios. Ello es así por cuanto la dignidad de la persona es el valor que se halla en la cúspide axiológica.
Verdaderamente quiero que me permitan en lo que me queda de vida, espero vivir cien años más, decidir mis propias terapias. Yo he participado de infinidad de reuniones con los usuarios terapéuticos y a todos nos parece lo mismo: no se nos escucha. Es decir, existimos para la prensa gráfica, existimos para algunas universidades que nos investigan, existimos para un montón de cosas pero cuando tienen que discutir nuestras necesidades, somos silenciados en la letra, en lo que se tiene que escribir.
Yo no sé qué va a pasar con todo esto, yo no soy abogada ni médica, simplemente soy una ciudadana que trata de hacer bien las cosas. No soy una delincuente social aunque me he visto obligada a comprarle al narcotráfico. Hoy cultivo, tengo mis plantas y tengo grandes cantidades para poder manejar mis dolores, para poder manejar el tratamiento, para ser solidaria con aquellos compañeros que están en cama en una difícil situación, o peor que yo, para llevarles. ¿Quién les va a proveer si no pueden levantarse ni para ir al baño? Si una persona enferma se encuentra en determinada circunstancia, necesita ayuda y medicina, para muchos de nosotros la marihuana es nuestra medicina y no estamos contemplados. Entonces, ese es el problema que yo vengo a plantear acá.
El Estado debe ser el garante, por medio de sus ministerios, del acceso a la información y a los tratamientos. Yo quisiera, una vez que se despenalice -por mí ojalá se legalice-, que se trabaje sobre esta ley de estupefacientes y que liberemos a la marihuana. Ya está archidemostrado que si es un remedio, si a mí me sana y no me molesta, por qué le va a molestar al otro. Sabemos que hay casos de psicosis a los que les hace mal pero son excepcionales.
Para nosotros el acceso a la información y a los tratamientos va a ser un punto neurálgico en esto. Porque, ¿cómo vamos a acceder a la información nosotros o un paciente que vaya a un hospital, una persona con tratamiento quimioterápico, en el sentido que puede aliviar sus dolores, sus nauseas y sus vómitos con alguna planta que es mucho más barata que el negocio de los laboratorios? Para mí es mucho más barato y para el Estado es más barato que yo tenga mi propia planta para el dolor y los vómitos y que yo haga mi propia medicina -por supuesto yo todavía estoy en condiciones y me puedo mover-, que dar el dinero a los laboratorios. En mi caso personal para el Estado es más caro el tratamiento del dolor cuando yo puedo hacer mi propia medicina.
Además, quiero comentar algo que dijo Nino, otra implicancia del principio de la dignidad de la persona es precisar los alcances de los principios liberales que se han considerado. No se usa una persona como mero medio en beneficio de otros ni se interfiere ilegítimamente con sus planes de vida cuando una restricción, carga u obligación que se le impone tiene como base su consentimiento. Tratamos a las personas como fines en sí mismas cuando las tratamos de acuerdo a sus propios fines.
Soy una persona útil a la sociedad, no soy una delincuente social, me he visto obligada a comprarle al narcotráfico, no sé qué otro testimonio puedo dar. Vengo en nombre de un montón de compañeros, represento a la Comunidad de Usuarios Terapéuticos, dentro de varias organizaciones están la Mesa Nacional por la Igualdad, la Comunidad Cannábica, hay un montón de organizaciones que no pueden poner la cara porque no todos los compañeros tienen salud ni todos se animan a decir: "Yo tengo VIH, utilizo marihuana, tengo mis propias plantas y así le salgo mucho más barato al Estado".
Voy a dejar aquí 1.400 datos científicos como una valoración de comienzo y apelo a la sensibilidad de todos ustedes porque estamos en un momento histórico. Creo que nos debemos la oportunidad de debate y tomarnos el tiempo necesario para que esto salga como debe ser.
Que estemos incluidos y yo, verdaderamente, como usuaria terapéutica y por todos los beneficios que me ha provocado. Inclusive, yo estuve diez años con un hijo con problemas de adicciones con cocaína y pude sacarlo con la marihuana porque, para mí, la marihuana fue una droga de salida. Me apoyé en un programa, pero cuando lo tenía en internaciones domiciliarias con sus crisis por la abstinencia de la cocaína, como de bipolaridad, con mi pareja, le dábamos marihuana para aquietarlo un poco y no nos rompía tanto los vidrios y se quedaba más tranquilo, se relajaba. Hay infinidad de documentación científico respaldatoria que habla de los beneficios.
La cuestión es cómo se va a legislar para nosotros. Si no se legaliza, ¿cómo se va a legislar, las cantidades, los enfermos pediátricos? Yo no soy una adicta; no sólo porque yo lo diga -porque a lo mejor el que yo lo diga no tiene más significado que mi palabra-, pero con una necesidad de tratamiento psiquiátrico para manejar el dolor porque hay épocas del año, sobre todo en invierno, que me cuesta manejar el dolor. Tuve que ir a tratamiento psiquiátrico. En el hospital en el que trabajo como voluntaria atendiendo en un consultorio a pacientes me mandaron al Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. Claro que fui y obtuve un certificado que dice que yo hago un uso controlado. O sea que eso, utilizar la marihuana y tener adicciones no es lo mismo. No todos tenemos adicciones por todo. Es como decir que si yo porque juego voy a tener adicciones al juego, también al básquet, al volley, voy a ser ludópata y no es así. No todos los que utilizamos la marihuana somos adictos y éste es mi caso. Yo utilizo 30 o 40 gramos -lo que necesite para mi dolor-, pero si no la tengo no me desespero, me desespera el dolor. No quisiera caer en las farmacias. Espero haber sido útil. (Aplausos.)
Durante muchos meses estuve sin que mi médica me dijera que tenía que cambiar el esquema porque ya no lo toleraba. Hace once años, cuando nos decían que teníamos que cambiar un esquema entrábamos en pánico, porque teníamos seis y quemar uno implicaba que estábamos más cerca de la muerte. Cuando uno recibe estos diagnósticos -sobre todo con tanta ignorancia porque no hay mucha información, ya que no se aplica la ley de salud sexual integrada en las escuelas, razón por la cual tenemos tantos chicos con VIH- se siente estigmatizado.
Lo mismo sucede cuando los usuarios terapéuticos decidimos utilizar los mal llamados "tratamientos alternativos" -porque están fuera de la alopatía- y elegimos el cannabis. En mi caso personal no empecé fumándolo, sino tomándolo con leche. Lo hice después de muchos meses durante los cuales tuve vómitos con sangre, porque ya estaba muy lastimada. Cuando comencé a tomar leche con cannabis como una solución al ardor que tenía y a todas las llagas que me impedían comer eso significó una recuperación automática. Al día siguiente le fui a decir a mi médica que había empezado un tratamiento que, con el tiempo, evitó que tuviese que internarme y cambiar el esquema. Además, mi médica me pudo seguir.
Lo que nosotros, como usuarios terapéuticos, pedimos a los enfermos es que en sus historias clínicas digan que son usuarios terapéuticos de cannabis, porque hay que empezar a reconocerse. Somos un montón. Aquí el grave problema es que no se está abordando el tema de los usuarios terapéuticos. Nosotros estamos profundamente preocupados porque tenemos que hablar de cantidades. Al respecto quiero señalar que las cantidades nuestras distan de las correspondientes a los usuarios recreativos. En mi caso personal tengo secuelas de un antirretroviral. El año pasado terminé tomando diariamente entre 900 y 1.200 miligramos diarios de Pregabalina -si entre los presentes se encuentra algún médico sabrá lo que significan estas dosis- cuando normalmente después de una operación quirúrgica se suelen prescribir 75 miligramos por día. Consecuentemente, el año pasado quedé con secuelas por la ingesta de Pregabalina. Lo mismo me ocurrió anteriormente, cuando tomé Neurontín.
En mi caso, el año pasado fracasó la terapia del dolor, porque hace ocho años que no sé lo que es que el cuerpo no me duela durante diez minutos. Quiero señalar que esto es una secuela de mi polineuropatía refractaria, que precisamente tiene esa característica respecto de los tratamientos.
Vale decir que cada dos o tres años el tratamiento me fracasa.
El año pasado, cuando me dieron Metadona asociado con Paracetamol en altas dosis, decidí no comenzar, pese a que era la sugerencia de cuidados paliativos del dolor, porque estaba desbordada del dolor.
Caí en cuidados paliativos por el fracaso de la Pregabalina, como me ocurre normalmente. Decidí aumentar mi dosis de cannabis y hacer acupuntura para aliviar mis dolores. El año pasado, hacía dos veces por semana acupuntura y subí las dosis de cannabis. Hoy estoy utilizando entre 30 y 40 gramos diarios sin contar las alcoholaturas y las cremas que utilizo. Esto no me impide ser una persona útil para la sociedad. No soy una delincuente social.
Del mismo modo, mis compañeros, que son usuarios terapéuticos, no son delincuentes sociales sino que simplemente han elegido una terapia.
¿Qué va a pasar con aquellos papás que tienen a sus hijos menores de edad en tratamientos pediátricos, como es en el caso de la enfermedad del Chron? ¿Qué va a pasar con nosotros y las cantidades?
Nosotros no somos delincuentes sociales. En mi caso particular, represento a una organización y a mí, la polineuropatía no me limita a trabajar en ella. Hemos creado hace tres o cuatro años aproximadamente, en el Hospital Nacional de Clínicas, lo que se llamaba la Asesoría de Salud en Infectología. Ahora se llama Asesoría de Salud y Gestión, y no sólo se atienden pacientes VIH sino con diversidad de complejidades de la salud. Asimismo, milito en otras organizaciones.
Es decir que a mí el cannabis en altas dosis no me limita a militar ni a ser útil a la sociedad. He recibido tres reconocimientos por decir esto. El primer reconocimiento fue en el Concejo Deliberante, luego fue en la Legislatura, por mi trabajo social, y el último fue este año.
Hace un rato asociaron al consumidor con un delincuente social. Para empezar, no todo consumidor es un delincuente. Yo soy madre, soy abuela, milito, trabajo y cobro una pensión no contributiva de 1.450 pesos. Es decir que ni siquiera la limitación económica es una limitación en sí misma para poder ser provechoso para la sociedad.
Para nosotros la discusión aquí es que los usuarios terapéuticos no estamos incluidos en nada. Entonces quiero saber y vengo a plantear qué va a pasar con nosotros. ¿Quién va a venir a decirnos, o a mí en particular, cuáles son las cantidades que necesito para aliviar mi dolor? Yo tengo once años de experiencia. ¿Qué médico me va a decir a mí que con 30 o 40 gramos, o menos o más, calmo mi dolor? Yo sé cómo manejar mi dolor.
Si yo no supiera cómo manejar mi dolor, en este momento estaría metiendo drogas mucho más "jodidas" que el cannabis, y lo digo con conocimiento de causa, porque he quedado con secuelas del Neurontin, de la Pregabalina, etcétera.
Entonces, entre todas las drogas químicas, hoy por hoy y hasta que pueda manejar mi dolor, mis vómitos con retrovirales y demás, elijo la terapia del cannabis.
Muchas compañeras y compañeros eligen la terapia del cannabis para sus hijos menores, para casos como el asma, el Crohn, el VIH, etcétera. Esto se vincula con la cuestión de respetar la elección de nuestras terapias.
Quiero leer una reflexión desde la ética, más allá de mi historia de vida, porque realmente tener VIH y encima usar terapéuticamente el cannabis es doblemente estigmatizado. Encontré un fragmento de Alonso y Tellado que quisiera compartir.
Dice así: "El hombre ha de ser respetado en su dignidad como tal y, por lo tanto, no ha de imponérsele tratamientos médicos que él no autoriza. El hombre es un fin en sí mismo y ha de tener la facultad de elegir entre distintas opciones terapéuticas en el caso de que las mismas existan en el campo de la medicina".
Por otra parte, hay otro principio de bioética al que se denomina principio de beneficencia, el cual consiste en que la terapia propuesta implique el bien de la persona interesada, es decir, del principio de autonomía en bioética, el principio supremo ante el cual deben ceder los demás principios. Ello es así por cuanto la dignidad de la persona es el valor que se halla en la cúspide axiológica.
Verdaderamente quiero que me permitan en lo que me queda de vida, espero vivir cien años más, decidir mis propias terapias. Yo he participado de infinidad de reuniones con los usuarios terapéuticos y a todos nos parece lo mismo: no se nos escucha. Es decir, existimos para la prensa gráfica, existimos para algunas universidades que nos investigan, existimos para un montón de cosas pero cuando tienen que discutir nuestras necesidades, somos silenciados en la letra, en lo que se tiene que escribir.
Yo no sé qué va a pasar con todo esto, yo no soy abogada ni médica, simplemente soy una ciudadana que trata de hacer bien las cosas. No soy una delincuente social aunque me he visto obligada a comprarle al narcotráfico. Hoy cultivo, tengo mis plantas y tengo grandes cantidades para poder manejar mis dolores, para poder manejar el tratamiento, para ser solidaria con aquellos compañeros que están en cama en una difícil situación, o peor que yo, para llevarles. ¿Quién les va a proveer si no pueden levantarse ni para ir al baño? Si una persona enferma se encuentra en determinada circunstancia, necesita ayuda y medicina, para muchos de nosotros la marihuana es nuestra medicina y no estamos contemplados. Entonces, ese es el problema que yo vengo a plantear acá.
El Estado debe ser el garante, por medio de sus ministerios, del acceso a la información y a los tratamientos. Yo quisiera, una vez que se despenalice -por mí ojalá se legalice-, que se trabaje sobre esta ley de estupefacientes y que liberemos a la marihuana. Ya está archidemostrado que si es un remedio, si a mí me sana y no me molesta, por qué le va a molestar al otro. Sabemos que hay casos de psicosis a los que les hace mal pero son excepcionales.
Para nosotros el acceso a la información y a los tratamientos va a ser un punto neurálgico en esto. Porque, ¿cómo vamos a acceder a la información nosotros o un paciente que vaya a un hospital, una persona con tratamiento quimioterápico, en el sentido que puede aliviar sus dolores, sus nauseas y sus vómitos con alguna planta que es mucho más barata que el negocio de los laboratorios? Para mí es mucho más barato y para el Estado es más barato que yo tenga mi propia planta para el dolor y los vómitos y que yo haga mi propia medicina -por supuesto yo todavía estoy en condiciones y me puedo mover-, que dar el dinero a los laboratorios. En mi caso personal para el Estado es más caro el tratamiento del dolor cuando yo puedo hacer mi propia medicina.
Además, quiero comentar algo que dijo Nino, otra implicancia del principio de la dignidad de la persona es precisar los alcances de los principios liberales que se han considerado. No se usa una persona como mero medio en beneficio de otros ni se interfiere ilegítimamente con sus planes de vida cuando una restricción, carga u obligación que se le impone tiene como base su consentimiento. Tratamos a las personas como fines en sí mismas cuando las tratamos de acuerdo a sus propios fines.
Soy una persona útil a la sociedad, no soy una delincuente social, me he visto obligada a comprarle al narcotráfico, no sé qué otro testimonio puedo dar. Vengo en nombre de un montón de compañeros, represento a la Comunidad de Usuarios Terapéuticos, dentro de varias organizaciones están la Mesa Nacional por la Igualdad, la Comunidad Cannábica, hay un montón de organizaciones que no pueden poner la cara porque no todos los compañeros tienen salud ni todos se animan a decir: "Yo tengo VIH, utilizo marihuana, tengo mis propias plantas y así le salgo mucho más barato al Estado".
Voy a dejar aquí 1.400 datos científicos como una valoración de comienzo y apelo a la sensibilidad de todos ustedes porque estamos en un momento histórico. Creo que nos debemos la oportunidad de debate y tomarnos el tiempo necesario para que esto salga como debe ser.
Que estemos incluidos y yo, verdaderamente, como usuaria terapéutica y por todos los beneficios que me ha provocado. Inclusive, yo estuve diez años con un hijo con problemas de adicciones con cocaína y pude sacarlo con la marihuana porque, para mí, la marihuana fue una droga de salida. Me apoyé en un programa, pero cuando lo tenía en internaciones domiciliarias con sus crisis por la abstinencia de la cocaína, como de bipolaridad, con mi pareja, le dábamos marihuana para aquietarlo un poco y no nos rompía tanto los vidrios y se quedaba más tranquilo, se relajaba. Hay infinidad de documentación científico respaldatoria que habla de los beneficios.
La cuestión es cómo se va a legislar para nosotros. Si no se legaliza, ¿cómo se va a legislar, las cantidades, los enfermos pediátricos? Yo no soy una adicta; no sólo porque yo lo diga -porque a lo mejor el que yo lo diga no tiene más significado que mi palabra-, pero con una necesidad de tratamiento psiquiátrico para manejar el dolor porque hay épocas del año, sobre todo en invierno, que me cuesta manejar el dolor. Tuve que ir a tratamiento psiquiátrico. En el hospital en el que trabajo como voluntaria atendiendo en un consultorio a pacientes me mandaron al Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. Claro que fui y obtuve un certificado que dice que yo hago un uso controlado. O sea que eso, utilizar la marihuana y tener adicciones no es lo mismo. No todos tenemos adicciones por todo. Es como decir que si yo porque juego voy a tener adicciones al juego, también al básquet, al volley, voy a ser ludópata y no es así. No todos los que utilizamos la marihuana somos adictos y éste es mi caso. Yo utilizo 30 o 40 gramos -lo que necesite para mi dolor-, pero si no la tengo no me desespero, me desespera el dolor. No quisiera caer en las farmacias. Espero haber sido útil. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Invitamos a hacer uso de la palabra a Martín Apaz, integrante de la Mesa Nacional de la Igualdad, de Córdoba.
SR. APAZ Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer, a las autoridades de la comisión la posibilidad de participar de este debate, a los diputados y diputadas y senadores que han presentado proyectos para avanzar en este sentido.
También queremos agradecer, en particular, a la legisladora María Rachid, que nos ha convocado a todas las organizaciones que venimos peleando no sólo en Capital Federal, sino también en el interior del país, a trabajar en un proyecto que consideramos superador por cuanto no sólo avanza en la despenalización de las conductas de los usuarios de estupefacientes, sino, fundamentalmente, en la legalización de la cannabis.
Voy a leer mi exposición. Diputadas y diputados, compañeros y compañeras: hoy estamos debatiendo nada más ni nada menos que la política de drogas y derechos humanos que queremos darnos los argentinos y argentinas. Se trata de un debate profundamente ligado a las bases del sistema democrático mismo, en tanto atañe a las libertades individuales, a la justicia y a los derechos fundamentales de la ciudadanía toda. Y también, a la soberanía nacional, ya que es inadmisible que la política de drogas y derechos humanos siga siendo impuesta por los países desarrollados, es decir los países consumidores de drogas, a través de los organismos internaciones.
Antes que nada, quisiera manifestar la alegría que vive en estos días toda la comunidad cannábica argentina ante la manifiesta voluntad política de los tres Poderes del Estado para avanzar en esta reforma tan postergada y tan necesaria. Y celebramos también que los bloques mayoritarios hayan presentado proyectos de ley que avanzan en el sentido de ponerle fin a la criminalización y patologización de los usuarios.
Sin embargo, creemos que es preciso profundizar el debate y correr juntos y juntas los límites de lo posible.
Desde la Mesa Nacional por la Igualdad, Comunidad Cannábica de Córdoba, la Red de Personas Positivas y la Agrupación de Agricultores Cannábicos Argentinos hemos presentado un proyecto de ley propio que, además de despenalizar las conductas de los usuarios de estupefacientes, avanza en otros temas de gran relevancia.
Voy a mencionar sólo algunos: la legalización de la cannabis, permitiendo su acceso y uso medicinal, recreativo e industrial; la investigación científica de estupefacientes; la consideración de las situaciones de vulnerabilidad como atenuantes; la reducción de daños como política sanitaria, y una amnistía para todas y todos los imputados y privados de la libertad por delitos que serán derogados en el marco de esta reforma.
En este sentido cabe destacar que nosotros hacemos una clara distinción entre la cannabis y los estupefacientes por sobradas razones. Entre ellas, sólo por mencionar algunas, porque se ha demostrado que es mucho menos nociva que otras drogas legales, como el tabaco y el alcohol, lo cual habla de la hipocresía que reviste el prohibicionismo; porque no existe un sólo caso en el mundo de sobredosis y/o muerte por uso de la cannabis, y porque es una planta con cualidades medicinales de las que estamos privando a miles de pacientes crónicos y terminales.
Por todas éstas razones decimos que la legalización de la cannabis y la reforma integral de la Ley 23.737 es una lucha por la salud, la seguridad y la libertad de nuestro pueblo.
Por la salud de nuestro pueblo porque la cannabis no es la puerta de entrada para las drogas, sino su salida, porque es una herramienta eficiente para terminar con las adicciones a las drogas peligrosas desde la perspectiva de la reducción de daños. Porque es una vergüenza que condenemos a los usuarios a consumir marihuana prensada con aditivos perjudiciales para la salud. Porque es una medicina comprobada, natural y segura para miles de pacientes crónicos y terminales.
Por la seguridad de nuestro pueblo porque el autocultivo es la solución más eficaz para luchar contra el narcotráfico, ya que reduce la demanda en el mercado ilegal. Porque es la única forma de terminar con la exposición de los usuarios a las redes de narcotráfico inducidas por el prohibicionismo. Y porque es la única manera de sostener el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado para que no terminemos como muchos países hermanos, con nuestro territorio nacional controlado por los carteles de drogas.
Por la libertad de nuestro pueblo porque es hacerle honor a nuestra Constitución, a las libertades individuales, al derecho a la intimidad y al derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y de avanzar en mayores niveles de autonomía.
Por todo esto quisiera dirigirme a un Congreso de la Nación que respeto y admiro, y fundamentalmente a mis compañeros y compañeras del Frente Para la Victoria. Este es el Congreso y ustedes son la fuerza que ha convertido en leyes muchas de las principales transformaciones de los últimos nueve años. Ustedes son un ejemplo para la juventud, los movimientos sociales y el pueblo argentino porque no han dudado en enfrentar a las corporaciones en beneficio de las mayorías populares y los grupos vulnerados. Ustedes devolvieron la dignidad a esta institución porque se pusieron al frente de los reclamos más genuinos de nuestra sociedad.
Ustedes han tenido la valentía y el coraje de enfrentar con justicia a la corporación militar derogando las leyes de la impunidad y abriendo camino a la Verdad, la Memoria y la Justicia.
Han enfrentado con justicia a la corporación financiera cuando recuperaron los aportes de los trabajadores para la gestión estatal.
Han enfrentado con justicia a la corporación de las privatizadas cuando recuperaron Aerolíneas Argentinas e YPF.
Han enfrentado con justicia a las corporaciones religiosas cuando ampliaron los derechos del colectivo LGBT con el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
Han enfrentado con justicia a la corporación de la trata y al machismo con las leyes de lucha contra la trata y la violencia de género.
Han enfrentado con justicia a la corporación mediática con esa importantísima ley, que es la de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Han enfrentado con justicia a la corporación médica al reconocer a los pacientes terminales el derecho de elegir sobre sus propias vidas y sobre sus últimos días.
Podría señalar muchas otras conquistas.
Por eso, ¿cómo no vamos a tener ahora el coraje y la valentía de enfrentar con justicia a una de las peores corporaciones del mundo, que es la del narcotráfico? Si alguien puede hacerlo son ustedes, compañeros, el Congreso de la dignidad, de la recuperación de la política, de las puertas abiertas al pueblo. Cómo vamos a dejar pasar esta oportunidad histórica para despenalizar, lo que está bien, pero también para ir más allá, para legalizar la cannabis y garantizar el acceso a esta medicina para el pueblo entero. Si hay algo que este Congreso nos enseñó en estos últimos nueve años fue a ir por más, a profundizar, a no quedarnos con reformas parciales.
Les venimos a pedir que hagan honor a su historia reciente e incorporen nuestras propuestas en el marco del consenso que estamos construyendo aquí.
El pasado 5 de mayo, en Córdoba, marchamos 15 mil personas por la legalización del cannabis. Hemos dado este debate en la universidad pública, en las escuelas secundarias, en los colegios de profesionales y en los medios de comunicación. Hemos logrado construir un piso de consenso social y político importantísimo.
Compañeros y compañeras: no nos quedemos con lo posible. ¡Conquistemos lo imposible! Como decía nuestro querido compañero Néstor Kirchner: "Que florezcan mil flores". (Aplausos.)
También queremos agradecer, en particular, a la legisladora María Rachid, que nos ha convocado a todas las organizaciones que venimos peleando no sólo en Capital Federal, sino también en el interior del país, a trabajar en un proyecto que consideramos superador por cuanto no sólo avanza en la despenalización de las conductas de los usuarios de estupefacientes, sino, fundamentalmente, en la legalización de la cannabis.
Voy a leer mi exposición. Diputadas y diputados, compañeros y compañeras: hoy estamos debatiendo nada más ni nada menos que la política de drogas y derechos humanos que queremos darnos los argentinos y argentinas. Se trata de un debate profundamente ligado a las bases del sistema democrático mismo, en tanto atañe a las libertades individuales, a la justicia y a los derechos fundamentales de la ciudadanía toda. Y también, a la soberanía nacional, ya que es inadmisible que la política de drogas y derechos humanos siga siendo impuesta por los países desarrollados, es decir los países consumidores de drogas, a través de los organismos internaciones.
Antes que nada, quisiera manifestar la alegría que vive en estos días toda la comunidad cannábica argentina ante la manifiesta voluntad política de los tres Poderes del Estado para avanzar en esta reforma tan postergada y tan necesaria. Y celebramos también que los bloques mayoritarios hayan presentado proyectos de ley que avanzan en el sentido de ponerle fin a la criminalización y patologización de los usuarios.
Sin embargo, creemos que es preciso profundizar el debate y correr juntos y juntas los límites de lo posible.
Desde la Mesa Nacional por la Igualdad, Comunidad Cannábica de Córdoba, la Red de Personas Positivas y la Agrupación de Agricultores Cannábicos Argentinos hemos presentado un proyecto de ley propio que, además de despenalizar las conductas de los usuarios de estupefacientes, avanza en otros temas de gran relevancia.
Voy a mencionar sólo algunos: la legalización de la cannabis, permitiendo su acceso y uso medicinal, recreativo e industrial; la investigación científica de estupefacientes; la consideración de las situaciones de vulnerabilidad como atenuantes; la reducción de daños como política sanitaria, y una amnistía para todas y todos los imputados y privados de la libertad por delitos que serán derogados en el marco de esta reforma.
En este sentido cabe destacar que nosotros hacemos una clara distinción entre la cannabis y los estupefacientes por sobradas razones. Entre ellas, sólo por mencionar algunas, porque se ha demostrado que es mucho menos nociva que otras drogas legales, como el tabaco y el alcohol, lo cual habla de la hipocresía que reviste el prohibicionismo; porque no existe un sólo caso en el mundo de sobredosis y/o muerte por uso de la cannabis, y porque es una planta con cualidades medicinales de las que estamos privando a miles de pacientes crónicos y terminales.
Por todas éstas razones decimos que la legalización de la cannabis y la reforma integral de la Ley 23.737 es una lucha por la salud, la seguridad y la libertad de nuestro pueblo.
Por la salud de nuestro pueblo porque la cannabis no es la puerta de entrada para las drogas, sino su salida, porque es una herramienta eficiente para terminar con las adicciones a las drogas peligrosas desde la perspectiva de la reducción de daños. Porque es una vergüenza que condenemos a los usuarios a consumir marihuana prensada con aditivos perjudiciales para la salud. Porque es una medicina comprobada, natural y segura para miles de pacientes crónicos y terminales.
Por la seguridad de nuestro pueblo porque el autocultivo es la solución más eficaz para luchar contra el narcotráfico, ya que reduce la demanda en el mercado ilegal. Porque es la única forma de terminar con la exposición de los usuarios a las redes de narcotráfico inducidas por el prohibicionismo. Y porque es la única manera de sostener el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado para que no terminemos como muchos países hermanos, con nuestro territorio nacional controlado por los carteles de drogas.
Por la libertad de nuestro pueblo porque es hacerle honor a nuestra Constitución, a las libertades individuales, al derecho a la intimidad y al derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y de avanzar en mayores niveles de autonomía.
Por todo esto quisiera dirigirme a un Congreso de la Nación que respeto y admiro, y fundamentalmente a mis compañeros y compañeras del Frente Para la Victoria. Este es el Congreso y ustedes son la fuerza que ha convertido en leyes muchas de las principales transformaciones de los últimos nueve años. Ustedes son un ejemplo para la juventud, los movimientos sociales y el pueblo argentino porque no han dudado en enfrentar a las corporaciones en beneficio de las mayorías populares y los grupos vulnerados. Ustedes devolvieron la dignidad a esta institución porque se pusieron al frente de los reclamos más genuinos de nuestra sociedad.
Ustedes han tenido la valentía y el coraje de enfrentar con justicia a la corporación militar derogando las leyes de la impunidad y abriendo camino a la Verdad, la Memoria y la Justicia.
Han enfrentado con justicia a la corporación financiera cuando recuperaron los aportes de los trabajadores para la gestión estatal.
Han enfrentado con justicia a la corporación de las privatizadas cuando recuperaron Aerolíneas Argentinas e YPF.
Han enfrentado con justicia a las corporaciones religiosas cuando ampliaron los derechos del colectivo LGBT con el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
Han enfrentado con justicia a la corporación de la trata y al machismo con las leyes de lucha contra la trata y la violencia de género.
Han enfrentado con justicia a la corporación mediática con esa importantísima ley, que es la de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Han enfrentado con justicia a la corporación médica al reconocer a los pacientes terminales el derecho de elegir sobre sus propias vidas y sobre sus últimos días.
Podría señalar muchas otras conquistas.
Por eso, ¿cómo no vamos a tener ahora el coraje y la valentía de enfrentar con justicia a una de las peores corporaciones del mundo, que es la del narcotráfico? Si alguien puede hacerlo son ustedes, compañeros, el Congreso de la dignidad, de la recuperación de la política, de las puertas abiertas al pueblo. Cómo vamos a dejar pasar esta oportunidad histórica para despenalizar, lo que está bien, pero también para ir más allá, para legalizar la cannabis y garantizar el acceso a esta medicina para el pueblo entero. Si hay algo que este Congreso nos enseñó en estos últimos nueve años fue a ir por más, a profundizar, a no quedarnos con reformas parciales.
Les venimos a pedir que hagan honor a su historia reciente e incorporen nuestras propuestas en el marco del consenso que estamos construyendo aquí.
El pasado 5 de mayo, en Córdoba, marchamos 15 mil personas por la legalización del cannabis. Hemos dado este debate en la universidad pública, en las escuelas secundarias, en los colegios de profesionales y en los medios de comunicación. Hemos logrado construir un piso de consenso social y político importantísimo.
Compañeros y compañeras: no nos quedemos con lo posible. ¡Conquistemos lo imposible! Como decía nuestro querido compañero Néstor Kirchner: "Que florezcan mil flores". (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra la señora Rachid, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y representante de la Mesa Nacional por la Igualdad.
SRA. RACHID Señor presidente: quiero agradecer la invitación que me han realizado, para expresarme hoy en esta reunión. Ya se dijo casi todo, con argumentos contundentes y es imposible no repetirlos, pero trataré de insistir en determinadas cuestiones puntuales.
En primer lugar, me quiero volver a presentar. Mi nombre es María Rachid, soy secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad. Además, soy legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y fumadora ocasional de marihuana desde hace más de veinte años.
Desde la Mesa Nacional por la Igualdad, que es una organización que articula a referentes y organizaciones de distintos movimientos sociales -migrantes, afrodescendientes, diversidad sexual, personas con discapacidad, organizaciones cannábicas, entre muchas otras- celebramos que un debate tan importante y postergado, como la necesidad de modificar la política en materia de sustancias psicoactivas, haya finalmente encontrado su momento en nuestro país y logre consensos en el Congreso de la Nación, en los poderes del Estado en general y en la opinión pública.
Tal como hemos señalado en muchas ocasiones, creemos que este tema es de derechos humanos, porque tiene que ver con la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y sobre la propia vida. Asimismo, se vincula con la salud pública porque la ley vigente y las políticas públicas de muchos países han demostrado que el previsionismo es la peor política pública para prevenir los daños que generan las adicciones y para luchar contra el narcotráfico.
Consideramos que el proyecto ideal es la legalización completa, pero sabemos que para transformar y aprobar leyes también hay que generar las condiciones para que esto ocurra.
Desde la Mesa Nacional por la Igualdad decidimos elaborar un proyecto, porque entendemos que están generadas las condiciones para aprobar el proyecto que presentamos y que elaboramos junto con la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos, la 3C -la Comunidad Cannábica de Córdoba- y otros militantes y referentes de distintas organizaciones de la Mesa Nacional por la Igualdad. Particularmente quiero nombrar a dos asesores que trabajaron mucho en este proyecto. Ellos son: Mariano Fusero y Alejandro Nasif Salum.
Los militantes de la Mesa Nacional por la Igualdad tuvimos como guía los principios básicos de nuestro sistema jurídico, la Constitución nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la misma. Asimismo, consideraciones históricas y de política internacional, a lo que se suma la experiencia de más de dos décadas de vigencia de la ley 23.737 en la que se basa la actual política en materia de sustancias psicoactivas.
Nuestra propuesta surge de un análisis minucioso de dicha normativa, a la luz de los instrumentos jurídicos y experiencias mencionadas. Sostenemos que de este análisis se deduce que varias de las disposiciones de dicha norma resultan claramente inconstitucionales a la vez que otras modificaciones propuestas se basan en cuestiones de conveniencia y adecuación de la norma al objetivo primordial, que es preservar la salud pública y de cada una de las personas.
Respecto de la legalización de las especies del género cannabis, entendemos que en nuestra sociedad la extensión de su uso, la mayor difusión de información y una mayor presencia cotidiana y visibilidad de los usuarios y usuarias de marihuana llevan a preguntarse cuáles son los motivos para mantener la ilegalidad de la producción y comercialización de una sustancia psicoactiva de uso extendido, mientras que otras, como el alcohol y el tabaco -cuyos efectos negativos sobre la salud pública son muchos más graves y extensos-, se mantienen en la legalidad.
Entendemos que los argumentos basados en la aceptación social son tan injustos como inexactos y que la información científica disponible en la actualidad deja sin sustento a la prohibición de la marihuana ante la legalidad del alcohol y del tabaco.
De todas estas consideraciones surgen las propuestas que con detalle defendemos, algunas fueron mencionadas recién por Martín Apaz pero quiero compartirlas nuevamente porque hay algunas que no se mencionaron, entre ellas está la legalización de la marihuana.
Nosotros entendemos que están dadas las condiciones para legalizar la marihuana, es decir para quitarla de la lista de estupefacientes, legalización completa de la planta de marihuana, cáñamo o cannabis con fines de consumo recreativo, terapéutico, industrial. La prohibición de su venta a menores de 18 años, como el tabaco y el alcohol. La prohibición de su comercialización con agregados destinados a aumentar su capacidad adictiva.
Proponemos la eliminación de varios tipos penales previstos en la ley 23.737, entre ellos se despenaliza la tenencia para consumo o no de hecho, no se establecen cantidades u otros parámetros que diferencien situaciones por encontrarlos arbitrarios.
Se explicita que la mera tenencia no es suficiente para iniciar un proceso judicial, tiene que haber otra prueba para constatar la comercialización. Se despenaliza la demanda de estupefacientes, sólo se mantiene la penalización de actividades que persiguen un lucro, se penaliza la posesión, cultivo, comercio, etcétera de especímenes o partes de cualquier especie vegetal en su estado natural. Se despenaliza el consumo ostentoso o con trascendencia a lo público, las acciones privadas de los hombres y las mujeres no se desarrollan solamente en el ámbito de lo privado.
En este punto quiero comentar que nos decían lo mismo a gays, lesbianas y bisexuales: "No importa lo que hagan dentro de las cuatro paredes de su casa, no lo hagan en público", y con eso nos cercenaban el derecho de darnos la mano o un beso en cualquier lugar, como cualquier otra pareja.
Fumar un cigarrillo de marihuana en público es parte de las acciones privadas de los hombres y las mujeres que defiende la Constitución Nacional. Se despenaliza la figura relacionada con la difusión de información sobre estupefacientes, no son punibles las acciones destinadas al uso científico terapéutico. El Poder Ejecutivo establece mecanismos de acceso a estupefacientes en estos casos, en los casos de uso científico o terapéutico.
Para el caso de personas en situación de vulnerabilidad social, como las coloquialmente mal llamadas mulas, se reducen las penas relacionadas con estupefacientes a un mínimo de tres años y la condena queda en suspenso. Además, se garantizan mecanismos de reinserción social. Para casos de extrema vulnerabilidad, los hechos se declaran no punibles en concordancia con el inciso 2) del artículo 34 del Código Penal. También se reduce la escala penal para quienes actuaren en situación de subordinación. Se elimina la figura de la confabulación.
En lo que tiene que ver con la reducción de daños, que me parece muy importante, se establece en este proyecto de ley que el Estado debe llevar adelante políticas tendientes a reducir los daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, legales o ilegales. Se establecen lineamientos generales y acciones específicas, difusión de información, entrega de material descartable, inyecciones, etcétera.
El Estado debe promover la investigación científica para proveer la información más actualizada y completa posible en la materia. Se garantiza la confidencialidad en el acceso a estos dispositivos de política pública. Se eliminan las medidas de seguridad curativas.
El listado de estupefacientes debe establecerlo el Congreso, no el Poder Ejecutivo como ocurre hoy.
Se elimina la figura del agente encubierto, fuertemente cuestionada por muchas organizaciones civiles y por la doctrina jurídica. Se elimina la figura de testigo de identidad reservada, también fuertemente cuestionada. Se deroga la denuncia anónima por idénticas razones.
Se establece en forma explícita una amnistía para todos los procesados y condenados por delitos que se derogan a partir de esta ley, en particular se garantiza la eliminación de todos los registros penales al respecto.
Se instruye al Poder Ejecutivo para que analice los convenios internacionales en materia de sustancias psicoactivas y los denuncie en aquellos casos en que su cumplimiento sea imposible.
Respecto al proyecto consensuado, el que trascendió como tal, queremos decir que nos preocupa particularmente el párrafo que dice: "...los hechos serán punibles cuando por la cantidad sembrada, cultivada o producida y de la circunstancia de tiempo, lugar y modo sugiere que no es para consumo personal".
También nos preocupa el párrafo que expresa: "Cuando de la cantidad y del tipo de sustancia poseída y de la circunstancia de tiempo, lugar y modo, surgiere que la tenencia no es para uso personal."
Creemos que el criterio de cantidad no es un buen criterio, que es arbitrario e injusto si lo comparamos con la tenencia en cantidad de otras sustancias como el tabaco y el alcohol. Es sumamente injusto y, además, esta redacción deja en manos de la Justicia nuevamente cuáles serían las cantidades que generarían o no el tipo penal de la conducta. Proponemos una redacción que diga claramente en algún lugar del proyecto que en ningún caso se penalizaría la mera posesión de estupefacientes ni se iniciarían procesos judiciales basados exclusivamente en ésta sin pruebas complementarias y suficientes que indiquen que dicha posesión será destinada a la venta o a la comisión de otros delitos.
Nosotros pensamos que existen parámetros claros que garanticen el respeto de la autonomía personal en todas las circunstancias y eviten, al mismo tiempo, al consumidor a enfrentarse constantemente al sistema judicial, al tener que demostrar cada vez el objeto de consumo personal de la tenencia. Dicha inversión de la carga de la prueba entra en abierta contradicción con los principios del derecho penal. Resulta entonces que sólo se puede garantizar la vigencia del principio de autonomía permitiendo la tenencia en todos los supuestos.
Propiciamos no sólo la derogación completa de los tipos penales previstos en el artículo 14 de la ley 23.737, sino también toda otra norma que penalice actos destinados al consumo personal o aquellos que establezcan la cantidad como parámetro de ponderación del objetivo. Puntualmente, proponemos, en el mismo sentido, la derogación de los dos últimos párrafos del artículo 5°.
Con respecto al artículo 14, sustituimos su texto por uno que garantice la no punibilidad y la no judiciabilidad de la mera tenencia, que es el que acabo de leer.
Sin embargo, el alcance de los criterios mencionados implica, a nuestro entender, también, la inconstitucionalidad de los incisos a) y d) del artículo 5°, por cuanto la peligrosidad de cualquier especie vegetal es abstracta, salvo en situaciones excepcionales. Este no es el caso para ninguna de las especies vegetales cuya tenencia, cultivo, comercialización, se reprime en nuestro país.
El exceso cometido por el Legislador al penalizar estas acciones, queda a la vista al constatar que muchas otras especies de las que pueden obtenerse sustancias psicoactivas como salvia divinorum o brugmansia son de libre circulación e, incluso, como en el caso del género brugmansia -floripondio-, adornan nuestros jardines y plazas, aun cuando por sus características de toxicidad representan un riesgo mucho más palpable que el de las plantas prohibidas.
Particularmente interesante es el caso de la planta de coca, cuyo cultivo está prohibido, pero, sin embargo, la tenencia de hojas para la práctica del coqueo se encuentra despenalizada, dado que se trata de una práctica cotidiana ampliamente extendida en algunas regiones de nuestro país. Fueron, de hecho, los legisladores de dichas regiones quienes se opusieron a la prohibición del coqueo, que habría sido tan abiertamente violatoria de derechos individuales y colectivos como sería para otros sectores la prohibición de beber mate, café o té.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que la persecución a especímenes vegetales por su mera peligrosidad abstracta en base a determinados usos, con posterioridad a un proceso industrial y químico, es -además de destructiva para el medioambiente, en cuanto busca destruir especies autóctonas ampliamente difundidas, entre otras- inconstitucional en base a los mismos criterios establecidos por la Corte en los fallos hartamente mencionados acá.
Con los mismos parámetros juzgamos inconstitucional la figura del consumo ostentoso, por cuanto la esfera privada -como dije hace unos minutos- no se limita a las acciones realizadas en privado, sino al ámbito de autodeterminación en el que las propias acciones no conculcan derechos de terceros. Esta valoración es la que permite que el Estado reproche el consumo de tabaco en ámbitos públicos cerrados, pero no su consumo con trascendencia al público.
Lo mismo sostenemos en relación a las figuras relacionadas con la difusión de información sobre el uso, propiedades psicoactivas y otras características de los estupefacientes, no sólo por las características de peligrosidad abstracta y porque la valoración de fines y medios resulta desproporcionada en base a los principios mencionados, sino también porque resulta abiertamente violatorio de la garantía fundamental de la libertad de expresión y de otros derechos sociales y constitucionales, como el de aprender y enseñar, entre otros.
Sí, por caso, una sustancia arbitrariamente clasificada como estupefaciente -pongamos como ejemplo la cafeína o bien el alcohol, que tuvo su larga década de prohibición en los Estados Unidos-, la prohibición de referirse a favor de su desclasificación, de argumentar sobre la misma en base a información detallada sobre su producción y su uso, bajo penas que alcanzan los ocho años de prisión, impediría la defensa -individual u organizada colectivamente- de una causa justa por la posibilidad cierta de ser penado por ello. Por cierto, esta violación flagrante de derechos humanos fundamentales es tan clara que prácticamente no avanzan las causas basadas en estos artículos y terminan en absolución o sobreseimiento.
En resumen, en lo que a tipos penales establecidos en la ley 23.737 se refiere, entendemos que varios de ellos invadieron el ámbito protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional y conculcaron también garantías fundamentales de nuestro sistema legal.
Más allá de nuestro ideal, nos preocupa que se despenalice claramente la tenencia simple, el cultivo, sin establecer cantidades, que se bajen las penas de algunos delitos y la culpabilidad en relación con la vulnerabilidad social, que se legalice -esto incluye la provisión para el uso terapéutico o de investigación- cualquier droga, que se incorpore una perspectiva de reducción de daños y que también se despenalice el consumo ostentoso.
Creo que sin esto, teniendo en cuenta el contexto social y político que estamos viviendo, estaríamos sancionando una ley a medias. Como muy bien dijo Martín, este Congreso no tuvo medias tintas cuando legisló en otras materias. No las tuvo cuando legisló en relación con los temas del matrimonio igualitario y de la identidad de género. Cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de matrimonio igualitario nos proponían la figura de la unión civil. Este Congreso rechazó esa idea y garantizó y votó en favor de la igualdad de derechos para todos y todas. Y la ley de identidad de género que está vigente es la más avanzada del mundo.
Así que no tengamos miedo -por el contrario, deberíamos sentirnos orgullosos- de ser nuevamente un país que se posiciona a la vanguardia del mundo en materia de defensa de los derechos humanos y de la salud, y de reconocimiento de libertades y derechos.
Como también dijo Martín, creo que este Congreso ha demostrado que pone los intereses de los ciudadanos y ciudadanas por encima de aquellos de la jerarquía de cualquier iglesia, de las corporaciones económicas y mediáticas y de los intereses de los países poderosos.
Cuando vine por primera vez a este Parlamento para hablar sobre el tema del matrimonio igualitario leí una parte de un discurso que me gustaría leer nuevamente ahora. Es muy breve y dice así: "Desde la FALGBT -Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans- seguimos confiando en el consenso que hoy existe para reconocer nuestros derechos.
"Sabemos también de la convicción de gran parte de esta Cámara. Sólo esperamos contar con esa cuota de valentía que existe en quienes están dispuestos a ser coherentes y defender la justicia, la libertad y los derechos de todas y todos".
Venimos a pedir que nuevamente este Congreso haga esto. (Aplausos.)
En primer lugar, me quiero volver a presentar. Mi nombre es María Rachid, soy secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad. Además, soy legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y fumadora ocasional de marihuana desde hace más de veinte años.
Desde la Mesa Nacional por la Igualdad, que es una organización que articula a referentes y organizaciones de distintos movimientos sociales -migrantes, afrodescendientes, diversidad sexual, personas con discapacidad, organizaciones cannábicas, entre muchas otras- celebramos que un debate tan importante y postergado, como la necesidad de modificar la política en materia de sustancias psicoactivas, haya finalmente encontrado su momento en nuestro país y logre consensos en el Congreso de la Nación, en los poderes del Estado en general y en la opinión pública.
Tal como hemos señalado en muchas ocasiones, creemos que este tema es de derechos humanos, porque tiene que ver con la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y sobre la propia vida. Asimismo, se vincula con la salud pública porque la ley vigente y las políticas públicas de muchos países han demostrado que el previsionismo es la peor política pública para prevenir los daños que generan las adicciones y para luchar contra el narcotráfico.
Consideramos que el proyecto ideal es la legalización completa, pero sabemos que para transformar y aprobar leyes también hay que generar las condiciones para que esto ocurra.
Desde la Mesa Nacional por la Igualdad decidimos elaborar un proyecto, porque entendemos que están generadas las condiciones para aprobar el proyecto que presentamos y que elaboramos junto con la Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos, la 3C -la Comunidad Cannábica de Córdoba- y otros militantes y referentes de distintas organizaciones de la Mesa Nacional por la Igualdad. Particularmente quiero nombrar a dos asesores que trabajaron mucho en este proyecto. Ellos son: Mariano Fusero y Alejandro Nasif Salum.
Los militantes de la Mesa Nacional por la Igualdad tuvimos como guía los principios básicos de nuestro sistema jurídico, la Constitución nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la misma. Asimismo, consideraciones históricas y de política internacional, a lo que se suma la experiencia de más de dos décadas de vigencia de la ley 23.737 en la que se basa la actual política en materia de sustancias psicoactivas.
Nuestra propuesta surge de un análisis minucioso de dicha normativa, a la luz de los instrumentos jurídicos y experiencias mencionadas. Sostenemos que de este análisis se deduce que varias de las disposiciones de dicha norma resultan claramente inconstitucionales a la vez que otras modificaciones propuestas se basan en cuestiones de conveniencia y adecuación de la norma al objetivo primordial, que es preservar la salud pública y de cada una de las personas.
Respecto de la legalización de las especies del género cannabis, entendemos que en nuestra sociedad la extensión de su uso, la mayor difusión de información y una mayor presencia cotidiana y visibilidad de los usuarios y usuarias de marihuana llevan a preguntarse cuáles son los motivos para mantener la ilegalidad de la producción y comercialización de una sustancia psicoactiva de uso extendido, mientras que otras, como el alcohol y el tabaco -cuyos efectos negativos sobre la salud pública son muchos más graves y extensos-, se mantienen en la legalidad.
Entendemos que los argumentos basados en la aceptación social son tan injustos como inexactos y que la información científica disponible en la actualidad deja sin sustento a la prohibición de la marihuana ante la legalidad del alcohol y del tabaco.
De todas estas consideraciones surgen las propuestas que con detalle defendemos, algunas fueron mencionadas recién por Martín Apaz pero quiero compartirlas nuevamente porque hay algunas que no se mencionaron, entre ellas está la legalización de la marihuana.
Nosotros entendemos que están dadas las condiciones para legalizar la marihuana, es decir para quitarla de la lista de estupefacientes, legalización completa de la planta de marihuana, cáñamo o cannabis con fines de consumo recreativo, terapéutico, industrial. La prohibición de su venta a menores de 18 años, como el tabaco y el alcohol. La prohibición de su comercialización con agregados destinados a aumentar su capacidad adictiva.
Proponemos la eliminación de varios tipos penales previstos en la ley 23.737, entre ellos se despenaliza la tenencia para consumo o no de hecho, no se establecen cantidades u otros parámetros que diferencien situaciones por encontrarlos arbitrarios.
Se explicita que la mera tenencia no es suficiente para iniciar un proceso judicial, tiene que haber otra prueba para constatar la comercialización. Se despenaliza la demanda de estupefacientes, sólo se mantiene la penalización de actividades que persiguen un lucro, se penaliza la posesión, cultivo, comercio, etcétera de especímenes o partes de cualquier especie vegetal en su estado natural. Se despenaliza el consumo ostentoso o con trascendencia a lo público, las acciones privadas de los hombres y las mujeres no se desarrollan solamente en el ámbito de lo privado.
En este punto quiero comentar que nos decían lo mismo a gays, lesbianas y bisexuales: "No importa lo que hagan dentro de las cuatro paredes de su casa, no lo hagan en público", y con eso nos cercenaban el derecho de darnos la mano o un beso en cualquier lugar, como cualquier otra pareja.
Fumar un cigarrillo de marihuana en público es parte de las acciones privadas de los hombres y las mujeres que defiende la Constitución Nacional. Se despenaliza la figura relacionada con la difusión de información sobre estupefacientes, no son punibles las acciones destinadas al uso científico terapéutico. El Poder Ejecutivo establece mecanismos de acceso a estupefacientes en estos casos, en los casos de uso científico o terapéutico.
Para el caso de personas en situación de vulnerabilidad social, como las coloquialmente mal llamadas mulas, se reducen las penas relacionadas con estupefacientes a un mínimo de tres años y la condena queda en suspenso. Además, se garantizan mecanismos de reinserción social. Para casos de extrema vulnerabilidad, los hechos se declaran no punibles en concordancia con el inciso 2) del artículo 34 del Código Penal. También se reduce la escala penal para quienes actuaren en situación de subordinación. Se elimina la figura de la confabulación.
En lo que tiene que ver con la reducción de daños, que me parece muy importante, se establece en este proyecto de ley que el Estado debe llevar adelante políticas tendientes a reducir los daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, legales o ilegales. Se establecen lineamientos generales y acciones específicas, difusión de información, entrega de material descartable, inyecciones, etcétera.
El Estado debe promover la investigación científica para proveer la información más actualizada y completa posible en la materia. Se garantiza la confidencialidad en el acceso a estos dispositivos de política pública. Se eliminan las medidas de seguridad curativas.
El listado de estupefacientes debe establecerlo el Congreso, no el Poder Ejecutivo como ocurre hoy.
Se elimina la figura del agente encubierto, fuertemente cuestionada por muchas organizaciones civiles y por la doctrina jurídica. Se elimina la figura de testigo de identidad reservada, también fuertemente cuestionada. Se deroga la denuncia anónima por idénticas razones.
Se establece en forma explícita una amnistía para todos los procesados y condenados por delitos que se derogan a partir de esta ley, en particular se garantiza la eliminación de todos los registros penales al respecto.
Se instruye al Poder Ejecutivo para que analice los convenios internacionales en materia de sustancias psicoactivas y los denuncie en aquellos casos en que su cumplimiento sea imposible.
Respecto al proyecto consensuado, el que trascendió como tal, queremos decir que nos preocupa particularmente el párrafo que dice: "...los hechos serán punibles cuando por la cantidad sembrada, cultivada o producida y de la circunstancia de tiempo, lugar y modo sugiere que no es para consumo personal".
También nos preocupa el párrafo que expresa: "Cuando de la cantidad y del tipo de sustancia poseída y de la circunstancia de tiempo, lugar y modo, surgiere que la tenencia no es para uso personal."
Creemos que el criterio de cantidad no es un buen criterio, que es arbitrario e injusto si lo comparamos con la tenencia en cantidad de otras sustancias como el tabaco y el alcohol. Es sumamente injusto y, además, esta redacción deja en manos de la Justicia nuevamente cuáles serían las cantidades que generarían o no el tipo penal de la conducta. Proponemos una redacción que diga claramente en algún lugar del proyecto que en ningún caso se penalizaría la mera posesión de estupefacientes ni se iniciarían procesos judiciales basados exclusivamente en ésta sin pruebas complementarias y suficientes que indiquen que dicha posesión será destinada a la venta o a la comisión de otros delitos.
Nosotros pensamos que existen parámetros claros que garanticen el respeto de la autonomía personal en todas las circunstancias y eviten, al mismo tiempo, al consumidor a enfrentarse constantemente al sistema judicial, al tener que demostrar cada vez el objeto de consumo personal de la tenencia. Dicha inversión de la carga de la prueba entra en abierta contradicción con los principios del derecho penal. Resulta entonces que sólo se puede garantizar la vigencia del principio de autonomía permitiendo la tenencia en todos los supuestos.
Propiciamos no sólo la derogación completa de los tipos penales previstos en el artículo 14 de la ley 23.737, sino también toda otra norma que penalice actos destinados al consumo personal o aquellos que establezcan la cantidad como parámetro de ponderación del objetivo. Puntualmente, proponemos, en el mismo sentido, la derogación de los dos últimos párrafos del artículo 5°.
Con respecto al artículo 14, sustituimos su texto por uno que garantice la no punibilidad y la no judiciabilidad de la mera tenencia, que es el que acabo de leer.
Sin embargo, el alcance de los criterios mencionados implica, a nuestro entender, también, la inconstitucionalidad de los incisos a) y d) del artículo 5°, por cuanto la peligrosidad de cualquier especie vegetal es abstracta, salvo en situaciones excepcionales. Este no es el caso para ninguna de las especies vegetales cuya tenencia, cultivo, comercialización, se reprime en nuestro país.
El exceso cometido por el Legislador al penalizar estas acciones, queda a la vista al constatar que muchas otras especies de las que pueden obtenerse sustancias psicoactivas como salvia divinorum o brugmansia son de libre circulación e, incluso, como en el caso del género brugmansia -floripondio-, adornan nuestros jardines y plazas, aun cuando por sus características de toxicidad representan un riesgo mucho más palpable que el de las plantas prohibidas.
Particularmente interesante es el caso de la planta de coca, cuyo cultivo está prohibido, pero, sin embargo, la tenencia de hojas para la práctica del coqueo se encuentra despenalizada, dado que se trata de una práctica cotidiana ampliamente extendida en algunas regiones de nuestro país. Fueron, de hecho, los legisladores de dichas regiones quienes se opusieron a la prohibición del coqueo, que habría sido tan abiertamente violatoria de derechos individuales y colectivos como sería para otros sectores la prohibición de beber mate, café o té.
Todo esto nos lleva a la conclusión de que la persecución a especímenes vegetales por su mera peligrosidad abstracta en base a determinados usos, con posterioridad a un proceso industrial y químico, es -además de destructiva para el medioambiente, en cuanto busca destruir especies autóctonas ampliamente difundidas, entre otras- inconstitucional en base a los mismos criterios establecidos por la Corte en los fallos hartamente mencionados acá.
Con los mismos parámetros juzgamos inconstitucional la figura del consumo ostentoso, por cuanto la esfera privada -como dije hace unos minutos- no se limita a las acciones realizadas en privado, sino al ámbito de autodeterminación en el que las propias acciones no conculcan derechos de terceros. Esta valoración es la que permite que el Estado reproche el consumo de tabaco en ámbitos públicos cerrados, pero no su consumo con trascendencia al público.
Lo mismo sostenemos en relación a las figuras relacionadas con la difusión de información sobre el uso, propiedades psicoactivas y otras características de los estupefacientes, no sólo por las características de peligrosidad abstracta y porque la valoración de fines y medios resulta desproporcionada en base a los principios mencionados, sino también porque resulta abiertamente violatorio de la garantía fundamental de la libertad de expresión y de otros derechos sociales y constitucionales, como el de aprender y enseñar, entre otros.
Sí, por caso, una sustancia arbitrariamente clasificada como estupefaciente -pongamos como ejemplo la cafeína o bien el alcohol, que tuvo su larga década de prohibición en los Estados Unidos-, la prohibición de referirse a favor de su desclasificación, de argumentar sobre la misma en base a información detallada sobre su producción y su uso, bajo penas que alcanzan los ocho años de prisión, impediría la defensa -individual u organizada colectivamente- de una causa justa por la posibilidad cierta de ser penado por ello. Por cierto, esta violación flagrante de derechos humanos fundamentales es tan clara que prácticamente no avanzan las causas basadas en estos artículos y terminan en absolución o sobreseimiento.
En resumen, en lo que a tipos penales establecidos en la ley 23.737 se refiere, entendemos que varios de ellos invadieron el ámbito protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional y conculcaron también garantías fundamentales de nuestro sistema legal.
Más allá de nuestro ideal, nos preocupa que se despenalice claramente la tenencia simple, el cultivo, sin establecer cantidades, que se bajen las penas de algunos delitos y la culpabilidad en relación con la vulnerabilidad social, que se legalice -esto incluye la provisión para el uso terapéutico o de investigación- cualquier droga, que se incorpore una perspectiva de reducción de daños y que también se despenalice el consumo ostentoso.
Creo que sin esto, teniendo en cuenta el contexto social y político que estamos viviendo, estaríamos sancionando una ley a medias. Como muy bien dijo Martín, este Congreso no tuvo medias tintas cuando legisló en otras materias. No las tuvo cuando legisló en relación con los temas del matrimonio igualitario y de la identidad de género. Cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de matrimonio igualitario nos proponían la figura de la unión civil. Este Congreso rechazó esa idea y garantizó y votó en favor de la igualdad de derechos para todos y todas. Y la ley de identidad de género que está vigente es la más avanzada del mundo.
Así que no tengamos miedo -por el contrario, deberíamos sentirnos orgullosos- de ser nuevamente un país que se posiciona a la vanguardia del mundo en materia de defensa de los derechos humanos y de la salud, y de reconocimiento de libertades y derechos.
Como también dijo Martín, creo que este Congreso ha demostrado que pone los intereses de los ciudadanos y ciudadanas por encima de aquellos de la jerarquía de cualquier iglesia, de las corporaciones económicas y mediáticas y de los intereses de los países poderosos.
Cuando vine por primera vez a este Parlamento para hablar sobre el tema del matrimonio igualitario leí una parte de un discurso que me gustaría leer nuevamente ahora. Es muy breve y dice así: "Desde la FALGBT -Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans- seguimos confiando en el consenso que hoy existe para reconocer nuestros derechos.
"Sabemos también de la convicción de gran parte de esta Cámara. Sólo esperamos contar con esa cuota de valentía que existe en quienes están dispuestos a ser coherentes y defender la justicia, la libertad y los derechos de todas y todos".
Venimos a pedir que nuevamente este Congreso haga esto. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Quiero comentar una decisión que se tomó conjuntamente con el presidente de la Comisión de Legislación Penal y con el señor vicepresidente 1° de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, diputado Pietragalla Corti. Habida cuenta de que nos queda por escuchar a tres paneles, hemos decidido unificarlos con la gente del interior para que se expresen hoy, dejando en primera instancia y para el próximo miércoles la continuidad del debate, a fin de proseguir posteriormente la reunión entre los señores diputados.
Por lo tanto, a partir de ahora queda aproximadamente una hora y cuarto de reunión. De lo contrario se iba a hacer muy tarde.
Es importante para nosotros así como para los expositores que exista la concurrencia que necesitamos. Vamos a continuar con este panel y después pasaremos a un cuarto intermedio para el miércoles próximo.
Tiene la palabra la señora Griselda Balmaseda, integrante de Madres del Paco, de la provincia de Formosa.
Sra. Balmaseda.- Señor presidente: estamos agradecidos por ser parte de la discusión de una iniciativa que deja mucho que desear. Cada día que pasa voy redescubriendo facetas de esta cuestión. A lo largo de todos estos días se han escuchado demasiadas opiniones.
Vengo en representación del NEA y del NOA. Como he escuchado decir aquí, a algunos de los panelistas, no soy profesional, no soy doctor ni abogada; no entiendo ni de leyes ni de medicina, pero entiendo como madre afectada y como representante de 1.032 familias en situación de contención y de desalojo total, que han empezado con la marihuana.
Una de las oradoras ha dicho que la pasta base siempre estuvo en el norte y le quiero decir que sí ha estado y ha entrado por medio de gente de Paraguay. Vemos niños de 12 o 13 años en situación de calle, consumidos, sin un abordaje, sin una ley que los cubra y con madres desesperadas que no saben qué hacer. Estamos hablando de algo muy serio.
Soy una madre que tiene que pedir recursos a la Nación para que los chicos tengan atención. No tenemos nada. La expresión "No te metás" ¿ya no existe, no? La red argentina unida contra la despenalización de la ley 23.737 y la Federación de Madres Guiando la Vida nos oponemos totalmente a esta iniciativa.
Voy a expresar el concepto que tenemos. La unión de ciudadanos, ONGs de madres y la Red de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas, en lucha contra el consumo y tráfico, trabajamos, accionamos y dejamos constancia de nuestra disconformidad respecto de la despenalización de tenencia de sustancias, aclarando que la ley 23.737, que está vigente hasta la fecha, ha despenalizado el consumo de sustancias prohibidas desde 1988 en tanto que ha protegido al adicto contra si mismo a lo largo de tres décadas. Es una norma jurídica que los jueces han decidido no aplicar en estos últimos años.
Se remarca que la sanción educativa y curativa de la ley no es aplicada por los magistrados, que se niegan a la internación de adictos en riesgo de vida.
Gracias a la aplicación legislativa ha proliferado el cultivo de marihuana en la Argentina, además de la comercialización de insumos para su producción y consumo. En todo el país las organizaciones cannábicas están enseñando a cultivar la droga, comercializando semillas de marihuana, manipuladas genéticamente y aumentado su poder de transición.
Sobre este tema la red informa que el 70 por ciento de los dependientes de paco iniciaron su consumo con marihuana. En este sentido yo escuchaba a algunos oradores diciendo que tenemos 50 por ciento de consumidores, entonces, dejémoslos hacer su vida. Sí, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere dentro de su casa, pero pensémoslo bien. Confío plenamente en este Congreso porque somos parte de un país que está incursionando en nuevas leyes, pero cuidado con esto.
Yo les traería hoy acá a un pibe que consume paco y verían los resultados y el desconsuelo de los familiares, porque la droga rompe todo.
Hay una falta de visión social de los funcionarios y magistrados y existe burocracia aplicada para los casos urgentes, lo que pone en riesgo la vida y la existencia de los enfermos adictos.
El enorme incremento del consumo de drogas contrasta con la no creación de centros de atención en las provincias, en el interior del país. No existe atención en el interior del país. No tenemos centros. Que me garanticen todas las condiciones institucionales y que no detengan a un pibe de 13 años que está consumido, obligando la derivación a Buenos Aires bajo la responsabilidad de las ONGs. Somos muchos. Voy a dejar al presidente de esta comisión las firmas de dieciséis ONGs del NEA y del NOA que estamos haciendo este trabajo.
Advertimos además un evidente encono hacia las políticas de reducción de daños. Estamos de acuerdo en esto, que repite los mismos mecanismos de la codependencia considerando al adicto incapaz de desarrollar herramientas propias que lo liberen de la dependencia. Entonces, estas supuestas medidas pretenden perpetuar en el tiempo al cliente del narcotráfico, sea legal o ilegal.
Estoy diciendo que vengo del NEA y del NOA, así que si me pongo a hablar de lo que es la libre frontera, el sistema mula, lo digo personalmente, bajo la indigencia de madres solteras y todo lo que eso implica, tendríamos muchísimo para decir.
La condena social y escrache a los vendedores de droga, el control vial con perros adiestrados y la regulación sobre la obtención de bebidas alcohólicas. Caso este último que debieran poder controlar las propias ONGs.
Solicitamos en adelante que las ONGs sean admitidas en el seguimiento de las causas penales -que de hecho lo estamos haciendo- y federales, como el control de escarcelamiento de vendedores traficantes, así como también de las causas civiles con la inmediata atención de las personas con problemas de adicción.
Antes de despenalizar se debe dar prioridad a la activación de servicios de atención con escuelas, hogares, la creación de dispositivos institucionales, de agentes promotores de salud y capacitación de profesionales, campañas de prevención desde el punto de vista opuesto a la denominación de reducción de daño. La creación de modelos de ciudades preventivas, con etiquetas libres de drogas, escuela de formación para padres y la creación de un organismo de control que sea supervisado, debiendo alinear un dispositivo legal y realizar campañas de desprestigio contra aquellas empresas privadas que auspicien gráficas o programas de radiotelevisión donde se promocionara el consumo de droga, situación que hoy se comprueba efectivamente.
Le pido permiso señor presidente, sé que estoy alargando mi intervención, pero voy a cerrar diciendo que se nos hiela la piel, nos hierve la sangre, estamos llenos de emoción y estamos viviendo momentos muy importantes.
La situación es grave. Las redes de madres que nos dedicamos en forma voluntaria a la rehabilitación de adictos a las drogas en la Argentina estamos totalmente en contra de esta ley.
Por lo tanto, a partir de ahora queda aproximadamente una hora y cuarto de reunión. De lo contrario se iba a hacer muy tarde.
Es importante para nosotros así como para los expositores que exista la concurrencia que necesitamos. Vamos a continuar con este panel y después pasaremos a un cuarto intermedio para el miércoles próximo.
Tiene la palabra la señora Griselda Balmaseda, integrante de Madres del Paco, de la provincia de Formosa.
Sra. Balmaseda.- Señor presidente: estamos agradecidos por ser parte de la discusión de una iniciativa que deja mucho que desear. Cada día que pasa voy redescubriendo facetas de esta cuestión. A lo largo de todos estos días se han escuchado demasiadas opiniones.
Vengo en representación del NEA y del NOA. Como he escuchado decir aquí, a algunos de los panelistas, no soy profesional, no soy doctor ni abogada; no entiendo ni de leyes ni de medicina, pero entiendo como madre afectada y como representante de 1.032 familias en situación de contención y de desalojo total, que han empezado con la marihuana.
Una de las oradoras ha dicho que la pasta base siempre estuvo en el norte y le quiero decir que sí ha estado y ha entrado por medio de gente de Paraguay. Vemos niños de 12 o 13 años en situación de calle, consumidos, sin un abordaje, sin una ley que los cubra y con madres desesperadas que no saben qué hacer. Estamos hablando de algo muy serio.
Soy una madre que tiene que pedir recursos a la Nación para que los chicos tengan atención. No tenemos nada. La expresión "No te metás" ¿ya no existe, no? La red argentina unida contra la despenalización de la ley 23.737 y la Federación de Madres Guiando la Vida nos oponemos totalmente a esta iniciativa.
Voy a expresar el concepto que tenemos. La unión de ciudadanos, ONGs de madres y la Red de Madres y Familiares de Víctimas de las Drogas, en lucha contra el consumo y tráfico, trabajamos, accionamos y dejamos constancia de nuestra disconformidad respecto de la despenalización de tenencia de sustancias, aclarando que la ley 23.737, que está vigente hasta la fecha, ha despenalizado el consumo de sustancias prohibidas desde 1988 en tanto que ha protegido al adicto contra si mismo a lo largo de tres décadas. Es una norma jurídica que los jueces han decidido no aplicar en estos últimos años.
Se remarca que la sanción educativa y curativa de la ley no es aplicada por los magistrados, que se niegan a la internación de adictos en riesgo de vida.
Gracias a la aplicación legislativa ha proliferado el cultivo de marihuana en la Argentina, además de la comercialización de insumos para su producción y consumo. En todo el país las organizaciones cannábicas están enseñando a cultivar la droga, comercializando semillas de marihuana, manipuladas genéticamente y aumentado su poder de transición.
Sobre este tema la red informa que el 70 por ciento de los dependientes de paco iniciaron su consumo con marihuana. En este sentido yo escuchaba a algunos oradores diciendo que tenemos 50 por ciento de consumidores, entonces, dejémoslos hacer su vida. Sí, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere dentro de su casa, pero pensémoslo bien. Confío plenamente en este Congreso porque somos parte de un país que está incursionando en nuevas leyes, pero cuidado con esto.
Yo les traería hoy acá a un pibe que consume paco y verían los resultados y el desconsuelo de los familiares, porque la droga rompe todo.
Hay una falta de visión social de los funcionarios y magistrados y existe burocracia aplicada para los casos urgentes, lo que pone en riesgo la vida y la existencia de los enfermos adictos.
El enorme incremento del consumo de drogas contrasta con la no creación de centros de atención en las provincias, en el interior del país. No existe atención en el interior del país. No tenemos centros. Que me garanticen todas las condiciones institucionales y que no detengan a un pibe de 13 años que está consumido, obligando la derivación a Buenos Aires bajo la responsabilidad de las ONGs. Somos muchos. Voy a dejar al presidente de esta comisión las firmas de dieciséis ONGs del NEA y del NOA que estamos haciendo este trabajo.
Advertimos además un evidente encono hacia las políticas de reducción de daños. Estamos de acuerdo en esto, que repite los mismos mecanismos de la codependencia considerando al adicto incapaz de desarrollar herramientas propias que lo liberen de la dependencia. Entonces, estas supuestas medidas pretenden perpetuar en el tiempo al cliente del narcotráfico, sea legal o ilegal.
Estoy diciendo que vengo del NEA y del NOA, así que si me pongo a hablar de lo que es la libre frontera, el sistema mula, lo digo personalmente, bajo la indigencia de madres solteras y todo lo que eso implica, tendríamos muchísimo para decir.
La condena social y escrache a los vendedores de droga, el control vial con perros adiestrados y la regulación sobre la obtención de bebidas alcohólicas. Caso este último que debieran poder controlar las propias ONGs.
Solicitamos en adelante que las ONGs sean admitidas en el seguimiento de las causas penales -que de hecho lo estamos haciendo- y federales, como el control de escarcelamiento de vendedores traficantes, así como también de las causas civiles con la inmediata atención de las personas con problemas de adicción.
Antes de despenalizar se debe dar prioridad a la activación de servicios de atención con escuelas, hogares, la creación de dispositivos institucionales, de agentes promotores de salud y capacitación de profesionales, campañas de prevención desde el punto de vista opuesto a la denominación de reducción de daño. La creación de modelos de ciudades preventivas, con etiquetas libres de drogas, escuela de formación para padres y la creación de un organismo de control que sea supervisado, debiendo alinear un dispositivo legal y realizar campañas de desprestigio contra aquellas empresas privadas que auspicien gráficas o programas de radiotelevisión donde se promocionara el consumo de droga, situación que hoy se comprueba efectivamente.
Le pido permiso señor presidente, sé que estoy alargando mi intervención, pero voy a cerrar diciendo que se nos hiela la piel, nos hierve la sangre, estamos llenos de emoción y estamos viviendo momentos muy importantes.
La situación es grave. Las redes de madres que nos dedicamos en forma voluntaria a la rehabilitación de adictos a las drogas en la Argentina estamos totalmente en contra de esta ley.
Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, don Horacio Pietragalla Corti.
SRA. BALMACEDA Nosotras -y vamos a cerrar-, las madres, tenemos como objetivo cuidar la salud física y mental de nuestros hijos, que son el futuro de la Nación. Amén. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PIETRAGALLA CORTI Invitamos a las señoras Dora Ibáñez y Edit Haberte, de Madres de la Esperanza y Madres de Pañuelo Negro, de Tucumán.
SRA. IBÁÑEZ Señor presidente: yo soy Dora Ibáñez y aprovecho la ocasión para darle las gracias al diputado nacional Juan Casañas por invitarnos a esta reunión.
Yo soy una madre, no tengo profesión, pero no dejo de ser una madre de adicto. Tengo un hijo muerto, tengo cuatro hijos en la calle y estoy en contra de la despenalización. Quiere decir que esto nos está envenenando a nuestros hijos. Este es el proceso de la democracia. (Aplausos.)
Como madres, somos víctimas. Despenalizar la droga es como asesinar a nuestros hijos. Ya no tenemos derecho nosotros como madres a la vida, nos han quitado todo, nos han quitado la vida, nos han quitado a nuestros hijos, me siento muy avergonzada por todo lo que he escuchado, como que van a liberar la plantación de las drogas, que es directamente el veneno de nuestros hijos.
Tengo mi hijo muerto, que se ha ahorcado, tengo otro internado y tengo un nieto en la calle, un hijo en la calle, tengo mi hija en la calle también porque mi nieto se droga y ella se sienta a la par de mi nieto a drogarse porque no encuentra solución.
En Tucumán no tenemos nada. En Tucumán, directamente el gobernador que tenemos mira hacia el costado. No tenemos centros de rehabilitación, no tenemos hospitales, a lo único a lo que nosotros nos vamos a dedicar es a romper el pavimento que Alperovich está haciendo para enterrar a nuestros hijos, porque otra cosa no tenemos. Nosotras, como madres, ya no sabemos a dónde recurrir, qué es lo que vamos a hacer, sólo sentarse con nuestros hijos a drogarse y a pedirle a Dios para que cuando ya se cansen de drogarse o disparen directamente para ese loco, se cansen y nos digan: "Mamá, vamos a dormir."
Esa es la realidad de nuestra Argentina que tenemos. Esa es la realidad de las madres que estamos sufriendo con la droga. Esa es la realidad que nosotros tenemos como madres. Dicen despenalizar la droga. ¿Por qué ahora dicen despenalizar la droga, si ya está penalizada y estamos enterrando a los pueblos? ¿Por qué ahora dicen que la van a despenalizar, si nosotros, la mayor parte de las madres, tenemos muertos a nuestros hijos? ¿Cuál es el futuro que la Nación nos ofrece a nosotros como madres y a nuestros hijos? Ya no mandamos a nuestros hijos a la escuela. Ya nuestros hijos están encerrados, a los nietos los estamos encerrando porque tenemos miedo de decir que vamos a mandar a la escuela a nuestros hijos.
Quiere decir que nuestros hijos van a ser burros, porque no vamos a tener un Maradona, un Messi, un legislador, un diputado de los barrios, porque nuestros hijos ya se han perdido. No tenemos nada; las madres estamos directamente enterradas. Estamos esperando ver a alguien del Estado que diga "vení, madre, te voy a dar siquiera para que le des de comer a tu hijo, porque está desnutrido, está podrido". Esa es la realidad que estamos viviendo.
Tucumán está perdida. Mi barrio está perdido. De 3 mil habitantes que hay en mi barrio no hay ni cien chicos que estén en buen estado. Todos están enfermos. Están tirados -parecen ratas- en los desagües, a la orilla del río. Y no sabemos qué hacer, a quién pedirle directamente que vea a nuestros hijos.
Escuchaba a la compañera, que se refirió a las madres. Y tiene razón porque somos nosotras las madres que tenemos dolor; somos nosotras las que estamos sufriendo día a día al ver a nuestros hijos que se están muriendo y que no tenemos nadie que nos diga "vení, te voy a levantar a tu hijo para llevarlo aunque sea a un tratamiento". No tenemos centros de rehabilitación ni nada. Tucumán no tiene nada, está perdida. En Tucumán directamente no gobierna el gobernador, sino el narcotráfico. En Tucumán no tenemos nada.
Doy gracias al señor diputado Casañas por haberme dado un espacio para hacerles conocer esto a ustedes, como representantes directos del poder, para que hagan algo por nuestros hijos. No piensen en despenalizar la droga, sino en curar y rehabilitar a nuestros hijos. No piensen en despenalizarla porque estarán envenenando más a nuestros hijos; es como si estuvieran liberando al virus que se ha expandido en nuestra Argentina. En cada rincón de nuestra Argentina está el virus. No sé si podrán sacar esto, porque la mayor parte de nuestros hijos ya están perdidos. Tengo seis hijos, de los cuales cuatro están directamente con vida porque a los otros los voy a enterrar. Tengo a mi hija que se está drogando porque mi nieto se ha empezado a drogar.
Aquí una señora dijo que esta planta a ella la curaba. Ojalá que fuese también lo mismo para mis hijos, es decir, que se pudieran curar con la misma planta, como si fuera un antídoto para ellos. Pero no es así, sino que es el veneno para nuestros hijos y la destrucción de nuestra vida.
Me despido. Les pido a todos ustedes que hagan algo porque la Argentina ya está perdida. Nuestros hijos están perdidos. No sé si los vamos a recuperar, pero ya estamos bajo tierra; las madres estamos enterrando a los hijos. Gracias. (Aplausos.)
Yo soy una madre, no tengo profesión, pero no dejo de ser una madre de adicto. Tengo un hijo muerto, tengo cuatro hijos en la calle y estoy en contra de la despenalización. Quiere decir que esto nos está envenenando a nuestros hijos. Este es el proceso de la democracia. (Aplausos.)
Como madres, somos víctimas. Despenalizar la droga es como asesinar a nuestros hijos. Ya no tenemos derecho nosotros como madres a la vida, nos han quitado todo, nos han quitado la vida, nos han quitado a nuestros hijos, me siento muy avergonzada por todo lo que he escuchado, como que van a liberar la plantación de las drogas, que es directamente el veneno de nuestros hijos.
Tengo mi hijo muerto, que se ha ahorcado, tengo otro internado y tengo un nieto en la calle, un hijo en la calle, tengo mi hija en la calle también porque mi nieto se droga y ella se sienta a la par de mi nieto a drogarse porque no encuentra solución.
En Tucumán no tenemos nada. En Tucumán, directamente el gobernador que tenemos mira hacia el costado. No tenemos centros de rehabilitación, no tenemos hospitales, a lo único a lo que nosotros nos vamos a dedicar es a romper el pavimento que Alperovich está haciendo para enterrar a nuestros hijos, porque otra cosa no tenemos. Nosotras, como madres, ya no sabemos a dónde recurrir, qué es lo que vamos a hacer, sólo sentarse con nuestros hijos a drogarse y a pedirle a Dios para que cuando ya se cansen de drogarse o disparen directamente para ese loco, se cansen y nos digan: "Mamá, vamos a dormir."
Esa es la realidad de nuestra Argentina que tenemos. Esa es la realidad de las madres que estamos sufriendo con la droga. Esa es la realidad que nosotros tenemos como madres. Dicen despenalizar la droga. ¿Por qué ahora dicen despenalizar la droga, si ya está penalizada y estamos enterrando a los pueblos? ¿Por qué ahora dicen que la van a despenalizar, si nosotros, la mayor parte de las madres, tenemos muertos a nuestros hijos? ¿Cuál es el futuro que la Nación nos ofrece a nosotros como madres y a nuestros hijos? Ya no mandamos a nuestros hijos a la escuela. Ya nuestros hijos están encerrados, a los nietos los estamos encerrando porque tenemos miedo de decir que vamos a mandar a la escuela a nuestros hijos.
Quiere decir que nuestros hijos van a ser burros, porque no vamos a tener un Maradona, un Messi, un legislador, un diputado de los barrios, porque nuestros hijos ya se han perdido. No tenemos nada; las madres estamos directamente enterradas. Estamos esperando ver a alguien del Estado que diga "vení, madre, te voy a dar siquiera para que le des de comer a tu hijo, porque está desnutrido, está podrido". Esa es la realidad que estamos viviendo.
Tucumán está perdida. Mi barrio está perdido. De 3 mil habitantes que hay en mi barrio no hay ni cien chicos que estén en buen estado. Todos están enfermos. Están tirados -parecen ratas- en los desagües, a la orilla del río. Y no sabemos qué hacer, a quién pedirle directamente que vea a nuestros hijos.
Escuchaba a la compañera, que se refirió a las madres. Y tiene razón porque somos nosotras las madres que tenemos dolor; somos nosotras las que estamos sufriendo día a día al ver a nuestros hijos que se están muriendo y que no tenemos nadie que nos diga "vení, te voy a levantar a tu hijo para llevarlo aunque sea a un tratamiento". No tenemos centros de rehabilitación ni nada. Tucumán no tiene nada, está perdida. En Tucumán directamente no gobierna el gobernador, sino el narcotráfico. En Tucumán no tenemos nada.
Doy gracias al señor diputado Casañas por haberme dado un espacio para hacerles conocer esto a ustedes, como representantes directos del poder, para que hagan algo por nuestros hijos. No piensen en despenalizar la droga, sino en curar y rehabilitar a nuestros hijos. No piensen en despenalizarla porque estarán envenenando más a nuestros hijos; es como si estuvieran liberando al virus que se ha expandido en nuestra Argentina. En cada rincón de nuestra Argentina está el virus. No sé si podrán sacar esto, porque la mayor parte de nuestros hijos ya están perdidos. Tengo seis hijos, de los cuales cuatro están directamente con vida porque a los otros los voy a enterrar. Tengo a mi hija que se está drogando porque mi nieto se ha empezado a drogar.
Aquí una señora dijo que esta planta a ella la curaba. Ojalá que fuese también lo mismo para mis hijos, es decir, que se pudieran curar con la misma planta, como si fuera un antídoto para ellos. Pero no es así, sino que es el veneno para nuestros hijos y la destrucción de nuestra vida.
Me despido. Les pido a todos ustedes que hagan algo porque la Argentina ya está perdida. Nuestros hijos están perdidos. No sé si los vamos a recuperar, pero ya estamos bajo tierra; las madres estamos enterrando a los hijos. Gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PIETRAGALLA CORTI Tiene la palabra la señora Edith Estela Haberte, de la Fundación Madres de la Esperanza.
SRA. HABERTE Señor presidente: agradezco al señor diputado Juan Casañas que nos haya invitado para expresar nuestras opinión. Pertenezco a la Fundación Madres de la Esperanza. Todas las madres hemos empezado juntas, teniendo la esperanza de recuperar a los chicos. Yo también tengo a mi hijo adicto desde hace diecisiete años.
He escuchado todos los comentarios que se hicieron aquí. Es lindo opinar desde la vereda de enfrente y no desde la casa. Acá se dijo que la marihuana es curativa. Sí, ¿pero quién la controla? ¿El médico? Últimamente nuestros hijos se drogan. Pero han empezado a hacerlo con la marihuana, y hoy en día consumen de todo. Ese ha sido el puntapié para empezar con su adicción.
En Tucumán, las madres están en contra de la despenalización, porque el chico adicto en Tucumán no es penalizado por llevar un porro sino porque sale a robar para consumir. (Aplausos.) Eso es diferente a decir que el chico que sale a comprar un porro lo llevan preso. Allá no pasa eso.
Hemos estado en un juicio federal, se trataba de cantidad de drogas, y le han puesto al narcotráfico que era para consumo personal y lo han soltado. Entonces, no sé en qué estamos.
Acá la planta de marihuana, la hoja de coca, todo, está despenalizado desde hace bastante tiempo, y estamos matando a nuestros hijos, porque no tenemos dónde recuperarlos. No hay hospital, no tenemos nada allá en Tucumán. Es como dijeron recién. Hemos empezado todas con una esperanza. Ahora ella tiene le pañuelo negro y yo sigo tratando de recuperar a mi hijo, pero no hay nada.
Lo único que quiero decirles es que antes de debatir sobre la planta de marihuana deberíamos debatir cómo vamos a recuperar a todos los chicos. Eso tenemos que pensar. Hemos presentado un proyecto para un hospital multidisciplinario pero nadie dijo nada sobre eso. (Aplausos.)
He escuchado todos los comentarios que se hicieron aquí. Es lindo opinar desde la vereda de enfrente y no desde la casa. Acá se dijo que la marihuana es curativa. Sí, ¿pero quién la controla? ¿El médico? Últimamente nuestros hijos se drogan. Pero han empezado a hacerlo con la marihuana, y hoy en día consumen de todo. Ese ha sido el puntapié para empezar con su adicción.
En Tucumán, las madres están en contra de la despenalización, porque el chico adicto en Tucumán no es penalizado por llevar un porro sino porque sale a robar para consumir. (Aplausos.) Eso es diferente a decir que el chico que sale a comprar un porro lo llevan preso. Allá no pasa eso.
Hemos estado en un juicio federal, se trataba de cantidad de drogas, y le han puesto al narcotráfico que era para consumo personal y lo han soltado. Entonces, no sé en qué estamos.
Acá la planta de marihuana, la hoja de coca, todo, está despenalizado desde hace bastante tiempo, y estamos matando a nuestros hijos, porque no tenemos dónde recuperarlos. No hay hospital, no tenemos nada allá en Tucumán. Es como dijeron recién. Hemos empezado todas con una esperanza. Ahora ella tiene le pañuelo negro y yo sigo tratando de recuperar a mi hijo, pero no hay nada.
Lo único que quiero decirles es que antes de debatir sobre la planta de marihuana deberíamos debatir cómo vamos a recuperar a todos los chicos. Eso tenemos que pensar. Hemos presentado un proyecto para un hospital multidisciplinario pero nadie dijo nada sobre eso. (Aplausos.)
SR. VICEPRESIDENTE PIETRAGALLA CORTI Tiene la palabra la médica bioeticista Raquel Bolton.
Luego tendrá el uso de la palabra el doctor Caraballo, médico especialista en adicciones de jóvenes, de la provincia de Entre Ríos.
Luego tendrá el uso de la palabra el doctor Caraballo, médico especialista en adicciones de jóvenes, de la provincia de Entre Ríos.
SRA. BOLTON Señor presidente: agradecemos esta invitación en nombre de la Comisión Nacional de Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina, a la cual pertenecemos. Trataremos de ser breves, respetando los tiempos asignados.
Simplemente quiero compartir con ustedes nuestro trabajo y pensamiento. El consumo de drogas en la Argentina sigue en aumento, a pesar de todos los esfuerzos que se realizan para evitarlo, y esto es también importante señalarlo.
Coincidimos en no criminalizar al adicto e insistimos en este punto, porque no se puede criminalizar una enfermedad. Estamos llamados a acompañar los procesos de sufrimiento, sensibilizando a la sociedad sobre la realidad misma y denunciando la marginación en los enfermos.
Sin embargo, es nuestro deber señalar que ninguna droga es inofensiva, del uso se puede pasar a un deseo imperioso de consumo, instalándose la adicción. Es aquí precisamente donde decimos que no se puede hablar de libertad para drogarse.
La persona que consume se transforma en víctima de una serie de desórdenes desde lo psíquico y desde lo físico, donde la inteligencia, la voluntad y la libertad se hayan comprometidas.
El mundo científico sigue aportando fundamentos sobre el comportamiento de sustancias y hallazgos científicos. Buscan identificar regiones del cerebro donde se procesa la información y también están comprometidas en la urgencia del consumo.
Es quehacer del equipo multidisciplinario y del equipo médico que asista al paciente adicto restablecer la reinserción del enfermo adicto, primero a la familia, y luego a la sociedad.
Ante la problemática adictiva actual surge el desafío de volver a reafirmar la opción prioritaria por aquellos jóvenes, grupos vulnerables, que no buscan en la droga el uso recreativo en sí, sino la posibilidad de evadirse frente a la falta de proyectos y razón de vivir.
Consideramos que despenalizar no resuelve el problema, antes es necesaria la promoción de la salud y la educación con énfasis en políticas públicas que orienten a desalentar el consumo de drogas.
Frente a un nuevo paradigma de reducción de daños y de riesgos, insistimos en señalar que estamos frente a un consumo que ya es problemático, que altera esencialmente los procesos de pensamiento con un deterioro progresivo de la salud. Su relación con la esquizofrenia y los brotes psicóticos han sido claramente estudiados y documentados y estudios científicos avalan las implicancias que desde lo biológico afectan el cuerpo de una mujer embarazada que consume drogas.
En este momento en que la pobreza y la exclusión angustian a mucha gente, a nuestra gente, en especial a los más humildes, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión, señalando que la disponibilidad a la droga y la tolerancia social se transforman en factores de riesgo para el consumo.
La sociedad argentina no es ajena a la realidad de un consumo abusivo que destruye y daña a nuestros jóvenes ni de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran familias y niños que viven en la calle y tienen un fácil acceso a la disponibilidad de droga. Pero insistimos, ¿en este contexto estamos en condiciones de despenalizar y de asistir desde las instituciones sanitarias a nuestros enfermos adictos?
Hacemos votos para que la sociedad en su conjunto se involucre para formar una verdadera red social, que dé respuestas concretas a esta enfermedad que afecta a lo más querido que tenemos, nuestros hijos. Gracias. (Aplausos.)
Simplemente quiero compartir con ustedes nuestro trabajo y pensamiento. El consumo de drogas en la Argentina sigue en aumento, a pesar de todos los esfuerzos que se realizan para evitarlo, y esto es también importante señalarlo.
Coincidimos en no criminalizar al adicto e insistimos en este punto, porque no se puede criminalizar una enfermedad. Estamos llamados a acompañar los procesos de sufrimiento, sensibilizando a la sociedad sobre la realidad misma y denunciando la marginación en los enfermos.
Sin embargo, es nuestro deber señalar que ninguna droga es inofensiva, del uso se puede pasar a un deseo imperioso de consumo, instalándose la adicción. Es aquí precisamente donde decimos que no se puede hablar de libertad para drogarse.
La persona que consume se transforma en víctima de una serie de desórdenes desde lo psíquico y desde lo físico, donde la inteligencia, la voluntad y la libertad se hayan comprometidas.
El mundo científico sigue aportando fundamentos sobre el comportamiento de sustancias y hallazgos científicos. Buscan identificar regiones del cerebro donde se procesa la información y también están comprometidas en la urgencia del consumo.
Es quehacer del equipo multidisciplinario y del equipo médico que asista al paciente adicto restablecer la reinserción del enfermo adicto, primero a la familia, y luego a la sociedad.
Ante la problemática adictiva actual surge el desafío de volver a reafirmar la opción prioritaria por aquellos jóvenes, grupos vulnerables, que no buscan en la droga el uso recreativo en sí, sino la posibilidad de evadirse frente a la falta de proyectos y razón de vivir.
Consideramos que despenalizar no resuelve el problema, antes es necesaria la promoción de la salud y la educación con énfasis en políticas públicas que orienten a desalentar el consumo de drogas.
Frente a un nuevo paradigma de reducción de daños y de riesgos, insistimos en señalar que estamos frente a un consumo que ya es problemático, que altera esencialmente los procesos de pensamiento con un deterioro progresivo de la salud. Su relación con la esquizofrenia y los brotes psicóticos han sido claramente estudiados y documentados y estudios científicos avalan las implicancias que desde lo biológico afectan el cuerpo de una mujer embarazada que consume drogas.
En este momento en que la pobreza y la exclusión angustian a mucha gente, a nuestra gente, en especial a los más humildes, medidas que puedan facilitar el consumo generan confusión, señalando que la disponibilidad a la droga y la tolerancia social se transforman en factores de riesgo para el consumo.
La sociedad argentina no es ajena a la realidad de un consumo abusivo que destruye y daña a nuestros jóvenes ni de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran familias y niños que viven en la calle y tienen un fácil acceso a la disponibilidad de droga. Pero insistimos, ¿en este contexto estamos en condiciones de despenalizar y de asistir desde las instituciones sanitarias a nuestros enfermos adictos?
Hacemos votos para que la sociedad en su conjunto se involucre para formar una verdadera red social, que dé respuestas concretas a esta enfermedad que afecta a lo más querido que tenemos, nuestros hijos. Gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PIETRAGALLA CORTI Tiene la palabra Dardo Caraballo.
SR. CARABALLO Buenas tardes. Yo soy Dardo Caraballo, de Gualeguaychú, Entre Ríos. Les voy a dar una buena noticia: lo mío va a ser muy breve. Estoy muy feliz de que estemos hablando de estas cosas que tanto le interesan a nuestro pueblo y también muy contento de que vayan surgiendo puntos en los que nos vamos poniendo de acuerdo.
Nosotros en este tema sumamos nuestros esfuerzos a los que no quieren la criminalización del adicto porque sostenemos que la adicción es una enfermedad. Queremos, por supuesto, un acceso a la salud y mucho antes a la educación, a la inclusión social, a una genuina libertad. Queremos la posibilidad de una vida digna que despliegue todas las potencialidades del hombre.
La ciencia, pero mucho más la experiencia y el sentido común, nos dicen que no se conoce otro camino a la adicción y al abuso que no sea el consumo personal. Los proyectos que ahora discutimos nos ofrecen la posibilidad de la tenencia de sustancias que no son inocuas argumentando la libertad. Sabemos que la enfermedad adictiva comienza por decisiones autónomas pero no podemos predecir cuándo se perderá esa libertad. La ley marca una conducta a seguir y, en ese sentido, el modelo a la larga promueve las conductas que propone. Si lo dañino no tiene pena, entonces es interpretado como bueno o inocuo.
Los proyectos que se discuten, que deberían permitirnos el ejercicio pleno de la libertad, confunden y exponen a la sociedad a un riesgo mayor de perder no sólo la libertad exterior sino también la interior, ya que esta enfermedad en muchos casos no se reconoce, no se percibe, haciendo perseverar las conductas de daño personal y social.
No es fácil en nuestro país acceder a un tratamiento oportuno, adecuado, multidisciplinario, muestra de ello es lo que vemos en las guardias, en las familias que nos piden ayuda, en las personas que son instrumentalizadas por intervenciones economicistas o ideologizadas.
Con esta realidad traigamos a este debate a las madres desesperadas que no tienen dónde recuperar a sus hijos con problemas de adicción a marihuana, a paco, a cocaína y traigamos también a este debate a los pobres. Un joven pobre que se droga no se está divirtiendo, no hace fiestas ni se dedica a un uso recreativo, huye hacia delante para llegar más rápido al día de su muerte.
La libertad de consumo ya es un hecho en una proporción considerable de la población.
También es un hecho que existe una ley de educación en la prevención de adicciones, que está aprobada y promulgada desde el año 2009, pero que, en la práctica, no está implementada, no tiene un presupuesto acorde a la importancia que se le debería dar. Esto refleja la distancia entre la voluntad de las políticas públicas y la verdadera solución del problema.
La educación nos aproxima a la verdad y la verdad nos hace libres. (Aplausos.)
Nosotros en este tema sumamos nuestros esfuerzos a los que no quieren la criminalización del adicto porque sostenemos que la adicción es una enfermedad. Queremos, por supuesto, un acceso a la salud y mucho antes a la educación, a la inclusión social, a una genuina libertad. Queremos la posibilidad de una vida digna que despliegue todas las potencialidades del hombre.
La ciencia, pero mucho más la experiencia y el sentido común, nos dicen que no se conoce otro camino a la adicción y al abuso que no sea el consumo personal. Los proyectos que ahora discutimos nos ofrecen la posibilidad de la tenencia de sustancias que no son inocuas argumentando la libertad. Sabemos que la enfermedad adictiva comienza por decisiones autónomas pero no podemos predecir cuándo se perderá esa libertad. La ley marca una conducta a seguir y, en ese sentido, el modelo a la larga promueve las conductas que propone. Si lo dañino no tiene pena, entonces es interpretado como bueno o inocuo.
Los proyectos que se discuten, que deberían permitirnos el ejercicio pleno de la libertad, confunden y exponen a la sociedad a un riesgo mayor de perder no sólo la libertad exterior sino también la interior, ya que esta enfermedad en muchos casos no se reconoce, no se percibe, haciendo perseverar las conductas de daño personal y social.
No es fácil en nuestro país acceder a un tratamiento oportuno, adecuado, multidisciplinario, muestra de ello es lo que vemos en las guardias, en las familias que nos piden ayuda, en las personas que son instrumentalizadas por intervenciones economicistas o ideologizadas.
Con esta realidad traigamos a este debate a las madres desesperadas que no tienen dónde recuperar a sus hijos con problemas de adicción a marihuana, a paco, a cocaína y traigamos también a este debate a los pobres. Un joven pobre que se droga no se está divirtiendo, no hace fiestas ni se dedica a un uso recreativo, huye hacia delante para llegar más rápido al día de su muerte.
La libertad de consumo ya es un hecho en una proporción considerable de la población.
También es un hecho que existe una ley de educación en la prevención de adicciones, que está aprobada y promulgada desde el año 2009, pero que, en la práctica, no está implementada, no tiene un presupuesto acorde a la importancia que se le debería dar. Esto refleja la distancia entre la voluntad de las políticas públicas y la verdadera solución del problema.
La educación nos aproxima a la verdad y la verdad nos hace libres. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PIETRAGALLA CORTI Pasamos al último panel e invitamos a Mike Bifari y a María Soledad Cigliutti, de la Asociación Cogollos, de Córdoba.
SRA. CIGLIUTTI Señor presidente: desde la Asociación Edith Moreno Cogollos Córdoba venimos realizando desde el año 2001 trabajos enfocados hacia la reducción de daños asociados al consumo de drogas, incluyendo las problemáticas sociales que la actual ley de drogas produce.
Somos un grupo de adultos responsables, usuarios y cultivadores de marihuana, que exigimos dejar de ser criminalizados por una conducta que representa nada más que una elección personal y privada.
Por primera vez en estos años de trabajo ininterrumpido con presencia en festivales, encuentros y en contacto permanente con usuarios de drogas, asociaciones y organizaciones sociales, celebramos el giro en las políticas de drogas, haciendo enfoque en la salud y los derechos humanos, en lugar de políticas represivas que sólo estigmatizan y criminalizan a un sector de la sociedad. Sin embargo, queremos resaltar la necesidad de modificar la figura penal que criminaliza la tenencia de una sustancia, sin antes establecer cuál es la finalidad de la misma.
Consideramos que la única manera de disminuir el narcotráfico y la corrupción que éste genera es dejar de confundir a usuarios y cultivadores con comerciantes. Toda acción policial o judicial debe ser amparada en pruebas fehacientes que evidencien inequívocamente una tenencia con fines de comercio.
En este sentido, el cultivo personal realizado por individuos o por asociaciones constituye uno de los eslabones más fuertes en la lucha contra el narcotráfico. Dejar de penar el autocultivo de cannabis no sólo limitaría gran parte de los ingresos del mercado negro, sino que reduciríamos en gran medida los gastos provocados por miles de causas penales a usuarios y cultivadores de marihuana para el consumo personal. Estos recursos no sólo podrían orientarse hacia la prevención y el tratamiento de los problemas asociados al consumo de drogas, sino también hacia otras áreas de desarrollo social en un país que necesita más escuelas y hospitales en lugar de cárceles y abogados.
Esperamos un proyecto claro y específico que fije criterios federales para evitar procesos y operativos arbitrarios, o basados en la portación de cara, clase social, cultura o ideología, como sucede en nuestra provincia de Córdoba, donde, además de sufrir la criminalización ejercida por las fuerzas policiales, amparadas en un Código de Faltas provincial que viola todas las garantías constitucionales y supranacionales, el actual gobernador acaba de adherir a la desfederalización de la actual ley de drogas, que no hace más que profundizar políticas prohibicionistas y represivas, alejadas de la nueva coyuntura nacional e internacional en materia de drogas.
Es fundamental, que la nueva ley garantice nuestros derechos como ciudadanos y deje de malgastar los recursos del Estado en causas que terminan en absoluciones o canje de penas por tratamientos.
Pedimos también libertad para difundir nuestros conocimientos cannábicos para ampliar y desmitificar sus innumerables usos. También -esto a título personal, pero creo que en nombre de todas las agrupaciones cannábicas- queremos decirles a las madres del paco que nosotras nos solidarizamos con su dolor, lo entendemos, es más, creemos que juntas podemos trabajar para ayudar a reducir los daños que provoca. Simplemente nosotros estamos defendiendo nuestro derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos y no estamos para nada en contra de que se combata.
Se hablaba del NOA. En Jujuy hay un chico preso -Esteban Almada- que hasta ayer estaba preso por cinco plantas de marihuana y hay tremendas cocinas y tremendas problemáticas contra el paco. No es una guerra paco-marihuana.
Por último, no quiero dejar de nombrar a la negra Edith Moreno, quien plantó la semillita para que muchos -y no solamente en Córdoba- aprendamos de esta planta y estemos hoy acá sembrando conciencia. Una ley de drogas más justa, eficaz y humana es posible. (Aplausos.)
Somos un grupo de adultos responsables, usuarios y cultivadores de marihuana, que exigimos dejar de ser criminalizados por una conducta que representa nada más que una elección personal y privada.
Por primera vez en estos años de trabajo ininterrumpido con presencia en festivales, encuentros y en contacto permanente con usuarios de drogas, asociaciones y organizaciones sociales, celebramos el giro en las políticas de drogas, haciendo enfoque en la salud y los derechos humanos, en lugar de políticas represivas que sólo estigmatizan y criminalizan a un sector de la sociedad. Sin embargo, queremos resaltar la necesidad de modificar la figura penal que criminaliza la tenencia de una sustancia, sin antes establecer cuál es la finalidad de la misma.
Consideramos que la única manera de disminuir el narcotráfico y la corrupción que éste genera es dejar de confundir a usuarios y cultivadores con comerciantes. Toda acción policial o judicial debe ser amparada en pruebas fehacientes que evidencien inequívocamente una tenencia con fines de comercio.
En este sentido, el cultivo personal realizado por individuos o por asociaciones constituye uno de los eslabones más fuertes en la lucha contra el narcotráfico. Dejar de penar el autocultivo de cannabis no sólo limitaría gran parte de los ingresos del mercado negro, sino que reduciríamos en gran medida los gastos provocados por miles de causas penales a usuarios y cultivadores de marihuana para el consumo personal. Estos recursos no sólo podrían orientarse hacia la prevención y el tratamiento de los problemas asociados al consumo de drogas, sino también hacia otras áreas de desarrollo social en un país que necesita más escuelas y hospitales en lugar de cárceles y abogados.
Esperamos un proyecto claro y específico que fije criterios federales para evitar procesos y operativos arbitrarios, o basados en la portación de cara, clase social, cultura o ideología, como sucede en nuestra provincia de Córdoba, donde, además de sufrir la criminalización ejercida por las fuerzas policiales, amparadas en un Código de Faltas provincial que viola todas las garantías constitucionales y supranacionales, el actual gobernador acaba de adherir a la desfederalización de la actual ley de drogas, que no hace más que profundizar políticas prohibicionistas y represivas, alejadas de la nueva coyuntura nacional e internacional en materia de drogas.
Es fundamental, que la nueva ley garantice nuestros derechos como ciudadanos y deje de malgastar los recursos del Estado en causas que terminan en absoluciones o canje de penas por tratamientos.
Pedimos también libertad para difundir nuestros conocimientos cannábicos para ampliar y desmitificar sus innumerables usos. También -esto a título personal, pero creo que en nombre de todas las agrupaciones cannábicas- queremos decirles a las madres del paco que nosotras nos solidarizamos con su dolor, lo entendemos, es más, creemos que juntas podemos trabajar para ayudar a reducir los daños que provoca. Simplemente nosotros estamos defendiendo nuestro derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos y no estamos para nada en contra de que se combata.
Se hablaba del NOA. En Jujuy hay un chico preso -Esteban Almada- que hasta ayer estaba preso por cinco plantas de marihuana y hay tremendas cocinas y tremendas problemáticas contra el paco. No es una guerra paco-marihuana.
Por último, no quiero dejar de nombrar a la negra Edith Moreno, quien plantó la semillita para que muchos -y no solamente en Córdoba- aprendamos de esta planta y estemos hoy acá sembrando conciencia. Una ley de drogas más justa, eficaz y humana es posible. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE PIETRAGALLA CORTI A continuación hará uso de la palabra el señor Mike Bifari, de la Asociación Cogollos de Córdoba.
SR. BIFARI Señor presidente: estamos acá en vísperas de la modificación de la ley 23.737, de drogas, que tanto daño ha hecho a innumerables inocentes a lo largo de más de dos décadas de política de "guerra a las drogas" impulsada por los Estados Unidos y vergonzosamente acatada por las autoridades nacionales de ese entonces -época de "relaciones carnales", como le llamaban- sólo para poder tener acceso a las enormes cantidades de dinero dado por y para el prohibicionismo y sus agencias, como la DEA. Sus resultados son claros: ahora hay más droga que nunca, el consumo se ha disparado como jamás en la historia y no hay ningún narco preso. Eso sí: las libertades siguen siendo avasalladas y la Constitución maltratada.
Debemos advertir sobre el gran peligro al cual nos ha llevado la prohibición. Aunque es evidente que muchos salen beneficiados, habría que averiguar qué cantidad de dinero hay en juego entre Estado y abogados con los 17 mil arrestos que se producen al año, donde más del 90 por ciento de los casos son por tenencia para uso personal. El negocio de la prohibición involucra a funcionarios públicos, de seguridad y civiles, formando verdaderas sociedades mafiosas en torno a drogas ilícitas. Se roban la evidencia.
Estos embriones de carteles representan un peligro. En este sentido no podemos ser indiferentes a lo que viene pasando en los últimos diez años con nuestros hermanos mexicanos, donde la cifra de muertos por la guerra a las drogas ya supera a la de nuestros desaparecidos.
Desde hace muchos años venimos esperando y buscando este debate. Entendemos que esto recién comienza. Estamos dando los primeros pasos dentro del nuevo paradigma de derechos humanos y reducción de daños que, podríamos decir, se instaló concretamente cuando la Argentina y Uruguay hicieron fuerza en común con esta postura en las Naciones Unidas en 2008.
Cualquier modificación que refleje la realidad diaria de los consumidores y cultivadores será bienvenida. Nuestra intención no es entrar en discusiones técnicas ni en los detalles de la ley, pero no podemos pormenorizar cuestiones como el acceso a las semillas, cuya penalización es contradictoria con el paradigma que perseguimos.
Sabemos que va a llevar tiempo la normalización y la reglamentación. También sabemos que al otro día que salga la nueva ley, el que compraba marihuana prensada de Paraguay en el mercado negro lo seguirá haciendo. O los casos de pacientes medicinales. ¿Acaso el que está postrado en una cama y no puede plantar no tiene derecho al cannabis terapéutico? ¿Cuál es la salida a estos interrogantes? ¿Los clubes de cultivo?
Estos cambios no deben retrasarse más. Debemos cambiar ya la letra de la ley y dejar de brindarles las herramientas legales a magistrados que manejan policías, que tienen poder y que siguen juzgando con ignorancia y desde una falsa moral.
Nuestro movimiento cannábico tiene vida propia y una realidad muy alejada respecto de la obsoleta ley de drogas actual. Somos adultos responsables y queremos salir de las sombras e insertarnos en actividades reguladas, públicas y legales. Pedimos que las asociaciones cannábicas sean reconocidas. También decimos a todos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando un cultivador sea injustamente detenido. Pedimos la libertad para todos los presos por cannabis.
Tardaríamos horas para describir los enormes beneficios del cannabis en el aspecto medicinal y cómo todos los días aporta a la calidad de vida de los pacientes en todo el mundo gracias a los estudios científicos sobre los sistemas endocanabinoides, su utilidad en los tratamientos de glaucoma, de cáncer, de asma, de esclerosis múltiple, de HIV y demás, por su principal característica como medicina: su baja toxicidad.
Además creemos que la marihuana puede ayudar como puerta de salida en adicciones a sustancias más peligrosas, como por ejemplo el paco.
Nos han mentido sobre el cannabis: lejos de ser una sustancia peligrosa, es de un alto valor terapéutico.
Quisiera repetir las palabras de un juez de la DEA, Francis Young, quien en 1988, después de estudiar la evidencia, sentenció: "El cannabis en su estado natural es una de las sustancias más seguras que se conocen para la ingesta humana; es quizás menos tóxica que la mayoría de los alimentos que comúnmente consumimos".
Tenemos evidencia y documentación que prueban los enormes beneficios del cannabis en los últimos 150 años.
Jamás se ha registrado ni una sola muerte por marihuana.
Describir el enorme potencial de esta especie para su cultivo industrial es indispensable para entender la naturaleza de la prohibición que lanzara Estados Unidos, en 1937, y que posteriormente siguieran todos los países miembros de las Naciones Unidas solo para favorecer a los grupos que han amasado millones, gracias a sus guerras y a sus industrias contaminantes, como las petroquímicas o como el desastre ecológico hecho por los aserraderos desde la prohibición.
Recordemos que en todo el mundo hasta el siglo XX todo el papel se hacía con cáñamo cannabis hemp. Este tema tranquilamente podría dar respuesta en la crisis con Uruguay por el tema de las papeleras.
Queremos proponer el cannabis hemp de uso industrial como alternativa para cultivo de rotación, porque es de alto rendimiento, tiene un rinde del doble que la soja y tres veces lo que produce el girasol, solo para aceite, y tiene el doble de rinde que los árboles para papel. Además, no necesita ningún tipo de agrotóxicos ni fertilizante químico y deja los suelos en mejores condiciones para seguir la temporada de siembra, es altamente nutritivo, sus semillas contienen omega 1 y 3, que son aceites esenciales que el cuerpo no produce.
Asimismo, en lo relativo al combustible. La vieja tabla de los marines, 1942, indicaba que un acre de hemp representaba veinte barriles de nafta. Es decir que el cannabis hemp es una de las fuentes naturales más importantes que existen para papel, fibra, alimento, combustible y medicina. Se calculan en miles los productos que se pueden fabricar con su fibra y con su celulosa.
Se cultiva cannabis hemp en alrededor de treinta y cinco países, incluyendo a nuestros hermanos de Chile y Uruguay, aunque este último todavía en una faz de investigación. ¡No existe ninguna planta anual que la iguale!
La pregunta es ¿por qué la Argentina no puede? ¡La Argentina sí puede! Seguiremos aquí presentes con la información necesaria para que eso suceda.
Por último, quiero hacer un llamado a la reflexión para los legisladores que van a plasmar el cambio. Los convoca la tierra misma. ¡Escúchenla! ¡Somos parte de ella! ¡Actúen con compasión por los que necesitamos esta medicina! ¡Este es un llamado a la democracia y un grito a la libertad! ¡Por un mundo verde! ¡Que viva la naturaleza y que crezca cannabis!
Debemos advertir sobre el gran peligro al cual nos ha llevado la prohibición. Aunque es evidente que muchos salen beneficiados, habría que averiguar qué cantidad de dinero hay en juego entre Estado y abogados con los 17 mil arrestos que se producen al año, donde más del 90 por ciento de los casos son por tenencia para uso personal. El negocio de la prohibición involucra a funcionarios públicos, de seguridad y civiles, formando verdaderas sociedades mafiosas en torno a drogas ilícitas. Se roban la evidencia.
Estos embriones de carteles representan un peligro. En este sentido no podemos ser indiferentes a lo que viene pasando en los últimos diez años con nuestros hermanos mexicanos, donde la cifra de muertos por la guerra a las drogas ya supera a la de nuestros desaparecidos.
Desde hace muchos años venimos esperando y buscando este debate. Entendemos que esto recién comienza. Estamos dando los primeros pasos dentro del nuevo paradigma de derechos humanos y reducción de daños que, podríamos decir, se instaló concretamente cuando la Argentina y Uruguay hicieron fuerza en común con esta postura en las Naciones Unidas en 2008.
Cualquier modificación que refleje la realidad diaria de los consumidores y cultivadores será bienvenida. Nuestra intención no es entrar en discusiones técnicas ni en los detalles de la ley, pero no podemos pormenorizar cuestiones como el acceso a las semillas, cuya penalización es contradictoria con el paradigma que perseguimos.
Sabemos que va a llevar tiempo la normalización y la reglamentación. También sabemos que al otro día que salga la nueva ley, el que compraba marihuana prensada de Paraguay en el mercado negro lo seguirá haciendo. O los casos de pacientes medicinales. ¿Acaso el que está postrado en una cama y no puede plantar no tiene derecho al cannabis terapéutico? ¿Cuál es la salida a estos interrogantes? ¿Los clubes de cultivo?
Estos cambios no deben retrasarse más. Debemos cambiar ya la letra de la ley y dejar de brindarles las herramientas legales a magistrados que manejan policías, que tienen poder y que siguen juzgando con ignorancia y desde una falsa moral.
Nuestro movimiento cannábico tiene vida propia y una realidad muy alejada respecto de la obsoleta ley de drogas actual. Somos adultos responsables y queremos salir de las sombras e insertarnos en actividades reguladas, públicas y legales. Pedimos que las asociaciones cannábicas sean reconocidas. También decimos a todos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando un cultivador sea injustamente detenido. Pedimos la libertad para todos los presos por cannabis.
Tardaríamos horas para describir los enormes beneficios del cannabis en el aspecto medicinal y cómo todos los días aporta a la calidad de vida de los pacientes en todo el mundo gracias a los estudios científicos sobre los sistemas endocanabinoides, su utilidad en los tratamientos de glaucoma, de cáncer, de asma, de esclerosis múltiple, de HIV y demás, por su principal característica como medicina: su baja toxicidad.
Además creemos que la marihuana puede ayudar como puerta de salida en adicciones a sustancias más peligrosas, como por ejemplo el paco.
Nos han mentido sobre el cannabis: lejos de ser una sustancia peligrosa, es de un alto valor terapéutico.
Quisiera repetir las palabras de un juez de la DEA, Francis Young, quien en 1988, después de estudiar la evidencia, sentenció: "El cannabis en su estado natural es una de las sustancias más seguras que se conocen para la ingesta humana; es quizás menos tóxica que la mayoría de los alimentos que comúnmente consumimos".
Tenemos evidencia y documentación que prueban los enormes beneficios del cannabis en los últimos 150 años.
Jamás se ha registrado ni una sola muerte por marihuana.
Describir el enorme potencial de esta especie para su cultivo industrial es indispensable para entender la naturaleza de la prohibición que lanzara Estados Unidos, en 1937, y que posteriormente siguieran todos los países miembros de las Naciones Unidas solo para favorecer a los grupos que han amasado millones, gracias a sus guerras y a sus industrias contaminantes, como las petroquímicas o como el desastre ecológico hecho por los aserraderos desde la prohibición.
Recordemos que en todo el mundo hasta el siglo XX todo el papel se hacía con cáñamo cannabis hemp. Este tema tranquilamente podría dar respuesta en la crisis con Uruguay por el tema de las papeleras.
Queremos proponer el cannabis hemp de uso industrial como alternativa para cultivo de rotación, porque es de alto rendimiento, tiene un rinde del doble que la soja y tres veces lo que produce el girasol, solo para aceite, y tiene el doble de rinde que los árboles para papel. Además, no necesita ningún tipo de agrotóxicos ni fertilizante químico y deja los suelos en mejores condiciones para seguir la temporada de siembra, es altamente nutritivo, sus semillas contienen omega 1 y 3, que son aceites esenciales que el cuerpo no produce.
Asimismo, en lo relativo al combustible. La vieja tabla de los marines, 1942, indicaba que un acre de hemp representaba veinte barriles de nafta. Es decir que el cannabis hemp es una de las fuentes naturales más importantes que existen para papel, fibra, alimento, combustible y medicina. Se calculan en miles los productos que se pueden fabricar con su fibra y con su celulosa.
Se cultiva cannabis hemp en alrededor de treinta y cinco países, incluyendo a nuestros hermanos de Chile y Uruguay, aunque este último todavía en una faz de investigación. ¡No existe ninguna planta anual que la iguale!
La pregunta es ¿por qué la Argentina no puede? ¡La Argentina sí puede! Seguiremos aquí presentes con la información necesaria para que eso suceda.
Por último, quiero hacer un llamado a la reflexión para los legisladores que van a plasmar el cambio. Los convoca la tierra misma. ¡Escúchenla! ¡Somos parte de ella! ¡Actúen con compasión por los que necesitamos esta medicina! ¡Este es un llamado a la democracia y un grito a la libertad! ¡Por un mundo verde! ¡Que viva la naturaleza y que crezca cannabis!
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra el licenciado Ascolani, secretario de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales.
SR. ASCOLANI Señor presidente: quiero agradecer al doctor Fiad por la invitación así como también a los legisladores de las comisiones de Derechos Humanos, de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.
No voy a extenderme mucho en mi exposición. Hemos quedado aquí como el último orejón del tarro, pero estoy muy agradecido por la invitación.
En relación con la guerra contra las drogas y la criminalización, consideramos que su característica principal es la criminalización del consumidor de sustancias psicoactivas, lo cual ha sido un rotundo fracaso. Esto ha generado nichos de corrupción enormes en el Estado, mafias en constante crecimiento, marginación y exclusión en las personas que usan drogas psicoactivas.
Los países que han tomado otra elección, tales como Portugal, Holanda o nuestro país vecino, Uruguay, les han ido mejor y hoy tienen menos abuso de sustancias.
En relación con la guerra contra las drogas quería traer a colación una frase de Noam Chomsky de hace unos días que dice: "No creo que la guerra contra las drogas sea un fracaso: Tiene un propósito diferente al anunciado".
En un país donde se revaloriza la política y se han tomado medidas que se han alejado de la voluntad de Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, conviene tener en cuenta esto. Es decir, si ese objetivo o supuesto objetivo de la guerra contra las drogas realmente nos beneficia o no.
Soy kinesiólogo, trabajo con pacientes neurológicos, y también soy docente de farmacología. Por eso quiero hablar brevemente sobre el sustento de esta guerra contra las drogas, que es la división entre fármacos legales e ilegales. Esta división no está fundada en sus características farmacológicas como objeto sino que se forma a partir de la dialéctica entre la geopolítica y la historia, que determinó que los intereses del imperio y la aparatocracia hayan dejado de lado ciertas sustancias.
Esta división deriva, entonces, de actores institucionales y no de la naturaleza de las drogas en sí como objeto. Esta relación simbólica está fundada en prejuicios y en estereotipos, es funcional al poder establecido y reproduce situaciones de vulneración de los derechos humanos.
En la Argentina, la ley de drogas está signada por López Rega, por la dictadura cívico militar y el neoliberalismo menemista. Por eso ha dejado un bache enorme, una enorme carencia en la educación. Esta es una de las principales áreas donde debemos actuar para llevar nuevamente proporcionalidad a la visión del consumo de sustancias psicoactivas.
En relación con esta irracionalidad, esa división de sustancias, vemos que en la lista 1 -que es la lista más restringida- están el cannabis y los enteógenos. Tanto unas como otras son drogas muy seguras, de las cuales no es posible administrar una dosis tóxica letal, o sea que son drogas por las cuales no es posible morirse de sobredosis y tienen interesantes usos terapéuticos para problemáticas para las que hoy no tenemos solución.
En el caso del cannabis está comprobado, por ensayos clínicos controlados, como doble ciego, randomizado, cruzado -que son los que se piden hoy en ciencia para comprobar efectivamente la eficacia de una droga-, que sirve para tratar las náuseas y vómitos en los tratamientos de cáncer, la emaciación, la pérdida de peso en el caso de VIH y cáncer avanzado, así como también sirve para tratar la espasticidad y el dolor neuropático en esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas que cursan con estos síntomas.
Uno de los estándares de derechos humanos más importante es el derecho a la salud. Todos los días, en mi práctica clínica, me enfrento al sufrimiento de pacientes que podrían verse beneficiados o aliviados por el uso de cannabinoides. Ahora mismo, mientras hablamos, hay miles de compatriotas argentinos que están sufriendo y que podrían verse aliviados.
Las personas que van a decidir sobre el acceso a la marihuana terapéutica no pueden perder de vista esto. El Estado debería articular la producción de cannabis medicinal o extractos estandarizados de cannabinoides y dispensarlos a través de sus efectores públicos a los pacientes que los necesiten. La articulación entre las universidades permitiría investigar sus usos, ya que no es atractivo para la industria farmacéutica porque no pueden patentar estas sustancias que el hombre conoce desde siempre. En la Argentina, donde trabajamos seriamente sobre el uso racional de medicamentos y priorizamos los medicamentos esenciales, la marihuana de grado medicinal tiene que llegar a ser un medicamento esencial. Sabemos que es útil, eficaz y segura para tratar determinados síntomas. Ahora falta que el Estado la haga, además, accesible y que esté disponible para que se termine de configurar como un medicamento esencial.
En este sentido, quiero hacer algunas aclaraciones. Quien no haya leído sobre los efectos de la marihuana en poblaciones durante los últimos tres o cuatro años, que se ponga a revisar el tema porque se ha aprendido bastante sobre la cuestión. La marihuana de ninguna manera produce psicosis. Como bien dijeron, no es conveniente tal vez para los psicóticos utilizarla, pero de ninguna manera produce psicosis. Les sugiero que revisen mi blog "Cannabis Medicinal Argentina", en el que figura un artículo titulado "Cannabis y psicosis"; allí se ve la información actualizada sobre el tema. El cannabis tampoco produce cáncer de pulmón, de ninguna manera. También hay otro artículo, "Cannabis y aparato respiratorio", en el que podrán ver los ensayos y estudios poblacionales sobre la relación entre la marihuana y el cáncer de pulmón, la marihuana y el EPOC, al que tampoco lleva pero sí sabemos que el tabaco es su principal causa.
Quisiera nombrar dos estudios muy interesantes, uno de ellos del año 2009, que demuestra que fumar marihuana disminuye la incidencia de cáncer escamoso de cabeza y cuello, que es el cáncer más común de las vías superiores. Se trata de un estudio de mucha validez realizado por varias universidades de Estados Unidos.
Por otra parte, en el British Medical Journal hay un estudio poblacional muy importante realizado este año a través del cual se ha investigado la relación entre el consumo de marihuana y la diabetes. Dicho estudio señala, sorprendentemente, que fumar marihuana disminuye la incidencia de diabetes, obviamente ello adaptable a la edad y otros factores predisponentes.
Al poner el acento en la personificación y demonización de la droga, el combate y la guerra contra las drogas, se desvía la atención de una posible solución más compleja basada en la prevención y la inclusión social, mediante la educación, el trabajo, el libre acceso a la información, la justicia social, la salud y demás aspectos que en estas interesantes jornadas estuvimos viendo. El origen de la adicción es multicausal; corregir ciertos ajustes socioeconómicos colaboraría en función de ello.
Pero aún así, en condiciones ideales de vida, el ser humano recurre a determinadas sustancias -algunas de ellas prohibidas- por motivos diversos, desde narcisismo, disfrute estético, búsqueda de paz o energía, reconexión con lo espiritual o ancestral, tal como sabiamente consignó en el día de ayer el doctor Calabrese.
La Argentina es un ejemplo para el mundo en relación a la jerarquización y desarrollo de derechos humanos. Ejemplo de ello fue el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura cívico-militar y la procura de la verdad, la memoria y la justicia. Es este el momento en que el espíritu de los tiempos nos desafía a buscar nuevas formas de regular la relación de nuestros pueblos con las sustancias psicoactivas. Es aquí donde la Argentina, en virtud del resurgimiento de la política y el acrecentamiento de la autoconciencia nacional, tiene la oportunidad histórica de idear y producir políticas de droga que den el marco a formas de relación más racionales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos.
Queda en ustedes la tarea de actuar de acuerdo con la razón, la ciencia y la voluntad del pueblo. Muchas gracias. (Aplausos.)
No voy a extenderme mucho en mi exposición. Hemos quedado aquí como el último orejón del tarro, pero estoy muy agradecido por la invitación.
En relación con la guerra contra las drogas y la criminalización, consideramos que su característica principal es la criminalización del consumidor de sustancias psicoactivas, lo cual ha sido un rotundo fracaso. Esto ha generado nichos de corrupción enormes en el Estado, mafias en constante crecimiento, marginación y exclusión en las personas que usan drogas psicoactivas.
Los países que han tomado otra elección, tales como Portugal, Holanda o nuestro país vecino, Uruguay, les han ido mejor y hoy tienen menos abuso de sustancias.
En relación con la guerra contra las drogas quería traer a colación una frase de Noam Chomsky de hace unos días que dice: "No creo que la guerra contra las drogas sea un fracaso: Tiene un propósito diferente al anunciado".
En un país donde se revaloriza la política y se han tomado medidas que se han alejado de la voluntad de Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, conviene tener en cuenta esto. Es decir, si ese objetivo o supuesto objetivo de la guerra contra las drogas realmente nos beneficia o no.
Soy kinesiólogo, trabajo con pacientes neurológicos, y también soy docente de farmacología. Por eso quiero hablar brevemente sobre el sustento de esta guerra contra las drogas, que es la división entre fármacos legales e ilegales. Esta división no está fundada en sus características farmacológicas como objeto sino que se forma a partir de la dialéctica entre la geopolítica y la historia, que determinó que los intereses del imperio y la aparatocracia hayan dejado de lado ciertas sustancias.
Esta división deriva, entonces, de actores institucionales y no de la naturaleza de las drogas en sí como objeto. Esta relación simbólica está fundada en prejuicios y en estereotipos, es funcional al poder establecido y reproduce situaciones de vulneración de los derechos humanos.
En la Argentina, la ley de drogas está signada por López Rega, por la dictadura cívico militar y el neoliberalismo menemista. Por eso ha dejado un bache enorme, una enorme carencia en la educación. Esta es una de las principales áreas donde debemos actuar para llevar nuevamente proporcionalidad a la visión del consumo de sustancias psicoactivas.
En relación con esta irracionalidad, esa división de sustancias, vemos que en la lista 1 -que es la lista más restringida- están el cannabis y los enteógenos. Tanto unas como otras son drogas muy seguras, de las cuales no es posible administrar una dosis tóxica letal, o sea que son drogas por las cuales no es posible morirse de sobredosis y tienen interesantes usos terapéuticos para problemáticas para las que hoy no tenemos solución.
En el caso del cannabis está comprobado, por ensayos clínicos controlados, como doble ciego, randomizado, cruzado -que son los que se piden hoy en ciencia para comprobar efectivamente la eficacia de una droga-, que sirve para tratar las náuseas y vómitos en los tratamientos de cáncer, la emaciación, la pérdida de peso en el caso de VIH y cáncer avanzado, así como también sirve para tratar la espasticidad y el dolor neuropático en esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas que cursan con estos síntomas.
Uno de los estándares de derechos humanos más importante es el derecho a la salud. Todos los días, en mi práctica clínica, me enfrento al sufrimiento de pacientes que podrían verse beneficiados o aliviados por el uso de cannabinoides. Ahora mismo, mientras hablamos, hay miles de compatriotas argentinos que están sufriendo y que podrían verse aliviados.
Las personas que van a decidir sobre el acceso a la marihuana terapéutica no pueden perder de vista esto. El Estado debería articular la producción de cannabis medicinal o extractos estandarizados de cannabinoides y dispensarlos a través de sus efectores públicos a los pacientes que los necesiten. La articulación entre las universidades permitiría investigar sus usos, ya que no es atractivo para la industria farmacéutica porque no pueden patentar estas sustancias que el hombre conoce desde siempre. En la Argentina, donde trabajamos seriamente sobre el uso racional de medicamentos y priorizamos los medicamentos esenciales, la marihuana de grado medicinal tiene que llegar a ser un medicamento esencial. Sabemos que es útil, eficaz y segura para tratar determinados síntomas. Ahora falta que el Estado la haga, además, accesible y que esté disponible para que se termine de configurar como un medicamento esencial.
En este sentido, quiero hacer algunas aclaraciones. Quien no haya leído sobre los efectos de la marihuana en poblaciones durante los últimos tres o cuatro años, que se ponga a revisar el tema porque se ha aprendido bastante sobre la cuestión. La marihuana de ninguna manera produce psicosis. Como bien dijeron, no es conveniente tal vez para los psicóticos utilizarla, pero de ninguna manera produce psicosis. Les sugiero que revisen mi blog "Cannabis Medicinal Argentina", en el que figura un artículo titulado "Cannabis y psicosis"; allí se ve la información actualizada sobre el tema. El cannabis tampoco produce cáncer de pulmón, de ninguna manera. También hay otro artículo, "Cannabis y aparato respiratorio", en el que podrán ver los ensayos y estudios poblacionales sobre la relación entre la marihuana y el cáncer de pulmón, la marihuana y el EPOC, al que tampoco lleva pero sí sabemos que el tabaco es su principal causa.
Quisiera nombrar dos estudios muy interesantes, uno de ellos del año 2009, que demuestra que fumar marihuana disminuye la incidencia de cáncer escamoso de cabeza y cuello, que es el cáncer más común de las vías superiores. Se trata de un estudio de mucha validez realizado por varias universidades de Estados Unidos.
Por otra parte, en el British Medical Journal hay un estudio poblacional muy importante realizado este año a través del cual se ha investigado la relación entre el consumo de marihuana y la diabetes. Dicho estudio señala, sorprendentemente, que fumar marihuana disminuye la incidencia de diabetes, obviamente ello adaptable a la edad y otros factores predisponentes.
Al poner el acento en la personificación y demonización de la droga, el combate y la guerra contra las drogas, se desvía la atención de una posible solución más compleja basada en la prevención y la inclusión social, mediante la educación, el trabajo, el libre acceso a la información, la justicia social, la salud y demás aspectos que en estas interesantes jornadas estuvimos viendo. El origen de la adicción es multicausal; corregir ciertos ajustes socioeconómicos colaboraría en función de ello.
Pero aún así, en condiciones ideales de vida, el ser humano recurre a determinadas sustancias -algunas de ellas prohibidas- por motivos diversos, desde narcisismo, disfrute estético, búsqueda de paz o energía, reconexión con lo espiritual o ancestral, tal como sabiamente consignó en el día de ayer el doctor Calabrese.
La Argentina es un ejemplo para el mundo en relación a la jerarquización y desarrollo de derechos humanos. Ejemplo de ello fue el juzgamiento de los crímenes de la última dictadura cívico-militar y la procura de la verdad, la memoria y la justicia. Es este el momento en que el espíritu de los tiempos nos desafía a buscar nuevas formas de regular la relación de nuestros pueblos con las sustancias psicoactivas. Es aquí donde la Argentina, en virtud del resurgimiento de la política y el acrecentamiento de la autoconciencia nacional, tiene la oportunidad histórica de idear y producir políticas de droga que den el marco a formas de relación más racionales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos.
Queda en ustedes la tarea de actuar de acuerdo con la razón, la ciencia y la voluntad del pueblo. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. LANDGREN Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas.
A partir del fallo despenalizador de 2009, entendí que era necesario ponerme a militar a tiempo completo porque el mensaje de la Corte Suprema de Justicia no sólo era hacia los poderes constituidos de la democracia, sino también un mensaje para quienes queremos que se respete por legítimo nuestro ejercicio efectivo de tales derechos, para quienes queremos que se respete nuestro derecho particularísimo de hacer puertas adentro de nuestra piel lo que mejor nos plazca.
Así nació la Comunidad Cannábica de Córdoba, una organización libre del pueblo dedicada a difundir el gran tema de la cannabis en todos sus estamentos, el de la salud, el de la investigación científica e industrial, y su larga y triste historia de prohibicionismo que aqueja a nuestra planta.
Entendimos prontamente que en una democracia que atraviesa por un momento histórico particular -de reivindicación de los derechos humanos- era necesario apropiarse de la construcción política de los derechos humanos de tercera generación. Así comenzamos a trabajar sobre la idea de que tener, usar y cultivar cannabis son derechos humanos.
El fallo Arriola disparó una discusión que no se detuvo en estos últimos tres años y fue una de las razones primigenias de que estemos hoy aquí, como actores modificantes de la realidad.
Durante las largas jornadas que les quedan a ustedes, señores legisladores, en lo que hace al tratamiento de la temática, escucharán infinidad de veces conceptos como "guerra contra las drogas", "criminalización de los adictos", "puerta de entrada a las adicciones", "sustancias estupefacientes", "precursores químicos", "cadena de narcotráfico" y una larga y reiterada cadena de etcéteras. Y probablemente oirán pocas veces los conceptos "planta medicinal", "cáñamo industrial", "uso recreativo", "planta sagrada", "la cannabis no produce adicción", "no existe sobredosis de marihuana".
Los cannábicos nos cargamos al hombro la militancia por la libertad de nuestra planta desde un lugar bien diferenciado respecto de las demás sustancias: el de saber sobre las virtudes de la planta y que, como cultivadores, podemos incidir claramente en la cadena del narcotráfico.
Hoy estamos aquí exponiendo nuestra posición como comunidad cannábica, advertidos de que llegamos a esta instancia frente a un acuerdo de las principales fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados en el sentido de legislar acorde al pedido de la Corte Suprema de Justicia.
Esto significa que de no mediar un milagro político, ustedes se inclinarían a favor de una modificatoria de la ley 23.737, que despenalice las conductas y mantenga prohibidas a las sustancias. Esto significa para nosotros un avance importante, pero no el final de nuestro proyecto por la legalización. Legalizar la cannabis significaría un avance inconmensurable: significaría darle a la cannabis su estatus de planta medicinal, zanjar la discusión sobre cantidades autorizadas de cultivo, acelerar el proceso de incorporación del cáñamo industrial al campo argentino, recuperar la industria textil y, por sobre todo, normalizar todos los aspectos vinculados a la cannabis en un solo acto.
Esta planta, señores legisladores, no es un enemigo público de las personas, es un componente de una cultura y por esa razón está, de hecho, legitimada para nosotros quienes formamos parte de esa cultura. Legalizar la planta de cannabis y devolverle su estatus nos pone también en el compromiso de difundir el precepto de usuarios responsables y de trabajar en la implementación de políticas sanitarias coherentes con un Estado que, por un lado, quiere descriminalizar nuestras conductas como usuarios de sustancias y, por el otro, implanta políticas de prevención al problema de las adicciones, tal cual lo viene diciendo el propio Secretario de la SEDRONAR, el doctor Bielsa.
Nada obsta para que nosotros, como miembros de una organización cannábica, trabajemos junto con el Estado en esta problemática. Estamos convencidos de que la legalización del cannabis facilitaría la aplicación cierta de las políticas de reducción de riesgos y daños por parte del Estado, paradigma que utilizamos no sólo puertas adentro sino también puertas afuera de nuestra organización.
Ganados por nuestra militancia política logramos acordar una agenda con la Mesa Nacional por la Igualdad, que conduce la legisladora porteña María Rachid, y junto con la ACA de Buenos Aires trabajamos en un proyecto de modificación de la ley 23.737 que hace pivote en los conceptos de legalización del cannabis y de despenalización del resto de las sustancias.
Cuando comenzamos ese derrotero lo hicimos esperanzados en que llegarían las señales de un claro avance de las posiciones del Estado frente al tema. En el trabajo previo del hoy senador Aníbal Fernández había una posición tomada, un horizonte cierto. Sólo faltaba efectivizar la palabra empeñada, y ese gesto político llegó de la mano de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner al nombrar en la Sedronar al ex canciller Bielsa, quien no tuvo dobleces al advertir a la sociedad que era necesario un cambio en la legislación vigente y en la orientación de la Secretaría en la que acababa de asumir.
Esas señales impulsaron el salto cuántico de pensar en un proyecto de avanzada, que ampliara las propuestas de las iniciativas ya existentes y nos permitiera dar una discusión más allá de la despenalización del consumo de sustancias.
Muchos, propios y ajenos al movimiento cannábico, nos dijeron que no era el momento de pensar en tanta libertad. Otros, al leer el proyecto, se sorprendieron de nuestros planteos; no sólo de aquel referido a la legalización. Hoy, con la experiencia obtenida en el campo del trabajo cotidiano respecto del gran tema del cannabis, a lo que se suma nuestra decisión de ocupar un espacio político para dar el debate, venimos a este foro a peticionar que en la modificación de la ley 23.737 se incluyan los siguientes acápites.
Primero, la legalización completa de la planta de marihuana, cáñamo o cannabis, con fines de uso psicoactivo, terapéutico e industrial.
Segundo, la eliminación de varios tipos penales previstos en la ley 23.737 para todas las demás sustancias prohibidas. Concretamente, pedimos despenalizar la demanda de estupefacientes y mantener solamente la penalización de aquellas actividades que persiguen un lucro; despenalizar la posesión, el cultivo y el comercio de especímenes o partes de cualquier especie vegetal en su estado natural; despenalizar el consumo ostentoso o con trascendencia al público; despenalizar las figuras relacionadas con la difusión de la información sobre estupefacientes y declarar no punibles las acciones destinadas al uso científico o terapéutico.
Para el caso de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, pedimos que se reduzcan las penas relacionadas con estupefacientes y se garanticen mecanismos de reinserción social. Para casos de extrema vulnerabilidad, nuestra propuesta es que los hechos se declaren no punibles.
Asimismo, solicitamos que se reduzca la escala penal para quienes actúen en situación de subordinación en la cadena de narcotráfico.
El Estado debe llevar adelante políticas tendientes a reducir los daños derivados del uso de sustancias psicoactivas legales o ilegales: difusión de información, entrega de material descartable de inyecciones, establecimiento de salas de consumo controlado, acceso al análisis de pureza y composición de las sustancias que se consumen, distribución de información y elementos de dosificación, acceso a las mediciones del nivel de sustancias en sangre, etcétera. Creemos que se debe garantizar la confidencialidad en el acceso a estos dispositivos de política pública.
También creemos que el Estado debe promover la investigación científica para poseer la información más actualizada y completa posible en la materia.
Pedimos que se eliminen las medidas de seguridad curativas que los jueces penales imponen a los procesados o condenados. Entendemos, por el contrario, que se debe garantizar el acceso completamente voluntario a esos tratamientos.
Respecto del listado de estupefacientes, creemos que debe ser establecido por el Congreso de la Nación y no por el Poder Ejecutivo, como ocurre actualmente.
También solicitamos que se elimine la figura del agente encubierto y que se establezca en forma explicita una amnistía para todas las personas procesadas o condenadas por los delitos que se derogarán a partir de la nueva ley.
Finalmente, pedimos que se instruya al Poder Ejecutivo para que analice los convenios internacionales en materia de sustancias psicoactivas y los denuncie en caso de que su cumplimiento sea imposible.
Señores legisladores: queremos dejar sentado en nuestro alegato a favor de la legalización del cannabis que, como ser vivo e integrador de una cultura particular que convive dentro de otros campos culturales de la sociedad, reivindicamos por quienes nos precedieron, para nosotros y para las comunidades del futuro el paradigma del buen vivir, donde somos soberanos de nuestras decisiones. Lo hacemos reivindicando los derechos y las dignidades personales que cada individuo tiene en todo momento durante su existencia. ¡Hasta la victoria, siembren! (Aplausos.)
A partir del fallo despenalizador de 2009, entendí que era necesario ponerme a militar a tiempo completo porque el mensaje de la Corte Suprema de Justicia no sólo era hacia los poderes constituidos de la democracia, sino también un mensaje para quienes queremos que se respete por legítimo nuestro ejercicio efectivo de tales derechos, para quienes queremos que se respete nuestro derecho particularísimo de hacer puertas adentro de nuestra piel lo que mejor nos plazca.
Así nació la Comunidad Cannábica de Córdoba, una organización libre del pueblo dedicada a difundir el gran tema de la cannabis en todos sus estamentos, el de la salud, el de la investigación científica e industrial, y su larga y triste historia de prohibicionismo que aqueja a nuestra planta.
Entendimos prontamente que en una democracia que atraviesa por un momento histórico particular -de reivindicación de los derechos humanos- era necesario apropiarse de la construcción política de los derechos humanos de tercera generación. Así comenzamos a trabajar sobre la idea de que tener, usar y cultivar cannabis son derechos humanos.
El fallo Arriola disparó una discusión que no se detuvo en estos últimos tres años y fue una de las razones primigenias de que estemos hoy aquí, como actores modificantes de la realidad.
Durante las largas jornadas que les quedan a ustedes, señores legisladores, en lo que hace al tratamiento de la temática, escucharán infinidad de veces conceptos como "guerra contra las drogas", "criminalización de los adictos", "puerta de entrada a las adicciones", "sustancias estupefacientes", "precursores químicos", "cadena de narcotráfico" y una larga y reiterada cadena de etcéteras. Y probablemente oirán pocas veces los conceptos "planta medicinal", "cáñamo industrial", "uso recreativo", "planta sagrada", "la cannabis no produce adicción", "no existe sobredosis de marihuana".
Los cannábicos nos cargamos al hombro la militancia por la libertad de nuestra planta desde un lugar bien diferenciado respecto de las demás sustancias: el de saber sobre las virtudes de la planta y que, como cultivadores, podemos incidir claramente en la cadena del narcotráfico.
Hoy estamos aquí exponiendo nuestra posición como comunidad cannábica, advertidos de que llegamos a esta instancia frente a un acuerdo de las principales fuerzas políticas que integran la Cámara de Diputados en el sentido de legislar acorde al pedido de la Corte Suprema de Justicia.
Esto significa que de no mediar un milagro político, ustedes se inclinarían a favor de una modificatoria de la ley 23.737, que despenalice las conductas y mantenga prohibidas a las sustancias. Esto significa para nosotros un avance importante, pero no el final de nuestro proyecto por la legalización. Legalizar la cannabis significaría un avance inconmensurable: significaría darle a la cannabis su estatus de planta medicinal, zanjar la discusión sobre cantidades autorizadas de cultivo, acelerar el proceso de incorporación del cáñamo industrial al campo argentino, recuperar la industria textil y, por sobre todo, normalizar todos los aspectos vinculados a la cannabis en un solo acto.
Esta planta, señores legisladores, no es un enemigo público de las personas, es un componente de una cultura y por esa razón está, de hecho, legitimada para nosotros quienes formamos parte de esa cultura. Legalizar la planta de cannabis y devolverle su estatus nos pone también en el compromiso de difundir el precepto de usuarios responsables y de trabajar en la implementación de políticas sanitarias coherentes con un Estado que, por un lado, quiere descriminalizar nuestras conductas como usuarios de sustancias y, por el otro, implanta políticas de prevención al problema de las adicciones, tal cual lo viene diciendo el propio Secretario de la SEDRONAR, el doctor Bielsa.
Nada obsta para que nosotros, como miembros de una organización cannábica, trabajemos junto con el Estado en esta problemática. Estamos convencidos de que la legalización del cannabis facilitaría la aplicación cierta de las políticas de reducción de riesgos y daños por parte del Estado, paradigma que utilizamos no sólo puertas adentro sino también puertas afuera de nuestra organización.
Ganados por nuestra militancia política logramos acordar una agenda con la Mesa Nacional por la Igualdad, que conduce la legisladora porteña María Rachid, y junto con la ACA de Buenos Aires trabajamos en un proyecto de modificación de la ley 23.737 que hace pivote en los conceptos de legalización del cannabis y de despenalización del resto de las sustancias.
Cuando comenzamos ese derrotero lo hicimos esperanzados en que llegarían las señales de un claro avance de las posiciones del Estado frente al tema. En el trabajo previo del hoy senador Aníbal Fernández había una posición tomada, un horizonte cierto. Sólo faltaba efectivizar la palabra empeñada, y ese gesto político llegó de la mano de la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner al nombrar en la Sedronar al ex canciller Bielsa, quien no tuvo dobleces al advertir a la sociedad que era necesario un cambio en la legislación vigente y en la orientación de la Secretaría en la que acababa de asumir.
Esas señales impulsaron el salto cuántico de pensar en un proyecto de avanzada, que ampliara las propuestas de las iniciativas ya existentes y nos permitiera dar una discusión más allá de la despenalización del consumo de sustancias.
Muchos, propios y ajenos al movimiento cannábico, nos dijeron que no era el momento de pensar en tanta libertad. Otros, al leer el proyecto, se sorprendieron de nuestros planteos; no sólo de aquel referido a la legalización. Hoy, con la experiencia obtenida en el campo del trabajo cotidiano respecto del gran tema del cannabis, a lo que se suma nuestra decisión de ocupar un espacio político para dar el debate, venimos a este foro a peticionar que en la modificación de la ley 23.737 se incluyan los siguientes acápites.
Primero, la legalización completa de la planta de marihuana, cáñamo o cannabis, con fines de uso psicoactivo, terapéutico e industrial.
Segundo, la eliminación de varios tipos penales previstos en la ley 23.737 para todas las demás sustancias prohibidas. Concretamente, pedimos despenalizar la demanda de estupefacientes y mantener solamente la penalización de aquellas actividades que persiguen un lucro; despenalizar la posesión, el cultivo y el comercio de especímenes o partes de cualquier especie vegetal en su estado natural; despenalizar el consumo ostentoso o con trascendencia al público; despenalizar las figuras relacionadas con la difusión de la información sobre estupefacientes y declarar no punibles las acciones destinadas al uso científico o terapéutico.
Para el caso de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social, pedimos que se reduzcan las penas relacionadas con estupefacientes y se garanticen mecanismos de reinserción social. Para casos de extrema vulnerabilidad, nuestra propuesta es que los hechos se declaren no punibles.
Asimismo, solicitamos que se reduzca la escala penal para quienes actúen en situación de subordinación en la cadena de narcotráfico.
El Estado debe llevar adelante políticas tendientes a reducir los daños derivados del uso de sustancias psicoactivas legales o ilegales: difusión de información, entrega de material descartable de inyecciones, establecimiento de salas de consumo controlado, acceso al análisis de pureza y composición de las sustancias que se consumen, distribución de información y elementos de dosificación, acceso a las mediciones del nivel de sustancias en sangre, etcétera. Creemos que se debe garantizar la confidencialidad en el acceso a estos dispositivos de política pública.
También creemos que el Estado debe promover la investigación científica para poseer la información más actualizada y completa posible en la materia.
Pedimos que se eliminen las medidas de seguridad curativas que los jueces penales imponen a los procesados o condenados. Entendemos, por el contrario, que se debe garantizar el acceso completamente voluntario a esos tratamientos.
Respecto del listado de estupefacientes, creemos que debe ser establecido por el Congreso de la Nación y no por el Poder Ejecutivo, como ocurre actualmente.
También solicitamos que se elimine la figura del agente encubierto y que se establezca en forma explicita una amnistía para todas las personas procesadas o condenadas por los delitos que se derogarán a partir de la nueva ley.
Finalmente, pedimos que se instruya al Poder Ejecutivo para que analice los convenios internacionales en materia de sustancias psicoactivas y los denuncie en caso de que su cumplimiento sea imposible.
Señores legisladores: queremos dejar sentado en nuestro alegato a favor de la legalización del cannabis que, como ser vivo e integrador de una cultura particular que convive dentro de otros campos culturales de la sociedad, reivindicamos por quienes nos precedieron, para nosotros y para las comunidades del futuro el paradigma del buen vivir, donde somos soberanos de nuestras decisiones. Lo hacemos reivindicando los derechos y las dignidades personales que cada individuo tiene en todo momento durante su existencia. ¡Hasta la victoria, siembren! (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Tiene la palabra el señor diputado Pietragalla Corti.
SR. PIETRAGALLA CORTI Señor presidente: antes de que declare finalizada la reunión, -que celebro, porque hemos podido debatir y volcar nuestras posiciones sobre esta temática-, quiero dejar en claro que a nadie se le ocurrió pensar en abandonar a nuestros chicos del paco.
Quienes militamos en los barrios, particularmente en Villa Lugano, conocemos la situación. Mi infancia ha transcurrido en ese barrio y tengo un montón de amigos víctimas del paco u otras drogas.
Creemos en el debate porque consideramos que esta ley no sirve y no ayudó a ir en contra del consumo desmedido de ciertas sustancias y de llevar a nuestros jóvenes y a nuestros compañeros a un abismo que no es lo que queremos.
Queremos discutir una nueva iniciativa, con derechos, donde se respeten las individualidades y donde por sobre todas las cosas, como Estado, nos hagamos cargo realmente de lo que nos tenemos que hacer cargo, que es la rehabilitación del que lo necesite y no la judicialización, porque también sabemos del abuso que existe de las comisarías. Yo mismo en ese barrio he sufrido abuso de la Policía Federal y de las distintas fuerzas. Por respeto, no quería interrumpir a las Madres del Paco, pero me parece que también está bueno dejar esto en claro. (Aplausos.)
Quienes militamos en los barrios, particularmente en Villa Lugano, conocemos la situación. Mi infancia ha transcurrido en ese barrio y tengo un montón de amigos víctimas del paco u otras drogas.
Creemos en el debate porque consideramos que esta ley no sirve y no ayudó a ir en contra del consumo desmedido de ciertas sustancias y de llevar a nuestros jóvenes y a nuestros compañeros a un abismo que no es lo que queremos.
Queremos discutir una nueva iniciativa, con derechos, donde se respeten las individualidades y donde por sobre todas las cosas, como Estado, nos hagamos cargo realmente de lo que nos tenemos que hacer cargo, que es la rehabilitación del que lo necesite y no la judicialización, porque también sabemos del abuso que existe de las comisarías. Yo mismo en ese barrio he sufrido abuso de la Policía Federal y de las distintas fuerzas. Por respeto, no quería interrumpir a las Madres del Paco, pero me parece que también está bueno dejar esto en claro. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FIAD Simplemente quiero agradecer a todos los expositores, porque nos pudieron nutrir con muchas herramientas, que seguramente nos van a servir para realizar los aportes a los proyectos que están en discusión.
Les agradezco por haber compartido esta extensa jornada, que ha sido muy fructífera para todos.
Los invito a pasar a cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana.
Les agradezco por haber compartido esta extensa jornada, que ha sido muy fructífera para todos.
Los invito a pasar a cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana.