Modificación de la ley Nacional de Educación Nº 26206

Artículo 1º : Agregase al texto de ley 26206 , en el cap.VI "Derechos y deberes de los/las alumnos/as "como artículo 129 bis :

"Se establece un sistema de atribución de responsabilidades de los sujetos individualizados en el art. 129:

a) ante la ausencia injustificada del alumno/a por más de tres (3) obligaciones académicas continuas, de cinco (5) discontinuas, deberá citarse a su representante legal por el medio que se considere más idóneo, según las características geográficas, sociales, del grupo familiar respectivo y dejar constancia documentada de las razones expuestas y/o invocadas, haciéndole saber a ese progenitor o representante el contenido de la presente ley y las futuras sanciones que se le aplicarán de continuar con su conducta remisa respecto de sus obligaciones legales;

b) en caso de reiterarse la conducta violatoria de los arts 127 y 129 será intimado a realizar tareas en beneficio de la comunidad escolar a la que pertenece su hijo/a, de consuno con la cooperadora del establecimiento, si existiere, según los artículos 2º, 7º y concordantes de la Ley de Cooperadoras Escolares nº 26759, o cualquier otra agrupación o consejo que funcione en ese ámbito escolar.

c) en el supuesto que, la acción propuesta por esa comunidad educativa no diere el resultado esperado, o bien se constate que el alumno/a no haya sido inscripto al inicio del ciclo escolar, la autoridad escolar deberá notificar de inmediato a la oficina local de la OAL, según los arts. 2º, 5º, 7º ,15º, 29º, 30º, 31º de la ley 26061, de "Protección integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes" y deberá solicitarse el efectivo contralor jurisdiccional de las decisiones que se tomaren y la eventual aplicación de las sanciones previstas por el incumplimiento de los deberes derivados del ejercicio de la patria potestad (arts. 264/310 y concordantes del Código Civil y demás leyes complementarias sobre el particular).

d) A los efectos de poder cumplimentar los incisos a), b) y c) los establecimientos educacionales deberán contar con la siguiente información de todos sus alumnos, la cual se requerirá al momento de la inscripción:

Nombre completo y D.N.I. de padre, madre, tutor guardador y/o representante legal de los niños, niñas y adolescentes, domicilios, teléfono (fijo y/o celular) y cualquier otro dato que permita una pronta y eficiente comunicación. Es responsabilidad de quienes ejercen la patria potestad la actualización permanente de estos datos en especial el o los teléfonos.

Art. 3º: Se invita a las Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Art. 4º: De forma

Señor presidente:

Esta ley propone saldar el vacío legislativo de la ley Nacional de Educación nº 26206 en cuanto a deberes y responsabilidades de padres y representantes de los alumnos.

La ley Nacional de Educación fue sancionada en 2006/2007 con un claro espíritu superador de la antigua ley 1420 de "educación común" y para ser aplicada en un contexto socio- cultural muy diferente del actual.

Si bien se contemplaron y enunciaron en forma específica derechos y deberes de todos los integrantes del Sistema educativo y la Comunidad correspondiente (arts. 2 a 6), existen diversas lagunas o vacíos en algunos aspectos que no fueron tomados en cuenta por el legislador en oportunidad de su dictado y que, a veces, tornan algunos de sus preceptos de imposible o muy complicado cumplimiento.

En especial, cuando se refiere en los arts. 126/127 a los derechos y deberes de alumnos y alumnas, si bien la enunciación es clara y adaptada a los criterios de política educativa al momento de la sanción, la norma ha quedado como meramente declarativa.

El art. 129, en especial incisos a) y b) pone en cabeza de padres, madres, tutores y demás representantes legales de los menores educandos la obligación de contribuir con el cumplimiento de los artículos 126/127. Sin embargo, no establece ninguna sanción o responsabilidad concreta para quienes no acaten lo previsto, dejando librado al mero compromiso ético o social de cada grupo familiar, la voluntariedad de hacer que sus hijos e hijas cumplan con su obligación - y derecho- de estudiar y aprender. Se pierde así el espíritu de la ley que es asegurar una educación obligatoria, pública e integral.

La falta de atribución de responsabilidad para quienes impidan o dificulten cumplir con las obligaciones allí previstas, transforma en meramente teórico o simple aspiración de deseos, lo que debería ser casi la base del sistema educativo: que el educando asuma por sí o a través de sus representantes legales, las obligaciones establecidas por la ley, que no son sino la reglamentación del derecho constitucional de enseñar y aprender (art. 14 C.N.), que debe sujetarse a las leyes que reglamenten su ejercicio.

Si cada uno de los derechos de raigambre constitucional no tiene previsto un remedio para su no respeto o incumplimiento, de nada vale su enunciación o reconocimiento.

Para fortalecer la educación, debemos garantizar los derechos de todos los actores involucrados (estados nacional, provinciales, municipales, alumnos/as, por sí y por medio de su representantes legales) pero, también, exigir de todos ellos y en su diferente y específica medida, la responsabilidad acorde con el derecho y el deber señalado en la normativa.

Es por ello, necesario subsanar esta omisión si queremos que la inclusión, la permanencia y la terminalidad educativa sean una realidad en nuestro país.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para aprobar el presente proyecto.