1) Rendir homenaje a las víctimas de la denominada Masacre de Margarita Belén, en razón de conmemorarse el 30° aniversario del acaecimiento de este episodio paradigmático del accionar del Terrorismo de Estado en nuestro país.

2) Disponer, conforme al artículo 116 del Reglamento de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que la Comisión de Derechos Humanos y Garantías sesione el día 13 de diciembre del corriente año en la localidad de Margarita Belén, Provincia del Chaco.

Señor presidente:

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1976, en cumplimiento de instrucciones del entonces Ministerio del Interior, Gral. Albano Harguindeguy, el comandante de la Séptima Brigada de Infantería con asiento en Corrientes, Gral. Cristino Nicolaides, encarga al jefe del Destacamento de Inteligencia 124, Teniente Coronel Hornos, la planificación, coordinación, dirección y ejecución de un plan destinado a crear un clima de terror y a producir el aislamiento de los militantes de distintas organizaciones políticas. El plan se concretó entre los días 12 y 13 de diciembre de 1976, desembocando en un episodio emblemático del accionar represivo de la última dictadura en nuestro país: la Masacre de Margarita Belén.

El aberrante crimen se disfrazó ante la opinión pública como un enfrentamiento armado con “elementos subversivos”. El parte de la Séptima Brigada de Infantería, emitido el 13 de diciembre de 1976, rezaba: “ ...siendo aproximadamente las 4:45 hs. (...) una columna que transportaba detenidos subversivos hacia Formosa fue atacada por una banda armada en la Ruta Nacional N° 11...”. En el supuesto enfrentamiento no se reportaron heridos ni bajas por parte del Ejército ni de la Policía. Días antes, el general Facundo Serrano, el Coronel Zucconi y el Teniente Coronel Alcides Larrateguy habían reconocido el territorio donde llevarían adelante el plan, sobrevolando la zona en helicóptero.

Las investigaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, acreditaron fehacientemente la tortura y posterior fusilamiento de 22 personas, reconocidos militantes políticos, luchadores de una causa justa por la que ofrendaron sus vidas. Hasta la fecha se conocen los nombres de 17 víctimas: Tierno, Patricio Blas; Sala, Néstor Carlos; Zamudio, Carlos; Barco, Luís Ángel; Yedro, Roberto H.; González, Delicia; Díaz, Luis; Piérola, Fernando G.; Cairé, Carlos María; Pereyra, Julio; Duarte, Carlos Alberto; Tereszecuk, Carlos; Parodi Ocampo, Manuel; Fransen, Luis Arturo; Cabral, Ema Beatriz; Zapata, Sonéz Reinaldo, y Cuevas, Mario.

Los sucesos se iniciaron el 12 de diciembre con un hecho inusual: siendo un domingo por la tarde, se produce el traslado de varias personas desde la U. 7, una cárcel de máxima seguridad, a la Unidad Especial Alcaidía U.R.1, donde estaban detenidos únicamente procesados. Las visitas a los presos comunes fueron bruscamente interrumpidas, y los jóvenes trasladados fueron introducidos, con un gran despliegue, en los calabozos de la planta alta de la Alcaidía.

En horas de la noche, comienzan a llamar a algunos detenidos ordenándoles que prepararan sus cosas para un futuro traslado. Posteriormente, son llevados individualmente al comedor, donde son torturados hasta la madrugada. Tal como consta en las diversas declaraciones recogidas en el Informe Final de la Cámara de Diputados del Chaco, los demás detenidos alcanzan a escuchar los gritos de los compañeros, a quienes luego verían pasar de regreso a sus celdas, con evidentes muestras de sufrimiento.

En la madrugada del 13, se hace presente en la Alcaidía una Comisión Militar, acreditando una orden de traslado de un determinado número de presos. El Comisario Mayor Ramón Francisco Núñez, Jefe de la Alcaidía, interviene en la entrega. El retiro de los detenidos fue efectivizado por el Teniente de Ejército Luis A. Pateta, dependiente del G.A.7, por orden de un superior. En horas de la mañana de ese mismo día, el por entonces intendente de Resistencia, Capitán Schenoni, ordenaba a la autoridad del Cementerio Municipal la apertura de un número considerable de tumbas. Un elemento más que muestra la premeditación de la masacre.

Al amanecer, sobre un camino lateral próximo a la localidad de Margarita Belén, se hace descender a los detenidos. Algunos son colocados en distintos vehículos, totalmente maniatados y debilitados por la tortura. Se efectúan disparos con armas para simular el enfrentamiento. Luego son ejecutados.

Tal y como surge de la sentencia de la causa, el hecho “se produjo como consecuencia del accionar de los miembros de las Fuerzas Armadas o de Seguridad encargadas de la custodia de los detenidos que actuaban bajo el comando operacional del Segundo Cuerpo del Ejército, mientras se encontraban en total estado de indefensión, simulando estos un enfrentamiento armado”.

“Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, decía el General Juan Domingo Perón. La Doctrina de la Seguridad Nacional vino, precisamente, a trastocar este principio fundamental del Estado de Derecho, transformando a la persona humana en un simple objeto de los delirios de una minoría mesiánica, bajo la excusa de luchar contra la “subversión armada”. Así lo demuestra crudamente Margarita Belén: la tortura, el encubrimiento de fusilamientos haciéndolos pasar por enfrentamientos armados, el ocultamiento de los cadáveres de las víctimas. Todas características tipificantes del accionar de la represión en nuestro país. Y por ello Margarita Belén es un símbolo. Un símbolo que nos recuerda que no se puede construir un país sin alcanzar la verdad. Un símbolo que nos compromete con la justicia para las víctimas, para sus familias y para todo el pueblo argentino.

Creemos por lo tanto que el debate y la reflexión sobre Margarita Belén es un imperativo del cual esta Honorable Cámara de Diputados no puede estar ausente. Más aún en estos momentos trascendentales para el esclarecimiento, juzgamiento y condena de los crímenes cometidos por la última dictadura militar. El gobierno del Señor Presidente de la Nación está comprometido en lograr una sociedad en paz, pero fundada en el respeto de los derechos humanos, en la VERDAD y en la JUSTICIA. Esta voluntad política, que en el caso de Margarita Belén se pone claramente de manifiesto en el hecho de que el mismo Estado Nacional se constituyera como parte querellante de la causa, es la que se pretende amedrentar a través de las mismas prácticas delictivas, tal como lo revela la reciente desaparición de Jorge Julio López o las amenazas sufridas por distintos miembros de la justicia federal, entre los que se encuentran el fiscal federal de Resistencia Dr. Jorge Auat, a cargo del caso de Margarita Belén.

A hechos de esta naturaleza sólo se puede contestar a través de actos institucionales que acompañen y que refirmen los principios de VERDAD y JUSTICIA. Es por ello que entendemos que esta Honorable Cámara de Diputados debe este homenaje a los caídos en Margarita Belén. Un homenaje que es un llamado a la memoria y a la reflexión. Un homenaje que se constituye en una convocatoria para el compromiso de las nuevas generaciones en esta causa. Un homenaje que es también una respuesta, una respuesta que nuestro pueblo ha sabido mantener desde el retorno de la democracia: NUNCA MÁS.

Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.