En primer lugar, expuso Catalina Marino, representando a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien expuso datos e informes contextualizados en el presupuesto 2026. “El proyecto establece una partida de 32.713 millones de pesos para vivienda y urbanismo, que incluye apoyo a obras públicas y de integración, y tiene también asignados 312.265 millones a agua potable y alcantarillado. En conjunto, las partidas registran una reducción de 1,3% interanual respecto a 2025 y acumula una caída del 91% en términos reales respecto a 2023”, detalló.
Al realizar los comentarios finales de su presentación, Marino aseguró que “la suspensión o paralización de las obras de integración socio urbana impacta directamente sobre las más de 1,2 millones de familias que habitan en 6467 barrios populares, donde el 85% no accede a agua corriente, el 97% carece de cloacas y el 70% no tiene electricidad formal. Y, La situación se agrava con la disolución del Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana (FISU)”, especificó.
Luego, Fidel Ruiz, referente de “La Poderosa”, expresó su preocupación por la existencia del “flagelo del narcotráfico” en los barrios populares. “No estalla todo en los barrios populares porque hay un estado paralelo que es el narcotráfico, que además es quien regula el negocio inmobiliario allí, sumado a que dicha problemática de la vivienda se agrava cada vez más”, manifestó, al tiempo que subrayó que “tener una política habitacional es contrarrestar al narcotráfico”.
La directora del Área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguens, planteó que “la discusión se pueda dar en el contexto parlamentario de un presupuesto que sí esté orientado a garantizar derechos y a mejorar la vida de las personas”.
También, expusieron Fernanda García Monticcelli, directora Ejecutiva del Centro para la Integración Sociourbana (CISUR); Lorenzo “Toto” De Vedia, del equipo de sacerdotes de villas y barrios populares; y Julieta Eva Carunchio, de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Además, los diputados Christian Castillo y Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda; Aldo Leiva y Martín Aveiro, de Unión por la Patria.