El director del Instituto de Economía Política, de la Universidad Siglo 21, Gastón Utrera, pidió que, para que no haya ningún tipo de discriminación, pensar las mismas reglas de funcionamiento para la dirigencia política, la dirigencia sindical y la dirigencia empresaria. Al respecto, enfatizó en incorporar la definición de la cantidad de delegados gremiales.

“En el contexto en el cual la competitividad se gana de a centavos, estar entre 3 y 20% de costo adicional implica inviabilidad de procesos productivos, donde depende no solamente de los empresarios sino también de los trabajadores, lo que implica una distorsión enorme para las pymes, que cuanto más chica sea más perjudicada está”, manifestó Utrera.

Luis Palmiero, de la Cátedra de la doctora Dobarro, de Derecho del Trabajo de la UBA, señaló que “la Corte ha reafirmado que no hay invalidez constitucional o convencional que limite la posibilidad de las organizaciones sindicales, conforme el artículo 9, de efectuar esta contribución”. En tanto, remarcó que “no hay vulneración absoluta de la libertad sindical como señalan la mayor parte de los proyectos”.

“Los pilares de la libertad sindical tienen dos ejes sustanciales sobre los que ningún proyecto habla que me parece importante destacar: la negociación colectiva y el derecho a huelga”, resumió

En tanto, Camilo Alan, empresario textil, remarcó que las “pymes somos las que generamos empleo, aportamos al país la dignidad de la gente”. En otro orden, visiblemente emocionado, manifestó que “no se vende, la gente está sin plata; lloro porque sufro por la gente”. “Como no vendo no puedo seguir aumentando la mercadería”, reveló.

Al afirmar que “este proyecto debe avanzar inmediatamente”, el presidente de la Confederación Federal PYME, Mauro González, analizó que “estamos en un contexto de efecto morza para las pymes, con un mercado interno totalmente depreciado, y paralelamente tenemos una apertura en las importaciones. Y, esto, inevitablemente va a repercutir en mayor desocupación, en menos trabajadores y menos pymes”. “Si queremos producir más y mejor para poder competir con el mundo tenemos que reducir los impuestos”, sintetizó.  

En representación del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS), Verónica Quinteros, expresó su preocupación por “cómo se quiere atacar a la entidad sindical en cuanto a la posibilidad de tener recursos propios”. “En los lugares de trabajo donde no hay representación sindical el derecho del trabajo individual no se aplica, esa es la forma de garantizar que las leyes se cumplan”, subrayó.

Por zoom, Martín Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado Universidad Siglo 21, destacó que el “margen del Congreso para la legislación es enorme y tiene como sólo límite la democracia sindical”. De la Asociación de Ex Becarios de Bologna, Carlos Ullua, recalcó que “algunos proyectos creen que eliminar la palabra cuota de solidaridad inhabilitaría a los sujetos colectivos a no poder negociar; sin embargo, la autonomía para negociar convenios colectivos de trabajo la siguen teniendo y pueden poner la cuota de solidaridad”.

Al referirse a los fieles, Richard Irvine, vocal de la Iglesia Cristiana Hermanos de Plymouth, solicitó que “los proyectos incluyan una cláusula haciendo lugar a la conciencia religiosa”. “No es que tenemos en la mira a los sindicatos, sino que no asociamos con ningún tipo de organización”, aclaró.

El asesor legal y miembro paritario de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de la República Argentina (CAMIMA), Gustavo Kechichian, hizo hincapié en las contribuciones que cámaras empresarias le reclaman a empresas metalúrgicas que no están asociadas a ellas. “Estas contribuciones no tienen ningún fundamento legal, no hay norma escrita que las avale”, explicó. “Manifestamos la necesidad de que cese el estado de incertidumbre respecto a la obligatoriedad y que no se pueda imponer ningún tipo de aporte a empresas no afiliadas a una cámara empresaria”, añadió.