SE REUNIERON LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE HUMANO

En el día de la fecha se reunió, de forma telemática, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías para tratar el proyecto de ley que dispone la “inscripción de la condición Detenido-Desaparecido”, en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado, que revistaban como personal en relación de dependencia del sector privado. Concurrieron invitados: la Diputada (MC) Carla Pitiot, autora del proyecto; Taty Almedia, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora; Julián Scabbiolo, de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad; Esteban Santamaría, hijo de una trabajadora de empresa privada, detenida desaparecida en 1977; Victorio Paulón, de la  Intersindical de Derechos Humanos; Julio Piumato, Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo -CGT- y Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación; Miguel Santucho, representante de Abuelas de Plaza de Mayo; y Carlos Pissoni, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio -H.I.J.O.S.-; quienes expusieron sobre la temática en cuestión. Al finalizar, expusieron diputadas y diputados miembros de la Comisión. Este proyecto de ley está basado en uno presentado en el año 2015, con el apoyo de organismos de derechos humanos y de organizaciones del movimiento obrero, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y perdió estado parlamentario en el Senado. En esta iniciativa se establece que se dispondrá la inscripción como condición detenido-desaparecido, en los legajos de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado que revistaban, al momento de su desaparición, como personal en relación de dependencia del sector privado, aun cuando figurasen desvinculados por cualquier otra causa. La Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad quedará a cargo del relevamiento de los trabajadores y de realizar toda otra actividad tendiente a la identificación, preservación y clasificación de informaciones, testimonios y documentos referidos al accionar del terrorismo de Estado. Un trabajo similar ya fue realizado con los trabajadores de reparticiones públicas a partir del dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1199 del año 2012, mediante el cual se facultó a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad a realizar un relevamiento del personal de la Administración Pública Nacional, que resultó víctima de desaparición forzada, cuyos legajos laborales figuraban como baja, cesante, suspendido e incluso, despido. El objetivo del proyecto de ley en tratamiento es que se corrijan las causas de bajas por las reales y que se entregue el legajo a las familias en un acto público, con la presencia de los actuales trabajadores y los compañeros de los trabajadores desaparecidos. Este hecho constituiría un acto de reparación en el marco de una política de memoria, verdad y justicia. Se subrayó que es una tarea sin costos para las empresas ni para el Estado Nacional. 

También de forma telemática se reunión la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, para tratar el tema “humedales y urbanidad”. Concurrieron invitados los siguientes productores, inmobiliarios y especialistas: Lic. Santiago Bolaño, administrador de la estancia y reserva “El Cachape” en el Chaco; Gracia Jaroslavsky, Diputada Nacional (MC), actual diputada provincial de Entre Ríos, autora de un proyecto de Ley de humedales; Jerónimo Valle, primer intendente del Parque Nacional de los Pantanos, Lic. en Ciencias Ambientales e investigador de la Universidad de Buenos Aires; Arquitecto Damián Tabakman, Presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos y docente universitario; Cecilia Leonor Martínez, de la Cooperativa de Junqueros de Isla Esperanza; María Tania Giuliani, de la Cooperativa Dulceras del Río, integrada por mujeres  -ambas integran el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Agricultura Familiar) de la provincia de Buenos Aires y del Delta-; Martin Nunziata, miembro de la Asamblea Delta y del Río de la Plata, e integrante del Consejo Asesor Permanente Isleño -C.A.P.I.-; Eduardo Martínez, secretario de la Cooperativa Apícola APINOC del noreste de Córdoba; Antonio Luis Traba, ingeniero en recursos hídricos, Magister en Gestión Pública; Lic. Adriana Anzzolin, coordinadora Plataforma de OSC de cuenca del río Luján -Delta del Paraná-, Programa Corredor Azul en Fundación Humedales; Dra. Sofía Astelarra, del Observatorio de Humedales Delta; Juan David Castello, abogado y Magister en Derecho Administrativo; Carla Delana, socióloga y luchadora ambiental de Santa Fe; y la Mg. Patricia Pintos, docente e investigadora, profesora titular, Departamento de Geografía, Universidad Nacional de La Plata –UNLP- y Subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas, UNLP/CONICET. Los temas tratados fueron los siguientes: impacto de los desarrollos inmobiliarios en los ecosistemas de humedales, tener sentido precautorio; cambiar el pensamiento antropocéntrico a eco céntrico, que implica adaptarnos a las condiciones eco ambientales y no modificar el ambiente para que se adapte a nosotros; no hay dicotomía entre progreso y conservación; situación de las cooperativas del Delta; tipificación de los delitos ambientales; incendios en la provincia de Córdoba; gobernanza del territorio; impacto ambiental de los emprendimientos; situación de los acuíferos; necesidad de políticas públicas sustentables; consecuencias de las quemas en las islas del Paraná; evaluación ambiental estratégica, revalorizar el rol planificador del Estado; la ley de presupuestos mínimos de humedales no debería permitir emprendimientos inmobiliarios sobre humedales, solo comunidades locales ya asentadas; importancia de lograr una ley que no sea anti productiva, el Estado debe regular las actividades para que no se produzcan incendios e inundaciones,entre otros temas.