SE REUNIERON LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN PENAL; DE MUJERES Y DIVERSIDAD; DE PRESUPUESTO Y HACIENDA; Y LA BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN -LEY 24.946-

En el día de la fecha se realizó, de forma telemática, la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, para continuar con el estudio conjunto de proyectos de justicia penal y género. A tal fin concurrieron invitadas las siguientes especialistas: Dra. Dora Barrancos, integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Mujeres, Géneros, y Diversidad de la Nación; Diputada Nacional (MC) Alejandra Martínez, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer y de Igualdad de Género de la Provincia de Jujuy; Dra. Eleonora Lamm, sub directora de Derechos Humanos de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; Dra. Alicia Alcalá, especialista en derecho de familia, Defensora General del Poder Judicial de la provincia de Chaco; Dra. Malena Derdoy, de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Victimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal de la Nación; y Dra. Genoveva Inés Cardinali, Fiscal en lo Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este. Los principales puntos abordados fueron los siguientes: repensar el conjunto de todas las violencias contra la integridad sexual; re caracterizar el concepto de lesiones leves; protocolización obligatoria en relación a la violencia de género en todos los organismos públicos; imprescriptibilidad de los delitos sexuales; reforma al Código Penal de la Nación; reforma judicial, creación de juzgados especializados en violencia de género; actualización de la legislación argentina en la materia de acuerdo a los estándares internacionales; incorporación de la perspectiva de género en materia penal; avanzar en la autonomía de las mujeres y leyes de cuidado; participación política en distintos ámbitos (cooperativas, instituciones); situación de la mujer indígena; acceso a la justicia y a la salud en las comunidades indígenas; y abuso sexual en la infancia y la adolescencia, tratamiento en la justicia, entre otros. 

También se reunió, en forma telemática, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Estuvieron presentes el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont. Los funcionarios brindaron información sobre las medidas de apoyo al sector productivo implementadas durante el aislamiento social preventivo obligatorio, haciendo énfasis en la moratoria llevada adelante por el gobierno nacional. Los temas abordados fueron: recesión, caída de actividad económica, de salarios y de empleo de calidad desde hace dos años; créditos a empresas y tasas de interés; el gobierno encontró un país en crisis y con problemas económicos; medidas tomadas para reordenar la economía argentina, reducir las tasas de interés, fomentar el crédito y reducir la inflación; impacto del Covid-19, contracción de la industria e impacto negativo en el empleo; respuestas desde la política pública, incentivos para créditos a MIPyMES, IFE -Ingreso Familiar de Emergencia-, suspensión de cortes de servicios, prohibición de despidos, creación y ampliación de las ATP -Asistencia al Trabajo y la Producción-, creación y ampliación del FOGAR -Fondo de Garantías Argentino-; impacto de las medidas en las provincias; deudas con el fisco argentino; solicitudes a las empresas para que tomen medidas destinadas a garantizar la generación de trabajo; incremento de las deudas durante el aislamiento; la moratoria incluye todas las deudas vencidas al 30 de junio y la primera cuota se comienza a pagar a partir de mediados del mes de noviembre; y que quedan fuera del beneficio de la moratoria solamente las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART, entre otros. Luego, los funcionarios contestaron preguntas de las diputadas y los diputados en función de los puntos del proyecto de Ley de fecha 7 de julio de 2020 por el cual se amplía la moratoria establecida en el Capítulo 1º del Título IV de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Recreación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Los temas abordados fueron: garantizar la vida y la sobrevida de la mayor cantidad de empresas en la Argentina; la moratoria es parte de cómo se está pensando el futuro para que se ingrese a una etapa de crecimiento; beneficios a las empresas cumplidoras; el endeudamiento actual es parte de un proceso largo de tiempo; la ley es para todos aquellos que estén en condiciones de participar; deudas de las empresas relacionadas con el área de combustibles; saldos técnicos a favor; re distribución de utilidades para mejorar la capacidad de recaudación; requisitos particulares para grandes empresas; mejorar la certidumbre del mercado de cambio y generar ahorro en moneda nacional; estimación de cómo va a terminar el año; empresas que salen del país, principalmente autopartistas -su salida fue prevista con anterioridad a la pandemia y como parte de una estrategia empresarial- y aeronavegación -uno de los sectores más afectados-; situación de las empresas relacionadas con el agro y trabajo para consensuar un plan de largo plazo para el sector; pensar herramientas que tengan alcance nacional y federal; trabajar para exportar más; y poner el eje como motores de la economía en las industrias de petróleo, gas y las vinculadas con el sector del conocimiento.

Finalmente, y de la misma forma, se reunió la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación -Ley 24.946-. En primer lugar, se designó al diputado Emiliano Yacobitti como vicepresidente, y al diputado Ricardo Daives como secretario, completando las autoridades de la Comisión. En segundo lugar, se leyeron las notas presentadas por diputados y diputadas para solicitar informes al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa de la Nación, relacionados con cuestiones administrativas, sanciones, ejecuciones fiscales y rendición de cuentas; y notas de organizaciones de la sociedad civil para solicitar su participación en reuniones de la Comisión y sobre pedido de sanciones, juicio político y/o enjuiciamiento, al procurador general de la Nación interino, Ricardo Casal, debido a irregularidades producidas durante el desempeño de su función.