SE REUNIERON LAS COMISIONES BICAMERAL ESPECIAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL; BICAMERAL PERMANENTE DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; DE ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES; BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN -LEY 24.946-; DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO; Y DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

En el día de hoy se reunió, de forma telemática, la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal para designar como vicepresidenta a la diputada Gabriela Burgos; y como secretarios, al diputado Lucas Godoy y a la senadora Silvia Elías de Pérez. Fue invitado el fiscal federal coordinador del distrito Salta, Dr. Eduardo José Villalba, quien se refirió a los siguientes temas: paso del sistema anterior en las provincias de Salta y Jujuy a la nueva modalidad regida por el Código Procesal Penal Federal, en el que la justicia no tiene delegación, y por lo tanto los actores del proceso toman las decisiones sin el expediente, en contacto directo con acusado y víctima; garantía de juez imparcial, el juez ya no es investigador; el fiscal es el único responsable del fracaso del proceso; el fiscal que toma la causa es el que la debe terminar; fracaso del sistema mixto; garantías de defensa desde el minuto cero; experiencia positiva del nuevo sistema; obligación de los ministerios públicos de cooperar; y oficina judicial; entre otros. Luego respondió preguntas de las y los legisladores sobre los siguientes temas: criterio de oportunidad y fiscal revisor; doble conformidad; infracciones aduaneras; actuación conjunta con las fiscalías descentralizadas; problemas de infraestructura; el nuevo sistema no implica más gastos; la mirada de la víctima se vuelve central; reducción de la judicialización; causas de transición; desformalización; designación de fiscales auxiliares; relación de los fiscales con el juez de garantías; mejora en la lucha contra el narcotráfico; y cuestiones de competencias.

La Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se reunió de forma telemática para definir su plan de trabajo, su agenda y el programa de eventos. Previamente, la presidenta de la Comisión realizó una síntesis de todo lo actuado hasta el momento. En cuanto al plan de trabajo, se van a aprobar las autoridades y el reglamento interno, y se solicitarán informes para expedirse sobre las acciones de la Defensoría. También se va a establecer un canal de comunicación oficial entre la Comisión y la Defensoría. Se deben establecer objetivos prioritarios de corto plazo en relación a la desigualdad y la pobreza, en particular para la post pandemia, las temáticas a trabajar serán las siguientes: derecho a ser oído y posibles espacios de escucha; derecho a la salud integral; derecho a integrar una familia; derecho a patrocinio legal y gratuito; y derecho a la comunicación, a la conectividad y a la tecnología. Finalmente se acordó realizar un estado de situación para luego citar a la Defensora para que responda dudas y consultas de las y los integrantes de la Comisión.

De forma telemática se reunió la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales. En esta oportunidad se debatió sobre “Experiencias, desafíos y propuestas del tercer sector para la post pandemia”. Expusieron los siguientes funcionarios y representantes de las asociaciones civiles: Victoria Colombo, directora nacional de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Luis Palmeiro, director del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad -CENOC-; María Eugenia Scofienza, presidenta de la Fundación Cultural de Trabajo; Dana Borzese, directora de la Asociación Civil Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Francisco Ferrario, director nacional de regiones de la Fundación Techo; Luján Rosales; de Andando, Red Comunitaria del Centro de Educación Popular; Liliana Larrarte Chávez, directora de sustentabilidad de la Fundación Nobleza Obliga; Leonardo Horisberger, presidente de la Fundación HUECHE; Luciano Ojea Quintana, director ejecutivo de Cáritas Argentina; y Rosa Chacón, presidenta de la Asociación de Padres Pro Ayuda al Discapacitado. Los principales temas abordados fueron: trabajo con organizaciones comunitarias; necesidad de generar espacios de participación; favorecer y promover el desarrollo territorial y los proyectos socio comunitarios; necesidad de facilitar el acceso a las líneas de gobierno a las organizaciones sociales; trabajo con los provincias; estado de situación del CENOC; incluir a las organizaciones que hoy no lo están; necesidad de establecer un nuevo esquema de tarifas diferenciales para entidades de bien público; Programa Hogar; derribar los impedimentos que tienen las personas en situación de calle para que puedan acceder a un empleo; mecanismos burocráticos para acceder a los beneficios; trabajo en la situación de egreso de los jóvenes de 18 años que deben abandonar una institución nacional; Programa Nacional de Acompañamiento para el Egreso; centralidad de las organizaciones sociales como custodias de derechos; necesidad de la exención de impuestos y de ganancias; reconocimiento de trabajadores comunitarios; dificultades de financiamiento en el contexto actual que provoca inconvenientes en la consecución de sus objetivos; rol central de los espacios asociativos para salir de la pandemia de la mejor manera; necesidad de cambios en los sistemas jurídico, administrativo y simbólico de las organizaciones sociales; trabajat en una agenda legislativa específica; readaptación de programas y actividades a la virtualidad; y problemas 

Se reunió la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación -Ley 24.946-. En primera instancia se dio a conocer la nueva composición de la Comisión, con la entrada del Senador Luis Naidenoff en reemplazo del Senador Eduardo Costa del Bloque Juntos por el Cambio. A continuación, se procedió con la agenda de la Comisión en donde se invitó a exponer a los Dres. Dionisio Velasco, Juan Carlos Coulleri, Carlos Rivolo, Roberto Cipriano García y al Fiscal Adrián García Lois. Luego de las exposiciones llegó el turno de las preguntas de las y los legisladores. Antes de finalizar, se dio lectura a las notas ingresadas al ámbito de la Comisión y luego se estableció en trabajar en el temario de las próximas reuniones.

Finalmente, y también de forma telemática, se reunieron de manera conjunta las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Legislación del Trabajo, para debatir sobre el Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo -Convenio 190-, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra -Confederación Suiza-, el 21 de junio de 2019. Participaron los siguientes invitados: Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; Estela Díaz, Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires; María Inés Costilla, del Sindicato de Empleados de Comercio; Javier Cicciaro, del Proyecto Spotlight ONU; Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género -ELA-; María Fernanda Sosa, abogada laboralista con especialización en género; Noe Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la CGT; Mara Rivera, secretaria de Relaciones Generales de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades; Sandra Pereira, del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores; Viviana García, de la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral; Paula Perisse, AGTSYP CTA de los Trabajadores; y César Arese, del Grupo de Estudios sobre Violencia y Trabajo. Los principales temas abordados fueron: erradicación de la violencia y el acoso en el mundo laboral; quién es el sujeto protegido y qué se entiende por lugar de trabajo; el concepto lugar de trabajo cambia por el de mundo del trabajo; inversión de la carga de la prueba; definición de obligaciones estatales; efecto de la violencia doméstica y familiar en el empleo; enfoque inclusivo y abordaje integral de la violencia y el acoso; persistencia de los modos de violencia que especialmente afecta a las mujeres trabajadoras; aplicación tanto en el sector público como en el privado; necesidad de que el empresariado argentino se comprometa con los postulados del tratado; derecho de las personas de poder desarrollarse en un ambiente laboral libre de violencia y acoso; aplicación a todos los sectores del trabajo y a cualquier relación contractual; se contemplan las situaciones que ocurran durante el trabajo, en relación con el trabajo, o como resultado del mismo; pertinencia del instrumento en el contexto de pandemia; la violencia y el acoso ya no van a ser vistos como parte del ámbito privado de las personas; enfoque preventivo; necesidad de una ley de alcance nacional; antecedentes legales y jurisprudencia; y seguridad jurídica y reducción de la litigiosidad en base a la prevención. Todos los invitados coincidieron en la necesidad de ratificar de manera urgente el convenio.